nombre reservado con nombre reservado

Rancagua, nueve de marzo de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Comparece doña DENISSE SABAT DONOSO, abogada, domiciliada en domicilio reservado, quien entabla la acción constitucional de protección, a favor de nombre reservado, empleado, soltero, con domicilio en domicilio reservado, y en contra del nombre reservado, RUT: RUT reservado, representado legalmente por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por haber, a su juicio, incurrido en actuaciones ilegales y/o arbitrarias en relación a la sanción disciplinaria de expulsión del recurrente. Expone, que el actor ingresó al nombre reservado con fecha 24 de febrero 2008, siendo elegido como primer comandante del mismo cuerpo, asumiendo tal cargo el día 01 de enero de 2017. Refiere que el día 29 de diciembre de 2016, se le informa por oficio n° 52, firmado don nombre reservado (Superintendente) y doña nombre reservado (Secretaria), que está citado al Consejo Superior de Disciplina para el día 6 de enero de 2017 y que está suspendido de su cargo hasta nueva determinación del Consejo. Indica que el Consejo Superior de Disciplina, si bien está conformado según el Reglamento del nombre reservado, lo es en contravención a lo exigido por el artículo 553 del Código Civil, dado que se encuentra integrado por el Superintendente, Vicesuperintendente, tres Directores de Compañía y dos Directores Honorarios. Este Consejo sesionó el día 6 de enero de 2017, con la asistencia del recurrente, siendo cuestionado por sus dichos de la red social Facebook, de fecha 1 de septiembre de 2016, cuyo texto fue: “Nunca van a entender estos SCW … Maricones CTMS… Pero ni el imperio romano duró 100 años”. Puntualiza que, en dicha sesión, el recurrente explicó al Consejo Superior de Disciplina que los dichos eran en relación a su trabajo y que nada tenían que ver con el nombre reservado. Sin embargo, con fecha 11 de enero de 2017, por oficio N° 01, firmado por don nombre reservado, se notifica la resolución de expulsión de las filas del nombre reservado. Sin tener a la fecha los fundamentos de dicha expulsión. Afirma que decidió no ejercer el recurso de nulidad que le da el reglamento del nombre reservado, pues este recurso es ejercido ante el mismo Consejo, y desconociendo los razonamientos que llevaron al Consejo a tomar la determinación de expulsión, decidió no presentar dicho recurso de nulidad. Dice que, con lo anterior, se ha visto vulnerado su derecho constitucional contemplado en el artículo 19 n° 3, pues el Consejo Superior de Disciplina, dictó la resolución impugnada, formando parte del órgano disciplinario, miembros de los órganos de la administración del nombre reservado requerido, quienes no se inhabilitaron para tal efecto. Luego, el nombre reservado no ha ajustado a derecho su reglamento, pues no se ha adecuado a las exigencias contempladas en el precepto legal del artículo 553 del Código Civil, resultando carentes de eficacia tanto el procedimiento, cuanto la sanción misma que a éste se impuso. Además, dicho reglamento no permite ejercer válidamente una defensa, pues en este caso sólo tuvo derecho a ser oído.

Agrega que si se considera que el motivo de la expulsión del nombre reservado fueron las expresiones en la red social Facebook, esto vulneraría la Garantía Constitucional del artículo 19 N° 12, por cuanto la publicación en cuestión de fecha 01 de septiembre de 2016, es de carácter genérico, no menciona ni hace referencia a nadie en específico, por lo que dicha publicación no es más que expresión de su legítimo derecho a emitir opinión, lo cual fue explicado al Consejo Superior de Disciplina. Además, la sanción aplicada a es manifiestamente desproporcionada y arbitraria, por cuanto recae sobre un acto que no resulta posible considerarlo como una infracción propiamente tal. Por lo expuesto, solicita acoger el recurso, y dejar sin efecto la referida resolución del Consejo Superior de Disciplina, ordenando que debe reintegrarse a don nombre reservado al nombre reservado, en todas sus funciones y sin alteraciones en su cargo de Primer Comandante del nombre reservado, con expresa condenación en costas. Acompaña documentación que se agrega al expediente.

