A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SA con INSPECCIÓN COMUNAL DE RENGO

Rancagua, uno de junio de dos mil dieciocho Vistos:

Con fecha 14 de mayo de 2018, comparece JEANNETTE CONTRERAS SEPÚLVEDA, en representación de APUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LTDA., ambos con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección contra la INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO de Rengo, representada por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, de Rengo Refiere que con fecha 11 de abril de 2018 dictó el ordinario N°131, que fue notificado el 18 de abril de 2018, en el que se niega la reconsideración de la multa impuesta, que se presentó ante esa Dirección el 06 de marzo del presente año.

Estima que este acto es arbitrario e ilegal, que ha provocado privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos constitucionales previstos en el numeral 3 y 24, ambos del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el derecho de propiedad, respectivamente.

En cuanto a los hechos expone que el 09 de enero de este año, el Servicio recurrido dictó la Resolución N°1256.18.1, que le fue notificada el 30 de ese mes. En ella se impuso una multa de 40 UTM por incurrir en una infracción al Código del Trabajo. El 06 de marzo de 2018 presentó Formulario F10, junto con un anexo, que contiene recurso administrativo de reconsideración de la multa.

Esta petición fue rechazada mediante el Ordinario N°131 de 11 de abril de 2018, en el que se decide no darle curso por cuanto: “no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación”.

Agrega que el artículo 512 del Código del Trabajo no consagra reglas que señalen la forma de computar el plazo de 30 días para deducir reconsideración administrativa, esto es, si se trata de días hábiles o corridos; por lo que ante este vacío se debe acudir a las normas contempladas en el Ley N°19.880 Sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, que distingue entre días hábiles e inhabilites, siendo estos últimos los días sábados, domingos y festivos, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que invoca en su presentación.

Dado lo anterior, estima que Inspección de Trabajo de esa comuna, no sometió su actuación a las normas legales aplicables y excedió la órbita de su competencia, al determinar que el recurso fue presentado de manera extemporánea, en circunstancias que dicha petición de reconsideración se encuentra dentro del plazo legal.

Pide, en consecuencia, conforme la citas constitucionales y legales, el restablecimiento del derecho mediante la adopción de medidas necesarias, dejando sin efecto la Resolución N°131 de 11 de abril de 2018, para lo cual se debe declarar que el recurso administrativo se encuentra presentado dentro del plazo legal, con costas.

Con fecha 28 de mayo del presente, nombre reservado, por la recurrida, evacúa el informe solicitado, e indica respecto de los hechos que efectivamente se cursó multa en un procedimiento administrativo seguido contra la recurrente. Ella fue notificada mediante carta certificada al domicilio de la empresa el 23 de enero de 2018, y por aplicación de lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, debe entenderse que esa notificación se entendió practicada al sexto día hábil desde la recepción en la oficina de correos, esto es el 30 de enero de 2018. Dado lo anterior, el plazo de 30 días contemplado en el artículo 512 del Código del Trabajo, para presentar recurso administrativo, venció impostergablemente el 01 de marzo de 2018.

Adiciona que, de acuerdo a la reiterada jurisprudencia administrativa de la Contraloría a General de la República contenida en los dictámenes que cita, el plazo para interponer el recurso de reconsideración es de 30 días corridos, por lo que la reconsideración de multa de fecha 06 de marzo de 2018 es extemporánea.

Finalmente solicita el rechazo, de la presente acción.

Con fecha 30 de mayo se trajeron los autos en relación CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposiciones enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

2° Que la cuestión debatida en el presente caso consiste en determinar si el plazo regulado en el artículo 512 del Código del Trabajo, corresponde a días corridos o días hábiles. Mientras que el recurrente sostiene que dicho término debe computarse como días hábiles por aplicación de la Ley 19.880, el recurrido plantea que la contabilización del plazo debe realizarse de forma corrida, pues el cuerpo laboral no manifestó en forma expresa lo contrario, como sí lo hace en otras disposiciones de su normativa.

3° Que el reclamo presentado por el recurrente ante el organismo de fiscalización laboral que fue declarado inadmisible por extemporáneo, se encuentra inserto en la instancia administrativa regulada para impugnar las resoluciones dictadas por el mismo, en cuyo caso, de aparecer vacíos normativos se debe recurrir a la legislación existente al efecto y que contiene los principios que deben informar todo procedimiento administrativo; tales normas se encuentran en la Ley 19.880.

4° Que atento a lo señalado en el motivo anterior, es necesario indicar que el artículo primero de la ley recién citada expresa que su objetivo es regular las bases del procedimiento de los actos administrativos de la Administración del Estado, y, en caso que se establezcan procedimientos especiales, dicha normativa actúa en forma supletoria. Acto seguido, y en su artículo segundo, fija su ámbito de aplicación, incluyendo dentro de su acción a los servicios públicos creados para la función administrativa.

5° Que así las cosas, se aprecia que esta normativa, si bien está dedicada a un ámbito especial del derecho, establece una regulación de carácter general para los procedimientos administrativos. Para el caso á concreto, en que el Código del Trabajo lo establece mínimas disposiciones para la realización del procedimiento de reclamación de sus resoluciones, son plenamente aplicables las disposiciones de la Ley 19.880, por las razones ya expuestas.

6° Que, en consecuencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 25 de la mencionada Ley y, como lo ha resuelto en el mismo sentido la Excma. Corte Suprema, en causa Rol 4015-2015, el plazo ha de entenderse de días hábiles, pues precisamente guardando silencio el Código del Trabajo, es procedente recurrir a dicha disposición que define la forma en que deben computarse los plazos.

7° Que de acuerdo a lo señalado precedentemente, debe entenderse que la reclamación interpuesta con fecha 06 de marzo de 2018 fue deducida dentro del plazo de 30 días hábiles, por ello, la extemporaneidad declarada por la recurrida tiene el carácter de ilegal toda vez que desatendió la interpretación sistemática que correspondía realizar, lo que conllevó a negar la tramitación de un recurso que cumplía el requisito formal de temporalidad a fin de ser tramitado como legalmente era procedente. Tal actuar implicó la vulneración de la garantía constitucional del art culo 19 N°2 de nuestra Carta Fundamental, puesto que dio un trato desigual al apartarse de las formas establecidas por la ley.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve: que se acoge el recurso de protección deducido por APUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LTDA, representado por Jeannette Contreras Sepúlveda, en consecuencia, se dispone que se deja sin efecto lo resuelto en el Ordinario N°131 de fecha 11 de abril de 2018, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el actor respecto de la Resolución de Multa N°1256.18.1, de fecha 09 de enero de 2018.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte N°2588-2018 Protección.