Protección contra Director Regional del Trabajo de la región de O’Higgins

Rancagua, dieciséis de octubre de dos mil diecisiete.

Vistos:

Que, con fecha 10 de septiembre del año en curso, comparece doña Ingrid Andrea Muñoz Madriaza, abogada, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, en representación de Sociedad Muñoz Román y Compañía Ltda, representada legalmente por nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Director Regional del Trabajo de la región de O’Higgins, Juan Carlos González Gaete, domiciliado en domicilio reservado y en contra de la fiscalizadora de dicho organismo, doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado.

Funda su acción, en que el Director Regional del Trabajo, dictó la resolución administrativa N° 029, de 31 de julio de 2017, notificada a su parte el 11 de agosto de 2017, en la que se rechazó un recurso de revisión, deducido en contra de las infracciones números 1, 2, 3 y 4 que constan en la resolución de multa N° 06.02.3221.17.8, cursada por la fiscalizadora nombre reservado.

Agrega que con fecha 20 de abril del presente año, se pidió la reconsideración o la rebaja de las multas impuestas.

Mediante Ord. N° 234, de fecha 4 de mayo de 2017, la Inspección Provincial del Trabajo de Colchagua, informa sobre la inadmisibilidad de la solicitud, debido a que ésta no se presentó dentro de plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación.

Depone que por intermedio de solicitud de 1 de junio de 2017, explicó el entorpecimiento que le impidió tomar conocimiento de la resolución de multa, la que sólo conoció el 22 de marzo de 2017, razón por la cual su petición de reconsideración estaba interpuesta dentro de plazo, argumentos que fueron desestimados de plano en la resolución administrativa N° 029.

Señala que los actos de los recurridos constituyen actos ilegales y/o arbitrarios, ya que se negaron a tramitar un recurso contemplado en la ley, presentado dentro de plazo legal, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Conforme lo expuesto, los recurridos –mediante las resoluciones impugnadas- más que constatar la aplicación de la legislación laboral, han calificado jurídicamente una situación de fondo, propia de un procedimiento contencioso, difícil de resolver y constatar en una simple fiscalización, vulnerando lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, normas las que imponen a los órganos del Estado el deber de someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, además de tener que actuar válidamente dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, por lo que no es resorte de la Inspección del Trabajo ni de sus fiscalizadores dependientes, conocer las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo, de las convenciones o fallos arbitrales en materia laboral; por lo que el juicio de valor de la recurrida excedió el ámbito de su competencia definida en los artículos 503 del Código del Trabajo y 1 del D.F.L. N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de modo tal que el acto recurrido por la presente vía es manifiestamente ilegal, al haberse arrogado funciones jurisdiccionales que son propias de los tribunales respectivos, afectando el derecho de propiedad de Sociedad Muñoz Román y Compañía Limitada, al disminuir su patrimonio mediante la aplicación de la multa derivada de su actuar, lo que se aparta del marco razonable mínimo que le impone el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, transformándose en una comisión especial, vulnerando su derecho de propiedad, ello en virtud de la multa impuesta.

Finaliza pidiendo, en definitiva, se ordene dejar sin efecto la resolución multa N°06.02.3221.17.8 cursada con fecha 09 de Febrero de 2017 y por la cual se resolvió aplicar multas a su representado por la suma de 40 UTM para la Uno, 40 UTM para la dos, 40 UTM para la tres y 30 UTM para la cuatro, así como también la Resolución Administrativa Nro. 029, de 31 de julio de 2017, sin perjuicio de las demás medidas que estime necesarias para asegurar la debida protección de la recurrida, con costas.

Acompaña documentación que se encuentra agregada al expediente virtual.

Se declaró admisible el recurso y se pidió informe a los recurridos.

Al momento de cumplir lo ordenado, los reclamados, solicitan el rechazo del recurso, con costas.

