nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE

C.A. Rancagua Rancagua, veinticuatro de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Con fecha 26 de diciembre de dos mil veinticuatro, comparece don nombre reservado, Abogado, en el interés de don nombre reservado, chileno, soltero, funcionario, Cédula Nacional de Identidad número RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, y viene en deducir recurso de protección en contra I. Municipalidad de Pumanque, nombre reservado, representada por su alcalde, don Víctor Gonzalo Baraona Bezanilla, ambos con domicilio en domicilio reservado, por la emisión del acto administrativo Decreto Alcaldicio N° 917, de fecha 25 de noviembre de 2024, por medio del cual dispone la no renovación de la contrata del recurrente para el año 2025.

Señala que el recurrente ha tenido una relación jurídica con la municipalidad recurrida bajo 3 modalidades. Primero, fue nombrado a contrata en virtud de la Ley N° 18.883, Estatuto administrativo para funcionarios Municipales por el periodo de tiempo que va desde el 1 de marzo del año 2019 al día 31 de marzo del año 2023, lo cual termina por renuncia de fecha 29 de marzo del año 2023 y que se hace efectiva mediante el Decreto Alcaldicio Registro N°303/2023. La segunda modalidad en que se relaciona el actor con la recurrida es como prestador de servicios a honorarios por el periodo de tiempo que va desde el 1 de mayo del año 2022 al 31 de diciembre del año 2022 y del 3 de enero del año 2023 al 31 de marzo del año 2023 y la última modalidad es por medio de un contrato a plazo fijo en virtud de la Ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal desde 1 de abril del año 2023 al 31 de diciembre del año 2023 y desde el 1 de enero del año 2024 al 31 de diciembre del año 2024.

Alega que la recurrida desconoce respecto del recurrente el principio de confianza legítima, señalando que la relación no ha sido permanente sino más bien interrumpida, sin embargo, aquello no es efectivo por cuanto el actor tiene una permanencia, a contrata, ininterrumpida, desde 2019, superando los 5 años, ello, sin considerar el período previo, a honorarios, que extendería la antigüedad a 11 anualidades.

Agrega que la recurrida ha referido que no tiene el deber de invocar fundamento alguno para desvincular al recurrente lo cual constituye un evidente desconocimiento de normas administrativas fundamentales, ya que está obligada a fundar el acto administrativo o decreto alcaldicio toda vez que según los dictámenes de la Contraloría el recurrente estaba protegido por el principio de confianza legítima.

Finaliza señalando que se vulnero los derechos constitucionales consagrados en los N° 1, 2, 16, 24 y 26 de la Constitución Política de la República y previas citas legales solicita se sirva tener por interpuesto recurso de protección, solicitando que se deje sin efecto el acto administrativo que se impugna, declarando que el actor del principio goza de confianza legítima establecido en los dictámenes de la Contraloría General de la República, ordenando que se le renueve su contrata por el año 2025, con el consecuente pago de sus remuneraciones con costas.

A folio 17, con fecha 19 de marzo del presente año, comparece la Municipalidad recurrida quien en primer término informa que por el solo Ministerio de la Ley terminó la relación laboral de las partes e invoca el artículo 48 de la ley Nº 19.378, -Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal- en su letra c) el cual dispone expresamente: “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: c) Vencimiento del plazo del contrato”.

Refiere que conforme a lo establecido en los artículos 14 y 48 de la ley referida ley, queda claro que los denominados “contratos a plazo fijo” constituyen un vínculo transitorio, por lo que tales empleos, durarán como máximo un año calendario. se puede concluir que en el ejercicio de la facultad que implica la decisión de no renovar el vínculo estatutario “contrata a plazo fijo”, la Administración no tiene el deber de invocar fundamentos para no perseverar en el vínculo para el período siguiente, prescindiendo de los servicios para los cuales la persona fue contratada, dado que estos concluyen de pleno derecho al final del año calendario.

Respecto de la Confianza Legitima, señala que la situación es diferente, y se requiere fundamentar el acto cuando se presenta una circunstancia reconocida como excepcional, ya sea porque se pone término anticipado a una designación de una “contrata a plazo fijo” o cuando el funcionario goza del denominado Principio de la Legitima Confianza.

Indica que el Principio de la Confianza Legítima, aplicado en materia administrativa, busca proteger a los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos, impidiendo que a través de aquellos se lesionen derechos por lo que se ha resuelto que, tanto la decisión de poner término anticipado a una contrata como la no renovación de la misma, respecto de personas que se han vinculados con la Administración por un determinado número de años, violenta el principio de la confianza legítima del funcionario que alberga la justa expectativa de terminar el periodo cubierto por su designación y a ser recontratado para el año siguiente.

Señala que, en el caso particular de autos, el actor se vinculó con la recurrida entre el año 2019 y 2023 en virtud de nombramiento a contrata conforme la ley N° 18.883 -sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales-, periodo al cual el mismo recurrente pone término por medio de su renuncia de fecha 29 de marzo de 2023, dictándose el Decreto Alcaldicio Registro Nº303/2023, de fecha 31 del mismo mes y año que aceptan la renuncia. Luego, desde el 1 de abril del año 2023 es “contratado a plazo fijo” (Ley Nº19.378) para pasar a prestar funciones en el Departamento de Salud Municipal, lo que se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2024.

