nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Rancagua, diez de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Que, con fecha 5 de abril del año en curso, comparece don Roberto González Morales, abogado, en representación convencional de doña nombre reservado, médico cirujano, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins, representada por la Contralora Regional doña Paola Reyes Vergara, abogada, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Funda su recurso en que durante el año 2011, la recurrente ingresó al Programa de Becas FOREAPS, siendo beneficiaria de beca de Especialización del Programa de Formación de Postgrado, reglado según el Decreto Supremo N°507 de 1990 del Ministerio de Salud, Ley N°19.664 y otras disposiciones reglamentarias, con el propósito de especializarse en medicina interna, lo que desempeñó en distintos recintos hospitalarios de la Región Metropolitana.

Manifiesta que una seguidilla de situaciones de malos tratos, mobbing y discriminación, todo con motivo de la relación laboral, perjudicaron la salud tanto física como psicológica de la Dra. nombre reservado durante el ejercicio de sus funciones en el Servicio de Salud Metropolitano Norte, debiendo accionar judicialmente en sede laboral, instancia en que se acogió su demanda de “auto despido” con indemnización de perjuicios.

Expone que el día 12 de junio de 2015, la Dra. nombre reservado renuncia a la beca, mediante carta en la que explica las razones que causan dicha decisión, referidas a la situación laboral que la aquejaba.

Señala que la doctora nombre reservado, presentó sus antecedentes académicos y laborales al Hospital Regional de Rancagua, con el propósito de prestar allí sus servicios. El 08 de febrero de 2016 firma contrato para desempeñarse en ese servicio público, con 28 horas en servicio Medicina Adulto. Mientras ejercía esas funciones, el día 22 de agosto del año 2018, fue citada a una reunión en la que estaban presentes 3 funcionarias encargadas del área administrativa del Hospital; el objeto de la reunión fue ponerla al tanto de la existencia de la Resolución Exenta Nº 2749 del 16 de Noviembre de 2016, suscrita por el Dr. nombre reservado, Director del Servicio de Salud Metropolitano Norte de esa época, para que diera explicaciones de su inhabilidad en razón de haber renunciado y haberse aplicado la sanción.

Agrega que recién en ese instante tomó conocimiento de la existencia de la Resolución que la sancionaba con la inhabilidad, por lo que se dirigió al Director del Servicio de Salud, solicitando el día 26 de septiembre de 2018 la invalidación de la Resolución 2749 de 2016, en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 19.880, petición que fue rechazada.

En tal orden de ideas, el día 13 de Marzo del presente, la doctora, es notificada del Oficio N° 586 emanado de la Contraloría Regional Del Libertador General Bernardo O’Higgins, que se dictó a solicitud del Director (S) del Servicio de Salud O’Higgins, en el que se señala, en lo pertinente, que: “resulta obligatorio que respecto de la señora nombre reservado se haga efectiva la garantía de cumplimiento y la inhabilidad dispuesta por medio de la mencionada resolución exenta N° 2.748 de 2016” imponiendo al Servicio adoptar medidas para el cumplimiento de lo concluido en el oficio, desvinculándola de su relación laboral, siendo ese el acto en que sustenta el recurso.

Según la recurrente los hechos expuestos vulneran la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 1 del texto fundamental, pues a pesar de lo obrado en el ámbito judicial, aquello no fue suficiente para que el Servicio asumiera la responsabilidad que le corresponde, ya que aun existiendo condena judicial en contra, emitió la Resolución Ex. 2749 del año 2016 en que aplica la sanción contenida en el Decreto 507 de 1991 del Ministerio de Salud de inhabilidad para ejercer su profesión en el servicio público por un lapso de 6 años, agregando que a la fecha de la dictación de esa decisión, el Servicio ya estaba notificado de aquél fallo, por lo que ahora nuevamente se está poniendo en peligro la salud psíquica de la recurrente.

Así, a su juicio, queda claro que el Oficio N° 586 de 12 de febrero de 2019, como acto administrativo, se remite exclusivamente al marco jurídico que regula la situación de la que fue víctima la doctora, y no repara en que la conducta, en virtud de la cual se aplica la sanción, permite eximirla de aquella, ello, en virtud de haberse probado ante un Tribunal de la República la veracidad del daño en la salud de recurrente, tanto física como psicológica.