Que la recurrida contesta solicitando el rechazo de la acción con costas, indicando que el recurrente comete un error en pretender solucionar su disconformidad con la sanción aplicada, por el Consejo Superior de Disciplina, del nombre reservado, dado que el propio actor reconoce que no siguió todas las etapas disciplinarias o de impugnación en su proceso disciplinario, por lo que no resulta ajustado a derecho, intentar atacar por vía de acción constitucional especialísima y no por medios ordinarios de impugnación el reglamento de bomberos. Por lo demás, las expresiones proferidas, en su cuenta personal de Facebook, los cuales eran palabras de grueso calibre, ofensivas que no correspondían a la investidura de un miembro del nombre reservado, menos para un oficial de la institución, cuya investidura, requiere un comportamiento como tal. Por lo anterior, el actor fue citado al Consejo, y luego de escuchar sus descargos, el cuerpo colegiado dirimió aplicar la sanción de expulsión. Afirma que el actor no puede intentar, mediante esta acción, actualizar o modernizar un reglamento de disciplina vigente desde el año 1958, reglamento al que se sometió el recurrente al ingresar, no siendo, además, ésta la vía idónea para ello. Indica que tampoco se han vulnerado las garantías que invoca el recurrente, dado que en lo que respecta a la garantía del artículo 19 N° 3, puesto que se trata de un concejo disciplinario, contemplado en un Reglamento, en donde se señala su composición, tipos de sanciones y quórum, en ningún caso una comisión especial, además el propio voluntario de bomberos aceptó respetar el reglamento. Además, indica que la garantía constitucional de emitir opinión y de informar tiene como umbral, el derecho a la honra o dignidad de las demás personas, nunca podrá ser un medio para humillar, denostar o insultar a jefatura laborales o superior jerárquicos, menos en la calidad de un oficial de bomberos de Chile. Por lo expuesto, solicita rechazar el presente recurso, con costas. Acompaña documentación que se agrega al expediente.

Se trajeron los autos en relación CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO QUE:

1° El recurso de protección según lo dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República, procede respecto de actos y omisiones ilegales o arbitrarias que importen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que se señalan en la misma disposición; y tiene por finalidad obtener que se adopten las providencias que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

2° Si bien se observa de los artículos 46 y siguientes del Reglamento General del nombre reservado, al cual se sometió voluntariamente el recurrente al ingresar a la institución, que el órgano encargado de aplicar las sanciones disciplinarias es el Consejo Superior de Disciplina, el cual se integraba conforme dicho texto normativo por el Superintendente, Vicesuperintendente, tres Directores de Compañía y dos Directores Honorarios, dicho instrumento data, como lo ha explicado la recurrida, del año 1958, encontrándose en franca colisión con la actual redacción del artículo 553 del Código Civil que establece que: “Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre toda ella, y sus miembros están obligados a obedecerlos bajo las sanciones que los mismos estatutos impongan. La potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados. En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario”.

4º De la sola lectura de la disposición transcrita es palmario que el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado infringe la actual normativa que regula la corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, como lo es la institución recurrida, no obstante haberse conformado con sujeción a la reglamento de la entidad, debiendo la confrontación antedicha ser zanjada en beneficio de la norma establecida en el Código Sustantivo, pues resulta evidente que este tipo de entidades a que el Estado les reconoce personalidad jurídica y autonomía -incluso a nivel constitucional, según se lee del artículo 1º del Carta Magna- deben someterse a la legislación vigente, de manera que, habiéndose constituido la entidad bajo un determinado contexto legal, debe adecuar su funcionamiento y actuaciones a las nuevas exigencias que el Soberado establezca para ellas.