Agrega que el artículo 146 de la ley N° 18.883 -que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales- dispone que el funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: a) Aceptación de renuncia; por su parte el artículo 147 de la ley referida, establece como causal de cesación en el cargo, la aceptación de la renuncia del respectivo funcionario produciendo sus efectos desde la fecha que se indique en el decreto que la acepte, vale decir, en este caso, desde la dictación del Decreto Alcaldicio Registro Nº303/2023 de fecha 31 de marzo del año 2023, por lo que concluye que todo el plazo anterior a dicha fecha, así como todas las renovaciones ocurridas con anterioridad a la misma, no pueden ser consideradas para efectos de provocar la legitima confianza en el actor, ya que la renuncia es un acto que la ley establece como una causal de cesación o dejación del cargo.

En resumen, señala, que el actor solo tiene su primera “contratación a plazo fijo” desde el 1 de abril del año 2023 al 31 de diciembre del año 2023 y una sola renovación de su “contratación a plazo fijo” desde el día 1 de enero del año 2024 al 31 de diciembre del año 2024 y aunque, se sume las prestaciones de servicios a honorarios con la recurrida, que se producen desde el 1 de mayo del año 2022 hasta el 31 de marzo del año 2023 no logra acumular las cinco renovaciones anuales y sucesivas requeridas para hacer nacer la protección de la legitima confianza.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: CONSIDERANDO:

1.- Que el recurso de protección tiene por finalidad proteger a quien ha sido perturbado en el ejercicio legítimo de un derecho garantizado por nuestra Constitución Política, por actos u omisiones que no está jurídicamente obligado a soportar. De este modo, para que opere esta acción de amparo es preciso que quien recurre sea titular de un derecho claro e indubitado y que este derecho esté siendo amenazado o violado por actos u omisiones ilegales y arbitrarias de otro, ya sea un particular o una autoridad, y que resulten acreditados.

Se requiere además que el perjuicio causado sea actual, de modo que, en el evento de acogerse la acción, esta Corte pueda adoptar las medidas tendientes a reparar el daño producido.

2.- Que, para la decisión del asunto, cabe tener presente que el acto que motiva la presente acción cautelar lo constituye el Decreto Alcaldicio N° 917, de fecha 25 de noviembre de 2024, por medio del cual dispone la no renovación de la contrata del recurrente para el año 2025, considerando aquél que el referido decreto es ilegal y arbitrario, por cuanto no respeta el principio de Confianza Legítima y carece de la fundamentación mínima que exige el legislador.

3.- Que la recurrida, evacuando el informe señala en primer lugar que la relación laboral de las partes terminó por el solo Ministerio de la Ley e invoca el artículo 48 de la ley Nº 19.378, -Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal- en su letra c) el cual dispone expresamente: “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: c) Vencimiento del plazo del contrato”, razón por la cual no está obligado a fundamentar el decreto impugnado.

Además, y como segundo punto refiere que el Principio de Confianza Legitima no opera en el caso de autos por que el actor renunció voluntariamente a su nombramiento contrata, lo que fue aceptado por la recurrida, materializándose en el decreto correspondiente de fecha 31 de marzo de 2023, por lo que no pueden considerarse las anualidades anteriores a esa fecha para los efectos de la Confianza Legítima.

4.- Que, no ha resultado discutido que el recurrente presentó, el 29 de marzo de 2023, su renuncia voluntaria al nombramiento a contrata que mantenía con la recurrida, acto que una vez aceptado por la recurrida, implica el fin de la relación laboral entre las partes, ya que el actor ha manifestado su intención de no continuar la relación en los términos vigentes, lo que necesariamente conlleva que los derechos y obligaciones que emanan de dicho vínculo terminen de manera definitiva y permanente, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 146 letra a) en relación al 147 de la Ley 18.883, sin que un nuevo contrato o acuerdo entre las partes pueda renovar la relación ya fenecida.

5.- Que, el actor ha alegado que lo favorece el Principio de Confianza Legitima, intentando agregar las anualidades en las que prestó servicios a la recurrida antes de su renuncia voluntaria, sin embargo, aquello no procede por cuanto esa relación esta irrevocablemente terminada, y en consecuencia el actor carece del plazo que se exige para acceder a los beneficios que el principio referido conlleva, por cuanto desde su renuncia a la fecha ha transcurrido sólo dos años, por lo que el recurso debe ser rechazado es ese punto.

6.- Que, en cuanto a la falta de fundamentación del decreto recurrido, teniendo claro que al actor no lo favorece el principio de confianza legítima y que el contrato cuyo término se alega, era de plazo fijo, el cual necesariamente terminó por el solo transcurso del tiempo, demuestra que es innecesaria más fundamentación que la dispuesta en el artículo 159 del Código del Trabajo, el que regula las formas de término del contrato de trabajo y que, en su numeral cuarto señala expresamente: “4.- Vencimiento del plazo convenido en el contrato”, por lo que es la ley la que, de manera categórica, determina el efecto del cumplimiento del plazo contenido en el contrato y, en consecuencia, tampoco procede la presente acción constitucional en este punto, por lo que deberá ser rechazado.

Por lo expuesto y de conformidad a lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, contra I. Municipalidad de Pumanque.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte 2762-2024 Protección.