Protección contra Ilustre Municipalidad de Machalí

Rancagua siete de mayo de dos mil veinticinco.- VISTOS:

Con fecha 4 de diciembre del año 2024, comparece don nombre reservado Rut RUT reservado, y viene en deducir recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Machalí, Serviu Sexta Región y Junta de Vecinos Villa el Maitén de Machalí, en virtud de los fundamentos de hecho y derecho que en su presentación expuso.

Indica que el motivo del recurso de protección es porque se le hizo un desalojo el día 29 de noviembre por parte de Serviu O’Higgins en conjunto con la Municipalidad de Machalí llegando con personal y descerrajándole el lugar, sacando todo el cierre perimetral y dejando todos sus bienes materiales a la intemperie y llevándose las cosas a lugar desconocido, sus demás bienes al quedar a la intemperie en el lugar quedaron expuestas y le han robado herramientas y materiales de trabajo.

Añade que la asistente social de Serviu ese día 29 después de sacar el cierre perimetral del sitio lo hizo firmar un papel donde decía que el día 4 de diciembre vendrían con máquinas a sacarle todo del lugar y botarlo con los camiones municipales de basura.

Plantea que toda esta situación parte en el año 2014 cuando divisó un terreno eriazo en la domicilio reservado, al ver que estaba eriazo comenzó a posicionarse de manera pacífica del predio dejando vehículos suyos y algunos otros materiales de construcción, haciendo mejoras como cortar el pasto y limpiarlo de toda basura, plantando arboles etc. Tiempo después llega una notificación de remate en donde hizo las consultas pertinentes a la Tesorería haciéndose cargo de las deudas de contribuciones y frenando el remate.

Señala que posteriormente comenzó el trámite de regularización del terreno vía Bienes Nacionales bajo Decreto Ley 2.695 en el año 2022 con resolución positiva para el sitio número 12 de Calle Los Olivos Villa El Maitén de Machalí.

Posteriormente a esto la Junta de Vecinos de la Villa El Maitén Machalí encabezado por don nombre reservado como presidente en conjunto con su señora que es la tesorera y don nombre reservado (un vecino que le hace problemas hace más de 5 años enviándole a distintas entidades como Carabineros, Seguridad Ciudadana, Departamento de Salud, funcionarios municipales, entre otros, todo esto con el fin de que se vaya de la Villa cometiendo un acoso intenso en su contra incluso de recolección de firmas falsas, inventando situaciones. Como que es traficante, que hace fiestas en el lugar y que es delincuente, hechos que no son verdad bajo ningún aspecto, todo esto con finalidad de hacerlo ver mal con los vecinos, Municipalidad, Serviu y Bienes Nacionales y cerrarle las puertas en todas estas entidades con las cuales está tramitando la regularización del terreno.

Añade que en el contexto de esta campaña de desprestigio y acoso en distintas instituciones con las cuales tenía que tramitar la regularización del sitio, estos se opusieron a la regularización llevada a efecto ante Bienes Nacionales, afirmando que el lugar era acopio de chatarra y diciendo que la documentación presentada por este era falsa etc., logrando así que se le revocara la solicitud positiva que le asigno bienes Nacionales, de lo cual no ha sido notificado, ni ha existido una instancia de poder defenderse.

Agrega que el Alcalde de Machalí luego de esta reunión emitió un comunicado al Serviu O’Higgins solicitando que le quitaran el sitio, sin otorgarle audiencia para conversar el problema y poder explicarle detalladamente los hechos y tramitación que estaba haciendo de manera regular.

Por todo lo señalado es que presenta este recurso de protección con la finalidad de que no de boten ni destruyan sus bienes materiales, los de su familia y herramientas de trabajos, ya que es el sustento de su familia, pidiendo que se paralice y que resuelvan los hechos en esta Corte.

