nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Rancagua Rancagua, veintinueve de agosto de dos mil veinticinco.

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Con fecha 30 de diciembre de 2024 comparece don nombre reservado, por sí y en favor de su grupo familiar, quien interpuso acción de protección en contra de don nombre reservado y doña nombre reservado, toda vez que han incurrido en una serie de acciones ilegales y arbitrarias, al emplazar en forma totalmente irregular una granja avícola con más de 600 gallinas en un terreno colindante a su propiedad, lo cual les ha hecho sufrir a diario las externalidades negativas producidas, con lo que han amenazado, perturbado y privado sus derechos fundamentales a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a la vida e integridad física y psíquica, derecho a la igualdad ante la ley y de propiedad.

Explica que con fecha 6 de octubre del 2023 el criadero de gallinas ponedoras se instaló en el inmueble de propiedad de don nombre reservado, administrado por doña nombre reservado, con alrededor de 500 gallinas, agregando que ninguno de ellos vive en dicho lugar y en la actualidad hay alrededor de más de 600 gallinas aproximadamente.

Comenta que al parecer el proyecto es parte de un programa conducido por Prodesal y fiscalizado por Indap, lugar este último donde se le señaló que ignoraban que el criadero estaba a menos de 14 metros de otra propiedad, esto es, la casa donde vive el actor junto a su familia hace más de 15 años.

Asegura que los efectos del funcionamiento del criadero en el lugar han sido catastróficos para las personas que viven en el sector, pero nadie más quiere denunciar para no tener problemas, añadiendo que, si bien el inmueble está en un área agrícola, en él existe un asentamiento urbano en el que habitan alrededor de 7 familias.

Puntualiza que el principal daño generado por los recurridos al actor y su familia tiene relación con la pestilencia de los desechos de las aves que acumulan en el terreno, muy cerca de su vivienda, además de la contaminación acústica que genera el cacareo de cientos de gallinas. Su calidad de vida se ha deteriorado progresivamente desde la instalación del criadero colindante, pues los olores se han ido intensificando con el tiempo, hasta llegar actualmente a un punto en donde es imposible permanecer en su hogar. Además, su cónyuge e hijas han desarrollado diversos problemas de salud atribuidos a la exposición constante a los malos olores y a los gases que emanan del lugar, como mareos, náuseas, vómitos, entre otros padecimientos, sin perjuicio de diversos problemas de salud mental, como depresión, irritabilidad, insomnio, pues es una verdadera tortura no poder conciliar el sueño producto por los picoteos y cacareos constantes de las gallinas, los cuales no cesan durante todo el día, además de la aparición de plagas como moscas y ratones.

Expone que el dueño recurrido no hizo el mínimo esfuerzo por empatizar con su situación, pues como no viven en dicho lugar, no les importa las consecuencias que trae aparejado el funcionamiento de la avícola. Asimismo, que consultado en la municipalidad, Seremi del Medio Ambiente, Servicio Agrícola Ganadero y Prodesal, ninguna de estas instituciones públicas autorizó el funcionamiento del criadero y le señalaron que nada podían hacer al respecto. Así, interpuso una denuncia el 11 de diciembre del 2023 en el Ministerio de Medio Ambiente de Requínoa, pero no gestionaron ninguna solución al problema, haciendo caso omiso de sus propias normas reglamentarias y ordenanza municipal. También denunció en la Seremi de Salud, que tampoco gestionaron una solución de acuerdo con el caso. Sin embargo, sí levantaron la alerta sobre la existencia de guano acumulado. Paz ciudadana, por otra parte, pudo constatar que existían olores desagradables y ruidos, cursando una infracción.

Sostiene que es fundamental que se tomen medidas correctivas en general sobre el funcionamiento y existencia de la avícola recurrida, toda vez que los errores y omisiones en su instalación, han generado como consecuencia la afectación de los derechos fundamentales de su familia. No se respetaron las normas mínimas sanitarias, medioambientales y urbanísticas, como consta en el Certificado de Informaciones Previas (CIP) del predio acompañado, el cual da cuenta de distanciamiento mínimo que debía mantener los gallineros con los inmuebles colindantes, lo cual no se cumplió.

