nombre reservado

C.A. de Rancagua.

Rancagua, veintitrés de enero de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Con fecha 23 de junio de 2023, comparece nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de la comunidad “Los tricahues”, compuesta por 28 familias que residen en dicho lugar, e interpone recurso de protección en contra de un grupo de personas autodenominadas “nombre reservado”, en contra del comité de agua potable “Las peñas-El llano”, en contra de la Subdirección de Servicios Sanitarios rurales DOH O´Higgins, y de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ya que éstos habrían incurrido en actuaciones ilegales y/o arbitrarias al otorgar permisos de arranque de agua potable para personas que no cumplen con lo establecido en la Ley 20.998 y por las acciones ilegales que amenazan el legítimo ejercicio del Derecho a la vida e integridad física y psíquica, el Derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, el Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y el Derecho a la propiedad.

Relata que hace dos años aproximadamente, se han visto afectados ya que terceros, de forma unilateral, han expropiado terrenos del sector, construyendo viviendas que no cuentan con ningún permiso ni condiciones sanitarias contaminando napas subterráneas, destruyendo cercos perimetrales y accesos de caminos de la comunidad, así como construyendo nuevos e instalando letreros que señalan “nombre reservado”, circunstancias que serían ilegales desde que no contarían con autorización, contrato ni sentencia judicial que les autorice a ello, ejerciendo sus actos de forma clandestina y violenta, con el objeto de apoderarse de dichos terrenos, intimidando a los vecinos al utilizando para ello armas, vehículos y animales potencialmente peligrosos.

Agrega que estas personas, han solicitado a través de la Subdirección de Servicios Sanitarios rurales DOH y por intermedio de aquella a Superintendencia de Servicios Sanitarios, quien autorizó y ordenó a la APR Las Leñas-El Llano, la colocación de 22 arranques de agua potable en 22 parcelas que los “nombre reservado” han usurpado, sin consideración a la Ley 20.998 que establece que el solicitante debe ser el dueño, o contar con la autorización de aquél y llenar el formulario con los datos requeridos para las propiedades a conectar, en circunstancias que los solicitantes exhiben una “titularidad dominical”, por lo que serían dueños de un usufructo, no acreditando derechos sobre los terrenos, ya que la protección de dicha titularidad sería una acción reivindicatoria.

Añade que la Subdirección de Servicios Sanitarios ha aludido a que el agua es un derecho humano, en circunstancias que esto es herrado y que la Municipalidad de San Fernando ha apoyado con abastecimiento de agua potable a usurpadores de terrenos.

Concluye solicitando una investigación de esta situación anómala e irregular, en donde la Superintendencia de Servicios Sanitarios autoriza la colocación de arranques de agua potable a personas que no son propietarios de los inmuebles y no cumplen con lo que dicta la Ley N 20.998, y en definitiva se acoja la presente acción ordenando a los recurridos las siguientes medidas necesarias y urgentes para reestablecer el imperio del derecho:

a) Paralizar las obras para la colocación de arranques de agua potable.

b) Ordenar a las personas denominadas "nombre reservado" abrir los caminos de acceso para que la Comunidad transite libremente por el sector.

c) Ordenar sacar letreros que arrogan derechos de propiedad de terrenos.

d) Ordenar la instalación de fosas sépticas en los lugares en donde residen.

e) Ordenar la tenencia responsable de mascotas, especialmente lo referido a los perros considerados "potencialmente peligrosos", para los cuales se deben tomar los resguardos establecidos en la Ley 21.020.

f) Solicitar mayor presencia de Carabineros de Chile en el sector, ya que justamente debido a la ausencia de patrullajes es que estas personas realizan actos indebidos.

Acompaña documentos e que funda su acción.

A folio 19 comparece la Superintendencia Servicios Sanitarios, (SISS), solicitando el rechazo de la presente acción, con costas.

