nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE PEUMO

Rancagua quince de mayo de dos mil veinticinco VISTOS:

Con fecha 3 de diciembre del año 2024, comparece don Jeremías Alfonso Molina Escobar, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, soltero, funcionario público, RUN RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado y viene en deducir recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Peumo, RUT RUT reservado, persona jurídica de derecho público, domiciliada en domicilio reservado, representada legalmente por don nombre reservado, alcalde, de su mismo domicilio, en virtud de los fundamentos de hecho y derecho que en su presentación expuso.

Indica que con fecha 28 de junio de 2022 se dictó el Decreto Alcaldicio N° 830, el cual ordenó iniciar un sumario administrativo en contra de dos funcionarios de la Municipalidad recurrida, esto es, su representado don nombre reservado y doña nombre reservado, jefa del Departamento de Administración y Finanzas del Municipio. El referido sumario culminó el día 26 de noviembre de 2024, donde mediante Decreto 1713 se ordenó la destitución de su representado.

Hace presente que los plazos legales establecidos para la sustanciación del sumario administrativo están definidos con exactitud en la Ley N° 18.883, estatuto especial para los funcionarios municipales. En el caso de marras, tanto la investigación, como el plazo para efectuar el dictamen, los plazos fueron excedidos con creces.

Afirma que es totalmente relevante hacer hincapié en que ninguna instancia procesal del presente sumario la fiscal solicitó o decretó la prórroga del mismo, por lo que no cabe subyacer dicho argumento como fundamento para la dilación del sumario, ni es posible soslayar que el plazo destinado a resolver este sumario excedió de todo sustrato legal o factico.

Explica que el sumario administrativo tuvo, en este caso una duración de 2 años y 5 meses, provocando en su representado sendos cuadros de ansiedad, angustia, que en el marco laboral le perjudicaron ya que la incertidumbre sin conocer la decisión final generaron un cuadro de estrés agudo, producto de la demora de la fiscal en la tramitación del sumario.

Arguye que las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 de la Constitución deben ser respetadas no solo por los particulares, sino mayor aun, por los entes fiscales, municipales o de la Administración del Estado. En el presente caso, puede observarse que la considerable dilación en la tramitación del sumario infringe la garantía de debido proceso legal, el cual es un pilar del mismo estado de derecho.

Destaca en cuanto al principio de no discriminación, ni desigualdad en la tramitación de los actos administrativos, el que tratándose de dos funcionarios del mismo departamento los inculpados, solo se destituyo a su defendido, decretando otro tipo de sanción para la jefa y superior jerárquico del departamento, quien de igual forma detenta facultades de fiscalización, supervisión y monitoreo de las facturas y boletas que recibe como receptora la Ilustre Municipalidad.

Hace presente que con fecha 25 de abril de 2022, con posterioridad al decreto 0056 del 13 de enero de 2022 que nombra las funciones del recurrente, ocurrió un hecho relevante. Se dictó el Manual de Adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad de Peumo, bajo el Decreto 0447. Dicho nuevo manual vino a regular todos los procesos de compras, contrataciones al efecto, y lo relevante es que nombra un funcionario denominado “encargado de pagos”, quien de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31 del mismo Manual, sería el encargado de revisar las facturas.

De acuerdo a lo establecido como criterio para la validez y vigencia de normas jurídicas, debemos realizar un ejercicio básico hermeneútico el cual consiste en analizar la temporalidad y la especialidad de una norma versus otra norma de mismo rango.

Añade que en el caso sublite tenemos 2 decretos municipales, que apuntan a entregar funciones a un funcionario administrativo que será encargado de la revisión de las facturas que se emiten teniendo a la Municipalidad como receptora. El primer decreto, (0056 de fecha 13 de enero de 2022) indica que el funcionario a cargo será don nombre reservado, sin embargo, con posterioridad, de acuerdo al segundo decreto (0447 de fecha 25 de abril de 2022) el funcionario a cargo sería el “encargado de pagos”. La temporalidad de la norma nos indica que el Decreto 0447 derogó tácitamente al Decreto 0056, por lo que el Decreto vigente es el 0447, y el funcionario encargado sería alguien por determinarse, sin que a la fecha del inicio del sumario (28-06-2024) se hubiere designado.

