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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 2483-201711 sep 2017

nombre reservado con nombre reservado

Fecha
11 de septiembre de 2017
Corte
Corte de Apelaciones de Rancagua
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de Rancagua, Rol N° 2483-2017, sentencia de 11 de septiembre de 2017

Resumen

Se acoge el recurso de protección y se ordena a la Caja de Compensación abstenerse de solicitar descuentos por planilla y devolver lo descontado, por usar un mecanismo de cobro inaplicable tras el abandono del juicio ejecutivo, afectando la propiedad del recurrente.

Texto íntegro

Rancagua, once de septiembre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Con fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete nombre reservado, sociólogo, con domicilio en domicilio reservado, dedujo recurso de protección en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS nombre reservado, representada por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

El recurrente refiere que con fecha 6 de julio de 2012 suscribió un pagaré a favor de la recurrida, que no continuó pagando por haber cesado su relación laboral con el empleador de la época. Agrega que en el año 2013 la referida institución dedujo demanda ejecutiva en su contra para perseguir el cobro de dicha deuda, acción que se declaró abandonada por resolución firme de fecha 11 de julio de 2017.

Es del caso que en septiembre de 2016 comenzó a realizar labores como dependiente para el Poder Judicial y sin previo aviso, la recurrida efectuó descuentos en sus remuneraciones correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2017, por un total superior a $500.000.

Con las deducciones efectuadas la recurrida pretende revivir una vía administrativa, efectuando descuentos por montos superiores a lo permitido por el artículo 58 del Código del Trabajo. Además se trataría de una deuda prescrita, puesto que la acción civil de cobro fue declarada abandonada.

Estima que estos actos han afectado su derecho de propiedad por lo que solicita se ordene el cese de descuentos en sus remuneraciones y se haga devolución de los dineros descontados durante los meses de junio, julio y agosto del presente año.

Por su parte, al evacuar su informe la recurrida solicitó el rechazo del recurso de protección. Señala que con fecha 6 de julio de 2012 otorgó al recurrente un crédito por la suma de $3.000.000, pagadero en 60 parcialidades de $91.965. Las cuotas 1 y 2 fueron descontadas de las remuneraciones de agosto y septiembre de 2012, y las mensualidades 3 a 7, de los estipendios percibidos en junio y julio de 2017. Actualmente la deuda asciende a $7.668.493, que incluye intereses penales y gastos de cobranza.

Añade que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 18.833, en especial el artículo 22, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación deben ser retenidos de las remuneraciones por la entidad empleadora, y se rigen por las normas de pago y cobro de las cotizaciones previsionales, en consecuencia, los descuentos efectuados se encuentran ajustados a la legalidad y sus prerrogativas de institución previsional.

En cuanto a la alegación de prescripción de la deuda, en primer lugar señala que ninguna declaración judicial se ha efectuado en tal sentido, por lo que la obligación es actualmente exigible, y el hecho de haberse declarado abandonado el juicio ejecutivo ninguna consecuencia tuvo en la extinción de las acciones. Por lo que solicita el rechazo de la presente acción.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a través de la presente acción cautelar el recurrente pretende obtener el cese de los descuentos efectuados en sus remuneraciones por la Caja de Compensación Los nombre reservado en los meses de junio, julio y agosto del 2017, de las cuotas impagas de un crédito otorgado en el año 2012, en razón de que la acción ejecutiva de cobro iniciada en el año 2013 se declaró abandonada y de que dicha deuda además estaría prescrita, sin perjuicio de reclamar además que los montos descontados exceden del máximo legal.

SEGUNDO: Que la recurrida sostiene que su actuación no es arbitraria o ilegal por cuanto procedió a efectuar el cobro de un crédito social impago otorgado al recurrente, de acuerdo con lo facultado en el artículo 22 de la Ley 18.833. Agrega que el actor no puede alegar la prescripción desde que ésta no ha sido declarada judicialmente y en cuanto a la declaración de abandono del procedimiento ejecutivo, indica que ésta no implica la pérdida de acciones.