Con fecha 17 de diciembre del año 2024, compareció el recurrido, Serviu de O’Higgins y procedió a evacuar el respectivo informe, asegurando que el presente recurso de protección no es otra cosa que una reiteración de lo que el actor ya hubiere intentado 6 meses atrás, y cuyo rechazo quedó plasmado y definido con ejecutoriedad en sentencia de protección Rol 1.599-2024, de esta misma Itma. Corte de Apelaciones, pretendiendo entonces revertir los efectos de un desalojo programado, conocido con antelación y consentido por el propio recurrente, como se expresará en seguida.

Asegura que consta de los antecedentes adjuntos a este escrito, cómo este Serviu es dueño el predio ocupado irregularmente por el Sr. nombre reservado. Luego, y conforme a este dominio, resulta una afirmación artera y falaz el indicar que el recurrente se ha hecho cargo de las deudas de contribuciones ante la Tesorería General, frenando un presunto remate, en tanto que bien de propiedad de Serviu, se encuentra exento del pago de cualquier contribución, tasa o impuesto (artículo 49, Ley 16.391). Así las cosas, no existe una legitimación por parte del recurrente para suponerse dueño o poseedor regular del terreno y respecto del cual ahora pretende censurar el ejercicio de las acciones de dominio que le competen al Serviu como dueño único, exclusivo y excluyente.

Plantea que, a mayor abundamiento, tampoco podrá acreditarse la existencia de alguna arbitrariedad o ilegalidad en la decisión, máxime cuando existe resolución (N° 177) de la Delegación Presidencial, de fecha 8 de abril del año 2024, en que se ordena la restitución inmediata del inmueble sublite. Sin embargo, y no obstante aquella autorización para desalojar sin más trámite el inmueble con auxilio de la fuerza pública, el recurrente obtiene a través de las audiencias de la Ley del Lobby, una autorización de parte de Serviu para no practicar el desalojo sino hasta el último día hábil del mes de noviembre del año 2024, según consta en documento adjunto.

Aún más, y conscientes de lo complejo que implica un desalojo forzado, en fecha 14 de noviembre de 2024, Serviu le recuerda al recurrente el acuerdo adoptado en la audiencia de fecha 8 de abril, notificándola carta al respecto, en que le reitera que el día y hora señalado se apersonará en el inmueble personal de Carabineros y de la Municipalidad de Machalí para ejecutar el desalojo programado, documento que también es acompañado a este informe. Así las cosas, en el plazo comprometido y constituido el personal municipal y de Carabineros, el recurrente no cumplió con lo comprometido, y se procede a realizar desalojo con auxilio de la fuerza pública. Sin embargo, y con el objeto de no perjudicarlo en la custodia de los enseres que se mantenían, aún, en este inmueble sin ninguna edificación, se le concede una espera hasta el martes 3 de diciembre para terminar de retirar vehículos y otros bienes que permanecían en el sitio.

Añade que, del relato anterior, se desprende que tampoco es efectivo que en fecha 28 de noviembre de 2024 el recurrente habría obtenido una segunda prórroga. En efecto, y al contrario de lo que esgrime el afectado, el pasado 28 de noviembre efectivamente se celebró una segunda audiencia entre el recurrente y la autoridad de este SERVIU, sin embargo, en el acta se hace constancia expresamente que “no se autoriza plazo adicional para ocupación de terreno ya que se dieron anteriormente 6 meses de plazo”.

En definitiva, no se configuran los elementos para considerar que Serviu o la Municipalidad recurrida hayan actuado al margen de la ley o de manera arbitraria, al contrario, siempre se le han entregado prebendas para recuperar el inmueble ocupado irregularmente sin un impacto muy grave en su persona.

Por su parte y con fecha 16 de diciembre del año 2024, compareció la recurrida Ilustre Municipalidad de Machalí, quien informó que con fecha 25 de julio de 2023, la Directiva de la Villa el Maitén, efectuó un reclamo ante la mencionada Seremi, sosteniendo que el inmueble era ocupado por don nombre reservado para acopio de material o chatarra, atentando contra el medio ambiente y seguridad de las personas y que los testigos que había presentado no vivían en el barrio. Dicho inmueble es de propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanización (ex Corporación de la Vivienda) tal como consta a fojas 1367v N°2576 del Registro de Propiedad del año 1973. El citado inmueble se encuentra ubicado en domicilio reservado, y el Rol de Avalúo es el 258-07.

