nombre reservado con SUBSECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES

C.A. de Rancagua.

Rancagua, veintitrés de mayo de dos mil veinticinco.

Vistos:

Con fecha 4 de diciembre de 2024, comparece nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, y duce acción de protección en contra de la Subsecretaría de la Cultura y las Artes con domicilio en domicilio reservado, por la decisión que estima ilegal y arbitraria materializada a través de la Resolución Exenta RA N°122509/532/2022, de fecha 30 de noviembre de 2022, que vulneraría una serie de derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Política de la República y en Tratados Internacionales, específicamente en el art. 19 N°1, 2, 3, 4 y 24 de la Carta Fundamental.

Relata que el 24 de noviembre de 2024 se le notifica la resolución de la Contraloría Regional de Valparaíso -N°E559724- que a su vez resuelve el recurso de reposición presentado en contra de la Resolución N°E396823 de 2023, que rechazó el recurso de reclamación de legalidad deducido en contra de Resolución Exenta RA N°122509/532/2022, de fecha 30 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, por lo que entiende agotada la vía administrativa.

Indica que se mantuvo vinculado a la Secretaría Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de O’Higgins, dependiente de la recurrida, desde el año 2018 al 2022 ocupando el cargo de Encargado de Planificación y Presupuesto, siempre con excelentes calificaciones e irreprochable conducta, contando con 8 renovaciones sucesivas en dicho periodo de tiempo y 5 desde que comenzó en calidad de contrata propiamente tal, sin perjuicio de lo cual, fue removido de su cargo ilegal y arbitrariamente, sin cumplir la normativa referente a la no renovación de contratas y los requisitos esenciales que debe cumplir todo acto administrativo.

Arguye que su situación merece especial atención desde la perspectiva de derechos fundamentales, pues tiene 60 años, lo que ha significado que desde su no renovación se ha mantenido cesante, sin poder llevar a cabo una vida digna, ocasionándole perjuicios personales y familiares.

Añade que no ha sido controvertido que a su respecto concurre el principio de confianza legítima, siendo la suficiencia de la motivación, la desviación del fin y el poder, la realización de calificaciones de forma ad hoc, como también la transgresión de las garantías fundamentales la que se someten al pronunciamiento de esta Corte. En este sentido, indica que la resolución recurrida se limita a invocar la “necesidad de modificar el modelo de gestión interna, avanzando hacía uno más horizontal y dinámico que esté orientado al quehacer de los procesos, el logro de sus objetivos y la satisfacción de los agentes culturales y la ciudadanía en general”, también que “se requiere necesariamente de la implementación de nuevos equipos de acuerdo a la nueva estructura orgánica y funcional que se pretende instalar”, y que “en el diseño estratégico para el año 2023 la priorización debe estar en mejorar la eficiencia y gestión estratégica lo que implica realizar cambios respecto de algunos integrantes del equipo cuyo desempeño no se ajusta a la gestión estratégica que se proyecta” es decir, se somete a un hecho futuro e incierto, que ni siquiera se explica en qué consiste y de qué manera objetivamente la persona del recurrente no cumple con dichos parámetros; finalmente, en el número ocho de la resolución se efectúa una evaluación del desempeño del actor, expresando que “ha demostrado una fuerte debilidad profesional vinculada a la planificación estratégica del servicio” para terminar concluyendo que “su desempeño se ha orientado a la reportabilidad, lo que es insuficiente para los desafíos que tiene el programa de gobierno”.

En cuanto a la reposición y su resolución, refiere que Contraloría omitió pronunciarse respecto de dos de sus alegaciones: la ilegalidad de la evaluación ad-hoc del desempeño del actor realizada a través de la resolución recurrida y por otra parte, la motivación del acto administrativo sin cumplir el requisito de realidad, acompañando como nuevos antecedentes el concurso público que se realizó para cubrir el mismo cargo del actor, con las mismas descripciones de funciones y perfil, lo que evidenciaba que además de ser improcedente la generalidad de la fundamentación, aquello no era cierta ni efectiva, constituyendo una verdadera desviación de poder.

