Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Rancagua Rancagua, veintiuno de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos:

Con fecha 1 de marzo del año en curso, comparece doña nombre reservado, chilena, trabajadora, con cédula de identidad N° NUM000, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por haber dictado la Resolución Exenta N° NUM001, de 30 de enero del año 2025, que rechazó su reconsideración deducida en contra del rechazo de sus licencias médicas decretado por la COMPIN.

En primer término, respecto del plazo de interposición del recurso, señala que, si bien el acto reclamado le fue notificado el 30 de enero de 2025, sus efectos no han cesado.

Luego, señala que se desempeña como vendedora en una multitienda, lo que implica un despliegue de fuerza física, junto con labores de aseo y ornato del mobiliario.

Señala que en el año 2015 fue diagnosticada con: “La existencia de discopatías leves L4-L5 y L5-S1 asociados a protrusiones discales posteriores que en L4-L5 determina leve estenosis foraminal bilateral y en L5-S1 contacta la emergencia tecal de las raíces S1 mayor a izquierda.

Espondiloartrosis incipiente L4-L5 derecha y L5-S1 izquierda.” Luego, en el 2018, fue diagnosticada con: “Signos de tendinopatía inflamatoria leve del tendón supraespinoso derecho. Bursitis leve a moderado subacromio- subdeltoidea derecha”

Finalmente, el 27 de noviembre de 2019, se le realizó una resonancia magnética al hombro derecho, detectándose artrosis acromioclavicular, bursitis subacromio-subdeltoidea y tendinitis leve del supraespinoso, patologías que han empeorado con el tiempo y han dificultado su desempeño laboral. En la misma fecha, una resonancia en la columna cervical reveló discopatía en C5-C6 y C6-C7 con protrusiones discales. A raíz de estos diagnósticos, ha seguido tratamientos kinésicos prolongados y consumido medicamentos para el dolor, los cuales le han provocado efectos secundarios como lentitud en los movimientos y desorientación temporal.

Expresa que lo anterior le causó una gran depresión, siendo debidamente diagnosticada e incorporada al programa GES, por lo que comenzó a estar medicada no sólo por las patologías anteriores, sino que también por la de salud mental. Explica que solicitó declaración de invalidez, pero sólo se le reconoció un 34% de invalidez.

Explica que la SUSESO confirmó el rechazo de sus licencias médicas por considerar que el reposo no se encuentra justificado. Agrega dicha entidad que ya presente 700 días de licencias médicas autorizadas y que los antecedentes dan cuenta de patologías crónicas que producen algún grado de incapacidad no modificable con reposo. Además indica que si bien se ha concluido que la recurrente posee un menoscabo de su capacidad de trabajo menor al 50%, por lo que no puede acceder a una pensión de invalidez, se reconoce que presenta lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado.

Refiere que dicho rechazo se basa en conjeturas sin respaldo médico suficiente, toda vez que la Comisión Médica Central desestimó su solicitud de invalidez parcial, por no presentar una limitación funcional permanente, encontrándose aún en tratamiento.

Sostiene, además, que el diagnóstico médico y los tiempos de reposo fueron determinados por profesionales competentes, y que correspondía a la SUSESO justificar debidamente su decisión, conforme al principio de fundamentación consagrado en el artículo 11 de la Ley N° 19.880. Añade que, al no poder desempeñar una actividad laboral producto de su estado de salud, la licencia médica es su único medio de subsistencia, por lo que la negativa a reconocerla vulnera gravemente sus derechos, más aún si se considera que ni siquiera se requirió la realización de un peritaje a fin de determinar si el reposo se encuentra o no justificado.

Por lo anterior, estima que se han vulnerado sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por lo que solicita se acoja el recurso y se ordene a la recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta N° NUM001 de fecha 30 de enero del año 2025, debiendo proceder a la realización de una reevaluación de la condición de salud de la recurrente, considerando al efecto todos los antecedentes médicos y psicosociales o bien ordene el pago de las licencias rechazadas o cualquier otra medida que esta Corte determine, con costas.

A folio 9, comparece don Sebastián de la Puente, abogado en representación de la Superintendencia de Seguridad Social evacuando el informe solicitado.

En primer lugar, alega la extemporaneidad de la acción. Al efecto indica que, con fecha 1 de julio de 2022, la actora presentó ante la Superintendencia de Seguridad Social un reclamo contra la resolución de la COMPIN Región de O’Higgins, que había rechazado un conjunto de licencias médicas extendidas desde julio de 2021.