Asegura que ello configura, una hipótesis de arbitrariedad del Decreto, puesto que se está juzgando y sancionando a su representado, por funciones que no le empecen de conformidad a la normativa vigente municipal, y la conducta desplegada por su representado es conforme a la ley, por lo que el citado Decreto incurre en senda ilegalidad y arbitrariedad, presupuestos fundamentales para dar lugar a la acción constitucional de protección.

Previas citas legales solicita tener por interpuesto recurso de protección, acogerlo en todas sus partes, y declarar arbitrario o ilegal los hechos descritos en el cuerpo principal de esta presentación, ordenándose a fin de restablecer el imperio del derecho: a) que se deja sin efecto el Decreto 1713 de la Ilustre Municipalidad de Peumo del 26 de noviembre del año 2024, por ser manifiestamente arbitrario e ilegal, por haberse incurrido en infracciones a la igualdad ante la ley y al debido proceso legal; derechos fundamentales consagrados en los numerandos 2 y 3 de la Constitución Política de la República, se restablezca el imperio del derecho, y la condenación de costas por el presente recurso.

Con fecha 17 de diciembre del año 2024 compareció la recurrida Ilustre Municipalidad de Peumo, y procedió a evacuar el respectivo informe indicando que el respectivo sumario administrativo fue iniciado mediante el Decreto Alcaldicio N° 830, de fecha 28 de junio de 2022, con el objeto de determinar la responsabilidad administrativa de funcionarios municipales en la no detección y posterior rechazo, por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), de facturas electrónicas emitidas por los proveedores nombre reservado y Constructora Ferroda SPA. Estas facturas fueron emitidas a nombre de la Municipalidad de Peumo y confirmadas conforme a servicios descritos a empresas de factoring, generando un perjuicio patrimonial al municipio.

Añade que el 8 de agosto de 2022 se formularon cargos contra don nombre reservado, por vulneración grave al principio de probidad administrativa establecido en el artículo 52 de la Ley N° 18.575. Se le imputó no haber revisado en el portal del SII las facturas electrónicas emitidas en junio de 2022 por los mencionados proveedores, lo que impidió detectar documentos ideológicamente falsos y evitó que fueran reclamados en el plazo legal de 8 días. Esta omisión permitió que dichas facturas fueran cedidas a empresas de factoring, comprometiendo el patrimonio municipal.

Facturas relevantes:

• nombre reservado:

o N° 586, 07/06/2022, $258.637.176 o N° 588, 08/06/2022, $242.831.484 o N° 590, 14/06/2022, $146.931.497 • Constructora Ferroda SPA:

o N° 456, 08/06/2022, $95.659.364 o N° 457, 14/06/2022, $55.735.564 o N° 458, 14/06/2022, $50.691.496 Señala que el informe de la Fiscal, de fecha 19 de junio de 2024, concluye que: don nombre reservado incumplió sus funciones al no revisar las facturas electrónicas en el portal del SII y no informar a sus superiores, permitiendo que se consolidaran documentos ideológicamente falsos y generando un perjuicio patrimonial al municipio de $72.330.925 por la sentencia condenatoria de la causa Rol C-400-2022. Además, existe un daño previsible de $461.304.237, si se dictan sentencias condenatorias en las causas Rol C-134-2023 y C-378-2022. La omisión de don nombre reservado se considera una falta grave a la probidad administrativa, regulada por los artículos 58 y 120 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales (Ley N° 18.883).

Añade que respecto a doña nombre reservado, se acreditó que cumplió parcialmente sus funciones de control jerárquico, pero incurrió en transgresiones menores conforme a los artículos 58 letra c) y 61 letra a).

Relata que el Decreto Alcaldicio N° 1713, de fecha 26 de noviembre de 2024, concluye el sumario administrativo y establece las siguientes sanciones:

• Don nombre reservado: Destitución del cargo por infracción grave al principio de probidad administrativa, conforme a los artículos 120 letra d) y 123 de la Ley N° 18.883.

• Doña nombre reservado: suspensión de dos meses con goce del 50% de sus remuneraciones, con anotación de demérito de 6 puntos, según el artículo 120 letra c) y 122A de la Ley N° 18.883.