Luego refiere una desviación del fin y propósito de la contrata del recurrente pues se evidencia que no obedece a un fin transitorio, ya que a la fecha aún existe el cargo, y que, bajo la teoría de los actos propios, no puede la Administración por una parte exceder el límite porcentual en relación a las plantas y luego justificarse en que su duración es sólo hasta el 31 de diciembre, además de indicar que la Corte Suprema ha sostenido que los trabajadores públicos deben ser amparados como cualquier otro trabajador, como ocurre en el caso de los trabajadores del sector privado que obtienen estabilidad luego de dos renovaciones consecutivas, por lo que estima, el actor mantenía la legítima expectativa de ser renovado en el año 2023.

En cuanto a la falta de motivación suficiente, luego de referir el marco normativo y la Jurisprudencia que rige este aspecto, indica que la resolución recurrida la ha contravenido, ya que no explicita los motivos objetivos que justifican la determinación y, por el contrario, se basa en una supuesta falta de idoneidad y de confianza que no se condice con una motivación real sino que en una aparente, atendidas las 5 renovaciones del recurrente.

En conclusión, que estas actuaciones vulneran sus derechos a la vida e integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley, al debido proceso, a no ser juzgado por comisiones especiales y el derecho de ser oído, en relación al Derecho a la Honra, y por último a la propiedad.

Solicitó decretando el carácter arbitrario e ilegal de los actos administrativos impugnados, ordenando la renovación de su contrata, el reintegro y la mantención del pago íntegro de las remuneraciones y de cualquier otro estipendio en función del cargo desvinculado durante todo el periodo en que he permanecido alejado del mismo y en subsidio, que se ordene pagar las remuneraciones y todo beneficio del tiempo que fue ilegalmente apartado de sus funciones, debiendo haberse renovado por contrata por la anualidad del año 2023, así como también toda otra medida que estime pertinente para el restablecimiento del imperio del Derecho, con expresa condenación en costas de la recurrida.

Acompañó documentos que constan en el expediente virtual.

A folio 10 comparece CARMEN PAZ ALVARADO MELÉNDEZ, abogada, Subsecretaria (S) de las Culturas y las Artes, informando al tenor del recurso.

Primeramente, en cuanto a la confianza legítima, el recurrente afirma en el presente recurso que tanto la Subsecretaría como la Contraloría han reconocido que concurre respecto al Sr. nombre reservado, por lo que antes de analizar la motivación del acto, estima fundamental aclarar que la Excelentísima Corte Suprema, en causa Rol N° 26.112-2023, sobre recurso de unificación de jurisprudencia en que aborda la materia de confianza legítima, estableció lo que denominó “un criterio unificador” respecto del periodo prudente para que la Administración evalúe íntegramente no sólo el desempeño de un funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, periodo que establece en 5 años, y en el caso del actor, fue de cuatro años, un mes y 12 días, lo que implica que, si una persona se encuentra vinculada a la Administración por menos de ese tiempo, no le aplica el principio de confianza legítima, y en consecuencia, la Administración puede no renovar la contrata así como poner término a ella en forma anticipada, en cuyo primer caso, no es necesaria la invocación de fundamentos dado que sus servicios concluyen de pleno derecho al 31 de diciembre de cada año, y sólo en el caso que le ponga término anticipado, debe realizarse un análisis más riguroso, pues es una facultad excepcional, por lo que debe sustentarse siempre en motivos legales vinculados a supuestos fácticos debidamente acreditados por la autoridad.

Sin perjuicio de señalar que eso bastaría para determinar que el recurrente no estaba protegido por el principio de legitima confianza, el acto sí estaba suficientemente motivado y ha sido la propia Contraloría, la que en la revisión, estimó el acto recurrido, ajustado a derecho.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, la decisión que el actor estima ilegal y arbitraria sería la materializada en la Resolución N°E559724 de la Contraloría Regional de Valparaíso de 24 de noviembre de 2024, por la cual fueron resueltos los recursos que en su oportunidad dedujo en contra de la resolución inicial de la recurrida, por la cual se le comunicó al recurrente que su nombramiento (contrata), no sería renovado.

