RECURRENTE: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LIMITADA. RECURRIDO: INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE RANCAGUA, INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE RENGO.

Rancagua, a diez de marzo de dos mil dieciséis.

Vistos:

A fojas 27 compareció Alejandro Antonio Cáriz Meller, abogado y mandatario judicial de la empresa Administradora de Ventas al Detalle Limitada, empresa del giro de su denominación, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Rengo, representada por su Inspectora Comunal Claudia Corral Aliaga, en virtud de los siguientes antecedentes:

Que el día 30 de diciembre de 2015 fue notificada de la Resolución de multa N°4104/15/18 de fecha 22 de diciembre del mismo año, la que aplicaba dos multas de un total de 6 UTM. En contra de dicha multa interpuso un reclamo administrativo enviado el 29 de enero del año 2016 mediante carta certificada, cumpliendo de esta forma con la Circular N°46 de fecha 2 de mayo del año 2012 emitida por el Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo. El 2 de febrero la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua emitió el Ordinario N°56 mediante el cual informa sobre la inadmisibilidad de la solicitud, aludiendo que se había presentado el 1 de febrero de 2016, y a su parecer, no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde su notificación.

En conformidad al artículo 24 de la Ley N°19.880, el plazo para interponer el recurso administrativo vencía el 12 de febrero de 2016, por lo que la decisión de la recurrida es ilegal y arbitraria ya que el artículo 512 del Código del Trabajo prescribe un plazo de 30 días para reclamar de la multa impuesta por la Inspección del Trabajo, sin señalar si éste es de días corridos o hábiles. Como se trata de un recurso en etapa administrativa, en aplicación de la Ley 19.880 debe entenderse que es de días hábiles, pues así lo dispone el artículo 25 de dicha norma. Por tales motivos la recurrida debió dar curso a su solicitud siendo además su decisión contraria a la jurisprudencia.

Señala que se ha afectado el derecho de igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, pidiendo en definitiva se deje sin efecto la Resolución Ordinaria N°56 de 2 de febrero de 2016, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración, con costas.

Acompaña la resolución de multa, copia del acta de notificación, carta certificada donde consta el reclamo, copia del Ordinario N°56, copia de circular n°46 y copia simple de sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Concepción.

A fs. 35 se declara admisible el recurso y se solicita informe a la recurrida.

A fs. 36 nombre reservado, evacúa informe por la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua. Solicita su rechazo, con costas, ya que el Ordinario N°56 que motiva el presente recurso, fue dictado por la Inspección del Trabajo de Rengo, por lo que la Inspección del Trabajo de Rancagua no tiene ningún tipo de intervención, no existiendo motivo alguno para que se recurra en su contra.

A fojas 45, María Elena Calderón Rubio, Inspectora Comunal del Trabajo de Rengo, evacúa el informe solicitado. En primer término señala que por un error se contabilizó el plazo desde el 1 de febrero de 2016 cuando la Inspección recibe la reclamación, en circunstancias que lo correcto era que se contara el plazo desde el 29 de enero de 2016, fecha en que se recibió por correos dicha misiva, motivo por el cual se allana a la pretensión de la recurrente, sólo en cuento a la admisibilidad de la solicitud de reconsideración. Sin perjuicio de lo anterior, agrega que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos ya que cuando el Código del Trabajo ha dispuesto plazos de días hábiles lo ha hecho expresamente, cita jurisprudencia de Tribunales y Cortes de Apelaciones que han resuelto en tal sentido, y asimismo un dictamen de la Contraloría General de la República en términos idéntico, por lo que no resulta posible aplicar supletoriamente el artículo 25 de la Ley 19.880.

A fs. 49 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1° Que el acto que se ha impugnado como arbitrario e ilegal consiste en el Ordinario N°56 emitido por la Directora Comunal del Trabajo de Rengo, cuya copia se agregó a fojas 6, actuación en la que no participó ni tuvo incidencia alguna la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua, motivo por el cual el recurso deducido en su contra será desestimado.

