Ir al contenido
BuscadorConstitucional

Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 2555-202317 oct 2023

Protección contra Fondo Nacional de Salud

Fecha
17 de octubre de 2023
Corte
Corte de Apelaciones de Rancagua
Sala
Tercera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Rancagua, Rol N° 2555-2023, sentencia de 17 de octubre de 2023

Resumen

Se rechaza la protección contra FONASA, la COMPIN de O'Higgins y la Superintendencia de Salud: el reclamo administrativo por el rechazo de las licencias médicas sigue pendiente, por lo que no existe acto terminal que permita pronunciarse sobre la arbitrariedad alegada.

Texto íntegro

C.A. de Rancagua Rancagua, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Con fecha 23 de junio de 2023 comparece nombre reservado, quien interpuso acción de protección en contra del Fondo Nacional de Salud (FONASA), de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de O’Higgins (COMPIN) y Superintendencia de Salud, por actos vulneratorios de sus derechos contemplados en el artículo 19 de la constitución Política de la República.

Fundó su recurso señalando que la recurrida COMPIN, le ha rechazado múltiples licencias médicas, por tener varios diagnósticos, tanto en la columna como en la rodilla. Agrega que en el mes de diciembre la operaron de la rodilla izquierda, operación que tuvo que pagar de manera particular, ya que sólo para la interconsulta para sus afecciones de la columna, lleva dos años esperando por una hora en el Hospital.

Refiere que el acto recurrido le ha acarreado muchos problemas, tanto económicos como psicológicos, ya que es una persona pensionada, por lo que sus ingresos son pocos.

Acompaña a su presentación, los documentos consistentes en: 1. Resolución exenta N° R-01-UME-28951-2023 de 2 de marzo de 2023, de la SUSESO mediante la cual se confirma el rechazo de 24 licencias médicas; Formulario de Trámite de Reconsideraciones y Apelaciones de fecha 27 de abril de 2023 ante la SUSESO, a la que se acompaña informe médico que da cuenta de sus patologías suscrito por la médico nombre reservado Requinoa de 26 de abril de 2023 y una receta médica emitida con la misma fecha y por el mismo establecimiento de salud; acompañó asimismo Resoluciones licencia médica Folio licencias médicas N° 3-73277767, 3-74800204, 3-76175818, 3-77421328, 3-78931135, 3-80104167, 3-81419082 y, 3-82402074 emitida por COMPIN con fecha 13 de abril de 2023y que corresponden a “redictamen” e; Informe de examen resonancia magnética de columna lumbar, correspondiente a la recurrente, de fecha 4 de junio de 2021, suscrito por el médico radiólogo nombre reservado.

Con fecha 3 de julio de 2023 comparece la recurrida Superintendencia de Salud, quien informa al tenor del presente recurso que existiría un evidente error de transcripción en el recurso de la actora, por cuanto de la naturaleza del reclamo, así como de los documentos acompañados, se desprende que el organismo que resolvió sus licencias médicas fue la SUSESO. Asimismo, que la Superintendencia informante resulta absolutamente incompetente para pronunciarse sobre lo expuesto por la recurrente, careciendo además, de antecedentes sobre su caso particular.

Con fecha 4 de julio de 2023, comparece la recurrida COMPIN, quien señaló que revisados sus registros, la actora durante el año 2020 presentó 11 licencias médicas, con distintos diagnósticos, de las cuales se autorizaron 8, con un total de 166 días de reposo. Las tres restantes se encuentran rechazadas por reposo prolongado. Luego, que durante los años 2021 y 2022, la recurrente ha presentado 29 licencias médicas, todas rechazadas por reposo prolongado, reposo injustificado y reposo no justificado por antecedentes médicos aportados. Finalmente, que la actora se encuentra con una apelación vigente en la SUSESO desde el 27 de abril de 2023.

Acompañó a su presentación Listado maestro de licencias médicas FONASA años 2020, 2021, 2022 y 2023; Cartola médica y; Resolución SUSESO N° 28951.

Con fecha 10 de julio de 2023 comparece la recurrida FONASA, solicitando el rechazo de la presente acción, con costas, por cuanto no ha existido de parte del Fondo Nacional de Salud actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la recurrente la vulneración de un derecho constitucional garantizado o siquiera su amenaza.