Como primera cuestión, señala que con fecha 9 de febrero del año en curso, se cursaron cuatro multas al empleador Sociedad Muñoz Román y Cia. Ltda, reproduciendo los hechos expuestos en el recurso, agregando que el día 1 de junio de 2017 se interpuso recurso extraordinario de revisión, con el objeto de rebajar las multas, señalando que por motivos externos, la notificación de la multa le llegó el día 22 de marzo de 2017, por lo que se procedió a revisar la resolución impugnada.

En tal sentido, sostiene que no se constató que la empresa recurrente haya invocado alguna de las causales contempladas en el artículo 60 de la ley 19.880, y que tampoco se incurrió en un error de hecho, ya que la solicitud se presentó fuera de plazo.

Señala que el presente recurso de protección debe ser rechazado por ser entablado en forma extemporánea, por cuanto la misma actora expone que tuvo conocimiento de la multa que se le aplicó el día 22 de marzo de 2017, o desde la presentación del recurso de revisión, habiendo transcurrido con creces el plazo de 30 días que establece el Auto Acordado, citando jurisprudencia en apoyo de su pretensión.

Agrega que la actuación de su parte se ajustó a la legalidad vigente, actuando en base a criterios jurídicos y técnicos, en el ejercicio de sus facultades, esgrimiendo que el recurso de protección no puede ser tenido como recurso procesal subsidiario o supletorio de los procedimientos ordinarios, pues por ésta vía se pretende sustituir las actuaciones de los tribunales ordinarios.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°.- Que, como primera cuestión, y previo análisis del fondo del asunto, es del caso hacer presente que al momento de evacuar su informe, la recurrida instó por la extemporaneidad del recurso. Dicha alegación, la sustentó en que la propia recurrente menciona en su libelo que fue notificada de la multa el día 22 de marzo de 2017, aunado a que interpuso el recurso extraordinario de revisión, recién el día 1 de junio del año en curso, habiendo transcurrido en exceso el plazo para accionar que contempla el Auto Acordado que regula el recurso de protección.

2°.- Que, en principio, efectivamente se podría estimar que el hecho en que se sustenta el recurso de protección, consistió en el rechazo de la solicitud de rebajar las multas aplicadas, ello, debido a que según el criterio seguido por la Inspección Provincial del Trabajo de Colchagua, la petición en comento fue presentada extemporáneamente y que desde la fecha de notificación de tal resolución, se debe computar el plazo para accionar. Sin embargo, ello no es así, el empleador, no conforme con lo decidido por la inspectora provincial, en uso de uno de los medios de impugnación que le franquea la ley, optó, según lo permite expresamente el artículo 60 de la ley 19.880, por interponer el recurso extraordinario de revisión, con la convicción de que el superior jerárquico, el Director Regional del Trabajo, con una nueva revisión de los antecedentes y conforme a la documentación acompañada enmendaría lo resuelto.

3°.- Que, en ese orden de ideas, a través de la Resolución N° 029, de fecha 31 de julio de 2017, se rechazó el recurso de revisión. Por lo tanto, es éste y no otro el acto el que debe ser considerado como arbitrario y/o ilegal, por cuanto el Director del Trabajo, al resolver en ese sentido, pudiendo modificar la interpretación del inferior, no lo hizo, teniendo esa resolución el carácter de acto terminal. Así, el plazo para accionar de protección, necesariamente se debe computar desde que ese pronunciamiento le fue notificado al empleador, actuación que ocurrió el 11 de agosto del año en curso, por lo que al haberse recurrido el 10 de septiembre, se hizo dentro del plazo que establece el Auto Acordado que regula la materia, lo que lleva al rechazo de esa defensa, tal como se dirá.

4°.- Que, elucidado lo anterior, y respecto al fondo del asunto, no está demás decir que el acto atacado rechazó el recurso de revisión por cuestiones meramente formales, esgrimiendo que el arbitrio en comento no estaba fundado, y mencionando que lo resuelto por la Directora Provincial del Trabajo no incurrió en manifiesto error de hecho, lo que redundó en que la solicitud de rebaja de la multa haya sido interpuesta fuera del plazo de 30 días corridos desde la fecha de la notificación de la imposición de la multa, ordenando mantener el oficio Ord. 234 de fecha 4 de mayo de 2017, el que declaró inadmisible la petición de reconsideración.

