Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y la Superintendencia de Seguridad S

C.A. de Rancagua Rancagua, dieciocho de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Con fecha 22 de octubre de 2024 comparece doña nombre reservado, quien interpuso acción de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el rechazo de sus licencias médicas RUT reservado y RUT reservado, por 15 días cada una, fundado en no haberse acreditado huella laboral que demuestre su calidad de trabajadora dependiente.

Explica que vive en un sitio anexo a su lugar de trabajo, y por ese motivo se le solicitó acompañar antecedentes para acreditar su calidad de trabajadora, sin embargo, el sitio web de la Superintendencia no le permitió adjuntar la totalidad de los documentos, por lo que, además, su contador concurrió a la Superintendencia a exponer su caso, pero no ha recibido respuesta definitiva a su solicitud.

Asimismo, sostiene que en dependencias de la COMPIN recibió tratos vejatorios de una funcionaria, quien le preguntó de manera insidiosa, delante del resto del público que allí se encontraba, si mantenía una relación sentimental con su empleador, lo que la hizo sentir muy humillada.

Sostiene que lo anterior la mantiene afectada psicológica y económicamente, por lo que pide que se considere su caso de manera justa, pues su situación es urgente.

A folio 8, con fecha 27 de noviembre de 2024, comparece la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, quien informa que la recurrente presenta un total de tres licencias médicas autorizadas, pero sin derecho a subsidio de incapacidad laboral, con motivo de encontrar huellas laborales que demuestren la calidad de trabajadora dependiente de la reclamante.

Indica que el vínculo laboral entre empleador y trabajador debe comprobarse mediante la constatación de huellas materiales y concretas, que den cuenta del desarrollo efectivo de las labores, no bastando para estos efectos la sola exhibición de documentos formales.

Señala que en el caso de autos se desarrollaron cuatro fiscalizaciones al lugar de trabajo, según las actas que acompaña, la primera de ellas, con fecha 18 de julio de 2023, ocasión en la que sólo se encontró a la recurrente (durante su periodo de reposo) quien se encontraba realizando labores de jardinería y cuidado de animales, sin embargo, no logró proveer la información requerida, por lo que el acta indica que no se logró acreditar dependencia ni subordinación. Además, la usuaria acompañó documentación en la cual acredita que su domicilio es colindante al del empleador, no obstante, en la licencia médica se señala otro domicilio. Luego en las siguientes fiscalizaciones, de fechas 29 de enero, 20 de febrero y 5 de abril de 2024, el recinto se encontraba cerrado y no se logró contacto a los teléfonos aportados, por lo que no se logró acreditar vínculo laboral.

A folio 10, con fecha 9 de diciembre de 2024, comparece la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo del recurso, por cuanto no ha existido de su parte actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la recurrente la vulneración de un derecho constitucionalmente garantizado o siquiera su amenaza.

Señala que, como consta en el expediente que acompaña, con fecha 2 de julio de 2024, recurrió a la Superintendencia la recurrente, reclamando en contra de la COMPIN Región de O'Higgins, por la Resolución Exenta N°203, de fecha 29 de mayo de 2024, en virtud de la cual rechazó el recurso de reposición interpuesto por la interesada en el sentido de mantener el rechazo de la licencia médica N°RUT reservado, extendida por un total de 15 días a contar del 5 de julio de 2023 y licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 15 días a contar del 18 de marzo de 2024, por el motivo "Sin huella laboral".

Indicó que, la Superintendencia a través de Resolución Exenta N°R-01-UME-166491-2023, resolvió instruir a la referida COMPIN, autorizar la licencia médica N°RUT reservado, esto luego de estudiar los antecedentes y concluir principalmente que, en base al informe médico aportado existía incapacidad laboral temporal durante la licencia médica reclamada, con lo cual completa un reposo suficiente para la resolución del cuadro clínico. Luego, la COMPIN, si bien dio estricto cumplimiento a lo instruido por el Organismo Contralor, rechazó efectuar el pago del subsidio de las licencias médicas de que se trata, por no acreditarse huellas laborales que demuestren la calidad de trabajadora dependiente de la reclamante.

Manifiesta que, conforme se desprende del artículo 1°, del D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, la licencia médica tiene dos objetivos esenciales, a saber, permitir la ausencia justificada al trabajo y el otorgamiento de un subsidio que reemplace la remuneración durante el período de incapacidad laboral; finalidades que resultan improcedentes en caso de licencias médicas presentadas por quien no acredita la condición de trabajador. Precisamente, las gestiones de fiscalización tienen por objeto evitar el pago improcedente de un subsidio por incapacidad laboral derivado del uso de una licencia médica, a quien no detente realmente la calidad de trabajador.

En razón de lo señalado, la Superintendencia determinó que la interesada no acompaña ningún antecedente para remitir a la COMPIN y que ésta pueda realizar una nueva revisión del caso, fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-UJU-128107-2024, de fecha 13 de agosto de 2024.

