nombre reservado con DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD OHIGGINS

C.A. Rancagua.

Rancagua, cinco de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Con fecha 22 de febrero del año 2025, comparece nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Dirección de Vialidad Región de O’Higgins, representada por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por actos ilegales y arbitrarios que constituyen una grave amenaza, perturbación y privación al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Constitución Política de la República.

Expone que es propietario del inmueble E° Rol 1124-70, que forma parte de un lote fusionado de 3 predios agrícolas, ubicado en el sector de Cáhuil, comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal nombre reservado, que tiene una superficie de 7851 metros cuadrados, el cual, según certificado de informaciones previas N° 00127, emitido por la Dirección de obras municipales de la Ilustre Municipalidad de Pichilemu con fecha 07 de febrero de 2025, tiene permitido como usos de suelo, entre otros, los siguientes: residenciales, moteles, vivienda unifamiliar y en edificación colectiva, puede existir equipamiento de comercio, esparcimiento, áreas recreativas, paseos peatonales ciclovías y similares.

Agrega que el Fisco de Chile, en el año 2000, a propósito de la construcción del puente de Cáhuil ubicado en la localidad del mismo nombre, comuna de Pichilemu, ejecutó una serie de expropiaciones en el sector, para lo cual reconfiguró los terrenos originales existentes (entre ellos la propiedad del actor), en lotes separados más específicos y acotados de manera de satisfacer las necesidades reales de ocupación física de la obra. Señala que de esa reconfiguración y de acuerdo a los propios planos de expropiación del MOP, se configuraron, entre otros, dos nuevos lotes, a saber, lote 111 y lote 111-A, siendo el primero (lote 111) el que conservó el rol original N° 1126- 10, y finalmente fue expropiado por el Fisco de Chile, de acuerdo al Decreto expropiatorio número 4371 de fecha 29 de septiembre del año 2000.

Refiere que el lote 111, de propiedad Fiscal colinda en dos frentes con el lote 111-A del cual es dueño el actor, quedando este último detrás del lote fiscal ya referido, lo cual es de especial relevancia pues del plano enviado por Vialidad se observa a simple vista que el lote 111-A quedó detrás del lote expropiado, sin ninguna salida al camino público Avda. Las Salinas de Cáhuil, comuna de Pichilemu.

Induce que, a su lote, el 111-A, se le asigno Rol de avalúo N° 1124-70, lote que nunca perdió su condición de privado, y está obligado al pago de Contribuciones en el Servicio de Impuestos Internos a nombre del actor.

Alega que la Municipalidad, en el año 2002 autorizo el establecimiento de una feria artesanal permanente, otorgando patentes comerciales a personas, respecto de ambos lotes ( lote 111 y 111-A), así como también se permitió en los hechos la operación de un estacionamiento para la época estival, el que fue operado por años por dirigentes de la junta de vecinos del lugar (sin patente, ni permiso municipal de acuerdo a lo informado por la propia municipalidad por Ley de Transparencia) y sin pagar Impuesto alguno.

Refiere que, en el año 2023, dio en arriendo el lote 111-A a don nombre reservado, quien solicitó patente comercial provisoria para explotar dicho predio, como estacionamiento durante el verano del año 2024, siendo otorgada, con el informe favorable de la Dirección de Obras Municipales, pagándose los correspondientes derechos municipales y tributos correspondientes al Servicio de Impuestos Internos.

Expone que el acceso peatonal y vehicular de ambos lotes (111 y 111-A) para uso de estacionamiento y feria artesanal, se realizó desde la fecha de expropiación en el año 2000 a través de accesos existentes en el lote 111 que enfrenta al camino público principal denominado Avenida Las Salinas de Cáhuil S/N, habiéndose constituido en los hechos por parte de la Dirección de Vialidad de la VI Región una servidumbre de paso voluntaria, esto, conforme la descripción que al efecto establece el artículo 831 del Código Civil, misma servidumbre que duró más de 24 años, contando con una entrada y una salida vehicular separadas que han permitido el libre tránsito.

Señala que el día 23 de enero del presente año, la recurrida, sin notificación previa, ordenó el cierre con defensas camineras de los accesos ya descritos (entrada y salida) ubicados en el lado del lote 111 que enfrenta a la Avda. Las Salinas de Cáhuil, no obstante que estos accesos (servidumbre de paso) han existido de manera ininterrumpida desde la expropiación en el año 2000 de dicho terreno, lo que dejó totalmente encasillado y ciego al lote 111-A, privándolo del único acceso posible al camino público, lo que afecta y conculca gravemente su derecho de dominio y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que sea lícita, de conformidad con la Constitución Política.

Agrega que respecto de este cierre, solicitó mediante de ley transparencia (solicitud número AM010T0009605) a la recurrida, se le informará, quien por mail de fecha 13 de Febrero de 2025 emitida por la unidad de asesoría jurídica de la Dirección de Vialidad O´Higgins, señala la orden de cierre corresponde sólo al lote 111 de propiedad fiscal y no el lote 111-A y que no existe un plano con las instrucciones de cierre, toda vez que se cerró parcialmente el lote de propiedad fiscal ,con objeto de evitar el excesivo flujo vehicular, lo que, a su juicio, demuestran que el cierre fue antojadizo, sin un propósito claro, sin una orden o instrucción formal que diera cuenta de un estudio técnico que la justifique, por lo que es claramente arbitrario, llevado a cabo por personal de operaciones viales que aparentemente actuaron sólo bajo una orden verbal de algún funcionario de Vialidad local.

