nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILEACIÓN

C.A. de Rancagua Rancagua, veintinueve de agosto de dos mil veintidós.

Vistos:

Con fecha 18 de abril del año en curso, comparecen nombre reservado y Joaquín Andrés Contreras Roa, abogados, en favor de nombre reservado, empleado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quienes interponen recurso de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, representado por don nombre reservado, Ingeniero Civil Industrial, con domicilio en domicilio reservado, por haber dictado la Resolución Exenta N°22153792 de fecha 7 de abril de 2022, que declara el desistimiento de la solicitud de permanencia definitiva, por considerar que el solicitante no subsanó la falta de los documentos requeridos por la autoridad migratoria, al presentar el certificado de antecedentes penales del país de origen sin su apostilla y el certificado de vigencia de contrato sin legalización notarial.

Indican que el recurrente, con fecha 30 de enero de 2020, solicitó el beneficio de permanencia definitiva, sin embargo, el día1 de abril del 2021, se le notificó que su solicitud no avanzaba a la siguiente etapa por encontrarse incompleta, toda vez que el certificado de antecedentes penales del país de origen se encuentra sin legalización o apostilla y el certificado de vigencia de contrato de trabajo se encontraba sin legalización notarial y, se le otorgó un plazo de 5 días hábiles para que acompañe debidamente los indicados documentos. Así, el 8 de abril de 2021, el recurrente cumple con lo ordenado.

Explican que con fecha 7 de abril del año en curso el actor es notificado de la Resolución Exenta N°22153792, emitida en la misma fecha, mediante la cual se declara desistida la solicitud de permanencia definitiva presentada, por estimar la autoridad que no dio cumplimiento a lo ordenado, dentro del plazo que se le confirió. Reiteran que el actor cumplió con remitir los documentos, pero el plazo de 5 días a fin de obtener el certificado de antecedentes del país de origen apostillado, resulta insuficiente y por ello se acompañó el documento, pero sin la apostilla requerida.

Por lo anterior, considera que era imposible que se cumpliera con lo pedido en el plazo otorgado, más aún si el certificado de antecedentes penal en Venezuela, sólo puede ser requerido en días específicos según el número de cédula de identidad venezolana, en el caso de la recurrente, sólo lo puede solicitar los días martes, cuestión que hacía imposible cumplir con el trámite, por cuanto fue notificada el día jueves 1 de abril de 2021, de manera que, el correspondiente día Lunes 5 de abril fue que obtuvo cupo para realizar su solicitud a través de la página web dispuesta a tales fines, obteniendo exitosamente su certificado de antecedentes penales de Venezuela. Luego, señalan, debía apostillar el documento, trámite que según su cédula de identidad, sólo podía realizar durante los días lunes y sábado y que demora aproximadamente 10 días hábiles.

Arguye que la actuación del recurrido vulnera el derecho consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por cuanto se ha dado a la recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes, que encontrándose en iguales circunstancias, se les ha dado un plazo para subsanar su solicitud de permanencia definitiva de hasta 30 días.

Cita jurisprudencia y solicita en definitiva se deje sin efecto la resolución recurrida, otorgando un plazo razonable a fin que la recurrente pueda dar cumplimiento con lo requerido, y no permitir que quede en situación de irregularidad migratoria, para finalmente acordar sin más trámite, dar continuidad a su solicitud de permanencia definitiva, y de esta manera establecer el imperio del derecho.

Con fecha 23 de junio del año en curso, en atención al tiempo transcurrido, se resuelve prescindir del informe solicitado al recurrido.

Sin perjuicio de lo anterior, con fecha 9 de agosto de 2022, el recurrido hace presente que efectivamente el actor solicitó el beneficio de permanencia definitiva con fecha 30 de enero del año 2020, sin embargo no acompañó certificado vigente de antecedentes penales de su país de origen, debidamente legalizado o apostillado, en conformidad a lo establecido en los artículos 345 N° 2 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, y el certificado de vigencia del contrato de trabajo con la debida legalización notarial.

En mérito de lo anterior, se le concedió el plazo de 5 días, que dispone el artículo 31 de la Ley 19.880 a fin que subsanara su solicitud, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de la misma. Explica que al no haberse acompañado ambos documentos en la forma pedida, se resolvió dar por concluida la tramitación, declarándose el desistimiento de la misma a través de la Resolución Exenta N° 22153792, de fecha 7 de abril de 2022.