2° Que se debe considerar que el acto que se impugna consiste en la resolución administrativa que dictaminó no dar curso a la reconsideración de multa presentado por la empresa multada, ya que a juicio de la recurrida, ésta no se presentó dentro de plazo, allanándose a la solicitud la Inspección Comunal de Rengo, debido a un error en la fecha de inicio del cómputo del plazo, por lo que no existe controversia en el hecho que la reclamante presentó su reconsideración con fecha 29 de enero del año 2016 ante correos de Chile y que fue notificada de la resolución de multa con fecha 30 de diciembre de 2015.

3.- Que sin perjuicio que la recurrida se allanara a la pretensión principal, de acuerdo al tenor de su informe, resulta que la cuestión debatida en el presente caso sigue siendo determinar si el plazo regulado en el artículo 512 del Código del Trabajo, corresponde a días corridos o días hábiles. Mientras que el recurrente sostiene que dicho término debe computarse como días hábiles en aplicación de la Ley 19.880, es decir, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos, el recurrido plantea que la contabilización del plazo debe realizarse de forma corrida, pues el cuerpo laboral no manifestó en forma expresa lo contrario, como sí lo hace en otras disposiciones de su normativa.

4º Que el reclamo enviado por el recurrente al organismo de fiscalización laboral mediante carta certificada y que fue declarado inadmisible por extemporáneo, se encuentra inserto en la instancia administrativa regulada para impugnar las resoluciones dictadas por el mismo, en cuyo caso, de aparecer vacíos normativos se debe recurrir a la legislación existente al efecto y que contiene los principios que deben informar todo procedimiento administrativo, tales normas se encuentran en la Ley 19.880.

5º Que atento a lo señalado en el motivo anterior, es necesario indicar que el artículo primero de la ley recién citada expresa que su objetivo es regular las bases del procedimiento de los actos administrativos de la Administración del Estado, y en caso que se establezcan procedimientos especiales, dicha normativa actuará en forma supletoria. Acto seguido, y en su artículo segundo, fija su ámbito de aplicación, incluyendo dentro de su acción a los servicios públicos creados para la función administrativa.

6º Que así las cosas, se aprecia que esta normativa, si bien está dedicada a un ámbito especial del derecho, establece una regulación de carácter general para los procedimientos administrativos. Para el caso concreto, en que el Código del Trabajo sólo establece mínimas disposiciones para la realización del procedimiento de reclamación de sus resoluciones, son plenamente aplicables las disposiciones de la Ley 19.880, por las razones ya expuestas.

7° Que, en consecuencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 25 de la mencionada Ley y, como lo ha resuelto en el mismo sentido la Excma. Corte Suprema, de forma reiterada (Rol 3.545-2011, 3537-2012), el plazo ha de entenderse de días hábiles, pues precisamente guardando silencio el Código del Trabajo, es procedente recurrir a dicha disposición que define la forma en que deben computarse los plazos.

8° Que de acuerdo a lo señalado precedentemente, debe entenderse que la reclamación interpuesta con fecha 29 de enero de 2016 fue deducida dentro del plazo de 30 días hábiles, por ello, la extemporaneidad declarada por la recurrida tiene el carácter de ilegal toda vez que desatendió la interpretación sistemática que correspondía realizar, lo que conllevó a negar la tramitación de un recurso que cumplía el requisito formal de temporalidad, a fin de ser tramitado como legalmente era procedente. Tal actuar implicó la vulneración de la garantía constitucional del artículo 19 Nº 2 de nuestra Carta Fundamental, puesto que dio un trato desigual al apartarse de las formas establecidas por la ley.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se acoge, con costas, el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 27, en consecuencia, se dispone que se deja sin efecto lo resuelto en el Ordinario N° 56 de fecha 2 de febrero de 2016 por la Inspección Comunal del Trabajo de Rengo, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el actor respecto de la resolución de multa N° 4104/15/18, de fecha 22 de diciembreo del año 2015.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte N° 267-2016.Prot.- Pronunciada por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por señor Ministro Titular don Emilio Elgueta Torres, Ministro Interino señor Michel González Carvajal y Abogado integrante don Carlos Moreno Sandoval.

Hernán González Muñoz.

Secretario titular En Rancagua, a diez de marzo de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.