Plantea que es del caso que don nombre reservado, presentó solicitud de regularización del individualizado inmueble, al amparo del DL N°2695/79, acogiéndose su solicitud mediante Resolución Exenta N°E-6203 de fecha 28 de febrero de 2023, de la Seremi de Bienes Nacionales Atendido lo anterior y demás antecedentes que constan en Resolución Exenta N°600 de fecha 14 de noviembre de 2023, de la Seremi de Bienes Nacionales, se revocó la Resolución Exenta N°E-6203 de fecha 28 de febrero de 2023.

Con fecha 22 de enero de 2024, a través de Ordinario 39, La I. Municipalidad de Machalí, solicita al Serviu obtener la restitución del ya mencionado inmueble. En dicho contexto, el Serviu Región de O’Higgins, mediante Ord. 685 de fecha 8 de marzo de 2024 solicita a la Delegación Presidencial el desalojo del referido inmueble, lo cual fue ordenado por dicho organismo con fecha 8 de abril de 2024, mediante Resolución Exenta N° 177, disponiendo -asimismo- el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición. El cumplimiento efectivo de dicha orden se realizó el día 29 de noviembre de 2024, pero el recurrente volvió a tomarse ilícitamente el terreno.

Concluye que, en consecuencia, queda en evidencia que el municipio no ha incurrido en acción ni omisión ilegal ni arbitraria y mucho menos ha afectado derecho constitucional alguno. Hace presente que estos hechos ya fueron discutidos en causa rol 1599-2024 de esta misma Corte, rechazando el recurso interpuesto por el Sr. nombre reservado.

Con fecha 23 de diciembre del año 2024 comparece la recurrida la Junta de Vecinos de la Villa El Maitén y procedió a evacuar el respectivo informe señalando que n efecto, el recurrente señor nombre reservado, por la vía de este recurso de protección pretende inapropiadamente que esta Corte siente un principio nefasto para la convivencia y adecuado resguardo de los derechos de las personas, como lo es el que cualquiera, sin mediar derecho alguno, le guste un inmueble aparentemente desocupado y sin mediar autorización o título alguno, lo ocupe para desarrollar un negocio particular respecto del cual recibirá réditos económicos. Lo que habrá que precisar respecto de esta toma ilegal de terreno de propiedad de Serviu, es que el señor nombre reservado, desarrolla en el mismo, actividades de carácter comercial; no es cierto y es carece de sustento que él o su familia vivan en el sitio ilegalmente ocupado, como lo pretende insinuar en el libelo del recurso.

Arguye que la actividad de sus representados se ha centrado, no en “perseguir” al recurrente, sino que en manifestar al Serviu y a la Municipalidad que se está ocupando de manera ilegal una propiedad perteneciente al Serviu y que se está desarrollando una actividad comercial no autorizada en ese terreno, en el caso de la Municipalidad. El sector en que viven sus representados es un sector de personas generalmente mayores, un barrio ubicado en el corazón de la comuna de Machalí, un barrio en cuyas calles se desarrolla una vida familiar y de buenos vecinos, acostumbrados a una vida ordenada, sin grandes lujos, pero extremadamente decente. Asociados en una Junta de Vecinos que vela por el desarrollo comunitario y que el mismo este exento de problemas y sobresaltos.

Relata que, en medio de este barrio de estas características, aparece el recurrente que de manera artera e indebida procede a ocupar ilegalmente y para fines comerciales el sitio que engañosamente pretende ser de o para su uso familiar, cuando en verdad sirve de acopio de material o chatarra, atentando contra el medio ambiente y seguridad de las personas. El citado inmueble se encuentra ubicado en domicilio reservado, y el Rol de Avalúo es el 258-07. El mismo, como se ha expresado, es de propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanización (ex Corporación de la Vivienda) tal como consta a fojas 1367v N°2576 del Registro de Propiedad del año 1973.