Alega que, como consecuencia de los anterior, su propiedad (lote 111-A), ha quedado totalmente cerrada y sin posibilidad de acceso ninguno a camino público, con la consecuente pérdida de valor comercial, afectando, además, el derecho legal a una oportuna ayuda de los servicios de emergencia en caso de un siniestro o problemas de salud de los cientos de turistas que transitan por ambos terrenos, asimismo la Municipalidad de Pichilemu, con fecha 10 de febrero del presente, se negó a renovar y otorgar patente de estacionamiento de vehículos para el predio, así como todo desarrollo de actividades comerciales permitidas según el plano regulador, lo anterior a pesar de contar con informe para la obtención de patente favorable de la Dirección de Obras Municipales de la misma municipalidad de fecha 18 de Diciembre de 2024.

Invoca artículo 3º de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado y respecto de las garantías constitucionales afectada señala la de los N° 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Pide que se acoja su recurso, y se declarare que la actuación de la recurrida es ilegal y arbitraria y que se disponga la rehabilitación, tanto del acceso como de la salida por Avenida Las Salinas de Cahuil S/N, y las demás que se estimen pertinentes con expresa condena en costas.

Acompaña documentación que se agrega al expediente electrónico.

A folio 14, compareció don nombre reservado, Director Regional de Vialidad, Región de O’Higgins, evacuando el informe respectivo, quien señaló que en el mes de enero del presente año, la Dirección de Vialidad, Provincia de Cardenal nombre reservado, instaló tres defensas metálicas en el lote 111 de propiedad fiscal, expropiado para la construcción de la obra pública “Camino Costero Pichilemu – Iloca, Sector Puente Cahuil y Accesos” a través del Decreto Supremo MOP N° 4371, de 29.09.2000, tramitado con fecha 24.10.2000, lo anterior por que el predio en cuestión se ha usado por los turistas para otros fines, tales como estacionamientos y desecho de basuras, por lo que su fundamento es la seguridad vial.

Agrega que en relación a la existencia de una servidumbre de tránsito voluntaria otorgada por la Dirección de Vialidad en favor del inmueble del actor, esto no es efectivo, toda vez que para la constitución de ésta, se requiere que se efectúe a través de una escritura pública, la cual no existe ni tampoco ningún documento de carácter privado en ese tenor, toda vez que no se ha consentido en el otorgamiento de una servidumbre de tránsito y porque sobre bienes nacionales de uso público no procede constituir servidumbres de tránsito, por tanto, cuando un particular necesita ocupar una faja fiscal vial administrada por la Dirección de Vialidad, lo que procede es entregar una autorización de uso de faja de conformidad a lo dispuesto en los incisos 2 y 3, del artículo 41 del DFL MOP N° 850 de 1997, Ley de Caminos.

Alega la improcedencia de la acción, por cuanto la jurisprudencia, en materia de recurso de protección, señala que, de existir una controversia sobre la existencia de una servidumbre, que es desconocida por la recurrida, ese conflicto ha de ser resuelto en un procedimiento de carácter declarativo y de lato conocimiento, que en el marco de un proceso contradictorio y legalmente tramitado, permita resolver, con conocimiento de causa y con posibilidad de apreciar y valorar las pruebas presentadas por las partes, por lo que considera que esta no es la vía apta para resolver la presente controversia.

Además, alega que la acción intentada carece de los requisitos exigidos para su ejercicio, dada la ausencia de actos u omisiones ilegales o arbitrarias por cuanto la autoridad no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, así como tampoco existen derechos constitucionales afectados, ya que el predio del recurrente tiene otra salida (tanto peatonal como vehicular) por un callejón que colinda con éste.

Finaliza reiterando que, no existe vulneración alguna de las garantías constitucionales amparadas por la acción de protección, puesto que el hecho denunciado no tiene la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio es esta, toda vez que no se impide el ingreso ni salida del inmueble de propiedad de la recurrente, esta debe ser rechazada.

A folios 17, 21, 23, 25 y 27 el recurrente acompaña documentación referida al uso del callejón referido por la recurrida, así como ordinarios municipales respecto del retiro de basura o escombros, de los accidentes ocurridos en el lugar, entre otros.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que, el acto ilegal y arbitrario que se reprocha en la especie consiste en la instalación de barreras y defensas camineras en los accesos de entrada y salida de la domicilio reservado, el cual otorga servidumbre de paso al predio del recurrente, dejándolo totalmente encasillado y ciego, privándolo del único acceso posible al camino público, lo que afecta y conculca gravemente su derecho de dominio y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que sea lícita, TERCERO: Que, la recurrida señala que el objetivo principal de su decisión está basado en la seguridad vial y para impedir que el terreno fiscal sea utilizado como basural o estacionamiento por los turistas, negando la existencia de una servidumbre en el predio y agregando que el inmueble del actor tiene acceso a un callejón con el cual colinda por lo que no existe el acto ilegal o arbitrario que alega.

CUARTO: Que, de acuerdo con lo expuesto por la recurrida en su informe, en el que expone que no existe acción ilegal o arbitraria de su parte, ya que si bien señala ser efectivo el cierre denunciado por el actor, éste no provoca que el lote 111-A quede desprovisto de salida a un camino ya que tiene acceso directamente a un callejón con el cual colinda.

QUINTO: Que, este hecho no discutido por el actor en su alegato en estrados, permite concluir que no se advierte la vulneración de las garantías alegadas por aquel, ya que el único argumento invocado en el recurso es el hecho de que la recurrida cerró, con barreras camineras, el predio 111 dejando desprovisto de acceso de entrada y salida al predio 111-A, de propiedad del recurrente, lo que en la realidad no ocurre al existir el callejón referido y que le permite un acceso al predio individualizado, razón suficiente para rechazar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, y en contra de la Dirección Regional de Vialidad de la Sexta Región, sin perjuicio de los demás derechos que el actor pueda hacer valer por otra vía.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol I. Corte -261-2025 Protección.