Refiere desde un punto de vista normativo, en nuestro ordenamiento jurídico, le corresponde a la COMPIN o a la ISAPRE, en su caso, la aprobación o rechazo de las licencias médicas. En efecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 16 y 29, del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, es la COMPIN quien debe aprobar o rechazar el pago de las licencias médicas, en cuanto a los afiliados del FONASA. La normativa es clara en términos de demostrar que a FONASA, no le corresponde intervenir en la tramitación ni autorización de las licencias médicas, sino que su función se limita exclusivamente a disponer los fondos para el pago respectivo.

Con fecha 28 de julio de 2023, comparece la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, quien en primer lugar interpone excepción de extemporaneidad, fundado en que la actora recurrió a la SUSESO reclamando, por cuanto la COMPIN de la Región de O’Higgins, confirmó el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 64494300-3, 66171840-4, 67768164-0, 69274719-4, 70473729-7 y 72183759-9, extendidas por un total de 627 días a contar del 27 de octubre de 2020, por reposo no justificado. Que conforme a lo indicado, mediante la Resolución Exenta NºR-01-UME-28951-2023, de 2 de marzo de 2023, y previo estudio de los antecedentes del caso se resolvió que el reposo prescrito por las licencias médicas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado. En efecto cursa con patologías, la mayor parte osteomusculares desde 2019, sin lograr recuperación. Por lo tanto, la Sra. nombre reservado tenía conocimiento cierto de lo resuelto administrativamente en su caso, por medio del dictamen señalado, a lo menos tres meses antes de interponer la presente acción de protección el día 23 de junio de 2023. Asimismo, que se debe indicar que la actora fue notificada de la Resolución Exenta Nº R-01-UME-28951-2023, mediante correo electrónico remitido a las 15:35:32 horas, del día 2 de marzo de 2023, a la dirección de la interesada: correo reservado.

Agrega que de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica es competencia de las COMPIN o ISAPRE, según corresponda a un trabajador cotizante del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o a uno afiliado a una institución de salud previsional. Lo anterior, basta para comprobar la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional, por cuanto, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, debe interponerse en contra del organismo que administra la prestación de seguridad social, en este caso, la licencia médica.

Destaca además, que el hecho de haber reclamado ante la Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto, puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto ésta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Hace presente que, como lo han señalado diversos fallos de los Tribunales Superiores de Justicia, no resulta procedente el que se emplee la acción de protección de los derechos y garantías constitucionales como una última instancia de reclamo o apelación, cuando en opinión del recurrente las otras vías de reclamo, en el ámbito administrativo u otros, no le han dado los resultados esperados. En otros términos, la acción de protección no es una vía de impugnación subsidiaria de otras que pueda contemplar el ordenamiento jurídico, sean estas administrativas o judiciales; que sostener lo contrario, implica asumir que este excepcional procedimiento de emergencia sería una nueva instancia de revisión de las licencias médicas, cuestión que ciertamente está muy alejada de la finalidad con que el constituyente creó la acción en comento.

En subsidio de lo anterior, solicitó que se declare improcedente el presente recurso, por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

Reiterar que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiese sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República. Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales”.

En subsidio de todo lo anterior, e informando respecto del fondo, refiere que en nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria y. Explicando que para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez y; respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado licencia médica. Que en esta última situación de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo, es decir, que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Arguye que en relación a la presente acción de protección, cabe que el día 1 de marzo de 2023, el profesional de la Superintendencia de Seguridad Social, Dr. Óscar Storme, informó respecto del caso de recurrente lo siguiente: “Fundamentos de la resolución: Rechazo. Presenta 24 licencias médicas por 627 días por diagnóstico de trastornos de adaptación, varias patologías osteomusculares, sin informe médico de especialista Neurocirujano ni Psiquiatría, definidas como crónicas, y sin que el trabajador aporte tramitación de evaluación de incapacidad. Patología crónica e irrecuperable en evolución desde 2019 sin lograr recuperación”. En este punto indica que la actora, hasta la fecha, no ha dado inicio a ningún trámite para la calificación de su invalidez, haciendo presente que mientras dicha calificación se realiza, en caso de paciente acogido a licencia médica, esta no puede ser suspendida, hasta que quede ejecutoriado el primer dictamen.