Relata que desde que don nombre reservado, ocupa ilegalmente la propiedad señalada, de la cual fue desalojado y se la volvió a tomar, solo ha desarrollado en ella actividades comerciales ilegales. No es efectivo que él o su familia hayan vivido en algún momento en dicho inmueble y de lo único que hay certeza es de que esta persona de manera absolutamente ilegal ocupa indebidamente como amo y señor, una propiedad que él sabe que no le pertenece. Lo que es peor, mantiene para con sus vecinos una actitud prepotente y grosera tratando de establecer una suerte de imperio del temor para “no ser molestado”. De lo otro que, si hay certeza absoluta, es de que su domicilio real se encuentra ubicado en domicilio reservado, a pocos metros de distancia del terreno que ocupa ilegalmente.

Arguye que nos encontramos entonces en medio de una toma ilegal de terrenos, una usurpación, que como todo acto ilegal carece de fundamento y que perjudica a pobladores de un tranquilo lugar de Machalí, que han visto alterada su vida cotidiana pues en el lugar ocupado ilegalmente por el recurrente se ha instalado un negocio de desarmaduría de vehículos y venta de chatarra. El ejercicio de los derechos que les asisten a mis representados en tanto personas naturales como representantes de la Junta de Vecinos de la Villa El Maitén de Machalí, se encuadra absolutamente en la legalidad, nunca, denunciar un ilícito penal como el cometido por el recurrente, podrá ser considerado atentatorio de los derechos del recurrente.

Hace presente, además, que estos hechos ya fueron discutidos en causa Rol 1599-2024 de esta misma Corte, rechazando el recurso interpuesto por el recurrente señor nombre reservado.

Finalmente y con fecha 12 de febrero del año en curso comparece La Seremi de Bienes Nacionales, informando que los hechos por los cuales el recurrente interpone este recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, se deben a que se encontraba en posesión de un inmueble en la comuna de Machalí, en el cual mantenía diversos bienes muebles de su propiedad, como herramientas y materiales de trabajo, del cual fue desalojado el día 29 de noviembre del año 2024 a solicitud de los recurridos. El recurrente expone además su situación en relación con el inmueble, indicando que comenzó a ejercer actos posesorios sobre este en el año 2014, donde además se hizo cargo de ciertas deudas que esta propiedad tenia a la fecha, entre ellas el pago de contribuciones.

En cuanto a lo que guarda relación con las gestiones que llevo a cabo este servicio, principalmente lo concerniente a la invalidación de su resolución y su posterior reemplazo por una nueva resolución, se puede señalar que:

Con fecha 6 de diciembre del año 2022 don nombre reservado presenta solicitud de regularización ante la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de O’Higgins, donde por medio de este acompaño los documentos obligatorios y necesarios exigidos por la ley, entre los cuales se encuentran los formularios N°s 1, 2, 2.2, 3 y 4, certificado de informaciones previas y certificado de litigios, además de diversos antecedentes posesorios que con fecha 28 de febrero del 2023 le permitieron obtener la resolución A positiva respecto del trámite de regularización de la pequeña propiedad raíz cuyo expediente es N°169426, donde se destaca que cumple con los requisitos exigidos por el Decreto Ley 2.695.