Afirma que ambos funcionarios presentaron recursos de reposición, donde por Decreto Alcaldicio N° 1807, 05/12/2024 se rechazó en su totalidad el recurso de reposición presentado por don nombre reservado; y por Decreto Alcaldicio N° 1888, 11/12/2024: se acogió parcialmente el recurso de reposición de doña nombre reservado, rebajando su sanción a una multa del 20% de su remuneración mensual y anotación de demérito de 4 puntos.

Concluye que el proceso administrativo intentó identificar y abordar los hechos que ocasionaron el perjuicio patrimonial al municipio, destacándose la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión interna para prevenir situaciones similares en el futuro. Las medidas disciplinarias adoptadas buscan fomentar el cumplimiento de los principios administrativos y proteger el patrimonio municipal, con base en los antecedentes recopilados en el sumario administrativo.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que a través de la presente acción, el recurrente reclama, en síntesis, el extenso tiempo transcurrido en el procedimiento sumarial seguido en su contra y que finalizó con la dictación del Decreto 1713 de la Ilustre Municipalidad de Peumo que determinó su destitución de la institución, por cuanto éste se extendió por el plazo de 2 años y 5 meses, afectándose con ello las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que la Municipalidad recurrida solicitó el rechazo del recurso, arguyendo que el acto impugnado no es ilegal ni arbitrario, haciendo presente que el proceso administrativo intentó identificar y abordar los hechos que ocasionaron el perjuicio patrimonial al Municipio, destacándose la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión interna para prevenir situaciones similares en el futuro. En este sentido, las medidas disciplinarias adoptadas materia de controversia, buscan fomentar el cumplimiento de los principios administrativos y proteger el patrimonio municipal, con base en los antecedentes recopilados en el sumario administrativo CUARTO: Que si bien es un hecho no controvertido que el procedimiento administrativo, ha excedido el plazo de seis meses que establece el artículo 27 de la Ley N°19.880, ello no basta para acoger el presente recurso, por cuanto tal infracción a la normativa legal no trae aparejada una afectación sustancial a los derechos que se reclaman como vulnerados, por cuanto de la revisión del expediente administrativo es posible corroborar que el actor fue debidamente emplazado, este hizo valer sus defensas por medio de la presentación de descargos debidamente representado por un abogado, y junto con ello, pudo rendir prueba en apoyo de sus pretensiones, no pudiendo esta Corte vía recurso de protección revisar el establecimiento de hechos por parte de la institución recurrida, dado que no es la vía procesal destinada para dichos efectos, no siendo esta sede una instancia jurisdiccional de revisión de los hechos, en especial al analizar las alegaciones que se hicieron en el escrito de descargos que coinciden con los aquí planteados.

QUINTO: Que a mayor abundamiento y en cuanto a la alegación del actor consistente en que con la dictación del Manual de Adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad de Peumo, bajo el Decreto 0447 nombra un funcionario denominado “encargado de pagos”, quien de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31 del mismo Manual, sería el encargado de revisar las facturas, lo cierto es que, y como fuera reconocido por el propio actor, dicho funcionario no ha sido designado, en consecuencia éste no puede desligarse de su responsabilidad administrativa en orden a la revisión de las facturas materia del sumario.

SEXTO: Que, en lo que concierne a la municipalidad recurrida, del mérito de los antecedentes y lo expuesto por los intervinientes, no se evidencia algún acto ilegal o arbitrario por parte de dicha recurrida que vulnere algún derecho constitucional del recurrente, por cuanto aun cuando ha transcurrido un extenso período de tiempo, durante el cual el recurrente ha estado sujeto a la investigación administrativa, por sobre los tiempos establecidos en la ley 18.883, dicha demora en el proceso que se sigue en contra del actor, se debe, entre otras, a la complejidad de la materia investigada.

SEPTIMO: Que, en consecuencia, al no haberse comprobado la existencia de un acto arbitrario ni ilegal en el proceder de la recurrida, forzoso es desestimar la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 19.880, 142 de la Ley 18.883, y artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Peumo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 2620-2024 Protección.