EMBALAJES Y FRIO BONATERRA S.A con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO RENGO

Rancagua, siete de septiembre de dos mil diecisiete.

Vistos:

Con fecha 19 de agosto de 2017 comparece LIZARDO ALBERTO MOSCOSO GONZALEZ, abogado, en representación de la sociedad anónima EMBALAJES Y FRIO BONATERRA S.A.(Bonaterra), domiciliados en domicilio reservado, camino a Camarico, Rosario, comuna de Rengo, deduciendo Recurso de Protección en contra de la Dirección del Trabajo, Inspección Comunal del Trabajo de Rengo, representada por su Inspector Comunal, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda su acción en que mediante reconsideración administrativa presentada por su representada con fecha 28 de junio de 2017 en los términos señalados en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, Bonaterra solicitó reconsiderar y dejar sin efecto la multa administrativa Nº 6273/17/32-1 de fecha 10 de mayo de 2017 cursada por la fiscalizadora de la recurrida.

Refiere que dicha reconsideración se desestimó mediante el Ordinario N° 211 de fecha 10 de julio de 2017 dictado por el Inspector Comunal de la recurrida, mediante el cual informa que no se dio curso a la reconsideración de multa administrativa, por haberse presentado fuera del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación esto es del 16 de mayo de 2017, manteniéndose en definitiva, las multa aplicada, pese a que, fue deducida dentro de plazo, de manera que el rechazo constituye una actuación arbitraria e ilegal.

Explica que con fecha 16 de mayo de 2017, su representada fue notificada de la resolución Nº 6273/17/32-1 de fecha 10 de mayo de 2017, dictada por la Fiscalizadora doña nombre reservado mediante la cual se le impuso una multa administrativa de 1 IMM (Un Ingreso Mínimo Mensual), por los siguientes hechos: “NO COMPARECER EL EMPLEADOR EN FORMA PERSONAL O POR INTERMEDIO DE MANDATARIO O APODERADO, SIN CAUSA JUSTIFICADA, A LA INSPECCION DEL TRABAJO, HABIÉNDOSE VERIFICADO QUE EL EMPLEADOR FUE CITADO BAJO APERCIBIMIENTO LEGAL PARA EL DÍA 10-05-2017 A LAS 12:00 HORAS, A AUDIENCIA DE CONCILIACION CON PARTE RECLAMANTE SR. nombre reservado, RUT Nº RUT reservado”.

Añade que con fecha 16 de mayo de 2017, la Inspección del Trabajo notificó la resolución de multa mediante correo electrónico enviado por la propia Inspección del Trabajo.

Indica que de conformidad a los artículos 508 y 512 del Código del Trabajo el plazo para solicitar la reconsideración administrativa en conformidad a la Ley vencía el día 28 de junio de 2017 por expresa remisión del artículo 25 de la Ley N° 19.880. Por aquello, se dedujo la reconsideración administrativa el día 28 de junio de 2017, es decir, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación que fue practicada el 16 de mayo de 2017.

Lo anterior, pues se trata de un recurso de reconsideración presentado en la etapa administrativa, y al no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código del Trabajo, debe aplicarse el artículo 25 de la ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos. Agrega que en tan sentido se ha pronunciado la E. Corte Suprema y esta propia Corte.

En consecuencia, la actuación de la Inspección Comunal del Trabajo de Rengo constituye un acto ilegal, desde que por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro del plazo legal, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el plazo legal en toda su extensión ha dado un trato arbitrario que no puede ser aceptado.

Por lo antes expuesto solicita: a) Que se acoge el presente recurso de protección; b) Que se deja sin efecto el Ordinario N° 211 de 10 de julio de 2017 dictada por la recurrida; c) Que se ordene a la recurrida a conocer y resolver acerca de la reconsideración de multa administrativa Nº 6273/17/32-1 de fecha 10 de mayo de 2017 presentada por mi representada; d) Que se dejen sin efecto los demás actos y resoluciones que puedan derivarse respecto del Ordinario N° 211; y e) Que se condena en costas a la recurrida.

