nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA

Rancagua, once de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Con fecha 20 de junio del año 2023, compareció el abogado Rogers Mariangel Oviedo, en representación de nombre reservado, profesor, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, representada legalmente por su Secretaria General doña nombre reservado, o por quien le subrogue, con domicilio en domicilio reservado.

Funda su recurso, en la afectación que a las garantías fundamentales del recurrente ha provocado la conducta de la recurrida, quien, desde fines del mes de julio del año 2022, mantiene al actor alejado de sus funciones como Director del Colegio Patricio Mekis de la comuna de Rancagua, aun cuando el sumario administrativo iniciado en su contra, y en el cual nunca se le formularon cargos, se encuentra terminado al haberse decretado su sobreseimiento.

Para contextualizar su recurso, refiere que el actor obtuvo el cargo de Director del Colegio Patricio Mekis de la CORMUN de Rancagua a través del sistema de Alta Dirección Pública, incorporándose a sus funciones el 1 de marzo del año 2019, fecha desde la cual siempre se destacó como un profesional idóneo y competente, por lo que fue enorme su sorpresa al descubrir que mediante la Resolución Exenta N°737 de 26 de julio del año 2022, suscrita por el Secretario Ejecutivo de la Corporación recurrida, se disponía la instrucción de un Sumario Administrativo en su contra, en base a denuncias hechas en su contra por supuestos malos tratos a docentes. En la misma fecha fue informado de la resolución adoptada por la Fiscal Instructora, doña nombre reservado, mediante la cual se lo suspendía preventivamente de su cargo.

Agrega, que habiendo transcurrido ya 10 meses de tramitación del sumario y sin que se le haya formulado cargo alguno, la recurrida a través de la Resolución Exenta N° 480 de fecha 18 de mayo del 2023, dispuso su sobreseimiento, por no haberse establecido la eventual responsabilidad del recurrente en los actos denunciados.

Indica que, desde aquella fecha, el actor no ha podido retomar sus funciones, siendo informado el 15 de junio del presente año, en una reunión sostenida con personeros de la Corporación recurrida, que su reincoporación no era posible debido a que se estaba evaluando su situación funcionaria y laboral.

Refiere que el actuar de la recurrida es del todo ilegal y arbitrario, pues sin que exista alguna justificación fáctica o jurídica, establecida en un acto administrativo formal, se impide al recurrente retomar sus funciones aun cuando no existe proceso administrativo alguno vigente en su contra, lo que denota el actuar caprichoso y discrecional de la autoridad recurrida, cuyas consecuencias se manifiestan en la evidente vulneración de las garantías constitucionales del actor, en específico, aquellas consagradas en los numerales 1, 2, 4, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Finalizó solicitando que se acoja su acción de protección, declarando que la recurrida ha actuado ilegal y arbitrariamente al impedir la reincorporación a su cargo de Director del Colegio Patricio Mekis del recurrente toda vez que ha sido sobreseído del sumario administrativo instruido en su contra y que le mantenía suspendido de su cargo, sin mediar acto ni resolución alguna que así lo justifique, debiendo ordenarse la inmediata reincorporación a sus funciones, con costas.

Acompaña los antecedentes en que funda su acción.

Posteriormente, el 29 de agosto del año en curso, a folio 15 compareció en representación de la recurrida, evacuando el informe solicitado, el abogado Matías Reyes Cáceres, quien solicitó el rechazo del presente recurso, con expresa condena en costas.

Luego de hacer referencia a los antecedentes contenidos en el libelo pretensor, indicó que su parte ha actuado de manera diligente, rigiéndose por el marco legal correspondiente, pues luego de haber pronunciado la Resolución mediante la cual se sobreseyó al actor, su parte recibió nuevos antecedentes de gran relevancia que hicieron reaperturar el sumario, situación que le fue comunicada de forma personal al recurrente en la reunión que se sostuvo entre las partes el 15 de junio del presente año, por lo que la supuesta ilegalidad o arbitrariedad denunciada no existe, desde que se ha mantenido al actor suspendido de sus funciones como medida cautelar, sin perjuicio de lo cual éste ha recibido de manera íntegra y oportuna sus remuneraciones mensualmente.

