Protección contra Tesorería Regional VI Región

Rancagua, veinticinco de junio de dos mil diez Visto.

nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Tesorería Regional VI Región, representada por el Tesorero Regional nombre reservado y el abogado Regional del mismo servicio nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Sostiene que a partir del año 2007 a la fecha ha sido privada de la devolución de impuestos, por retención efectuada por la recurrida de la devolución de impuestos que correspondía efectuar en la operación renta correspondiente a los años 2007, 2008 y 2009.

Expone que según la propuesta presentada ante el Servicio de Impuestos Internos para el presente año, nuevamente será retenida su devolución de impuestos, toda vez que en los años 1982, 1984, 1985 y 1986, firmó pagarés por crédito universitario fiscal, con el Instituto Profesional de Osorno, actualmente Universidad de los Lagos, dicha entidad ha retenido la devolución de sus impuestos; acto arbitrario que ha sido realizado por intermedio de la entidad recurrida, afectando de esta forma la garantía constitucional que contempla el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho de propiedad, al privarla de la devolución de los impuestos durante los períodos antes señalados.

Agrega que hasta la fecha la Universidad de los Lagos no la ha demandado, para solicitar el pago del crédito fiscal, acción que se encontraría prescrita.

Por lo antes expuesto, solicita que se tomen todas las medidas para que la devolución de sus impuestos correspondiente a la operación renta año 2010, no le sea retenida, solicitando además que se le restituyan todas las sumas retenidas desde el año 2007, con sus correspondientes intereses y reajustes, con costas.

Informando la Tesorería General de la República, reconoce la efectividad de haber retenido las sumas correspondientes a devolución de impuestos de la recurrente en Operación Renta de los años 2007 a 2009, por un total de $1.084.760, lo que efectuó a solicitud del Fondo Solidario de la Universidad de Chile y por mandato expreso del artículo 1 de la Ley 19.989, y en consecuencia no ha incurrido en acto arbitrario ni ilegal, sino por el contrario, se ha ajustado estrictamente a la legalidad vigente, lo que torna el recurso inadmisible por falta de requisitos para su procedencia.

Alega además que el recurso interpuesto, en cuanto se refiere a la restitución de las sumas retenidas entre los años 2007 y 2009 es extemporáneo, por no haber sido interpuesto dentro del plazo de 30 días que contempla el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección. Asimismo, en cuanto se refiere a la supuesta retención a efectuarse en el presente año, también aparece extemporáneo, por cuanto al momento de su interposición no existía el derecho a devolución alguna, ni tampoco se había dispuesto su retención.

En definitiva, solicita el rechazo de la acción cautelar.

Atendida las facultades que otorga el auto acordado a la I. Corte de Apelaciones para requerir de informe a cualquier otra persona o institución, se solicitó informe a la Universidad de Los Lagos, que informando por intermedio de su rector nombre reservado, expuso que según los documentos acompañados en esta presentación, resulta claro que la recurrente es deudora morosa del crédito Fiscal Universitario, manteniendo a junio del presente año, deudas desde el año 1989 hasta el año 1998, por un total de $9.102.746.

Expone que según el Decreto 297 del Ministerio de Educación, Subsecretaria de Educación, reglamento que fija procedimiento para retener la devolución de impuestos a la renta por parte de la Tesorería General de la República, amparado en la Ley Nº 19.989, que faculta a efectuar dicha retención, se procedió a informar a Tesorería General de la República las cuotas morosas, y se remitió carta a último domicilio de la deudora, instándola a cumplir con el pago de las obligaciones pendientes, sin que hasta la fecha haya existido la intención de cancelar los montos adeudados.

Por lo antes expuesto, solicita el rechazo del recurso de protección por cuanto no se ha incurrido en actos contrarios a la Constitución o a las Leyes.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer la vigencia del Derecho y poner pronto remedio a cualquier acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que especialmente protege nuestra Carta Fundamental .

Se trata, ante todo, de dar protección ante un acto reciente que atente contra un derecho vigente e indiscutido, a fin de que se tutele el bien jurídico amenazado con la debida premura.

Segundo: Que la recurrente pretende a través de esta vía excepcional, según se desprende del libelo de foja 1, que esta Corte ordene que la Tesorería General de la República, le devuelva los impuestos correspondientes a la operación Renta del año 2010 y que le restituya las retenciones efectuadas en la operaciones renta del año 2007 por $ 322.090.-; de 2008 por $ 306.357 y 2009.- por $ 456.319.

Esta acción cautelar, atento que se trata de remediar una situación de hecho determinada, requiere de un procedimiento ágil y expedito, como asimismo, sólo permite resolver situaciones de reciente data, por lo se ha establecido un plazo breve dentro del cual se debe ejercer la protección.

Tercero: Que el plazo para deducir el recurso de protección de acuerdo a lo prevenido en la modificación de 25 de mayo de 2007, que la Excma. Corte Suprema introdujo al auto acordado de 24 de junio de 1992, es de treinta días corridos, que se cuenta desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

La recurrente solicita la devolución de las retenciones correspondientes a los años tributarios de 2007 a 2009. Retenciones que de acuerdo a la normativa tributaria vigente se concreta en el mes de mayo de cada año, lo que obviamente implica que sin lugar a dudas, el contribuyente ha tomado conocimiento de los hechos denunciados como ilegales y arbitrarios, en los meses de mayo de 2007, mayo de 2008 y mayo de 2009, que corresponde a los años tributarios 2007, 2008 y 2009, respectivamente, por lo que claramente ha transcurrido en exceso el plazo para impugnar, por esta vía, los actos que se denuncian en el recurso de protección.