Finaliza pidiendo se restablezca el imperio del derecho, tomando todas las medidas que se estimen pertinentes, además de ordenar dejar sin efecto el acto recurrido, con costas.

Acompaña documentación que se encuentra incorporada al expediente.

Se declaró admisible el recurso, y se pidió informe al Servicio de Salud Metropolitano Norte y a la Contraloría General de la República.

En primer término, comparece el representante del Servicio de Salud, pidiendo el rechazo del recurso, con costas. Aclara que en la causa laboral que se menciona en el libelo, se dictó y notificó el cúmplase de rigor, con fecha 19 de mayo de 2017.

Cita lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Supremo N° 507 de 1991 del Ministerio de Salud, en el texto vigente a la época de la renuncia de la profesional y de la emisión de la Resolución Exenta N° 2749 de 16 de noviembre de 2016, establecía que si la renuncia al programa de formación, se presenta con posterioridad a los 30 días de iniciada la beca respectiva, deberá aplicarse lo previsto en el artículo 24 del referido cuerpo normativo.

A su vez, expone que el artículo 24 del referido cuerpo reglamentario, establece en lo que interesa, que el incumplimiento por parte del becario de cualquiera de sus deberes y con posterioridad del período asistencial obligatorio, lo inhabilitará a postular, para ser contratado o designado en cualquier cargo de la Administración del Estado, hasta por un lapso de seis años; sin perjuicio de hacérsele efectiva por la autoridad correspondiente la garantía correspondiente.

Por otro lado, hace presente que si bien el artículo 25 del Decreto Supremo N° 507 citado, tanto en su texto actual como el vigente a la época de la inhabilitación, permitían poner término a la beca sin sanciones, cuando la renuncia “se fundare en hechos que dificulten o impidan la prosecución de la beca”, de acuerdo al texto original y cuando dicha renuncia se fundamente en “situaciones de salud que afecten al becario o a alguno de sus familiares que dependan de él y que sean incompatibles con las actividades académicas de aquel”, de acuerdo al texto vigente; no es menos cierto que al momento de renunciar la profesional inhabilitada no acompañó antecedente alguno que estableciera las circunstancias excepcionales que autorizarían a este Servicio de Salud a poner término sin sanciones a la Beca de la profesional.

A mayor abundamiento, señala que mediante presentación de fecha 26 de septiembre de 2018, doña nombre reservado, debidamente representada, solicitó la invalidación de la referida Resolución Exenta N° 2749 de 16 de noviembre de 2016 ante este Servicio de Salud, petición que fue desestimada mediante Resolución Exenta N° 2761 de 30 de octubre de 2018, motivo por el cual dicha resolución se encuentra firme.

Luego, informando la Contraloría General de la República, insta por el rechazo del recurso. Manifiesta que el oficio impugnado en estos autos fue emitido en respuesta a una presentación efectuada con fecha 28 de septiembre de 2018, por el Director (S) del Servicio de Salud O´Higgins –SSO-, mediante la cual dicha autoridad solicitó a esta Entidad de Control un pronunciamiento respecto a la situación estatutaria de doña nombre reservado en razón de haber tomado conocimiento de que a la actora le afectaba una inhabilidad declarada por el Servicio de Salud Metropolitano Norte –SSMN-, a través de la citada Resolución Exenta N° 2.749, de 16 de noviembre de 2016.

Como primera cuestión, alega la falta de legitimación pasiva, porque los fundamentos esgrimidos por la actora se refieren a actos dictados antes de la emisión del pronunciamiento de dicha entidad contralora, ejecutados por un órgano distinto, por lo que el recurso de protección de autos no se ha interpuesto contra quien ejecutó la acción o incurrió en la omisión estimada por la recurrente como ilegal o arbitraria.

Agrega que el organismo fiscalizador, a través del oficio impugnado, se limitó a informar respecto a la normativa que regula la materia y la jurisprudencia vigente, aplicándola al caso concreto conforme a los antecedentes tenidos a la vista, correspondiéndole dar aplicación a una medida previamente dispuesta por la autoridad administrativa competente.

En base a esos mismos argumentos, alega la extemporaneidad de la acción, pues entiende que la determinación cuestionada compete a la mencionada autoridad -en este caso, el Director del SSMN- la acción cautelar de la especie debió haberse interpuesto en contra de la referida Resolución Exenta N° 2.749, de 2016, respecto de la cual la actora afirma haber tomado conocimiento el día 22 de agosto de 2018, tal como indica en los numerales 8°, 9° y 10 de su recurso de protección.