Señala que recibieron 22 reclamos ingresados al Sistema de Atención Ciudadana de esta Superintendencia, en los que se indicaba que, habiendo informe técnico favorable, el SSR (Comité) no ha accedido a la conexión de las viviendas y por tanto otorgando factibilidad negativa a cada solicitud, por lo que el 5 de abril de 2023, esa Superintendencia emitió su Oficio SISS N°1.087, consultando a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, si los postulantes cumplían los requisitos de factibilidad previstos en la guía, advirtiendo expresamente que estos no eran dueños de los inmuebles, sino que acreditaban ser dueños de derechos sobre el inmueble respectivo, incluso habiendo un tercero que exhibió su título de dominio y se niega al otorgamiento de factibilidad a dichos solicitantes y que mediante oficio ORD. DOH-SSR: N° 130 del 27 de abril de 2023, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales informó que se cumplen los requisitos establecidos por la Ley N°20.998 para que el operador otorgue la factibilidad, por lo que la negativa del Comité significa privar a los solicitantes del acceso al agua como un derecho fundamental. Debido a ello, esa Superintendencia con fecha 9 de mayo de 2023 hizo presente al SSR Las Peñas-El Llano y conforme lo informado por la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, el cumplimiento de la legislación vigente, esto es, que debe prestar el servicio sanitario, resolviendo como lo refiere la Guía de factibilidades de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, es decir, previa consulta de aquella. Concluye su informe señalando que esa Superintendencia no cuenta con facultades legales para pronunciarse acerca de la procedencia del requisito de ser dueño o no del inmueble para acceder a la factibilidad de servicio.

A folio 20 comparece el Comité de Agua Potable Rural Las Peñas El Llano, informando en cuanto a esa parte se le vincula en el recurso. Señala que desde su perspectiva existe una superposición de títulos, ya que los residentes del sector El llano y El espinalillo compraron a otra sucesión los terrenos que hoy por hoy habitan, sucesión representada por don nombre reservado, quienes también detentan sendas inscripciones dominicales sobre la propiedad, coincidiendo inclusive el rol de avalúo ante impuestos internos en ambos títulos de dominio, situación que ha dado origen a distintos litigios en los cuales ha sido demandado el señor nombre reservado, algunos culminados y otros vigentes.

Explica que efectivamente los recurridos han solicitado de manera reiterada al comité al cual represento, el otorgamiento de arranques de agua en los terrenos que han procedido a ocupar en el pasaje Los Tricahues.

Primero dichas solicitudes fueron rechazadas, atendido a que para el otorgamiento de arranques de agua y en vista de la dictación de la ley 20.998 y el decreto 50, establecen requisitos en el manual de factibilidad técnica, como lo son acompañar inscripción de dominio de la propiedad para la cual se solicita factibilidad técnica, en este caso si no es el único propietario se especifica que debe tener autorización de los otros propietarios, si no es el dueño se aplica el mismo criterio, se de acompañar un certificado de avalúo fiscal y un croquis de la propiedad, entre otros requisitos, destacando estos ya que fueron las falencias en las solicitudes de los recurridos. Añade el certificado de avalúo aparece a nombre del señor nombre reservado quien además realizó un reclamo formal indicando su negativa de autorización.

Señala que posteriormente, e inclusive tras la interposición de recurso de protección ante esta Ilustrísima Corte, como lo fue causa rol N° 11452-2021 y tras reiteradas solicitudes, los recurridos efectuaron una serie de reclamos ante la Dirección de Obras Hidráulicas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, teniendo esta última un rol dirimente en los conflictos suscitados entre usuarios y operadores conforme lo detalla el artículo 46 de la ley 20.998, dictándose los oficios respectivos por las autoridades (ordinario 130 de fecha 27 de abril de 2023, emitido por la Subdirectora de Servicios Sanitarios Rurales DOH y el segundo, ordinario 1520 de fecha 9 de mayo de 2023 emitido por el Superintendente de Servicios Sanitarios) por las cuales se le instruyó a ese comité de agua, otorgar la conexión al agua potable, de lo cual ese comité se encuentra en desacuerdo ya que se pasa a llevar la normativa desde que el cumplimiento de requisitos lo limita a encontrarse en el área geográfica, pero reconociendo su carácter limitado de operador, requirió un pronunciamiento de legalidad a la Contraloría, el cual aún se encuentra en trámite. Aclara que el objetivo no es negar el elemento vital, si no que otorgarlo bajo los estándares y protocolos establecidos en la ley, además señala, sólo son operadores de agua potable más no de alcantarillado, por lo que les parece grave la falta de sanidad en los asentamientos de los recurridos, puesto que la construcción de fosas sépticas informales que constan únicamente de hoyos en la tierra produce contaminación e irrigación de desechos humanos, cuestión que evidentemente puede afectar el servicio otorgado por esta parte y la salubridad de la comunidad, destacando que los otros residentes del sector mantienen pozos con cámaras adecuadas que no permiten la contaminación subterránea.