Posteriormente, interpone excepción de litis pendencia, la que sustenta en encontrarse actualmente vigentes y en tramitación las causas RIT T-57-2023 y T-143-2023, ambas deducidas por el recurrente ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, las que se fundan en los mismos hechos que se denuncian en la presente acción cautelar y en las que el actor hace mención a la infracción de las garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, en especial a los numerales 1° y 4°, que igualmente menciona en estos autos.

Finalmente, y luego de hacer referencia a la improcedencia de la acción de protección para conocer de estas materias, solicitó el rechazo, con costas, de la presente acción cautelar, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que haya afectado las garantías fundamentales del recurrente.

Con fecha 6 de septiembre del presente año, a folio 17, compareció nombre reservado, Director Regional de la Superintendencia de Educación, quien informando la tenor del recurso señaló que dicha Superintendencia no ha recibido denuncia alguna relacionada con los hechos denunciados en la presente acción cautelar.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2.- Que, a través de la presente acción cautelar, se denuncia que la autoridad recurrida mantiene al actor, desde el mes de julio del año 2022, alejado de sus funciones como Director del Colegio Patricio Mekis de la comuna de Rancagua, aun cuando el sumario administrativo iniciado en su contra y en el cual nunca se le formularon cargos, se encuentra terminado al haberse decretado su sobreseimiento.

3.- Que, en cuanto a la alegación de litis pendencia opuesta por la recurrida y sustentada en encontrarse actualmente vigentes y en tramitación las causas RIT T-57-2023 y T-143-2023, ambas deducidas por el recurrente ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua y que se fundarían en los mismos hechos que se denuncian en la presente acción cautelar, cabe señalar, que si bien ésta es improcedente atendida la naturaleza de esta acción de carácter constitucional, sí es posible constatar a partir de los antecedentes en los que se funda, que el presente recurso de protección no es la vía idónea para resolver el conflicto denunciado por el recurrente, por cuanto por idénticas razones a las alegadas en autos, dedujo las acciones de tutela laboral ya mencionadas y que actualmente se encuentran en tramitación.

Por ello, resulta evidente que esta acción constitucional no puede prosperar, por cuanto la cuestión debatida corresponde, de acuerdo al propio entender del recurrente, a un asunto que debe ser resuelto por la justicia laboral, a través de un mecanismo igualmente expedito como es la acción de tutela laboral, regulada en el artículo 485 y siguientes del Código del Trabajo, cuyo inciso final establece que deducida la acción de protección consagrada en el artículo 20 de la Constitución, no se puede efectuar una denuncia de conformidad a las normas de dicho párrafo referidas a los mismos hechos, por lo que, de contrario, parece razonable sostener que deducida la acción de tutela, debe estarse a sus resultados antes que accionar de protección.

4.- Que, por lo demás, el sumario administrativo sustanciado respecto del actor, se encuentra regulado por la Ley 18.883, por lo que tratándose de un procedimiento reglado y con recursos administrativos especialmente contemplados, no corresponde que esta Corte, en el marco de esta acción de naturaleza cautelar, revise el mérito de las razones dadas por la recurrida para justificar la suspensión de funciones del recurrente, pues aquello excede del control de legalidad propio de este remedio constitucional.

5.- Que, finalmente, cabe recordar que la Ley 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en su artículo 156 prescribe: “Los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere este Estatuto (...)”, norma que refuerza la improcedencia del presente recurso, al contar el recurrente con un mecanismo de tutela de derechos funcionarios ante la Contraloría General de la República.

6.- Que, por último, no resulta inoficioso señalar conforme lo señaló la recurrida en su informe, ratificado por el abogado en estrados, en la actualidad se reabrió el sumario, encontrándose pendiente dicha decisión de notificación, lo que también se erige como un impedimento para acceder a lo solicitado a través del presente recurso.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, el recurso deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 2515-2023 Protección.

Pronunciada por la Primera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones, subrogando legalmente a la Tercera Sala.