Con fecha 1 de septiembre de 2017 evacuó informe la recurrida, solicitando el rechazo del presente recurso. Señala que efectivamente, por no asistir a un comparendo fijado, se aplicó la Multa N° 6273/2017/32, la cual fue notificada personalmente al empleador el día 16 de mayo de 2017. En virtud de aquello, la actora solicitó la reconsideración de la multa, recurso que fue presentado el 28 de junio del mismo año, esto es, vencido el plazo de 30 días corridos consagrado en el artículo 512 del Código del Trabajo, por lo que se declaró la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración de la referida multa. Puntualizando que el plazo es de días corridos dado que el cuerpo laboral no manifestó en forma expresa lo contrario, como sí lo hace en otras disposiciones de su normativa.

Agregan que la postura adoptada por el servicio se ha visto plasmada en la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, siendo el más relevante, el Dictamen N° 64.985 de 20 de noviembre del año 2009.

Por lo expuesto, solicita se rechace la pretensión de la empleadora por ajustarse a derecho el ordinario N° 211 de fecha 10 de julio de 2017.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como se ha razonado y resuelto por esta Corte en otras causas de igual naturaleza, la cuestión debatida en el presente caso consiste en determinar si el plazo regulado en el artículo 512 del Código del Trabajo, corresponde a días corridos o días hábiles. Mientras que el recurrente sostiene que dicho término debe computarse como días hábiles en aplicación de la Ley 19.880, el recurrido plantea que la contabilización del plazo debe realizarse de forma corrida, pues el cuerpo laboral no manifestó en forma expresa lo contrario, como sí lo hace en otras disposiciones de su normativa.

SEGUNDO: Que el reclamo presentado por el recurrente ante el organismo de fiscalización laboral que fue declarado inadmisible por extemporáneo, se encuentra inserto en la instancia administrativa regulada para impugnar las resoluciones dictadas por el mismo, en cuyo caso, de aparecer vacíos normativos se debe recurrir a la legislación existente al efecto y que contiene los principios que deben informar todo procedimiento administrativo; tales normas se encuentran en la Ley 19.880.

TERCERO: Que atento a lo señalado en el motivo anterior, es necesario indicar que el artículo primero de la ley recién citada expresa que su objetivo es regular las bases del procedimiento de los actos administrativos de la Administración del Estado, y, en caso que se establezcan procedimientos especiales, dicha normativa actuará en forma supletoria. Acto seguido, y en su artículo segundo, fija su ámbito de aplicación, incluyendo dentro de su acción a los servicios públicos creados para la función administrativa.

CUARTO: Que, así las cosas, se aprecia que esta normativa, si bien está dedicada a un ámbito especial del derecho, establece una regulación de carácter general para los procedimientos administrativos. Para el caso concreto, en que el Código del Trabajo sólo establece mínimas disposiciones para la consecución del procedimiento de reclamación de resoluciones del ente fiscalizador, son plenamente aplicables las disposiciones de la Ley 19.880, por las razones ya expuestas.

QUINTO: Que, en consecuencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la mencionada Ley y, como lo ha resuelto en el mismo sentido la Excma. Corte Suprema, en diversas causas a saber, Roles N° 809-2014, 8384-2014, 4015-2015, 18414-2015 y 16.288-2016, entre otros el plazo ha de entenderse de días hábiles, pues precisamente guardando silencio el Código del Trabajo en esta materia, es procedente recurrir a dicha disposición que define la forma en que deben computarse los plazos.

SEXTO: Que de acuerdo a lo señalado precedentemente, debe entenderse que la reclamación interpuesta con fecha 28 de junio de 2017 fue deducida dentro del plazo de 30 días hábiles, por ello, la extemporaneidad declarada por la recurrida tiene el carácter de ilegal, toda vez que desatendió la interpretación sistemática que correspondía realizar, lo que conllevó a negar la tramitación de un recurso que cumplía el requisito formal de temporalidad a fin de ser tramitado como legalmente era procedente. Tal actuar implicó la vulneración de la garantía constitucional del artículo 19 Nº 2 de nuestra Carta Fundamental, esto es, la igualdad ante la ley puesto que dio un trato desigual al apartarse de las formas establecidas por la ley, trato arbitrario hacia el recurrente que no puede ser admisible.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se acoge el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de la sociedad anónima EMBALAJES Y FRIO BONATERRA S.A., en contra de la Dirección del Trabajo, Inspección Comunal del Trabajo de Rengo, dejándose sin efecto el Ordinario N° 211 de fecha 10 de julio de 2017, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la parte recurrente respecto de la Resolución de Multa Nº 6273/17/32-1 de fecha 10 de mayo de 2017.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 2460-2017. Protección.