Por lo señalado, solicita el rechazo de la acción constitucional, con costas, por no existir acción u omisión arbitraria o ilegal de su parte.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposiciones enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

2.- Que, el recurrente presenta esta acción en contra de la resolución que tuvo por desistido al actor de la solicitud de visa de permanencia definitiva por no cumplir con acompañar los documentos requeridos, dentro del plazo que se le concedió al efecto, plazo que considera exiguo para la obtención de los antecedentes solicitados.

A su vez, el recurrido señala, que se limitó a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 19.880, concediéndole el plazo correspondiente a efectos de acompañar debidamente los documentos requeridos, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de su solicitud, sin que cumpliera con lo requerido en el plazo indicado.

3.- Que, según resulta de lo dispuesto en los artículos 41 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, 125 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería y, particularmente, 127 del Decreto Supremo N° 597, a la presentación de la solicitud de permanencia definitiva el extranjero debe acompañar, con el objeto de fundar la solicitud precitada, los siguientes documentos:

a) Certificado de antecedentes para fines especiales;

b) Dos últimas declaraciones de impuestos a la renta; boletas y/o facturas de los últimos tres meses, todo ello, cuando corresponda;

c) Pasaporte;

d) Documento fundante de la petición. Entre éstos podrá exigirse según corresponda: contrato de trabajo; certificado de matrícula; asistencia o sustento económico; certificados de depósitos bancarios; declaración jurada de capital; certificados de vínculos familiares y expensas; escrituras protocolizadas; autorizaciones para operar en zonas francas; certificados de inversión; acreditaciones de ordenes o congregaciones religiosas responsables del extranjero; certificado de empresas; entidades o instituciones patrocinadoras del ingreso; y/o responsables de sus actividades en el país; etc …”.

A su vez, conforme al artículo 31 de la Ley 19.880, si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.

4.- Que en el caso de autos consta que apercibido el recurrente para ello, por Comunicación Electrónica Folio N° 13385298, de fecha 1 de abril de 2021, no cumplió con la obligación de presentar los documentos requeridos para subsanar su solicitud de permanencia definitiva, dentro del plazo legal de cinco días que tenía para ello, lo que desde luego descarta la arbitrariedad reclamada, como también la supuesta ilegalidad, dado que la autoridad recurrida se limitó a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 19.880, sin que conste si quiera que haya solicitado un aumento del referido plazo.

Con todo, desde la fecha en que se le dio el plazo para presentar los documentos faltantes hasta la dictación de la resolución que lo tuvo por desistido de su solicitud, transcurrió un año, por lo que no resulta atendible su alegación basada en el poco tiempo que la administración le otorgó para cumplir lo ordenado, pues evidentemente, en los hechos, el tiempo que tuvo excede con creces a los mismos plazos que el recurrente señaló en su recurso para dicho fin, a lo que debe agregarse que el recurrente no se encuentra impedido de efectuar una nueva solicitud.

5- Que, por lo dicho, no se evidencia actuación ilegal o arbitraria de la recurrida que afecte alguna de las garantías constitucionales del extranjero y que pueda ser enmendada por esta vía, por lo que la acción deducida no puede prosperar.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional intentada en favor del ciudadano venezolano, nombre reservado en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile.

Acordado lo anterior con el voto en contra del Ministro Sr. Pairicán, quien estuvo por acoger el recurso, en atención a que como ha razonado la Excma. Corte Suprema en los autos Rol 96.199-2021, la aplicación e interpretación del artículo 31 de la Ley N° 19.880, debe hacerse de una manera sistemática y finalista, de manera de propender a la plena satisfacción de los derechos fundamentales de las personas, en atención al principio de servicialidad estatal y dignidad de la persona humana establecidos en el artículo 1° de la Constitución Política de la República, aplicación que no se verifica en la especie por cuanto aparece que el plazo de cinco días hábiles otorgado al recurrente resulta ilusorio para obtener certificados como los requeridos, emitidos por otro Estado, con su debida apostilla, lo que en los hechos ha dejado al recurrente en la imposibilidad de poder dar curso a la tramitación de su solicitud afectando sus derecho a la igualdad ante la ley, puesto que se ha configurado una discriminación en perjuicio de aquél, en relación con el trato dispensado a otras personas que, en situación jurídica equivalente, han visto tramitadas sus solicitudes a la administración sin entorpecimientos ni dilaciones como la de este caso.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte 2621-2022 Protección.