nombre reservado con SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES OHIGGINS

C.A. de Rancagua Rancagua, veintinueve de julio de dos mil veinticinco.

Vistos:

Con fecha 31 de diciembre de 2024, comparecen doña nombre reservado y don nombre reservado, abogados, en representación de don nombre reservado, pensionado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, Villa Las Viudas, comuna de Rancagua, quienes interponen recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de O’Higgins, representada legalmente por su Secretario Regional Ministerial don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la negativa de dicho organismo en orden a dictar la resolución respectiva a fin de proceder a la inscripción de un inmueble sujeto al procedimiento de regularización del Decreto Ley N°2695.

Señalan que, con fecha 12 de noviembre de 2019, el recurrente dio inicio al proceso de regularización de la propiedad ubicada en Balmaceda N°141, comuna de Rancagua, entregando la totalidad de los antecedentes requeridos. Posteriormente, el 27 de diciembre del mismo año, se le notificó la resolución que acogió favorablemente su solicitud. No obstante, y pese a las reiteradas gestiones realizadas, la Seremi de Bienes Nacionales de la Región de O’Higgins no ha dictado, hasta la fecha, la resolución administrativa necesaria para proceder a la inscripción del inmueble en el Conservador de Bienes Raíces de Rancagua. Esta omisión injustificada configura, a juicio del recurrente, un acto arbitrario e ilegal, al impedirle acceder al dominio de la propiedad regularizada, vulnerando su garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°23 de la Carta Fundamental.

Estiman que la omisión del recurrido constituye una actuación ilegal, por cuanto infringe diversos principios consagrados en la Ley N° 19.880, tales como celeridad, inexcusabilidad, carácter conclusivo e impugnabilidad. Dicha inacción vulnera el deber legal de resolver oportunamente las peticiones administrativas, impidiendo que el recurrente acceda al derecho de adquirir el dominio del inmueble, afectando así garantías constitucionales fundamentales, toda vez que, en el caso concreto, no es procedente solicitar la declaración del silencio administrativo.

Por lo anterior, solicitan se acoja el recurso en todas sus partes, decretando se arbitren las medidas que sean procedentes para el restablecimiento del imperio del derecho, a fin que el recurrido emita la resolución administrativa faltante, y oficie al Conservador de Bienes Raíces de Rancagua procediendo a la inscripción del dominio del recurrente, en un plazo no mayor a 10 días hábiles o en el plazo que perentoriamente establezca esta Corte, con expresa condena en costas.

A folio 6, comparece don nombre reservado, sociólogo, SEREMI de Bienes Nacionales, quien evacúa el informe requerido.

En primer lugar, alega que el recurso debe ser rechazado, toda vez que ha sido interpuesto directamente en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, debiendo haber sido presentado en contra del Fisco de Chile, que es el ente que tiene la representación de dicha Secretaría. Además, la SEREMI perdió competencia jurídica para conocer del asunto, toda vez que existió oposición al trámite en conformidad a lo dispuesto en los artículos 11, 19 y 20 del Decreto Ley 2695.

Sin perjuicio de lo anterior y, en cuanto al fondo, señala que efectivamente, con fecha 26 de diciembre de 2019 se acogió a trámite la solicitud de regularización presentada por el recurrente, pero el 20 de septiembre de 2020, se interpuso oposición, la que el 6 de abril de 2021, una vez terminada la etapa de medición y licitación fue enviada al 2° Juzgado Civil de Rancagua para su resolución, por lo que el 14 de enero de 2022 se declaró el término del procedimiento de regularización y se ordenó el archivo del expediente.

Luego, el 15 de febrero de 2024, se agregó al expediente la sentencia interlocutoria que decretó el abandono del procedimiento seguido ante el 2° Juzgado Civil de Rancagua, documento que fue presentado por mano, por una de las recurrentes.

Indica que, aun estando pendiente la derivación formal de competencias, no existiendo en la sentencia instrucción de inscribir a nombre del solicitante o del oponente, continuó oficiosamente con los trámites para darle consecución al proceso, los cuales aún están sustanciándose.

Por todo lo anterior, descarta la vulneración de garantías alegada por el recurrente y solicita el rechazo del recurso, con costas.

A folio 13, se ofició al Segundo Juzgado Civil de Rancagua, a fin que informara la fecha y forma en que fue notificada la SEREMI de Bienes Nacionales respecto de la devolución del expediente tramitado bajo el Rol C-1558-2021, luego de haberse declarado el abandono del procedimiento.

A folio 17, dando cumplimiento a lo ordenado, don nombre reservado, Juez Suplente del señalado tribunal, informó que lo anterior se notificó al Ministerio de Bienes Nacionales a la casilla electrónica correo reservado , adjuntando el e-book de la causa, con fecha 26 de octubre de 2022.

A folio 24, la parte recurrente, evacúa el traslado conferido respecto de la alegación de falta de legitimación pasiva interpuesta por el recurrido.

Señala que quien cometió el acto arbitrario e ilegal objeto de este recurso es la SEREMI de Bienes Nacionales, organismo que cuenta con personalidad jurídica propia y, por lo tanto, quien lo representa es su jefe de servicio.

Indica que, distinto es quien asume la representación jurídica, pero en ningún caso la recurrida deja de tener la legitimación pasiva.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación Con lo relacionado y considerando:

1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2.- Que, se recurre en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, por su omisión en dictar el acto administrativo correspondiente, que ponga término al procedimiento de regularización iniciado por el recurrente en el año 2019, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 2695 y ordene la respectiva inscripción ante el Conservador de Bienes Raíces.