El hecho de que se haya reclamado durante la vigencia del año tributario 2010, no hace nacer un plazo nuevo, pues la situación de retención decretada en los años 2007 a 2009, quedó resuelta en esa época.

Cuarto: Que en lo tocante a la retención del año tributario 2010, la circunstancia de que no se haya materializado a la fecha de interposición del recurso, no puede servir de base para estimar que la cautelar se ha deducido en forma extemporánea, ya que conforme al Certificado de Declaración de nombre reservado, la declaración de Renta fue efectuada por la recurrente el 12 de abril de 2010, en la que se solicitó la devolución $ 328.156.- y el Servicio de Impuestos Internos indicaba una retención por la misma suma, certificado que tiene fecha 14 de abril de 2010, por lo que el recurso ha sido presentado dentro de plazo legal.

Al respecto, hay que tener presente que la acción cautelar no sólo tiene por objeto impugnar actuaciones ya producidas, sino que aquellas que están por producirse, esto es las que constituyan una amenaza a un derecho determinado, que es lo que precisamente se denuncia, en esta parte, en el recurso.

Quinto: Que, sin perjuicio de lo antes dicho, el presente recurso no puede prosperar en lo que dice relación con la Tesorería General de la República, toda vez, que de acuerdo a los antecedentes reunidos, no ha cometido ilegalidad ni arbitrariedad alguna, pues su actuar se ha enmarcado dentro de la legalidad vigente.

En efecto, conforme a la Ley Nº 19.989, la Tesorería General de la República está facultada para retener la devolución anual del Impuesto a la Renta, respecto de aquellos contribuyentes que sean deudores del crédito solidario universitario, facultad que conforme al Reglamento (Decreto Supremo Nº 297), la Tesorería ejercerá esta facultad con la sola nómina de deudas vencidas e impagas que le remita la respectiva entidad acreedora. De esta forma, remitida la nómina donde aparece la recurrente como deudora, la Tesorería General de la República, procede a la retención con el sólo mérito de esa nómina, sin entrar a revisar la efectividad de la vigencia de la deuda.

Sexto: Que informando la Universidad de Los Lagos, entidad acreedora de la recurrente, dice que ésta es deudora morosa de Crédito Fiscal Universitario, manteniendo deudas impagas desde el año 1989 a 1998, por una suma total de $ 9.102.746.- (actualizada con intereses incluidos al mes de junio en curso). Y conforme al procedimiento establecido en el reglamento de la Ley 19.989, se le informó de dicha deuda al domicilio registrado en la base de datos del Fondo Solidario del Crédito Universitario.

Séptimo: Que del tenor del procedimiento regulado en el Decreto Supremo Nº 297, a fin de proceder a la retención del Impuesto a la Renta, que le correspondería a un contribuyente deudor de crédito universitario, es deber de la entidad acreedora notificar al afectado de la nómina de deudores y deudas impagas que figuren en sus registros, a fin de que éste ejerza el derecho a aclarar la existencia de dicha deuda conforme al artículo 6º del reglamento. Una vez, agotado dicho procedimiento, el acreedor podrá remitir la nómina a la Tesorería General de la República, para la correspondiente retención.

La Universidad de Los Lagos no acompañó antecedente alguno para demostrar que actuó conforme al procedimiento detallado en el Reglamento antes mencionado, limitándose a informar que se le envío una carta, de acuerdo al último domicilio registrado, pero no dice a cuál, ni demuestra que dio cumplimiento al reseñado procedimiento, al no haberlo hecho su proceder se torna ilegal e ilegitimo, desde que impidió que el deudor, ejerciera derechos que el reglamento le reconoce, situación de facto, que debe ser corregida.

Si bien, en la especie la Universidad de Los Lagos, no fue recurrida directamente a través de la acción cautelar de foja 1, lo cierto es que esta Corte conforme a los antecedentes emanados de la causa, ha pedido informe a dicha Institución, por estimar que ha sido la causante del acto arbitrario denunciado en autos.

Por estos fundamentos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 número 8, y artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto a fojas 1 y siguientes, por extemporáneo en lo relativo a los años tributarios de los años 2007, 2008 y 2009. Igualmente, se rechaza respecto del año tributario 2010, con la relación a la Tesorería General de la república.

Se acoge, la presente acción cautelar, en lo que respecta al año tributario 2010 en contra de la Universidad de Los Lagos, la que deberá restituir a la recurrente la suma retenida y entregada por devolución del Impuesto a la Renta, por haber informado tal retención, sin ajustarse al procedimiento establecido en el Reglamento Nº 292 de la Ley 19-989.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro sr. Miguel Vázquez Plaza.

Rol I. Corte 239-2010-Civ.

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los señores ministros titulares don Miguel Vázquez Plaza, don nombre reservado y abogado integrante don Diego Ruidiaz Gómez.

nombre reservado

Secretaria (S)

En Rancagua, a veinticinco de junio de dos mil diez, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.