A folio 28 comparece la Subdirección Nacional de Servicios Sanitarios Rurales, solicitando el rechazo de la acción atendido a que esa repartición ha actuado con estricto apego a la normativa vigente.

Señala que los antiguamente llamados APR, hoy denominados Servicios Sanitarios Rurales pertenecientes al Ministerio de Obras Públicas, tiene como misión abastecer de agua potable a localidades rurales. Agrega que en noviembre de 2020 entró en vigencia la Ley 20.998 y su reglamento, el DS del MOP N° 50 del año 2019.

En cuanto a los hechos del recurso, señala que el artículo 40 de la Ley 20.998 en su letra a) contempla la obligación de “prestar los servicios sanitarios a los usuarios, en la medida que sea técnica y económicamente factible”, lo que se determina mediante un informe de factibilidad técnica de conexión. Por su parte, el inciso tercero del artículo 46 de la misma ley, indica que: "Todo inmueble ubicado dentro del área de servicio de un servicio sanitario rural, que cuente con factibilidad técnica positiva de conexión al sistema centralizado, declarada así por el operador del servicio, deberá conectarse a las redes de dicho servicio sanitario rural, Para aquellos inmuebles que no cuenten con factibilidad técnica positiva de conexión, los proyectos podrán considerar la construcción de soluciones descentralizadas de agua potable y aguas servidas, las que igualmente se considerarán parte del servicio sanitario rural". Añade que este artículo busca resguardar el acceso universal al agua potable en zonas rurales, garantizando así el derecho humano de acceso al agua. Además, el artículo 46 del DS MOP N° 50, reglamento de la ley No 20.998, detalla las formas de las solicitudes, de los informes técnicos y de los certificados, indicando en su inciso final que "Todo conflicto que pudiere suscitarse entre usuarios y operadores respecto de la factibilidad, será resuelto por la Superintendencia, previa consulta a la Subdirección, debiendo esta última informar conforme a los antecedentes técnicos, económicos y otros disponibles".

Atendido al conflicto suscitado entre los solicitantes y el Servicios Sanitarios Rurales, la Superintendencia de Servicios Sanitarios se pronunció el 9 de mayo de 2023 citando oficio de esa Subdirección que señalaba que se cumplen los requisitos de la Ley 20.998, ya que efectivamente se cumple la factibilidad técnica de conexión basado en el informe técnico que señala que el SSR Las Leñas-EL llano posee 290 arranques disponibles, y por otro lado, que no le corresponde a ese Servicio pronunciarse sobre la titularidad de los derechos del terreno aludido.

Agrega que el recurrente le ha dado una interpretación errónea de la norma al sostener que existiría una exigencia legal de titularidad de dominio para obtener una factibilidad técnica de conexión positiva y que sería aquel el error cometido por esa Subdirección, señala que existe claridad en que se pronunció sobre un informe técnico, cumpliendo las exigencias normativas para autorizar la factibilidad, suprimiendo un actuar contrario a derecho por parte de ese Servicio, y descartando vulnerar las garantías constitucionales de la parte recurrente.

A folio 31 comparece el Consejo de defensa del Estado en representación de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales DOH O´Higgins.

A folio 36 comparece nuevamente el recurrente, destacando que en el Informe de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), en su punto II. Consideraciones, letra b), indica que: “Los requisitos y condiciones de factibilidad técnica deberán ajustarse a las instrucciones que para tal efecto entregará la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, conforme al inciso sexto del artículo 46° del Reglamento. Agrega que esto ha sido definido por esa Subdirección en su Guía de Factibilidades, cuyo anexo contiene la exigencia que el solicitante acompañe el certificado de dominio vigente o escritura de propiedad a cuyo respecto solicita la conexión, o bien, requiere la autorización del dueño, mediante poder simple otorgado por este último, exigencia que es la que no se está cumpliendo en autos, y que se desprenden del mismo formulario de Solicitud de Factibilidad Técnica y de la página WEB de Chile Atiende, que señala los detalles del Certificado de Factibilidad Agua Potable Rural solicitado por la Dirección de Obras Hidráulicas.