Indica que el deterioro psicológico es evidente, pues ha acudido a todos los servicios públicos y direcciones que tengan relación con el funcionamiento de la avícola, pero en ningún lugar le han dado una respuesta medianamente satisfactoria, lo que le provoca una gran frustración, pues es el sostenedor de la familia, y sus esfuerzos se han visto completamente mermados para efectos de solucionar el problema. Además, su honra como ser humano se ha visto menoscabada, pues se sienten completamente humillados por la avícola y sus dueños, quienes no han efectuado ninguna acción ni siquiera para atenuar los olores, y por otro lado las autoridades se han lazado la responsabilidad entre una y otro, sin responder ninguno, y tampoco entregando respuestas claras sobre los reclamos verbales y escritos que ha manifestado, lo cual le hace sentir aún más humillado.

De esta manera, se agotaron las vías administrativas y burocráticas para proteger sus derechos, sin resultados positivos, siendo el recurso de protección la última acción que les queda para proteger sus derechos y solicitar el restablecimiento del imperio del derecho.

Hace presente que, en virtud de los actos de desarrollo permanente y continuo que causan contaminación, como son los señalados en esta presentación, el recurso no puede ser considerado como extemporáneo en tanto la acción contaminante persista, por cuanto no es posible determinar el momento preciso en que entiende producida la vulneración a los derechos de los recurrentes.

Finalizó solicitando a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se declare la ilegalidad de los actos recurridos, que amenazan el derecho de las personas afectadas a la vida e integridad psíquica, así como el derecho de igualdad ante la ley, el derecho a un medioambiente libre de contaminación y el derecho de propiedad y, como consecuencia de los anterior, se adopten todo tipo de medidas orientadas a establecer el imperio del derecho, poniendo término a los actos ilegales señalados previamente respecto de las personas afectadas; y se impartan instrucciones a los recurridos, con el fin de que ajusten sus actos a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos. En lo particular, se ordene a los recurridos la paralización de funcionamiento hasta el cierre definitivo de la avícola mencionada, debiendo decretarse el traslado de las gallinas a santuarios de animales, a costa de las recurrentes, remitiendo copia de los antecedentes resultantes de esta gestión a esta Corte. Asimismo, que se ordene a los recurridos hacer ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

En subsidio de lo anterior, que se ordene el cierre temporal de la granja avícola mencionada, hasta que se produzca una fiscalización por parte de la Superintendencia del medio Ambiente, un sumario sanitario por parte de la autoridad sanitaria correspondiente, y por el Servicio Agrícola y Ganadero respecto de las condiciones de vida de las aves, y la posterior implementación de medidas de mitigación que sean aprobadas por las autoridades que corresponda o lo que conforme a derecho resuelvan, debiendo decretarse el traslado temporal de las aves a santuarios de animales a costa de las recurrentes.

En subsidio de todo lo anterior, solicita que se traslade la avícola a un sector en el cual no afecte derechos de terceros y en donde el ordenamiento jurídico permita el funcionamiento de esta, cumpliendo con todos los permisos sanitarios que corresponda.

A folio 18 y 20 comparecen los recurridos señalando que la avícola lleva más de 15 años en el programa de Prodesal, en que si bien empezó con un grupo pequeño de gallinas, las cuales considera casi como mascotas, empezó su trabajo en el proyecto de gallinas de posturas, que empezó a transformarse en una actividad artesanal en crecimiento, apoyada por el programa Prodesal de la comuna de Requínoa, por lo que decidieron trasladarse en el año 2023 a un sector rural de la comuna, en donde podrían instalar sin ningún problema las gallinas, con amplio espacio y sin vecinos en ese entonces cerca, a los cuales causaran alguna molestia. Además, consultada la gente de lugares aledaños, no manifestaron inconformidad alguna, pues todos mantienen animales como vacunos, caballares, perros, gatos y aves sueltas como gallinas y patos particularmente.

Agregan que en mayo de 2023 se construyó un pabellón pequeño para mantener a las gallinas, prácticamente en el extremo oriente de la propiedad y, con posterioridad hacia el lado poniente, se construyó una pequeña bodega cerrada, hermética, con el objeto de guardar alimento, líquidos, vitaminas, e implementos para la mantención de las gallinas.

Puntualizan que han sido supervisados no solo por Prodesal, sino que también por Indap, el Servicio de Salud O’Higgins y el SAG, quienes los visitan constantemente para verificar la salud e higiene de las gallinas, ante los cuales y frente a sus sugerencias, han cumplido al pie de la letra para ir mejorando cualquier tipo de situación que implique contaminación, pese a ello nunca se han encontrado vestigios de irregularidades.