Posteriormente, mediante Resolución Exenta N° NUM002, de 26 de diciembre de 2022, la Superintendencia confirmó el rechazo de dichas licencias, resolución que fue objeto de una solicitud de reconsideración presentada por la recurrente el 31 de enero de 2024, lo que se rechazó por resolución del 11 de junio de 2024. Esta última resolución fue nuevamente impugnada por la recurrente el 22 de octubre de 2024, rechazándose esta última petición mediante la resolución de 30 de enero de 2025, objeto de esta acción.

En consecuencia, sostiene la recurrida que la acción fue interpuesta sólo el 1 de marzo de 2025, cuando ya había transcurrido con creces el plazo para ejercerla, considerando que la recurrente tuvo conocimiento efectivo de los rechazos al menos desde el año 2022, lo que torna extemporáneo el presente recurso de protección.

En subsidio alega la improcedencia de la presente acción en materias de seguridad social, materia que se encuentra amparada por el artículo 19 N°18 de la Constitución Política de la República, y que no está cautelada por la acción de protección.

En subsidio de lo anterior, informa sobre el fondo del recurso.

Comienza señalando el marco legal aplicable. En este contexto, afirma que la recurrente presenta una condición crónica cuya incapacidad no sería modificable con reposo, lo que justificaría el rechazo de nuevas licencias médicas por parte de la autoridad administrativa.

Hace presente que la recurrente registra cinco solicitudes de pensión de invalidez previamente rechazadas, todas con porcentajes de menoscabo inferiores al 50%, lo que impide su calificación como inválida, y refuerza -a juicio de la recurrida- la improcedencia del uso prolongado de licencias médicas ante un cuadro crónico sin expectativa razonable de recuperación. Se destaca que el reposo médico, para ser autorizado, debe orientarse a una recuperación efectiva que permita el reintegro laboral del trabajador.

Señala que actuó dentro del ámbito de sus competencias al confirmar el rechazo de las licencias médicas impugnadas, teniendo presente los informes médicos realizados por los especialistas del Servicio, por lo que la decisión encuentra un correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo, por lo que niega la afectación de garantías denunciada y solicita el rechazo del recurso de protección, con costas.

A folio 17, consta el informe requerido a la Comisión Médica Central, en que se refiere a la situación de la solicitud de invalidez de la recurrente, haciendo presente que a dicho respecto se encuentra en tramitación el recurso de protección Rol 2775-2024 de esta Corte de Apelaciones.

En relación con los fundamentos de la resolución impugnada en este arbitrio constitucional, indicó que los antecedentes utilizados por la Superintendencia de Seguridad Social para rechazar las licencias médicas se basan en dictámenes de invalidez emitidos por esta Comisión, que habrían reconocido la existencia de lesiones crónicas e irreversibles. No obstante, aclaró que, en su evaluación más reciente, se asignó sólo un 34% de pérdida de capacidad de trabajo derivado de un episodio depresivo moderado, y que otras afecciones alegadas, como tendinopatía del supraespinoso derecho y discopatías degenerativas, no fueron consideradas impedimentos permanentes por presentar escaso compromiso funcional y tratamiento conservador.

A folio 27, consta informe requerido a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Señala que la recurrente, entre los años 2015 a 2020 presentó 92 licencias médicas, todas autorizadas por 1681 días de reposos. En el año 2021, presentó 21 licencias médicas, de las que 9 fueron autorizadas por un total de 147 días y 12 rechazadas por reposo prolongado.

Agrega que entre 2022 y 2023 presentó 26 licencias médicas, 9 fueron rechazadas por reposos prolongado y 17 por patología crónica.

Especifica que la usuaria ha iniciado trámites de invalidez, pero todos han sido rechazados. En este sentido, aunque la gravedad de la patología no le permite la obtención de una pensión de invalidez, sí provoca una incapacidad laboral de carácter permanente, cuyas alteraciones son de curso crónico y no susceptibles de mejorar con reposo médico.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando: 1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio. 2.- Que, se recurre en contra de la Resolución Exenta N° NUM001, de 30 de enero del año 2025, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, que rechazó la reconsideración deducida por la recurrente en contra del rechazo de 18 licencias médicas decretado por la COMPIN. 3.- Que, al informar la recurrida, en primer término, alega la extemporaneidad de la acción, toda vez que al menos desde el año 2022, la recurrente ya estaba en conocimiento del rechazo de sus licencias médicas y el recurso de protección sólo se presentó el 1 de marzo de 2025.