5°.- Que, así las cosas, al resolver como lo hizo, el superior validó el computo de plazo que realizó el inferior, lo que resulta erróneo, tal como se expondrá en las consideraciones siguientes.

6°.- Que, de los hechos expuestos por las partes y de los documentos acompañados es posible apreciar lo siguiente:

a).- Que, con fecha 9 de febrero de 2017 se cursaron sendas multas a la empresa reclamante.

b).- Que, esas multas fueron notificadas vía carta certificada, misiva que fue depositada en la oficina de correos el día 13 de febrero de 2017.

c).- Que, la solicitud de reconsideración administrativa de multa fue presentada por la empresa el día 20 de abril de 2017.

d).- Que, con fecha 4 de mayo de 2017, la recurrida dictó el Ordinario N° 234, el que declara la inadmisibilidad de la reconsideración, por haberse presentado fuera del plazo de 30 días corridos que contempla la normativa respectiva.

7°.- Que, si bien es cierto que el artículo 508 del Código del Trabajo establece que la notificación de la resolución que impone la multa, se entenderá practicada al sexto día hábil de recibida por la oficina de correos, esa norma que contiene una presunción simplemente legal, que admite prueba en contrario.

8°.- Que, del mérito del documento acompañado por el actor -el que no fue controvertido por la reclamada- se puede apreciar que Correos de Chile, da cuenta que la carta certificada en que se comunica la imposición de la multa, recién fue entregada a la empresa reclamante materialmente el día 22 de marzo de 2017, fecha en que el actor tomó conocimiento efectivo y real del acto que lo gravaba, pues entenderlo de otro modo, desvirtuaría el objeto y fines de las notificación, la que supone que el destinatario se entere de lo que le pretende comunicar.

9°.- Que, así, al haberse deducido la petición de reconsideración de multa el 20 de abril de 2017, ésta se pidió dentro del plazo de 30 días que contempla el artículo 512 del Código del Trabajo, por lo que al haberse calculado dicho plazo de manera errónea, en la especie se cumplió la hipótesis que contempla el artículo 60 letra b) de la ley 19.880, ya que los recurridos cometieron un error de hecho, el que fue determinante para adoptar la decisión que ahora se impugna, actuar que ha vulnerado la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 2 de nuestra Constitución, pues el recurrente se ha encontrado ante una situación desmejorada en el ejercicio de sus derechos, la que le impidió que fuera conocida su petición de rebaja del monto de las multas, siendo la interpretación de los reclamados arbitraria, al desconocer el hecho concreto de que la notificación de la multa fue efectuada en una fecha muy posterior a la entrega de la misiva en la oficina de correos.

9°.- Que, sin perjuicio de lo anterior, y conforme se expuso en los motivos precedentes, resulta impertinente lo solicitado por el recurrente, en cuanto a su petición de dejar derechamente sin efecto la resolución multa N°06.02.3221.17.8, pues eso significaría conocer el fondo de la cuestión, lo que no se condice con la naturaleza cautelar de la presente acción, por lo que como medida reparatoria únicamente se adoptará la que se dirá en la parte resolutiva de la sentencia.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I).- Que se rechaza la alegación de extemporaneidad realizada por los recurridos al momento de evacuar su informe.

II).- En cuanto al fondo, se acoge, el recurso de protección deducido por doña Ingrid Andrea Muñoz Madriaza, abogada, en representación de Sociedad Muñoz Román y Compañía Ltda, representada legalmente por nombre reservado, en contra del Director Regional del Trabajo de la región de O’Higgins, Juan Carlos González Gaete, y en contra de la fiscalizadora de dicho organismo, doña nombre reservado, dejándose sin efecto el Ordinario N° 234 de 4 de mayo de 2017, y la Resolución 029 de 31 de julio de 2017, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la parte recurrente respecto de la Resolución de Multa N° 3221/17/8, de 9 de febrero de 2017, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Interino Marcelo Francisco Albornoz Troncoso.

Rol Ingreso Corte 2752-2017-Protección.