5º En este camino de reflexión, no debemos olvidar que la actual redacción del artículo 553 del Código Civil fue fijado por las modificaciones introducidas por la Ley Nº 20.500, Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que entró en vigencia el 16 de febrero de 2011. Dicho cuerpo legal establece en su artículo 15 que: “Son organizaciones de interés público, para efectos de la presente ley y los demás que establezcan leyes especiales, aquellas personas jurídicas sin fines de lucro cuya finalidad es la promoción del interés general, en materia de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente, o cualquiera otra de bien común, en especial las que recurran al voluntariado…”, agregando su artículo 19 que: “Son organizaciones de voluntariado las organizaciones de interés público cuya actividad principal se realiza con un propósito solidario, a favor de terceros, y se lleva a cabo en forma libre, sistemática y regular, sin pagar remuneración a sus participantes”. De este modo, siendo características principales de un nombre reservado el hecho de ejercer una actividad en beneficio permanente a favor de la comunidad por medio de personas que voluntariamente se integran a sus filas sin remuneración de por medio, no cabe sino concluir que se trata de una entidad de interés público, de suerte que, la normativa legal, en este caso las nuevas disposiciones introducidas en Libro I, Título XXXIII, De Las Personas Jurídicas, artículos 545 y siguientes del Código Civil, resultan prevalentes a su disposiciones reglamentarias, máxime en el caso sub lite en que éstas se remontan al año 1958. Ahora bien, si el razonamiento anterior no bastare, el propio legislador en el tercera disposición transitoria de la Ley Nº 20.500 dispuso que: “Las corporaciones y fundaciones cuya personalidad jurídica sea o haya sido conferida por el Presidente de la Repúblcia con arreglo a leyes anteriores se regirán por las disposiciones establecidas en la presente ley en cuanto a sus obligaciones, fiscalización, requisitos y formalidades de modificación y de extinción.”

6º Así entonces, habiéndose constituido el Consejo Superior de Disciplina por personas que ejercer cargos directivos en la institución, a saber por Oficiales Generales (Superintendente y Vicesuperintendente), Directores de Compañía y Directores Honorarios, todos los cuales constituyen el Directorio del nombre reservado, según lo dispone el artículo 16 del reglamento, en abierta contravención a la incompatibilidad consagrada en el artículo 553 inciso final del Código Civil, no queda sino concluir que el mencionado órgano se ha transformado en una verdadera comisión especial, configurándose la hipótesis de contravención constitucional establecida en el artículo 19 Nº 3 del Texto Político. Luego, la resolución de expulsión dictada por dicho estamento lo ha sido con infracción de la referida norma legal resultando ilegal.

7º Si bien lo anterior es suficiente para acoger la acción deducida en autos, esta Corte no puede soslayar la circunstancia de que la sanción de expulsión aplicada al recurrente asoma a todas luces como una medida desproporcionada, pues si bien es cierto que las expresiones proferidas por éste en su cuenta de Facebook no fueron las más adecuadas, se trató de insultos genéricos en contra de personas o entidades indeterminadas y de su lectura, en caso alguno, puede inferirse que estaban dirigidas al nombre reservado o a miembros de dicha institución. En este contexto, cabe anotar que Nuestra Máxima Judicatura en distintos fallos y recientemente en la causa Rol Nº 44148-2016 ha dicho que para resolver este tipo de recursos debe tenerse como premisa que para que un procedimiento sancionatorio pueda ser calificado de racional y justo, conforme al artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, no es suficiente que haya sido tramitado ante la autoridad competente y de acuerdo al procedimiento previsto en la ley o el estatuto respectivo, sino que, además, es imperativo que se establezca la existencia de una falta y que la sanción que se aplique resulte proporcionada a la infracción, recordándonos el propio artículo 553 del Código de Bello, ya citado, que las facultades disciplinarias deben ser ejercidas “mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados”.

8º.- En el escenario descrito, no podría concluirse –racionalmente- que la referida conducta tenía el ánimo deliberado de afectar el prestigio y honorabilidad del nombre reservado, por manera que, existiendo otras sanciones menos gravosas que pudieron aplicarse en contra del recurrente, no resulta justificada la necesidad de aplicar una medida tan gravosa como lo es la expulsión de la institución, tornándose la decisión en una sanción desmesurada que vulnera de manera ilegítima el derecho al debido proceso del actor, el que debe ser enmendado por esta vía, por lo que la presente acción necesariamente deberá ser corregida, como se dirá en lo resolutivo.

9º Finalmente, la circunstancia que el actor no haya ejercido los recursos que le franqueaba el reglamento interno en caso alguno puede significar la conformación con la medida adoptada en su contra, más aún luego de todo lo explicado, debiendo recordar a la recurrida que en última instancia corresponde siempre a los Tribunales Superiores de Justicia velar por la protección de las garantías individuales que nuestra Constitución Política consagra a todos los habitantes del país.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fecha once de febrero de dos mil diecisiete, debiendo la recurrida restablecer al recurrente en aquellas funciones que desempeñaba a la fecha de iniciarse aquel procedimiento disciplinario que culminó con su expulsión, dejándose sin efecto la referida sanción por resultar arbitraria e ilegal.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Álvaro Barría Chateau.

Rol Nº 278-2017