En segundo término, alega la improcedencia del recurso de protección en materias relativas a seguridad social.

Finalmente, en cuanto al fondo, indica que la recurrente presenta una patología crónica cuya incapacidad no sería modificable con reposo, razón por la cual se rechazaron las licencias médicas impugnadas. Señala que la actora registra cinco solicitudes de pensión de invalidez rechazadas por presentar menoscabo inferior al 50%, lo que, a su juicio, reafirma la improcedencia del uso reiterado de licencias médicas ante un cuadro sin expectativas razonables de recuperación.

Afirma haber actuado dentro del ámbito de sus atribuciones, basando su decisión en antecedentes médicos fundados y en los informes técnicos del expediente administrativo, por lo que descarta la existencia de arbitrariedad o ilegalidad, solicitando el rechazo del recurso. 4.- Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso de protección alegada por la Superintendencia de Seguridad Social, se debe tener en consideración que la resolución que por esta vía se impugna fue dictada con fecha 30 de enero de 2025, mientras que el recurso de protección se interpuso el día 1 de marzo del presente año, antecedente suficiente para establecer que el mismo ha sido presentado dentro del plazo de 30 días corridos dispuesto en el Auto Acordado que regula la materia.

En este sentido, en el propio informe de la Superintendencia de Seguridad Social, se indica que el 22 de octubre de 2024 la recurrente solicitó se reconsidere el dictamen N° NUM003 de fecha 11 de junio de 2024 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN de la Región de O’Higgins, en orden a mantener el rechazo de la licencia médica N° NUM004, extendida por un total de 15 días a contar del 01 de noviembre de 2021, por reposo no justificado.

Además, con esa misma fecha reclamó en contra de la resolución dictada por la Comisión Médica que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°NUM005, NUM006, NUM007, NUM008, NUM009, NUM010, NUM011, NUM012, NUM013, NUM014, NUM015, NUM016, NUM017, NUM018, NUM019, NUM020, NUM021, extendidas por un total de 311 días.

Dichas alegaciones fueron rechazadas mediante la Resolución Exenta de 30 de enero de 2025, objeto de esta acción y, si bien el primer reclamo de la actora en contra del rechazo de sus licencias médicas fue con fecha 1 de julio de 2022, aquél decía relación con licencias médicas distintas a aquellas respecto de las que se pronuncia la resolución ahora impugnada, por lo que, como se dijo, la extemporaneidad será rechazada. 5.- Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción planteada por la Superintendencia de Seguridad Social por tratarse de materias referidas a la seguridad social, dicha alegación se rechazará dado que dentro de las garantías invocadas y que fundan el recurso se encuentra el derecho a la propiedad, protegido por la acción cautelar de autos. 6.- Que, en cuanto al fondo, consta que se reconoce por la recurrida, por una parte, que la recurrente tiene una patología invalidante que es insuficiente para otorgarle una pensión por invalidez y; por la otra, la recurrida considera que no es posible acceder al pago de la licencia médica, no obstante, no negar su dolencia, por estimar que el reposo prolongado que se produce como consecuencia de la misma, no se justifica pues no contribuye a la recuperación de su patología. 7.- Que entonces, estima la recurrida que, atendido el periodo prolongado de las licencias médicas otorgadas, no se justifica la concesión de las licencias reclamadas mediante el presente recurso, no obstante que la enfermedad señalada por la recurrente es real y “las afecciones que la afiliada presenta, son de curso crónico”, según se indica en la Resolución Exenta NUM001, de fecha 30 de enero de 2025, de la Superintendencia de Seguridad Social, dolencias que desde luego le impiden trabajar normalmente, pues tiene una invalidez del 34%.

De esta manera, conforme lo decidido por la recurrida en la resolución reclamada como ilegal y arbitraria, al no cumplir la impugnante con los porcentajes exigidos en el artículo 4 del Decreto Ley 3500, no se le otorga pensión de invalidez; sin embargo, tampoco se le aceptan las licencias médicas en atención al periodo prolongado de las mismas y a que sus lesiones son de carácter crónico e irreversible.