3.- Que, al evacuar su informe el recurrido, en primer término alega la falta de legitimación pasiva, puesto que debió demandarse al Fisco para que lo represente en este proceso. También alega que en el año 2021 se remitieron los antecedentes a la justicia ordinaria, por haberse presentado oposición a la regularización, cesando su competencia para conocer del asunto. Indica que luego, la parte recurrente, por mano, le hizo entrega de la resolución que declaró abandonado el procedimiento seguido ante la justicia ordinaria, por lo que de oficio ha continuado realizando gestiones, encontrándose el expediente en tramitación.

4.- Que, en primer lugar, respecto a la alegación del recurrido, en orden a que esta acción debió haber sido interpuesta en contra del Fisco, se debe tener presente que el Decreto Ley N° 2.695 le otorga al Seremi de Bienes Nacionales expresamente la competencia para conocer y resolver las solicitudes de regularización de la propiedad raíz presentadas por particulares que cumplan con los requisitos legales.

De esta forma, a quien se imputa la realización del acto u omisión objeto de esta acción es a la SEREMI de Bienes Nacionales, quien por su tardanza habría afectado los derechos constitucionales del recurrente, por lo que no existe error al haber sido dirigida la acción en su contra, pudiendo dicho organismo solicitar al Consejo de Defensa del Estado que lo represente en juicio, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de este último, pero que no configura la falta de legitimación alegada.

En cuanto a la alegación del recurrido, relativa a que ha perdido la competencia para conocer del asunto por haber sido remitidos los antecedentes a la justicia ordinaria, al haberse deducido oposición a la regularización, de la revisión de la causa C-1558-2021 del 2° Juzgado Civil de Rancagua, en que dicha oposición se tramitó, consta que el 21 de septiembre de 2022 se declaró abandonado el procedimiento, certificándose que el 26 de octubre del mismo año, los antecedentes fueron remitidos a la SEREMI. Además, el propio recurrido reconoce que está en conocimiento de esa resolución y que ha realizado gestiones con posterioridad, por lo que esta alegación no puede ser atendida.

5.- Que, en cuanto al fondo, de la revisión de los antecedentes, consta que el recurrente, el 12 de noviembre de 2019, dio inicio al proceso de regularización de la propiedad ubicada en Balmaceda N°141, comuna de Rancagua. El 27 de diciembre del mismo año, fue notificado de la resolución que dio curso a su solicitud. Luego, por haberse presentado oposición, en el año 2021, los antecedentes fueron remitidos a la justicia ordinaria, sin embargo, dicho procedimiento se declaró abandonado y, según informó el Segundo Juzgado Civil de esta ciudad, ello se notificó vía correo electrónico al recurrido, con fecha 26 de octubre de 2022.

Luego, según informó el recurrido, con fecha 29 de abril de 2024, ofició al Servicio de Impuestos Internos, al Servicio Electoral y al Servicio de Registro Civil e Identificación, siendo dichas actuaciones, las últimas que constan en el procedimiento.

6.- Que, en primer término, según lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Ley 2.695, las instituciones señaladas en el considerando anterior, tienen un plazo de 15 días para dar respuesta a los requerimientos de la SEREMI de Bienes Nacionales, sin embargo, no consta que se haya cumplido con ello ni que la recurrida haya pedido cuenta de dichas gestiones.

7.- Que, además, se debe tener presente que los órganos de la Administración del Estado deben sujetarse a las bases o pilares fundamentales que establece la Ley 19.880, en cuanto todo acto que de ellos emane debe expresarse por escrito, según lo dispone su artículo 5, y que, en virtud del principio conclusivo, todo procedimiento debe concluir por un acto decisorio de la Administración, en el cual se exprese su voluntad.

Asimismo, su artículo 7 prevé el principio de celeridad, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa; prerrogativa que abona el principio conclusivo dispuesto en el artículo 8 y de economía procedimental contenido en el artículo 9, todos de la Ley 19.880 antes citada.

8.- Que, contrastado lo anterior con la fecha en que se inició el trámite administrativo del recurrente, esto es, en el año 2019, se evidencia que no han sido observados los principios mencionados en el considerando precedente, en lo relativo a la celeridad y conclusión de los actos administrativos, lo que infringe gravemente lo dispuesto en el artículo 27 de la ley antedicha, apareciendo la omisión denunciada carente de razonabilidad y arbitraria, pues el término que la ley considera razonable para pronunciarse respecto de las solicitudes presentadas por los administrados es de 6 meses.

9.- Que, en consecuencia, la dilación de la recurrida en el pronunciamiento sobre la antes indicada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria, por cuanto la omisión recurrida vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra del recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, lo que en la especie no ha ocurrido a pesar que han transcurrido casi 6 años desde que se inició el procedimiento de regularización, motivo por el cual el presente arbitrio será acogido en la forma que se dirá.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema que rige la materia, se resuelve:

I.- Que, se rechazan las excepciones de falta de legitimación pasiva y de competencia, planteadas por el recurrido.

II.- Que, se acoge, con costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de O’Higgins, sólo en cuanto, se ordena que la recurrida, a través del organismo de su dependencia que corresponda, se pronuncie, mediante un acto administrativo terminal, sobre la solicitud planteada por la recurrente, dentro de un plazo que no podrá exceder de sesenta días corridos, luego de ejecutoriada que sea la presente sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 2793-2024 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada de acuerdo con lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.