Refiere que de esta forma, de los antecedentes médicos citados, claramente es posible establecer que el reposo otorgado por las licencias médicas en el caso de la recurrente, no se encuentra justificado, por lo que es procedente su rechazo.

Continúa señalando que las COMPIN deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud y que, en consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”. Luego, en caso que se confirme por esta institución de control (SUSESO), lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con la normativa vigente.

Expresa además, que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, y que, en este caso, claramente el “derecho a licencia médica” de la recurrente, no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, si no que por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas.

Manifiesta que por todo lo anterior, se aprecia que, la conclusión del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, impugnado por la recurrente, referidos a las licencias médicas reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, los que no sólo se encuentran en el dictamen impugnado, sino en una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión del mismo.

Refiere por último, que dado que no ha emitido ningún acto administrativo que se pronuncie sobre el rechazo de las licencias médicas de la recurrente, considerando además que hasta la fecha no ha realizado ante la Superintendencia de Seguridad Social ningún tipo de reclamación, no es posible haber afectado ninguna de las garantías que indica como vulneradas, ni por acción ni por omisión.

Finalizó solicitando tener por evacuado informe, y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

Acompañó a su presentación, copias de los antecedentes que obran en los expedientes administrativos, relativos al caso de la recurrente.

Por último, con fecha 6 de octubre de 2023, a solicitud de esta Corte, la recurrida SUSESO, informa en relación al estado actual del recurso de apelación presentado por la recurrente nombre reservado con fecha 27 de abril de 2023 en contra de la Resolución Exenta Nº R-01-UME-28951-2023, de 2 de marzo del año en curso, indicando que dicha apelación dio origen al expediente administrativo PAE código R-75248-2023, el cual se encuentra en estado de “ESTUDIO DE RECLAMACIÓN”, y se resolverá a la brevedad posible, una vez que se disponga de la totalidad de los antecedentes para ello.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2° Que la acción de protección se autos, se dirige en contra de la Resolución Exenta Nº R-01-UME-28951-2023 de 2 de marzo del año en curso, pronunciada por la recurrida SUSESO, respecto de lo resuelto por la COMPIN, en orden a rechazar las licencias médicas de la recurrente.

3° Que, cabe señalar que la conducta materia de esta acción no puede calificarse de ilegal, toda vez que el artículo 16° del Decreto Supremo 3/84 del Ministerio de Salud, establece que corresponde a la COMPIN, a la Unidad de Licencias Médicas o a la ISAPRE, en su caso, rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.

Luego, el organismo recurrido dispone de la facultad legal de resolver acerca de la autorización de una licencia médica, por lo que sólo resta revisar, para los efectos de la presente acción, si existe arbitrariedad en la actuación reclamada.

4° Que, como ha informado la recurrida, Superintendencia de Seguridad Social, la actora mantenía a su disposición los recursos administrativos que refiere, a fin de que se revirtiera la decisión de rechazo de sus licencias médicas por parte del órgano administrativo respectivo. En efecto, que la recurrente hizo uso de aquello, con fecha 27 de abril de 2023, al interponer el reclamo código FUI N° 736045, ante la Superintendencia de Seguridad Social, en relación a las licencias médicas reclamadas en estos autos, según consta del documento acompañado por la recurrida SUSESO. Reclamo que aún se encuentra pendiente de resolución, según la recurrida.

5° Que, en estas circunstancias, no resulta posible emitir pronunciamiento alguno en cuanto a si el actuar de las recurridas amenaza o no, el derecho de propiedad de la actora, protegido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que a la fecha no se ha dictado la resolución que, en definitiva, declare el rechazo de las licencias que se impugnan, y si la actora optó por recurrir en primer término a la vía administrativa, a fin de que se reconsiderara la decisión de rechazo de sus licencias médicas y lo anterior se encuentra pendiente, no existe un acto terminal que decida el asunto y, en dicho contexto, la presente acción cautelar no puede prosperar.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra del Fondo Nacional de Salud, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de O’Higgins y Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte 2555-2023 Protección.

En Rancagua, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.