CONSTRUCTORA GARDILCIC LIMITADA con DIRECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE RANCAGUA

Rancagua, veintidós de mayo de dos mil veinte.

Vistos:

Que, con fecha 4 de marzo de 2020 comparece CONSTRUCTORA GARDILCIC LIMITADA, representada por Luis Arenas Moreno, abogado, deduciendo recurso de protección en contra de INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE RANCAGUA y de nombre reservado.

Funda su recurso en que con fecha 31 de julio del 2019 se le cursó a su representada la multa Nº4435/19/39, mediante la cual se le sancionó con 60 UTM por no llevar correctamente registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo de acuerdo al artículo 33 inciso segundo del Código del Trabajo en atención a que el trabajador Sr. nombre reservado, desde el mes de mayo del 2019 al 18 de julio del 2019 solo realiza turno A, en el horario de 9:00 horas a 19:00 horas, y no turnos rotativos Ay B según lo señalado en su contrato de trabajo y resolución de jornada Nº71 de fecha 29 de marzo del 2019. Frente a ello, explica que interpuso reclamo judicial, seguido ante el Juzgado de letras del Trabajo de Rancagua en causa I-32-2019, instancia en la cual se acogió aquel y dejó sin efecto la multa antes singularizada, encontrándose la sentencia firme y ejecutoriada.

Menciona que con fecha 3 de enero del 2020 se le impuso la multa Nº 4435/19/68 cursada por la misma fiscalizadora, Johanna Vera Castro, por no cumplimiento de la resolución Nº 71 que autorizó un sistema excepcional de distribución de jornadas de trabajo y descanso, constatado a través de las tarjetas de asistencia del trabajador nombre reservado, quien desde el 19 de julio al 31 de agosto, ambos del 2019, solo realizó el turno A y no turnos rotativos.

Expresa que existen 2 multas que castigan el mismo hecho pues la infracción, la base y el personaje es el mismo, esto es, vulnerar la resolución Nº71, las tarjetas de asistencia y el trabajador nombre reservado, respectivamente, por lo que la recurrida solo cambió la norma infringida.

Señala que la resolución y actitud de la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua es ilegal y arbitraria, puesto que aquella establece infracciones que carecen de justificación normativa que habiliten la imposición de una multa. Además, al calificar la naturaleza jurídica de las relaciones laborales al indicar que las partes del contrato es la empresa principal y la contratista, excede el marco legal relativo a fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral. Enfatiza que la recurrida al cursar una multa por algo que ya había sido sancionado afecta el debido proceso y transgrede el principio de non bis in idem.

Denuncia como vulnerada la garantía constitucional del artículo 19 Nº3 inciso cuarto, pues nadie puede ser juzgado por comisiones especiales y en este caso, la recurrida al calificar hechos y establecer consecuencias, se atribuyó facultades especiales. Añade que también fue conculcada su libertad económica al perturbar el normal funcionamiento de la empresa con la imposición de multas, y la garantía del derecho de propiedad.

Solicita que se deja sin efecto la multa Nº 4435/19/68 de fecha 3 de enero de 2020 por ser ilegal y arbitraria, con expresa condenación en costas.

Que, con fecha 1 de abril del 2020 se evacuó informe por la recurrida, quien solicita se rechace el recurso, con costas. En primer lugar expresa que la acción de protección es improcedente en virtud del artículo 54 de la Ley 19.880, pues el 3 de marzo del presente se dedujo en sede administrativa solicitud de reconsideración administrativa respecto de la resolución 4435/2019/68.

En segundo lugar, señala que las multas impuestas son distintas ya que el hecho sancionado en la primera es por no llevar de modo correcto el registro de asistencia, mientras que en la segunda es por no cumplir con la resolución de jornada excepcional. En tanto respecto las normas legales infringidas, éstas también son diversas, correspondiendo a la primera el artículo 33 y a la segunda el artículo 38 Nº7, ambas del Código de Trabajo. Además, los periodos sancionados son diversos. Añade, que no ha calificado la relación jurídica entre el trabajador y la empresa.

Destaca que el acto no es arbitrario ni ilegal ya que la multa surge del ejercicio de sus facultades de fiscalización conforme al artículo 505 y siguientes del código del ramo.

Refiere que respecto de la vulneración de las garantías constitucionales, la inspección del trabajo no se constituyó en comisión especial, sino que solo actuó conforme a sus facultades legales y tampoco consta que la empresa recurrente fue impedida de funcionar normalmente en sus actividades económicas. En cuanto al derecho de propiedad, indica que la actora no explica cómo se habría conculcado aquella.

Se trajeron los autos en relación.

Con relacionado y considerando.

1°.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2º.- Que, el acto ilegal y arbitrario que se reprocha en el recurso, consiste en la Resolución de Multa Nº 4435/19/68 de fecha 3 de enero de 2020 dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua por la cual se condena al recurrente al pago de 60 UTM a beneficio fiscal basada en el no cumplimiento de resolución Nº71 que autoriza un sistema excepcional de distribución de jornadas de trabajo y descanso, respecto del trabajador nombre reservado.

Sostiene el recurrente que dicha actuación es ilegal y arbitraria, por cuanto con fecha 31 de julio del 2019 se le cursó la multa Nº4435/19/39, mediante la cual se le sancionó con 60 UTM por el mismo sustento fáctico y trabajador, vulnerándose el debido proceso y la prohibición jurídica de sancionar dos veces el mismo hecho.

3º.- Que, previo a resolver el fondo de la controversia planteada, es menester analizar la excepción opuesta por el recurrido en autos relativa a la improcedencia de la acción atendida la existencia de un proceso de reconsideración administrativa vigente y lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 19.880.

4º.- Que, del análisis de los antecedentes allegados, cabe destacar que el recurso de protección se dedujo el 4 de marzo del presente, es decir, el día posterior a la presentación de la reconsideración interpuesta ante la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua, etapa administrativa que, según lo informado con fecha 28 de abril del presente se encuentra terminada mediante resolución Nº134 de 4 de mayo del 2020, resolución que, sin embargo, no es objeto del presente recurso de protección.

De esta manera, queda en evidencia que fue la propia parte recurrente la que decidió someter su conflicto ante la instancia administrativa y técnica ya señalada, lo que torna ineficaz el presente recurso de protección, el que en consecuencia ha perdido su objetivo, destacándose a este respecto lo señalado por la Excelentísima Corte Suprema, entre otros, en el Rol 25.002-2018, en donde expresa que “ (...) la materia en examen está sometida al procedimiento adecuado establecido por la ley, atendida la naturaleza eminentemente técnica de la controversia. De esta forma, encontrándose el conflicto bajo el imperio del derecho, el presente recurso extraordinario ha perdido su real objetivo atendida su índole y naturaleza, razón por la que no puede prosperar.”

5º.- Que, a mayor abundamiento, el recurrente ha señalado que la existencia de la multa emitida en enero del 2020 vulnera el principio del non bis in ídem respecto de la multa de julio del 2019, sin embargo, la resolución de ésta alegación corresponde ser decidida en un procedimiento de lato conocimiento, y es por ello que el legislador ha previsto uno especial, de competencia exclusiva del Juzgado de Letras del Trabajo, lo que conduce a concluir que la acción de protección no es la vía idónea para resolver la presente controversia, sin que tampoco se observe alguna situación de urgencia que haga necesaria la adopción de medidas cautelares por parte de esta Corte.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara, que se rechaza, sin costas, el recurso intentado por CONSTRUCTORA GARDILCIC LIMITADA, en contra de INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE RANCAGUA y de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte N° 2558-2020 Protección.