TERCERO: Que, para la adecuada comprensión de la presente acción constitucional, cabe precisar los siguientes hechos:

a) El 6 de julio de 2012 la institución recurrida otorgó al recurrente un crédito por $3.000.000, con un interés de 2,09 % mensual, pagadero en 60 cuotas mensuales de $91.965, de las cuales las cuotas 1° y 2°, se descontaron en las remuneraciones de agosto y septiembre de 2012, crédito que consta en un pagaré suscrito en igual fecha.

b) Con fecha 1° de agosto de 2013, la recurrida dedujo demanda ejecutiva en contra del actor, que dio inicio a la causa Rol C-9637-2013 del Primer Juzgado Civil de Rancagua, por la que efectuó el cobro del pagaré antes referido, debido a encontrarse el recurrente en mora a partir de la cuota N° 3, con vencimiento el 31 de octubre de 2012, pagaré en el que se estipuló que en caso de mora o simple retardo de una cualquiera de las cuotas, la obligación total se considerará de plazo vencido, efectuando, en definitiva, el cobro de la suma de $5.237.864, más el interés máximo convencional para operaciones no reajustables y costas de la causa.

c) Por resolución de 11 de julio de 2017 dictada en la causa Rol C-9637-2013 del Primer Juzgado Civil de Rancagua, se declaró el abandono del procedimiento de apremio de conformidad al artículo 153 del Código de Procedimiento Civil, resolución que quedó firme y ejecutoriada.

d) La recurrida descontó las mensualidades 3 a 7 del crédito en cuestión, de las remuneraciones percibidas por el recurrente en los meses de junio, julio y agosto de 2017.

CUARTO: Que de lo consignado precedentemente es posible afirmar que la recurrida ha utilizado el mecanismo de cobro previsto en el artículo 22 de la Ley 18.883 de manera ilegal y arbitraria.

En efecto, si bien las Cajas de Compensación cuentan con la facultad legal de solicitar el descuento, con cargo a las remuneraciones de los trabajadores afiliados, de los créditos sociales otorgados, tal beneficio sólo se prevé por la ley para el cobro oportuno de lo adeudado por cuotas de esta clase de créditos, situación que no se da en la especie desde que con la demanda ejecutiva presentada el 1° de agosto de 2013, la recurrida aceleró la totalidad del crédito, el que desde ese momento dejó de estar representado en cuotas.

De este modo, al tiempo de efectuarse por la recurrida los descuentos censurados -en las remuneraciones de junio a agosto de 2017-, ya no existían cuotas del crédito social otorgado que pudieran cobrarse a través del mecanismo en comento, lo que torna ilegal dicho proceder, más aún si se empleó justo después de que el recurrente pidiera en junio de este año, el abandono del juicio ejecutivo seguido en su contra para el cobro del mismo crédito, lo que da cuenta del uso abusivo de esta modalidad de pago de préstamos sociales.

QUINTO: Que, en consecuencia, es dable concluir que la recurrida no sólo actuó de manera ilegal, sino también injustificada, en cuanto utilizó un mecanismo especial de cobro que no es aplicable en la especie, desconociendo además sus actuaciones propias y los efectos que aquellas tuvieron en relación con la exigibilidad del crédito. De acuerdo con lo razonado, la recurrida no puede pretender revivir el pago en parcialidades para el solo efecto de justificar la utilización del sistema de cobro de descuento por planilla, en razón de que ya optó en su oportunidad por la ejecución de la totalidad del crédito, lo que, en todo caso, no obsta a que pueda perseguir el pago del mismo por las vías legales ordinarias que procedan.

SEXTO: Que, de todo lo dicho, no cabe duda de que el actuar ilegal y arbitrario de la Caja de Compensación vulneró el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, en cuanto los descuentos indebidos afectaron la propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, razones todas por las que la presente acción constitucional necesariamente ha de ser acogida.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el arbitrio intentado por nombre reservado en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS nombre reservado y, en consecuencia, se ordena que la recurrida se abstenga de solicitar al empleador del recurrente el descuento de los saldos impagos del crédito social otorgado el 6 de julio de 2012, debiendo, además, efectuar la devolución de las cuotas indebidamente descontadas en las remuneraciones de junio a agosto de 2017.

Ofíciese a la recurrida y a la Corporación Administrativa del Poder Judicial para el cumplimiento de lo resuelto.

Redactado por el Ministro Sr. Pedro Caro Romero.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte N° 2483-2017 Protección.