En cuanto al fondo, señala que no ha cometido ningún acto arbitrario o ilegal. En efecto, el Decreto N° 507, de 1991, del Ministerio de Salud -que Aprueba Reglamento de Becarios de la Ley N° 15.076, en el Sistema Nacional de Servicios de Salud, modificado posteriormente por el decreto N° 7, de 2018, de la misma cartera-, en su artículo 23, conforme a su texto vigente hasta el 22 de agosto de ese año, disponía que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a que se refieren los artículos anteriores -entre los que se encontraba aprobar los estudios conducentes a la obtención de la especialidad-, el profesional debía constituir previamente una garantía consistente en una póliza de seguro, boleta bancaria u otra caución suficiente, a juicio exclusivo de la autoridad superior de la institución que otorgó la beca y en favor de esta.

Luego destaca que su artículo 24, prescribía que la inobservancia por parte del becario de cualquiera de sus deberes y con posterioridad del periodo asistencial obligatorio, lo inhabilitaría a postular para ser contratado o designado en cualquier cargo de la Administración del Estado, hasta por el lapso de seis años, sin perjuicio de hacerse efectiva por la autoridad la garantía suscrita con tal objeto.

En este sentido, sostiene que a través del Oficio N° 586, de 2019, se limitó a disponer el cumplimiento de la Resolución Exenta N° 2.749, de 2016, que a esa fecha se encontraba firme, indicando las consecuencias que la legislación sobre la materia contempla ante la renuncia de una beca, tal como aconteció en el presente caso.

De acuerdo a lo manifestado, la acción cautelar no satisface los requisitos de procedencia, toda vez que se impugna una actuación legítima, ejercida en uso de sus facultades y dentro del marco que regula esas atribuciones, ajustándose plenamente al ordenamiento jurídico, en cuanto ha cumplido con todos los requisitos de validez para que tenga plena eficacia.

En su oportunidad, se otorgó traslado respecto a la excepción de extemporaneidad de la acción, oportunidad en que el recurrente manifestó que las resoluciones emanadas del Servicio de Salud Metropolitano Norte, no provocaron en los hechos la vulneración del derecho garantizado en la Constitución Política artículo 19 N° 1; sino que el hecho vulneratorio se materializa con el Oficio N° 586-2019 emanado de la Contraloría y en contra de cuyo acto se endereza esta acción, la orden que contiene dicho acto provoca la exoneración de la profesional, con la consiguiente vulneración en su derecho a la integridad física y psíquica, consagrado en la Carta Magna.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERADO.

PRIMERO: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, en la especie, el acto ilegal se hace consistir en el Oficio N° 586 de 12 de febrero de 2019, dictado por la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins, notificado a la recurrente con fecha 13 de marzo de 2019, por el cual ordena al Servicio de Salud Ohiggins cumplir lo decretado mediante Resolución Exenta N° 2749 de 16 de noviembre de 2016, del Servicio de Salud Metropolitano Norte, en la que se puso término a la beca de la actora, se dispuso hacer efectiva la garantía de cumplimiento y se impuso la inhabilidad de ingreso a la Administración del Estado por un lapso de 6 años, todo ello por el supuesto incumplimiento del Programa de Formación de Postgrado, reglado según el Decreto Supremo N°507 de 1990 del Ministerio de Salud.

En el referido oficio, la Contraloría Regional afirma que las sanciones impuestas a la Dra. nombre reservado, mediante Resolución Exenta N° 2749 de 16 de noviembre de 2016, del Servicio de Salud Metropolitano Norte, se encuentran firmes, pues en concepto del órgano contralor, lo resuelto en la causa RIT 428-2015 del Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, sobre auto-despido y tutela laboral, no influye en la aplicación de las medidas en cuestión, por cuanto al momento de renunciar a la beca el 12 de junio de 2015, la Dra. nombre reservado no hizo valer alguna de las situaciones de excepción que regula el artículo 25 del Decreto Supremo N°507 de 1990 del Ministerio de Salud, las que, en todo caso, requerían ser aceptadas por la autoridad competente antes del alejamiento.

TERCERO: Que, en cuanto a la extemporaneidad alegada por la recurrida, corresponde descartarla, por cuanto el acto impugnado consiste en el Oficio N° 586 de 12 de febrero de 2019, notificado el 13 de marzo de 2019, por el cual la Contraloría Regional ordenó al Servicio de Salud Ohiggins hacer efectivas las sanciones administrativas previamente impuestas a la recurrente, informe que tiene el carácter de obligatorio para el Director del referido servicio que solicitó dicho pronunciamiento, de conformidad con el artículo 9° inciso final de la Ley 10.336, al que además se le compele a cumplir lo resuelto dentro de 15 días, en particular, la exoneración de la actora como funcionaria del Hospital Regional de Rancagua producto de la inhabilidad por 6 años para desempeñarse en la Administración del Estado, de manera tal que siendo el informe de Contraloría el acto el recurrido mediante esta acción constitucional, no cabe duda que ésta se dedujo en forma oportuna, con fecha 4 de abril de 2019, dentro del plazo de 30 días que regula el Auto-Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia.

Por las mismas razones anteriores, se debe desestimar la excepción de falta de legitimidad pasiva opuesta por la Contraloría Regional, por cuanto al emitir el oficio en cuestión, el referido órgano contralor no sólo ejerció un control de legalidad de las sanciones administrativas impuestas a la becaria, mediante un informe obligatorio para el servicio requirente, en virtud del citado artículo 9°, sino que mandó cumplir lo anterior, siendo tal acto el que conlleva la mayor afectación para la recurrente, derivada de la inhabilitación para prestar servicios en el sistema público de salud por seis años, de modo tal que es indudable que el oficio reprochado constituye un acto administrativo que puede ser objeto de esta acción constitucional.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo, cabe precisar que la ilegalidad del informe del órgano contralor que ratifica las sanciones impuestas a la actora, se basa en que aquel desatiende lo resuelto en la causa RIT 428-2015 del Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, en la que si bien por sentencia de 5 de octubre de 2016 se desestimó la demanda de tutela laboral, se acogió, en cambio, la acción subsidiaria de despido indirecto, declarándose que el auto-despido efectuado por la trabajadora nombre reservado con fecha 12 de junio de 2015 respecto de la empleadora Servicio de Salud Metropolitano Norte, resulta ajustado a derecho, condenándose a la demandada a pagar a la actora, las siguientes sumas: a) $1.290.840 por indemnización sustitutiva del aviso previo; b) $5.163.360 por indemnización por tres años de servicios y fracción superior a seis meses; c) $4.130.688 por recargo legal del 80% de la indemnización por años de servicios; d) $5.000.000 por indemnización de daño moral, con reajustes e intereses legales.

Al respecto, resulta indispensable consignar que en el motivo décimo cuarto del fallo del Juzgado del Trabajo, se da por establecido que: “según el Informe de Vida Funcionaria la demandante estaba asignada al Cesfam Dr. Cruz Melo por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2015, no existiendo anotación de que haya sido trasladada a otro establecimiento. Pese a ello, el fallo da por acreditado que al volver de sus vacaciones en enero de 2015, a la Dra. nombre reservado no se le permitió su ingreso a dicho establecimiento, circunstancia que se tiene por tácitamente admitida, conforme lo dispuesto en el artículo 453 N° 3 inciso 7 del Código del Trabajo, a lo que se agrega que el Servicio de Salud Metropolitano Norte en su contestación reconoció que se le puso término al vínculo como becaria en el CESFAM.

Añade el fallo que: “La demandante acompañó copia simple de cuatro instrumentos titulados “Formulario de Solicitud Ciudadana Ley 19.880” N Q de Folio 635, 636, 637, y 640, en el que aparece el Logo del Servicio de Salud Metropolitano Norte, esto es la demandada, conforme a los cuales se establece que la demandante informo por escrito a dicho organismo administrativo la circunstancia de que los días 09, 12, 13, y 16 de enero de 2015 no se le habría permitido su ingreso en el Cesfam Dr. Cruz Melo.

Concretamente el día 09 informó que “Dejo constancia que hoy viernes 09/01/14 me presente a las 10:00 hrs. al Cesfam para cumplir con las labores medicas establecidas. Sin embargo no tengo Agenda para ver pacientes 12:00 hrs.”. Se hace presente que se entenderá que la referencia al año 2014 constituye un error, propio de los primeros días de cada ano.

En cuanto al día 12 la actora señaló: “Dejo constancia que hoy 12/01/2015 me presento a las 1:00 hrs. para cumplir con mi labor como médico. Se me informa que no seré recibida en este consultorio, de forma verbal, dado que la Dra. Moreno no se encuentra en esta institución. Me retiro a las 13:45 hrs.”. El día 13 consignó: “Dejo constancia que hoy Martes 13 de Enero del 2015 me presento en el Cesfam Cruz Melo para cumplir con mis labores médicas, sin embargo, no tengo agenda de pacientes y he sido informada que no necesitan mi servicio como médico. Me retiro a las 10:30”. Y finalmente el día 16 “Dejo constancia que hoy viernes 16/01/15 me presente al Cesfam para cumplir con mis labores de Medico Becada, pregunto en SOME, pero se reafirma que no pertenezco a esta institución y que por tanto no tengo agenda de pacientes. Espero aprox. 1 hora. Me retiro a las 12:30. Cumplo con las indicaciones que me dieron en el SSMN. Sra. nombre reservado. Sra. nombre reservado, dadas las reuniones que hemos tenido durante esta semana. Sin otro particular”.

Luego, la sentencia, en el considerando décimo quinto, establece: “Que los antecedentes descritos en el considerando anterior permiten establecer que a la demandante durante varios días de enero se le impidió desempeñar las labores para las cuales había sido contratada en el Cesfam Dr. Cruz Melo, donde se encontraba asignada, situación que hace comprensibles las licencias médicas que hizo uso con posterioridad, existiendo un Informe Médico elaborado por el Hospital Santiago de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, emitido con fecha 13 de mayo de 2015, conforme al cual se establece que el día 02 de abril de 2015 la demandante ingresó por estudio de posible enfermedad profesional, que en el primer control de especialidad de siquiatría realizado el mismo día 02 de abril se diagnosticó “Episodio depresivo mayor”, que posteriormente se diagnosticó “Trastorno Adaptativo, y que analizados los antecedentes médicos y laborales obtenidos su patología fue tipificada como de origen laboral”.

Por último, el fallo concluye que: “los hechos establecidos en el considerando anterior configuran acciones y omisiones temerarias por parte de la demandada que ha afectado la salud de la trabajador, hipótesis contemplada en el numeral 5 del artículo 160; como también un incumplimiento a la obligación del empleador de otorgar el trabajo convenido al trabajador, incumplimiento que en opinión del tribunal tiene el carácter de grave porque no se ha invocado ni acreditado ninguna circunstancia que explique el proceder de impedir a la demandante ingresar a su lugar de trabajo por varios días”.

QUINTO: Que, a diferencia de lo que sostiene la recurrida, para analizar la legalidad de las sanciones administrativas impuestas a la recurrente es esencial considerar lo resuelto en la causa laboral, por cuanto al tiempo en que la actora dedujo la demanda de auto-despido, el Servicio de Salud Metropolitano Norte aún no había tomado determinación alguna respecto a la situación de la recurrente, de modo tal que habiéndose ejercido una acción jurisdiccional por la becaria, destinada a resolver los términos de su desvinculación con el servicio, la Administración debía inhibirse de adoptar alguna determinación sobre la misma pretensión, tal como se colige de lo dispuesto en el artículo 54 inciso final de la Ley 19.880.

De este modo, el hecho de que al tiempo de dictarse la Resolución Exenta N° 2749, el 16 de noviembre de 2016, el fallo del Juzgado del Trabajo no estuviera ejecutoriado, no facultaba al Servicio de Salud Metropolitano Norte para resolver que la actora había puesto término a su beca de manera injustificada y aplicar las sanciones en cuestión, pues, como se dijo, el conflicto ya estaba sometido a los Tribunales de Justicia y el referido servicio era parte demandada en el juicio laboral.