TERCERO: Que, la recurrida solicitó el rechazo del recurso, por cuanto la recurrente fue contratada en un cargo de naturaleza transitoria, respecto del cual se notificó su no renovación, acto que no requiere de fundamentación, más que el vencimiento del plazo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 18.834.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados al recurso, es posible establecer que el actor fue contratado en calidad de reemplazo por la Subsecretaría de las Culturas y las Artes mediante la resolución exenta N° 297, de 28 de diciembre de 2018, manteniendo dicha calidad hasta el 20 de mayo de 2019. Luego, consta que se le designó a contrata por la resolución exenta N° 354, de 2019, a contar del 21 de mayo de 2019, siendo su última designación en tal calidad dispuesta por la Resolución Exenta N°371, de 2021, que estableció su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Por último, se advierte que por medio de la Resolución Exenta N°532, de 30 de noviembre de 2022, se decidió por esa Subsecretaría no prorrogar el nombramiento a contrata del recurrente.

QUINTO: Que, el artículo 3º letra c), de la Ley N°18.834, define al vínculo a contrata como aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución; mientras que su artículo 10 puntualiza que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año.

SEXTO: Que, lo anterior, permite despejar las alegaciones efectuadas por la recurrente en cuanto a la falta de motivación de la Resolución Exenta RA N°122509/532/2022, de fecha 30 de noviembre de 2022, puesto que no resultaba procedente que en dicho acto administrativo se desplegaran mayores fundamentos pues su base, es que ha transcurrido el plazo establecido para el vínculo laboral.

SÉPTIMO: Que, conforme a lo anterior, la no renovación del contrato a plazo fijo como el de marras, no constituye un acto ilegal y arbitrario, tanto porque el ordenamiento jurídico no impone la obligación de fundar tal determinación, como porque no se configuran los requisitos que la ley impone para transformar dicho contrato a plazo fijo en uno de carácter indefinido, conforme al artículo 159 inciso 2° del Código del Trabajo, ni tampoco aquellos que la jurisprudencia administrativa y judicial exige para que opera la figura de la confianza legítima, que al menos requiere que el transcurso de 5 años.

OCTAVO: Que, por consiguiente, conforme al marco legal aplicable, la contrata se extingue o expira por el solo vencimiento del plazo, de suerte que quienes se desempeñan bajo este tipo de vinculación, cesan en sus funciones de pleno derecho, sin que la recurrida esté obligada a renovar el contrato.

Entonces, al encontrar la desvinculación de la recurrente su origen en la llegada del plazo establecido en la contrata que servía, la misma ha operado conforme a la ley. Por lo anterior, la aspiración de la actora de mantenerse en el cargo corresponde a una aspiración hipotética imposible de atenderse por esta vía, pues lo cierto es que su cargo transitorio cesó por el vencimiento del plazo. En el mismo sentido, la falta de motivación y justificación que se atribuye a la comunicación sobre la no renovación de la contrata, es irrelevante, puesto que se limitó a poner en conocimiento un efecto jurídico que se habría producido igual sin ella, como fue el término de la relación contractual por la llegada del plazo convenido y a todo evento, la pretensión sobre ausencia de justificación no se comparte, puesto que justificar o motivar no implica grandes razones ni juicios, sino que simplemente explicitar la causa de algo, asunto que en la nota en cuestión queda suficientemente establecido, tal es que el contrato expira por transcurso del plazo y no se renovará.

DÉCIMO: Que, en síntesis, en la especie no se ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno, atendido el marco legal vigente, al comunicar la decisión de no renovar la contratación de la recurrente que vencía el 30 de diciembre de 2022.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Subsecretaría de la Cultura y las Artes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 2625-2024 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.