Comenta que, en este contexto, se acercó el recurrente mencionando que le molestaba el ruido de las gallinas, el picoteo, y su cacareo, ante lo cual se le explicó las medidas que se adoptarían para evitar dichas molestias, considerando que el recurrente indicó que vivía en una vivienda en un terreno contiguo, pero sin quedar conforme, indicó que la única solución era sacarlas del sector, a lo que se informó que aquello no era posible. Además, el actor ha construido una casa en un sector rural no respetando ninguna norma de la Ley General de Construcción y Urbanismo, no respetó la distancia con los deslindes vecinales al construir, no siendo empático con el medio ambiente, ya que no posee por su parte ningún tipo de tratamiento para las aguas servidas. Presume así, que por el espacio que posee y ha destinado, muchos de los olores que según él recurrente y su familia sienten, son de los propios desechos del recurrente, y es probable, ya que al menos por su parte, el manejo de residuos por un tema sanitario de las gallinas es bastante estricto, haciendo presente que el actor es una persona conflictiva y ha tenido problemas con varias personas del sector, y pese a que se le ha informado de las medidas para control de olores y moscas que según en la casa de él abundan, no está en predisposición de escuchar y sólo se limita a insultar. Agrega que a dos o tres cuadras existen actualmente, además, caballerizas o criadero de caballos, por lo que desconocen si en dicho criadero tienen algún control medio ambiental para los olores y moscas.

Sostiene que el recurrente realizó una denuncia en el año 2024 ante el Juzgado de Policía Local de Requínoa bajo el Rol 1312, por contaminación acústica, procedimiento en que no se dio a lugar al requerimiento ya que no existían pruebas de que existieran ruidos molestos u otro tipo de molestias, por lo que la causa fue archivada el 16 de agosto del año 2024, ya que, que pese a ser una actividad artesanal y no industrial como se ha descrito, se respetan todas las normas medio ambientales exigidas, contando con todas las autorizaciones y permisos requeridos, los que detalla, añadiendo que han sido fiscalizados por la tenencia de las aves, por la Seremi de Salud respectiva y además se les hace seguimiento a través de los programas respectivos.

Argumenta que, además, se realizan periódicamente aplicación de líquidos para los olores y control de plagas como moscas, todo ello certificado por los organismos respectivos.

A folio 32 informa la I. Municipalidad de Requínoa que el recurrente se acercó a la Dirección de Seguridad Pública para solicitar orientación sobre cómo pedir una fiscalización al criadero de gallinas que se emplaza junto a su domicilio, al lugar concurre un inspector de la Dirección de Seguridad Pública y se cursa citación al Juzgado de Policial Local de Requínoa, por contaminación acústica, Art. 48, Letra G de la Ordenanza Municipal, sin perjuicio de ello, el referido Juzgado de Policial local consideró “No ha Lugar” a la denuncia, según consta en causa 1312-2024. Posterior a ello, el recurrente nuevamente se contacta con la central telefónica de la Dirección Pública Municipal, instancia en que acude un inspector para atender su requerimiento, el funcionario realiza mediación con el denunciante y no genera citación al Juzgado de Policía Local por considerar que no correspondería tal gestión. Finalmente, y en otra instancia, el recurrente fue atendido por el Director de Seguridad Pública, quien explica que, de acuerdo con las atribuciones de los inspectores, no se observa situación por la que se pueda cursar nuevamente una citación al Juzgado de Policía Local a quienes son recurridos en esta causa, considerando que, según información proporcionada por ellos, cuentan con todos los permisos requeridos para el funcionamiento del criadero.

Indica que doña nombre reservado, pertenece al programa PRODESAL de la comuna de Requínoa, donde desarrolla actividad avícola, tanto en la producción de huevos como en el manejo de plantel avícola. En la actualidad mantiene aproximadamente 550 aves de postura, las que se encuentran debidamente declaradas ante el Servicio Agrícola y Ganadero, recibiendo asesoría de manera constante por parte del equipo técnico del programa PRODESAL de la comuna de Requínoa, aves que actualmente mantiene en un gallinero que construyó con recursos propios y que instaló en el Sector de Santa Lucila, en terreno que mantiene en comodato. Agrega que, en las visitas que ha hecho personal técnico del programa, se ha constatado que mantiene el espacio limpio y ordenado, además de las que aves se encuentran en buenas condiciones.