SEXTO: Que, en efecto, lo discutido en el juicio laboral era precisamente la validez del auto-despido comunicado por la actora al Servicio de Salud Metropolitano Norte con fecha 12 de junio de 2015, de manera que al establecerse, en la sentencia definitiva de 5 de octubre de 2016, que el auto-despido se ajustó a derecho, por el incumplimiento grave de las obligaciones del empleador, fijándose incluso una indemnización por daño moral, la Administración se encontraba impedida de tomar, a poco más de un mes de tal determinación judicial, cualquier decisión que afectara el cumplimiento de lo decidido por el Juzgado del Trabajo, no sólo por encontrarse inhibida en virtud del artículo 54 inciso 3° de la Ley 19.880, sino porque tenía la calidad de demandado en el juicio laboral y, por consiguiente, no podía desatenderse de los resultados del pleito.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, al encontrarse establecido mediante una sentencia judicial que, en definitiva, quedó firme y ejecutoriada, que el término de la relación de becaria que la actora tenía con el Servicio de Salud Metropolitano Norte se produjo por el incumplimiento grave de las obligaciones de este último, no es posible dar aplicación a las sanciones previstas en el artículo 24 del Decreto Supremo N° 507 de 1991 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Nacional de Becarios en el Sistema Nacional de Servicios de Salud, por cuanto dicho precepto legal exige como presupuesto, el incumplimiento de las obligaciones por parte del becario, lo que no se configuró en la especie, desde que en el juicio laboral se dio por acreditado precisamente lo contrario.

OCTAVO: Que, de este modo, el informe de Contraloría Regional que avala la aplicación de tales sanciones, desatendiendo lo obrado en el juicio laboral, importa un acto ilegal, pues valida la aplicación del artículo 24 del Decreto Supremo N° 507 de 1991 del Ministerio de Salud, en circunstancias que no se configuran sus presupuestos legales, sin que obste a lo anterior la circunstancia que el Servicio de Salud Metropolitano Norte haya rechazado la solicitud de invalidación de la Resolución Exenta N° 2749 de 16 de noviembre de 2016, por cuanto tal como se observa de la Resolución Exenta N° 2761 de 30 de octubre de 2018, en ella no se contiene consideración alguna sobre los efectos de la sentencia de la causa laboral ni sobre el efecto inhibitorio que el ejercicio de la demanda de auto-despido tiene sobre las facultades de la administración sobre la materia.

Por lo demás, el artículo 6° inciso 3° de la Ley 10.336 dispone que la Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, por lo que habiéndose resuelto el asunto mediante una sentencia judicial firme y ejecutoriada, la Contraloría Regional debía abstenerse de emitir un informe avalando la legalidad de un acto contrario a la decisión jurisdiccional.

NOVENO: Que, establecida la ilegalidad del acto recurrido, resulta evidente que aquel ha afectado la garantía fundamental que la recurrente reclama vulnerada, como es el derecho a la integridad física y psíquica, pues con lo actuado se profundiza el daño moral que ya fue establecido en la sentencia laboral; sin perjuicio de lo cual se constata que la resolución recurrida además afecta gravemente el derecho de propiedad de la actora, al hacer efectiva la ejecución de la garantía becaria e imponerle la inhabilitación por seis años para desempeñarse en el sector público, lo que generó a su vez la orden de su desvinculación del Hospital Regional de esta ciudad, en el que estaba contratada a partir del año 2016, todo lo cual justifica acoger la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y visto además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 1, N° 2 y N° 24 y 20 de la Constitución Política, Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE ACOGE la acción constitucional interpuesta por el abogado Roberto González Morales, en representación convencional de nombre reservado, médico cirujano, en contra de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins, adoptándose las siguientes providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado:

I.- Que, se dejan sin efecto el Oficio N° 586 de 12 de febrero de 2019 de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins, como también la Resolución Exenta N° 2749 de 16 de noviembre de 2016, del Servicio de Salud Metropolitano Norte y la Resolución Exenta N° 2761 de 30 de octubre de 2018 del mismo servicio.

II.- Que, como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la inhabilidad impuesta a nombre reservado, médico cirujano, para postular, ser contratada o designada en cualquier cargo de la Administración del Estado, por un lapso de seis años; y, asimismo, se deja sin efecto la obligación de hacer efectiva la garantía de la beca.

III.- Que, a su vez, en mérito de lo antes resuelto, se ordena al Servicio de Salud Ohiggins la reincorporación de la recurrente como profesional funcionaria del Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins, Etapa Planta Superior Nivel I, con 28 horas semanales en el servicio Medicina Adulto.

IV.- Que, cada parte soportara sus costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Pedro Caro Romero.

Rol N° 2628-2019 Protección