COLEGIO TRICAHUE S.A. con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO CORDILLERA.

Rancagua, ocho de abril de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, con fecha 6 de noviembre de 2024, comparece el abogado Luis Andrés Olavarría Núñez, en representación de la Sociedad Educacional Colegio Tricahue Limitada, deduciendo acción de protección en contra de la Dirección Comunal del Trabajo de Rengo, representada por la fiscalizadora Sra. nombre reservado contreras, por estimar vulneradas las garantías constitucionales del debido proceso e igualdad ante la ley.

Explica que en el contexto de una fiscalización efectuada por parte de la recurrida el 11 de marzo de 2024, la Sra. nombre reservado, en su calidad de fiscalizadora, solicitó a la funcionaria administrativa del establecimiento educacional la presentación del libro de asistencia correspondiente al mes de enero de 2024. Sin embargo, esta última le manifestó que, debido a la implementación de un proceso de modernización y optimización de registro y control de horarios, el tradicional libro físico que solicitaba se había reemplazado por un sistema digital, razón por la cual aquél encontraba archivado en las bodegas del establecimiento.

Refiere, que no obstante la explicación entregada por la funcionaria administrativa del establecimiento, la fiscalizadora le otorgó 15 minutos para exhibirlo, cosa que no fue posible cumplir en el acotado tiempo otorgado por la fiscalizadora, lo que impidió que ésta pudiera realizar la verificación correspondiente, retirándose así de las dependencias del colegio. Agrega que el referido libro de asistencia físico fue localizado luego de haberse retirado la fiscalizadora del establecimiento.

Destaca que tras este hecho no se tuvieron noticias o indicaciones por parte de la autoridad fiscalizadora, quedando el colegio sin información sobre el resultado estado de la ya referida fiscalización.

Añade que, posteriormente, el 7 de octubre de 2024, tomó conocimiento de la existencia de una multa en proceso de cobranza, dictada por la entidad fiscalizadora, en el marco del proceso de fiscalización N°60324.139, a través del contador externo del colegio quien, realizando un trámite en el portal de la Tesorería General de la República, advirtió la existencia de la referida multa, tras lo cual se acercó a la Inspección, donde fue informada que dicha multa le habría sido notificada vía correo electrónico el 10 de abril de 2024, comunicación que señala como no efectiva.

Señala que la Resolución de multa N°7557/24/4, le fue cursada por no haber presentado toda la documentación exigida en la fiscalización, en particular se observó la falta de registro de asistencia correspondiente al mes de enero de2024, de la trabajadora doña nombre reservado, que estuvo con licencia médica durante tres años, multa que a la fecha de interposición del recurso asciende a la suma de $8.614.9459.

Arguye que tanto la falta de notificación formal de la imposición de la multa como la omisión de trámites esenciales estipulados en el propio manual de procedimiento de fiscalización de la Dirección del Trabajo, a saber, no entrevistar al empleador ni otorgar un plazo para la corrección de la infracción, vulneran gravemente el debido proceso, desde que se le ha privado de su derecho a una defensa idónea, así como la garantía constitucional de la igualdad ante la ley.

Concluye solicitando se acoja el presente recurso y se ordene al recurrido dejar sin efecto la multa cursada por ser arbitraria e ilegal y, en subsidio, se reduzca prudencialmente la sanción impuesta por infringir el principio de proporcionalidad y se adopten todas las providencias conducentes al restablecimiento del derecho, con costas.

Acompañó documentación a su recurso.

Requerido el informe al recurrido, se prescinde de éste el 17 de enero de 2025, por no haber sido evacuado.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2° Que, la presente acción se dirige en contra de la resolución de multa N°7557/24/4, de 11 de marzo de 2024, dictada por la Inspección Comunal del Trabajo, que resolvió aplicar una multa administrativa a beneficio fiscal de 26,73 ingreso mínimo mensual, por aplicación de la infracción consistente en no exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización.

3° Que, al respecto, el recurrente arguye que la referida infracción no le habría sido notificada por correo electrónico, el 10 de abril de 2024, como según indica le habrían informado en la Inspección Comunal del Trabajo recurrida, sosteniendo que dicha falta de notificación le ha impedido ejercer su derecho a una defensa idónea, vulnerando con ello la garantía constitucional del debido proceso y la igualdad ante la ley.

4° Que, al no haber evacuado la recurrido el informe solicitado por esta Corte, se prescindió de éste.

5° Que, en primer término, cabe consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, por su naturaleza cautelar, de tramitación breve y sumaria está destinada a resguardar el legítimo ejercicio de los derechos preexistentes e indiscutidos que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

6° Que, por consiguiente, esta acción no ha sido contemplada como un remedio de rápida tramitación para ser utilizado en sustitución o reemplazo de las acciones que el ordenamiento procesal contempla para la solución de conflictos que puedan suscitarse entre las partes en relación con el ejercicio de sus derechos o cuando existen intereses en pugna, a través de las cuales, mediante un procedimiento que permite exponer y debatir en plenitud sus fundamentos, rendir las pruebas adecuadas para justificar sus pretensiones y, en definitiva, obtener la sentencia que al final del juicio se pronuncie sobre el derecho que se reclama.

7° Que, así las cosas, de los propios términos del recurso, se colige que no existe un derecho preexistente indubitado y, además, existen circunstancias que deben ser materia de prueba como lo son aquellas relacionados con la falta de notificación de la resolución que impuso la multa que, por esta vía se pretende impugnar.

Por lo expuesto y aun cuando la recurrida no compareció en defensa de sus intereses, cabe recordar que aquélla es la autoridad fiscalizadora en materia laboral, según la propia ley ha establecido, facultándola para imponer la multa cuestionada, y en virtud de ello, la petición efectuada por el actor necesariamente debe ser objeto de un juicio declarativo mas no, de una acción cautelar de protección constitucional.

8° Que, en este orden de ideas y de acuerdo con los antecedentes del recurso y documentos acompañados, el presente recurso de protección no puede prosperar, porque no concurre el presupuesto consistente en que el acto denunciado tenga la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales esgrimidos, toda da vez que el procedimiento de reclamo de multa se encuentra inserto dentro de un procedimiento regulado por ley.

9° Que, en efecto, considerando que el ordenamiento jurídico contempla acciones específicas para conocer de la materia planteada en el recurso -en particular, el reclamo judicial de multa que consagran los artículos 503, 511 y 512 del Código del Trabajo-, se concluye que la acción constitucional de protección no es la vía idónea para conocer de los hechos objeto del presente recurso, consideración que conlleva necesariamente a su rechazo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema que rige la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por la Sociedad Educacional Colegio Tricahue Limitada, en contra de la Dirección Comunal del Trabajo de Rengo.

Acordado lo anterior con el voto en contra del abogado integrante Sr. Jaime Lobos Stephani, quien estuvo por acoger la presente acción constitucional, teniendo presente para ello que dada la falta de antecedentes aportados por parte de la recurrida no permiten contrastar lo sostenido por el actor, de lo que se sigue que el hecho que se reclama como ilegal y arbitrario amerita efectuar un análisis de las garantías constitucionales que se dicen vulneradas y, por lo mismo, efectuar una ponderación de la totalidad de los documentos acompañados por el recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 2466-2024 Protección.