Refiere que, consultado a la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Requínoa y del propio certificado de Informaciones Previas que acompaña el recurrente, se certifica que la Zona en que se emplazan los terrenos, tanto de recurrida como de recurrente, es la Zona ZP1A, que corresponde a una Zona Rural de Uso Preferentemente Agropecuario. En este sentido, la ordenanza Municipal de Medio Ambiente que actualmente se encuentra vigente en la Comuna de Requínoa, prohíbe la instalación de gallineros, pero en espacios urbanos de la comuna.

A folio 33 informa el Servicio Agrícola y Ganadero que la unidad técnica del departamento de Recursos Naturales Renovables del Servicio Agrícola y Ganadero, no posee competencia ni normativa para fiscalizar acopio de guanos que a su vez que generen problemáticas como olores y moscas producto de la instalación de una avícola, en este sentido el organismo correspondiente es el Servicio de Salud, quienes poseen las facultades de fiscalización en situaciones en donde que producto un manejo inadecuado de guano en producción de aves de carne, se generen problemáticas asociadas a la generación de malos olores y moscas.

En referencia a que esta avícola posee, según antecedentes entregados por el denunciante, alrededor de 600 aves, señala que no califica para que el proyecto deba ingresar al SEIA, ya que para ello se requiere una cantidad igual o superior a 85.000 pollos o, 60.000 gallinas o, 16.500 pavos o, una cantidad equivalente en peso vivo igual o superior a 150 toneladas de otras aves.

A folio 36 informa el Servicio de Salud O’Higgins que son de competencia del Ministerio de Salud, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, todas aquellas materias que corresponden a los Servicios de Salud, sea en calidad de funciones propias o en su carácter de sucesores legales del Servicio Nacional de Salud y del Servicio Médico Nacional de Empleados, y que no digan relación con la ejecución de acciones integradas de carácter asistencial en salud, esto es, que las funciones y responsabilidades del “Servicio Nacional de Salud” e incluso aquellas propias del “Servicio de Salud” a que hace mención el Código Sanitario, son entregadas por la ley a la competencia del Ministerio de Salud a través de las Secretarías Regionales Ministeriales. Por lo anterior, es la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de O´Higgins quien es el órgano competente en la materia.

A folio 41 informa la Superintendencia del Medio Ambiente que, revisados los sistemas internos de información de la SMA, el servicio no ha recepcionado ninguna denuncia asociada a los hechos objeto del recurso de autos, atendido lo cual no existen fiscalizaciones o procedimientos iniciados con ocasión de los mismos. Sin perjuicio de lo anterior, hace presente que artículo 21 de la LOSMA dispone que cualquier persona podrá denunciar ante esta Superintendencia el incumplimiento de instrumentos de gestión ambiental y que, en el evento que producto de tales denuncias se iniciare un procedimiento administrativo sancionador, el denunciante tendrá para todos los efectos legales la calidad de interesado en el precitado procedimiento.

A folio 53 informa el señor Subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente que la competencia para pronunciarse sobre la ejecución de actividades de fiscalización en relación al cumplimiento de instrumentos de gestión ambiental, y de la imposición de sanciones respecto de su incumplimiento, corresponde a la Superintendencia del Medio Ambiente, y no a dicha Secretaría de Estado.

A folio 55 informó la Seremi de Salud de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins que, con fecha 23 de enero de 2024, funcionarios del Departamento de Acción Sanitaria de la Autoridad Sanitaria Regional, hicieron visita de fiscalización al inmueble ubicado en la comuna de Requínoa, lugar donde desarrolla su actividad doña nombre reservado, consistente en la crianza de gallinas ponedoras, en un galpón de alrededor de 112 mt2. En dicha oportunidad se dio inició sumario sanitario por la acumulación de guano proveniente de la actividad de crianza de gallinas, sin constatar en dicha visita, olores molestos ni proliferación de vectores de interés sanitario.

Agregó que, si bien la recurrida no posee resolución sanitaria, durante la visita no se pudo verificar actividades de manipulación de alimentos fiscalizable por la normativa sanitaria. Además, en cuanto a informes sanitarios y/o resoluciones de calificación ambiental, señala que dichos antecedentes se elaboran en base a solicitud municipal respectiva. En este orden de cosas, a la fecha de su informe, a la Autoridad Sanitaria Regional no han llegado solicitudes de elaboración de informe sanitario y/o calificación industrial.