Tal situación deja a la actora en tierra de nadie, lo que en su significado original hace alusión al territorio no ocupado entre las primeras líneas de dos ejércitos enfrentados. Pues bien, tal territorio pone al descubierto las miserias humanas, el dolor y el sufrimiento, lo mismo sucede en la especie, ya que ese espacio no ocupado por las reglas pone en evidencia las miserias humanas, el dolor y el sufrimiento, por ello es que la posición a que se ve expuesta la recurrente como consecuencia de la decisión de la administración, deviene en una decisión arbitraria, desde que existiendo una patología que le afecta de forma permanente e irreversible que le imposibilita trabajar de la manera que se le exige, no se le otorga pensión de invalidez en razón de no reunir el porcentaje requerido para ello, por la ley; pero tampoco se le aceptan las licencias médicas que el profesional idóneo le da, afectando de esa manera su derecho a la igualdad ante la ley, garantía protegida por esta acción constitucional. 8.- Que, por otro lado, el artículo 30 del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas, permite otorgar licencias por sobre el periodo ahí establecido, norma que puede ser aplicable en la especie, en tanto no se haga una nueva evaluación que permita otorgar una pensión de invalidez.

En efecto, la mencionada disposición establece: “Completadas cincuenta y dos semanas continuadas de licencia o reposo, corresponderá a la COMPIN autorizar una ampliación de hasta seis meses más, previo su pronunciamiento acerca de la recuperabilidad del trabajador.

Cumplidas setenta y ocho semanas de licencia, la Compin podrá autorizar nuevas licencias médicas, en el caso de enfermedades que tengan un curso prolongado y requieran una recuperación de más largo plazo. En esta última situación, el trabajador estará obligado a someterse a examen médico cada tres meses, como mínimo.” 9.- Que, en estas circunstancias, el actuar de la recurrida evidentemente amenaza el derecho de igualdad ante la ley y de propiedad de la actora, protegidos en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues en el último caso, la afectación dice directa relación con su patrimonio, el que se ve mermado al no percibir el subsidio por incapacidad laboral que le corresponde por las licencias médicas rechazadas producto de la decisión del órgano administrativo, puesto que, además, conforme al mérito de los antecedentes se advierte que la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud de la recurrente.

En tal sentido lo ha decidido la Excma. Corte Suprema en un caso similar, en la causa Rol C.S. 134574-2023, que confirma con declaración, la sentencia de esta Corte Rol 17368-2022, cuando señala: “En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido, con la subsecuente falta de pago de la licencia médica correspondiente.”, todo lo cual justifica acoger el presente recurso.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se resuelve:

I.- Que, se rechazan las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia de la acción, alegadas por la recurrida.

II.- Que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° NUM001, de 30 de enero del año 2025, dictada por la recurrida, ordenándose a la recurrida realizar las gestiones administrativas necesarias para disponer el pago del subsidio por incapacidad laboral asociado a las licencias médicas que tal resolución indica.

Acordado lo anterior con el voto en contra de la Ministra Sra. de nombre reservado, quien estuvo por rechazar el recurso de protección, por considerar: 1.- Que, el actuar de la recurrida no es ilegal, desde que actuó conforme al mandato legal, ni tampoco resulta arbitrario, toda vez que del mérito de los antecedentes, consta que la resolución objeto de esta acción constitucional es clara al indicar que el fundamento del rechazo de las licencias médicas de la actora corresponde a que la afección que presenta es de curso crónico, agregando que por el tiempo transcurrido, esto es 700 días de licencias médicas ya autorizadas, y su persistencia a pesar del tratamiento, le producen algún grado de incapacidad no modificable con el reposo, razón por la cual no corresponde acoger nuevas licencias médicas, pues el reposo ya no contribuye a la recuperación ni se orienta el reintegro laboral de la paciente. 2.- Que, conforme a lo anterior, se advierte efectivamente que la recurrente no podrá recuperarse por medio del uso de licencia médica, cuyo fin es precisamente aquello, afectando así elementos que son de la esencia de la licencia, como su carácter transitorio y temporal y también su finalidad, cual es la recuperabilidad de la salud del paciente, con la posibilidad cierta de reincorporación laboral de la trabajadora, y si bien consta que tampoco se ha accedido a pensionar a la actora por tener u grado de invalidez de sólo el 34%, ello no resulta imputable a la recurrida, ya que es la Ley la que determina que sólo con una invalidez superior al 50% se tiene derecho a una pensión parcial, sin que resulte procedente si la invalidez establecida es inferior a dicho porcentaje, por lo que no existe ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la Superintendencia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 297-2025. Protección.

Se deja constancia que esta sentencia debe ser anonimizada en cumplimiento a lo dispuesto en el Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema.