SUPERMERCADO CENTRAL LTDA con DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO DE RANCAGUA Y OTRO

Rancagua, dos de mayo de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, con fecha 16 de noviembre de 2024, compareció la abogada Ingrid García Torres, en representación de Supermercados Central Limitada, representada legalmente por nombre reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Rancagua, la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua y la Inspección Comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua-Tagua, por las vulneraciones que a los derechos fundamentales de la recurrente habrían provocado las recurridas al emitir, a través de sus fiscalizadores, una opinión jurídica en forma previa la sustanciación del procedimiento administrativo pertinente.

En primer término, señala que Supermercados Central Limitada es una empresa dedicada al rubro supermercadista, con múltiples sucursales a nivel nacional, incluyendo dos locales relevantes para el presente recurso: uno ubicado en domicilio reservado, de la comuna de Rancagua y otro en nombre reservado°165, de la comuna de San Vicente de Tagua-Tagua.

Explica, que con fecha 25 de octubre de 2024, esto es, un día antes de las elecciones nacionales que se llevaron a cabo los días 26 y 27 de octubre, un fiscalizador de la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua se presentó en la sucursal ubicada en camino San Ramón, señalando verbalmente que, debido a la existencia de denuncias relativas a la procedencia o no de funcionamiento del supermercado el día 27 de octubre, procedería a fiscalizar la estructura en que funciona el mismo, señalando en forma posterior que, en atención a lo dispuesto en el artículo 38 N°7 del Código del Trabajo en relación con el artículo 180 de la Ley N°18.700, el establecimiento no podía abrir el día 27 de octubre de 2024, por encontrarse emplazado en un recinto que tendría las características de mall, centro comercial o strip center administrado bajo una misma razón social o personalidad jurídica. Recalca que el fiscalizador no solicitó antecedentes ni documentación alguna, basando su apreciación únicamente en conversaciones con trabajadores de otros locales del recinto. Posteriormente, y sin acto administrativo formal, el fiscalizador informó telefónicamente a la abogada recurrente, que el local había sido calificado como centro comercial, razón por la cual debía permanecer cerrado el día de la elección.

Añade que, en forma paralela, con fecha 27 de octubre de 2024, un fiscalizador de la Inspección Comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua-Tagua se presentó en la sucursal ubicada en esa comuna, cuando ésta se encontraba en pleno funcionamiento para, sin realizar fiscalización ni solicitar documentación de ningún tipo, ordenar el cierre inmediato del local, otorgando un plazo de sólo 10 minutos para que los trabajadores se retiraran del establecimiento, bajo advertencia de sanciones, retirándose del local. A su regreso, constató que el local no había sido cerrado completamente para permitir la salida del personal, procediendo a entregar notificaciones de inicio de fiscalización, actas de constatación de hechos y requerimientos de antecedentes. Asimismo, ordenó el cierre del establecimiento hasta las 06:00 horas del día siguiente.

Agrego que, con posterioridad, y tras solicitar el contrato de arrendamiento, la Inspección notificó a la empresa una resolución de multa por no otorgar a los trabajadores del local de San Vicente el feriado legal correspondiente a la jornada electoral.

Enfatiza que, en procesos electorales anteriores, los locales afectados habían funcionado normalmente sin haber sido objeto de fiscalizaciones ni sanciones, lo que genera una expectativa legítima de continuidad en la actividad comercial durante dichas fechas, razón por la cual el hecho de emitir los inspectores de las recurridas su opinión jurídica en forma previa a la sustanciación del correspondiente procedimiento administrativo, lesiona las garantías fundamentales de su representada, reconocidas y amparadas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, vulnerando, además, el principio de legalidad que rige a los órganos del Estado, consagrado en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, pues tales actuaciones fueron adoptadas sin observar el procedimiento administrativo correspondiente, sin dictación de resolución fundada y sin la debida competencia, al haberse instruido la suspensión de las actividades comerciales mediante simples advertencias verbales o notificaciones carentes de respaldo jurídico.

Asimismo, y luego de aclarar que no recurre en contra de la resolución que aplicó a su respecto la ya mencionada multa, pues la legalidad de aquella corresponde que sea conocida en un proceso de lato conocimiento, afirma que lo recurrido, en cuanto a las decisiones de hecho adoptadas por los fiscalizadores carecen de toda motivación fáctica y jurídica que las sustenten, vulnerando con ello lo previsto en el artículo 11 de la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, en cuanto prescribe que los actos administrativos que afecten derechos de los particulares deben expresar los fundamentos de hecho y de derecho que los motivan, omisión que torna las actuaciones reprochadas en arbitrarias y, por ende, ilegales, lo que, en definitiva, se traduce en las vulneración, como se dijo, de las garantías consagradas en el artículo 19 N°2 de la Constitución en cuanto prohíbe expresamente todo acto discriminatorio y carente de razonabilidad, y el artículo 19 N°3 que reconoce como garantía el derecho al debido proceso.

Agrega que, además, se han vulnerado el principio de certeza jurídica y confianza legítima, por cuanto en jornadas electorales anteriores, Supermercados Central Limitada ha operado sin haber recibido fiscalizaciones ni observaciones por parte de la autoridad laboral, lo que configura una legítima expectativa de continuidad de su actividad comercial, conforme a la interpretación sostenida por la propia Dirección del Trabajo en sus dictámenes y a la conducta reiterada de la administración. Alterar dicha práctica sin mediar acto administrativo debidamente fundado, refiere se constituye como una infracción al principio de confianza legítima, reconocido por la doctrina, la jurisprudencia administrativa y los tribunales superiores de justicia.

Por último, estima que el actuar de los recurridos infringe el derecho de propiedad y la libertad de empresa, reconocidas en el artículo 19 N°24 y N°21, por cuanto la orden de cierre de los locales, ejecutada sin base legal ni procedimiento previo, ha privado a la empresa de ejercer legítimamente su giro comercial, generando un perjuicio económico y jurídico inadmisible en un Estado de Derecho.

Aclara que el objeto de su acción es evitar que el 24 de noviembre de 2024, oportunidad en que se realizará una segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales, las recurridas actúen de la misma manera, obligando a suspender las operaciones comerciales que legítimamente desarrolla.

Concluye solicitando se acoja el presente recurso, se restablezca el imperio del derecho y se adopten las providencias que juzgue necesarias para tal efecto, y en consecuencia, se ordene a las recurridas que no tienen facultades para suspender las faenas de los locales comerciales individualizados, con expresa condenación en costas.

Acompaña documentación a su recurso.

A folio 17, con fecha 20 de diciembre de 2024, comparece la Dirección del Trabajo, evacuando el informe requerido por esta Corte, solicita el rechazo de la presente acción en todas sus partes al no verificarse acto u omisión ilegal o arbitraria por parte del Servicio que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales que el recurrente estima conculcadas.

En primer término, sostiene la improcedencia de la presente acción, ya que no se configuran los requisitos del artículo 20 de la Constitución, esto es, la existencia de una conducta ilegal o arbitraria y que aquélla prive, perturbe o amenace el ejercicio legítimo de una garantía constitucional.

Argumenta que, en este caso, no existe acto ilegal ni arbitrario por parte del Servicio, puesto que las fiscalizaciones realizadas durante el proceso electoral de octubre de 2024 fueron ejecutadas conforme a la normativa vigente, particularmente el Manual del Procedimiento de Fiscalización aprobado por Resolución Exenta N°1241 (2021), dictada conforme al artículo 505 A del Código del Trabajo.

Añade que la mera fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral, incluso en contexto electoral, no constituye una vulneración de garantías fundamentales del empleador. Por lo tanto, al no verificarse ninguno de los requisitos exigidos por la Constitución para la procedencia de la acción, solicita su rechazo en todas sus partes.

A continuación y refiriéndose a los hechos que motivan la presente acción, expone el marco normativo que justifica la actuación fiscalizadora del Servicio durante el proceso electoral del 26 y 27 de octubre de 2024, esto es, la Ley N°21.693 que establece que el feriado electoral es obligatorio solo el domingo 27 de octubre y el Dictamen N°656/24, de 15 de octubre de 2024, emanado de la Dirección del Trabajo que interpretó que los trabajadores de centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica no pueden prestar servicios ese día, por mandato del artículo 38 N°7 del Código del Trabajo y el artículo 180 de la Ley N°18.700.

Luego de detallar criterios doctrinarios y jurisprudenciales que definen qué debe entenderse por “centro comercial”, insiste en que la Dirección del Trabajo actuó conforme a sus atribuciones y que, de acuerdo con la definición legal de centros o complejos comerciales, realizó fiscalizaciones de oficio para determinar si los locales involucrados correspondían a dicha categoría y, por tanto, si les era aplicable la normativa electoral laboral vigente para los días 26 y 27 de octubre de 2024.

Al respecto, precisa que la fiscalización en Rancagua fue de carácter preventiva e investigativa, sin sanciones, mientras que la realizada durante la jornada electoral en San Vicente constató infracciones, aplicándose las respectivas multas, las que serán detalladas por las oficinas correspondientes en sus informes.

A continuación, argumenta que las actuaciones impugnadas a través de esta vía no pueden tildarse de ilegales, pues se han enmarcado dentro de las atribuciones legales que resultan aplicables al actuar del Servicio. Y tras enunciar la normativa legal y administrativa que le resulta aplicable, insiste en que los actos administrativos respecto de los cuales se recurre han sido ejecutados conforme a derecho, no pudiendo la coerción a cumplir las leyes laborales percibirse como una amenaza -o la constatación de infracciones laborales- como perturbación al ejercicio de los derechos protegidos por nuestra Constitución Política de la República.

Por último, descarta que las fiscalizaciones efectuadas por los fiscalizadores del Servicio y que se reprochan mediante este recurso, hayan sido arbitrarias, en primer lugar, porque se fundaron en facultades legales expresas y respondieron a motivos razonables y no caprichosos y, en segundo término, porque se actuó bajo un procedimiento administrativo reglado, con análisis previo de antecedentes, por lo que las medidas adoptadas fueron proporcionales y en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.

Finalmente, la Dirección del Trabajo concluye que no se ha vulnerado garantía constitucional alguna y solicita el rechazo íntegro del recurso, sin condena en costas.

Acompaña documentación a su recurso.

A folio 18, con fecha 27 de diciembre de 2024, comparece la Inspección Provincial del Trabajo Rancagua, solicitando se rechace íntegramente este recurso de protección, con costas.

Manifiesta que la empresa recurrente acusa a la Inspección de haber actuado en forma ilegal y arbitraria al supuestamente ordenar el cierre de su local el 27 de octubre de 2024, afectando sus derechos constitucionales.

La fiscalización fue iniciada el 25 de octubre de 2024 por el fiscalizador Cristian Bravo, en virtud de una orden del Coordinador Inspectivo Regional, con el objetivo de verificar si el recinto ubicado en San Ramón N°3202 correspondía a un centro o complejo comercial.

Tras entrevistas con arrendatarios, trabajadores y guardias, así como observación directa del lugar, se concluyó que el recinto funciona como un centro comercial administrado bajo una misma razón social, por lo que sus trabajadores debían gozar de feriado obligatorio el día domingo en que se llevarían a cabo las elecciones, conforme a la normativa laboral, lo que se informó verbalmente a la representante del supermercado, negando enfáticamente que el fiscalizador hubiere emitido órdenes de cierre ni amenazas de sanción.

Argumenta que la presente acción debe rechazarse al no verificarse ninguno de sus requisitos constitucionales: no hubo acto ilegal, ni arbitrario, ni se afectó garantía alguna de las protegidas por el artículo 20 de la Constitución.

Insiste en que la actuación fiscalizadora se realizó conforme al Manual de Procedimiento de Fiscalización (Resolución Exenta N°1241 de 2021) y en ejercicio de facultades legales establecidas en el artículo 505 del Código del Trabajo y el DFL N°2 de 1967, por lo que su actuar se enmarca en el ámbito de su competencia y sin exceder sus atribuciones ni vulnerar derechos fundamentales.

Sostiene que la empresa decidió por sí sola no abrir el local de Rancagua tras ser informada de la calificación como centro comercial, lo que se interpreta como un reconocimiento tácito de dicha calidad.

Adjunta documentación a su informe.

A folio 20, con fecha 27 de diciembre de 2024, comparece la Inspección del Trabajo de San Vicente, solicitando el rechazo de la presente acción, con costas.

Expone que en el marco del programa nacional de fiscalización instruido mediante Circular N°2000-105-2024, y conforme al artículo 180 de la Ley N°18.700, el día 27 de octubre de 2024 el inspector del trabajo se constituyó en el local de Supermercado Central Ltda. en San Vicente y, al constatar su funcionamiento en jornada electoral, tratándose de un establecimiento comprendido en la categoría de centro comercial administrado bajo una misma razón social, se procedió a la suspensión de labores y posterior aplicación de multa administrativa N°8344/24/62, por no respetar el feriado legal.

Funda su solicitud de rechazo, en primer lugar, en la improcedencia del recurso intentado por el actor, por no ser el recurso de protección la vía procesal idónea para impugnar actos administrativos como la resolución sancionatoria cursada Supermercado Central Ltda. en San Vicente.

En segundo lugar, razona sobre la inexistencia de una conducta que pueda tildarse de ilegal y arbitraria, ya que la cuestionada fiscalización se ejecutó conforme al Manual de Procedimiento de Fiscalización (Resol. Ex. N°1241/2021), ajustándose a derecho, y que tal actuación fue motivada, fundada y dentro de las atribuciones legales del Servicio, por lo que descarta cualquier afectación de las garantías constitucionales que el recurrente estima vulneradas.

Por último, afirma que la presente acción no puede prosperar, por cuanto en la actualidad no existe amenaza que deba ser remediada mediante esta vía.

Adjunta documentación a su informe.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2.- Que, mediante el presente recurso, Supermercados Central Limitada reprocha la actuación de los fiscalizadores de la Inspección del Trabajo, los que, sin resolución fundada ni procedimiento legal, habrían ordenado el cierre de dos locales comerciales en las comunas de Rancagua y San Vicente de Tagua-Tagua durante la jornada electoral del 27 de octubre de 2024; actuaciones todas que la empresa recurrente estima han vulnerado los principios de legalidad, debido proceso, certeza jurídica y confianza legítima, así como de los derechos constitucionales consagrados en los numerales 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución, solicitando, se declare que las recurridas carecen de facultades para suspender unilateralmente actividades comerciales y se ordene que se abstengan de adoptar medidas similares en futuras elecciones, en particular durante la segunda vuelta programada para el 24 de noviembre de 2024.

3.- Que, por su parte, al evacuar su informe, en síntesis, tanto la Dirección del Trabajo de esta ciudad, como las Inspecciones Provinciales del Trabajo de Rancagua y San Vicente de Tagua-Tagua, solicitaron el rechazo de la presente acción en todas sus partes, por no configurarse acto u omisión ilegal o arbitraria cometido por aquéllas, que vulnere garantías constitucionales señaladas por el recurrente. En conjunto, las recurridas sostienen que han obrado en el ejercicio legítimo de sus atribuciones y conforme al ordenamiento jurídico, argumentando, en síntesis, que las fiscalizaciones realizadas durante el proceso electoral de octubre de 2024 se ajustaron plenamente al marco normativo vigente, fundadas en facultades legales y sin incurrir en ilegalidad o arbitrariedad alguna.

4.- Que, primeramente, cabe señalar que si bien el recurrente aclara que no pretende por esta vía reclamar sobre la multa que le fue impuesta, luego de la fiscalización efectuada en la sucursal ubicada en la comuna de San Vicente de Tagua-Tagua, sí cuestiona el hecho mismo de la fiscalización de que fue objeto, en cuanto a las facultades con que contarían los fiscalizadores para ordenar el cierre de los supermercados afectados.

En tal sentido, resulta necesario precisar que, en cuanto a la fiscalización efectuada en el local ubicado en la comuna de Rancagua, el mismo recurrente reconoce en su libelo que, luego de haberse comunicado el fiscalizador con la abogada recurrente, el día 25 de octubre de 2024, para manifestarle que estimaba que dicho establecimiento no debía funcionar el día domingo 27 de octubre del mismo año, por corresponder a un centro comercial o strip center, fue la misma parte recurrente, a través de la abogada doña Ingrid García Torres, quien ordenó al Gerente del establecimiento fiscalizado, no abrir el local el mismo el día domingo 27 de octubre de 2024.

En relación con la fiscalización efectuada al supermercado ubicado en la comuna de San Vicente de Tagua-Tagua, si bien en dicho caso la orden de cierre del establecimiento habría ocurrido el mismo día 27 de octubre del año 2024, de la revisión de la causa RIT I-28-2024 del Juzgado de Letras de San Vicente de Tagua-Tagua, se aprecia que el recurrente reconoce que el cierre del supermercado provino de la decisión tomada por la misma abogada doña Ingrid García Torres, a quien se señala como Subgerente de Relaciones Laborales, quien ordenó al administrador presente aquél día, que se allanara a la orden del fiscalizador.

5.- Que, además de lo anterior y conforme lo expuesto precedentemente del análisis de los antecedentes que rolan en la causa, se advierte que no hay una actuación especifica -de aquellas denunciadas- que esté dotada de ilegalidad, puesto que se cuestiona la facultad de los fiscalizadores para determinar si los establecimientos fiscalizados se enmarcan dentro de aquellos que no podían funcionar el día de las elecciones, por encontrarse insertos en un mall o centro comercial, cuestión que excede el ámbito del recurso de protección, desde que éste supone la existencia de un derecho indubitado, el que no concurre en la especie, máxime si de las propias actuaciones de la parte recurrente se advierte la validación del criterio que, ahora, cuestiona, razón por la que el presente recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema que rige la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducid por Supermercados Central Limitada, representado legalmente por nombre reservado, y en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Rancagua, la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua y la Inspección Comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua-Tagua.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 2522-2024.Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.