Posteriormente una vez dictada la resolución A positiva (que acoge a tramitación la regularización) se procede a notificar al solicitante vía Correos de Chile, así como también se oficia al Servicio de Impuestos Internos, al Servicio Electoral y al Registro Civil para conseguir la dirección de presuntos dueños que pueda tener la propiedad objeto de regularización y notificarle. Con fecha 25 de junio del año 2023 se presentó ante la Seremi de Bienes Nacionales de la Región de O’Higgins una carta de reclamo por parte de la directiva de la junta de vecinos “Villa el Maitén” donde se sostiene que el inmueble es ocupado para fines que atentan contra el medioambiente debido a que se acumula en el basura y chatarras, posteriormente al llevar a cabo un nuevo análisis respecto de la solicitud se lograron constatar ciertos aspectos relevantes que fueron omitidos en el análisis inicial, los que corresponden en primer lugar, a la existencia de una inscripción de dominio sobre la propiedad a fojas 1367v, número 2576, del Registro de Propiedad del año 1973 del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua, y por otra parte lo que dice relación con el pago de contribuciones que el solicitante señala haber realizado en su solicitud, debido a que este no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 4, inciso 2° del D.L 2695/79 ya que no cumple con el plazo mínimo exigido por dicho decreto para acreditar la posesión debido a que todos los comprobantes adjuntados corresponden al año 2022 y para efectos de regularización se requiere mantener la posesión sobre la propiedad por un plazo de al menos 5 años. Por lo tanto en base a los antecedentes señalados anteriormente es que esta Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales decidió revocar la resolución exenta E-6203 y reemplazarla por una nueva resolución que denegó la solicitud del solicitante, la cual fue dictada con fecha 27 de mayo de 2024 donde se exponen los hechos señalados anteriormente, esto es la existencia de un tercero que es dueño de la propiedad, falta de posesión y además que no se logra acreditar que efectivamente ejerza la posesión sin violencia ni clandestinidad, dicha resolución también le fue notificada al solicitante vía Correos de Chile con fecha 03 de Junio de 2024.

Plantea que, en resumen, la revocación de la resolución inicial se llevó a cabo debido a la apreciación de ciertos antecedentes que en un principio no se consideró, los cuales tienen una importancia significativa a la hora de proceder a la regularización de la pequeña propiedad raíz, por lo tanto, debido al análisis de aquellos nuevos antecedentes se toma la decisión de revocar la resolución inicial para reemplazarla por una nueva que deniega la solicitud interpuesta por el solicitante.

Hace presente que, de no mediar dicha revocación, las posteriores Resoluciones del procedimiento de Saneamiento conforme al D.L2695, hubiesen dado cuenta de la ausencia de posesión dictado la posterior B negativa (Aprueba la etapa técnica o de medición) o incluso en la Resolución C negativa, lo que hubiese implicado gastar los recursos fiscales sin un correcto análisis de los antecedentes.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que, en estos antecedentes se reclama por el desalojo efectuado con fecha 29 de noviembre de 2024 por parte de las recurridas, del cual fue objeto el recurrente, fundado en que se habría actuado de forma arbitraria e ilegal, dejándose a la intemperie todos sus enseres, en particular sus herramientas de trabajo, las cuales requiere para el sustento de su hogar, solicitando se paralice el procedimiento y que se resuelvan los hechos por esta Corte.

TERCERO: Que, al evacuar informe, la totalidad de las recurridas plantearon en síntesis que la regularización a la que el actor accedió en su oportunidad fue revocada por la autoridad pertinente, manteniéndose el ocupante haciendo uso del inmueble de forma irregular e indicando el Serviu que el 29 de mayo del año 2024, sostuvo una reunión con el actor, otorgándole una autorización para ocupar el terreno hasta noviembre del año 2024, fecha en que este debía desalojar los materiales que mantiene, informándole que esa repartición desarrollaría un proyecto habitacional en el terreno.

CUARTO: Que, conforme a lo informado por Serviu, la regularización que reclama el recurrente fue dejada sin efecto y, además, éste llegó a un acuerdo con la parte recurrida, consistente en que se le otorgó autorización para mantenerse en el inmueble hasta el mes de noviembre de 2024, según consta de un acta acompañada a estos antecedentes, firmada por aquél.

QUINTO: Que a esto se adiciona lo resuelto por esta Corte en el ingreso Rol 1599-2024 Protección, donde se tuvo por acreditado el desalojo programado del actor, lo que fue conocido con antelación y consentido por éste, de allí que no sea posible divisar una acción u omisión arbitraria o ilegal por parte del Serviu y Municipio recurridos, a lo que debemos añadir que amén de la orden de no innovar concedida por este Tribunal de Alzada con fecha 9 de diciembre del año 2024, el actor ha tenido tiempo suficiente para hacer el retiro de sus enseres y herramientas de trabajo, todo lo cual determina la improcedencia de la presente acción.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Ilustre Municipalidad de Machalí, Serviu Sexta Región y Junta de Vecinos Villa el Maitén de Machalí.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 2621-2024 Protección.