En su ampliación de informe de folio 58, indicó que con fecha 18 de agosto de 2025, funcionarios del Departamento de Acción Sanitaria de la Autoridad Sanitaria Regional, hicieron visita de fiscalización nuevamente al inmueble donde la recurrida ejerce su actividad, oportunidad en la que verificó que en el lugar se realiza la actividad de envasado de huevos (220 huevos diarios aproximadamente), sin contar con la autorización sanitaria para tales efectos (artículo 6 del Reglamento Sanitario de los Alimentos), razón por la cual se dio inicio al respectivo sumario sanitario, adjuntando los antecedentes de la fiscalización.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.

2.- Que, el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario por la recurrente, corresponde al emplazamiento irregular de una granja avícola con más de 600 gallinas en un terreno colindante a su propiedad, lo que ha amenazado, perturbado y privado sus derechos fundamentales a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a la vida e integridad física y psíquica, derecho a la igualdad ante la ley y de propiedad, atendido el constante ruido, malos olores y aparición de plagas que dicha actividad genera.

3.- Que, informando los recurridos, solicitaron el rechazo del recurso, en primer término, por ser extemporáneo, y en cuanto al fondo, indicaron que la avícola -de carácter artesanal- funciona en un sector rural de la comuna, en donde se podían instalar sin ningún problema las gallinas, con amplio espacio y sin vecinos en ese entonces cerca, a los cuales causaran alguna molestia. Añade que el recurrente posteriormente construyó su vivienda sin respetar las normas de urbanismo y construcción, y sin respetar la distancia mínima de las instalaciones de la recurrida, puntualizando que cumple con la normativa legal aplicable, que ha sido fiscalizado por la autoridad sanitaria, sin encontrar problema alguno y que, si bien en una oportunidad el actor realizó una denuncia ante el Juzgado de Policía Local por ruidos molestos, aquélla fue desestimada, por no resultar acreditados los hechos denunciados.

4.- Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso de protección alegada por los recurridos, de acuerdo a lo señalado por el recurrente en su recurso, consta que el acto reclamado ocurre desde el año 2023, dado que indica que con fecha 6 de octubre de ese año se habría instalado por los recurridos el criadero de gallinas, el que siempre ha generado malos olores, plagas y ruidos molestos que lo habrían afectado, así como a su grupo familiar, vulnerando los derechos constitucionales que invoca.

De esta forma, habiendo sido interpuesta la presente acción con fecha 30 de diciembre de 2024, esto es, habiendo transcurrido con creces el plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia, contado desde que se toma conocimiento del acto por el que se recurre, resulta manifiestamente extemporánea, correspondiendo su rechazo por dicha causa.

5.- Que, además, de lo informado por la Seremi de Salud de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, órgano fiscalizador en materia sanitaria, se tiene que fiscalizó a la avícola que explotan los recurridos en el mes de enero de 2024 y que, en dicha oportunidad, a pesar de existir acumulación de guano – por lo que se cursó un sumario-, en dicha visita no se constató la existencia de olores molestos, ni proliferación de vectores. Asimismo, en la fiscalización realizada con fecha 18 de agosto de 2025, se cursó un sumario sanitario, sólo por haberse constatado que se realizaba la actividad de envasado de huevos, sin contar con la autorización sanitaria para tales efectos, sin detectar ningún otro incumplimiento a la normativa sanitaria.

Por su parte, la Municipalidad señaló que la actividad de los recurridos se encuentra supervisada por Prodesal, la que supervigila que se cumpla con la normativa respectiva, sin que conste hayan informado de algún incumplimiento por parte de la recurrida.

6.- Que, de esta forma, no existen antecedentes que permitan a esta Corte acceder a lo solicitado en el recurso, esto es, ordenar el cierre o traslado de la avícola explotada por los recurridos, en tanto limita la actividad económica de éstos, en circunstancias que todas las instituciones que informaron en la presente causa no han dado cuenta de la efectividad de los hechos por los que se recurre.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso deducido por don nombre reservado, por sí y en favor de su grupo familiar, en contra de don nombre reservado y doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 2778-2024 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.