A folio 40 se prescinde del informe requerido a la “nombre reservado” y se ordenó traer a la vista mediante estudio virtual, el recurso de protección 11452-2021 de esta misma Corte de Apelaciones.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2° Que, la actuación arbitraria e ilegal que se atribuye a los recurridos, consiste en la autorización de instalación de 22 arranques de aguas, en circunstancias que de acuerdo al recurrente, no se cumplen los requisitos para ello, desde que los ocupantes de los terrenos no serían los propietarios y estos se encontrarían contaminando las aguas subterráneas debido a la falta de condiciones sanitarias. Además alega el ingreso injusto y arbitrario de los recurridos a los terrenos del lugar, destruyendo o retirando cercos perimetrales, cerrando accesos de caminos de la comunidad recurrente y construyendo casas.

3° Que, por su parte los recurridos evacuaron sus informes de conformidad a lo expuesto en la parte expositiva, con excepción de los individualizados como “nombre reservado” respecto de quienes a folio 40 se prescindió de su informe, atendido al tiempo transcurrido.

4° Que, el artículo 2° letra n) de la Ley 20.998 señala que se entiende por “n) Servicio sanitario rural: aquel que consiste en la provisión de agua potable y,o saneamiento sin fines de lucro, conforme a lo dispuesto en esta ley, con el debido aporte de inversión y capacitación del Estado”.

A su vez, el artículo 5° de la citada ley, dispone: “Servicio sanitario rural primario. Corresponde a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, en su caso, a las comunidades rurales para uso doméstico, y requiere el abastecimiento de agua de calidad, en cantidad y con continuidad, y en forma universal para todos aquellos usuarios que se ubiquen dentro del área de servicio.

Se entenderá por uso doméstico el destinado al consumo familiar o a pequeñas actividades comerciales o artesanales u otros que el reglamento determine, en atención a los volúmenes de consumo.”

Por su parte, el artículo 40 en su letra a) contempla la obligación de “prestar los servicios sanitarios a los usuarios, en la medida que sea técnica y económicamente factible”. Asimismo, el inciso tercero del artículo 46 de la misma ley, indica que: "Todo inmueble ubicado dentro del área de servicio de un servicio sanitario rural, que cuente con factibilidad técnica positiva de conexión al sistema centralizado, declarada así por el operador del servicio, deberá conectarse a las redes de dicho servicio sanitario rural".

5° Que, conforme a la normativa señalada precedentemente, el Comité de agua potable Las Peñas-El Llano, informó la factibilidad técnica de conexión y refirió la existencia de 290 arranques disponibles, por lo que mediante oficio ORD. DOH-SSR: N° 130 del 27 de abril de 2023, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales indicó que se cumplen los requisitos establecidos por la Ley N°20.998.

6° Que, de lo anterior, se descarta la arbitrariedad o ilegalidad reclamada en el presente recurso, desde que la Superintendencia ha dado cumplimiento a la legislación vigente, esto es, verificar que se cumplan los requisitos necesarios para prestar el servicio sanitario, resolviendo como lo refiere la Guía de factibilidades de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, es decir, previa consulta a esa Subdirección, de conformidad al inciso final del artículo 46 del DS MOP N° 50, reglamento de la ley N° 20.998 lo que comunicó al Servicio Sanitario Rural Las Peñas-El Llano.

7° Que, entonces, en el caso de autos, la resolución impugnada, por la cual se autorizó los permisos de arranque de agua potable, se ha dictado al amparo de las normas señaladas, y por la autoridad competente, actuando dentro del ámbito de sus atribuciones, haciendo prevalecer el derecho universal de acceso al agua de toda persona por sobre las alegaciones relacionadas con la propiedad efectuadas por los recurrentes, las que por lo demás han sido discutidas, por lo que, los recurrentes no cuentan con un derecho indubitado que pueda ser protegido a través de esta acción Constitucional, desde que escapa a sus fines la declaración de derechos.

En relación con las restantes reclamaciones relacionadas con eventuales afectaciones a flora, fauna, y contaminación napas subterráneas, no existen antecedentes suficientes en el proceso que den cuenta de la realización de actos ilegales y arbitrarios realizados por los recurridos que ameriten la intervención de esta Corte en orden a restablecer el imperio del derecho, sin perjuicio de las demás acciones civiles o penales que el recurrente pueda ejercer.

8° Que, por lo expuesto precedentemente, la decisión recurrida se encuentra debidamente fundamentada, al cumplir lo señalado en el inciso final del artículo 46 del DS MOP N° 50, reglamento de la ley N° 20.998, por lo que la presente acción será rechazada, como se dirá.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 2553-2023 Protección.