Sostiene que, en definitiva, lo expresado evidencia la imposibilidad que la Superintendencia pueda haber incurrido en la perturbación o siquiera amenaza del ejercicio legítimo de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto no se ha pronunciado en relación a lo reclamado en la presente acción de protección.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

2.- Que, el acto ilegal y arbitrario que el actor reprocha de las recurridas estaría dado por el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado y RUT reservado, extendidas por 15 días cada una a contar del 5 de julio del año 2023 y 18 de marzo de 2024, respectivamente, por no acreditar huella laboral, todo lo cual produce una grave vulneración a su derecho de propiedad y a la vida y la integridad física y psíquica, de conformidad artículo 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la República.

3.- Que, las recurridas solicitaron el rechazo de la acción deducida en su contra, alegando que no pudieron formarse convicción en lo que respecta a la calidad de trabajador dependiente de la accionante con el empleador que se indicaba en las licencias médicas, motivo por el cual se adoptó la decisión recurrida en el marco de su competencia y potestad fiscalizadora, al tenor del artículo 1º de la Ley 16.395, por lo que no existe acto ilegal o arbitrario de su parte que amenace o vulnere derecho alguno de la recurrente.

4.- Que, en cuanto al núcleo del asunto, cabe señalar que la conducta materia de esta acción no puede calificarse de ilegal, dado que los artículos 11 y siguientes del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, reglamenta la autorización de licencias médicas y establece que corresponde a la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE, en su caso, rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se debe dejar constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

A su turno, las resoluciones dictadas por la COMPIN son reclamables ante la SUSESO, cuyo es el caso, atento que la Superintendencia de Seguridad Social tiene por función supervigilar el correcto ejercicio del derecho a la seguridad social, materia a la que pertenece la forma de aprobar una licencia médica, a la luz de lo dispuesto en los artículos 2 letra c) y 3 de la Ley 20.691.

Luego, el organismo recurrido dispone de la facultad legal de resolver las reclamaciones acerca de las decisiones de la COMPIN en orden a la autorización de una licencia médica sin derecho a subsidio, por lo que, despejada la legalidad del acto, sólo resta revisar, para los efectos de la presente acción, si existe arbitrariedad en la actuación reclamada.

5.- Que, en cuanto a la arbitrariedad, entendida ésta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, se debe señalar que el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deberá dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla.

Al respecto, de los antecedentes acompañados por las partes, consta que la decisión adoptada por la Superintendencia se encuentra debidamente justificada, ya que se indica los motivos que tuvo en consideración para rechazar la reclamación en contra de la COMPIN Región de O’Higgins que no autorizó el pago de las licencias médicas números RUT reservado y RUT reservado, de la accionante, conclusión a la que se llegó por estimar que la recurrente no pudo acreditar su calidad de trabajadora, dejando constancia de la visita de fiscalización por huella laboral, por parte de una funcionaria de la COMPIN que no pudo acreditar huella laboral, decisión que, por consiguiente, en modo alguno refleja un capricho o ausencia de motivación.

En este sentido, cabe precisar, tal como queda de manifiesto en la resolución recurrida, que la razón por la cual se negó el pago de subsidio de las licencias consiste en no haberse acreditado un vínculo laboral en el periodo que comprenden las licencias médicas. En efecto, el vínculo laboral entre empleador y trabajador, necesario en toda relación laboral, debe comprobarse mediante la existencia de huellas laborales materiales y concretas que den cuenta del desarrollo de las labores. En este caso, la recurrente si bien acompañó a la Superintendencia del ramo su certificado de cotizaciones previsionales, este documento no permite acreditar la existencia de la relación laboral durante el periodo comprendido en las licencias médicas, esto por cuanto no basta con que el trabajador acompañe documentación meramente formal, también es necesario que se acredite o demuestre un desarrollo efectivo de las labores para las que fue contratado, constando en la primera fiscalización realizada que en el lugar de trabajo se encontró a la recurrente durante el periodo de reposo, asimismo, que en el lugar no existía ningún registro de gestión relativo a su actividad laboral y, en las restantes fiscalizaciones no hubo acceso al puesto de trabajo o faena; y, por último, que la recurrente incurrió en contradicciones ante la fiscalizadora, relativas a su domicilio -señalando que vive en domicilio reservado y en el sitio colindante al lugar de trabajo-, a su jornada de trabajo -todos los días y luego, que sólo asiste algunos días al lugar de trabajo-, y al tiempo que lleva trabajando para el empleador -señalando 3 años y 15 años-. Estas circunstancias anotadas no se condicen con la existencia de una relación laboral, en los términos establecidos en el artículo 7° del Código del Trabajo.

6.- Que, a mayor abundamiento, lo que procura la recurrente a través de la presente acción cautelar, es que esta Corte dé por acreditada, conforme a las reglas de la sana crítica, la existencia de la huella o vínculo laboral entre ésta y su empleador, cuestión que, sin embargo, parece exceder la finalidad propia del recurso de protección, en la medida que dicho presupuesto de toda licencia médica ha sido expresamente controvertido por las recurridas, en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras.

En este sentido, cabe precisar que el derecho cuya protección se pretenda debe encontrarse indubitado o al menos deben existir indicios suficientes que permitan sostener que estamos frente al ejercicio legítimo de un derecho, todo lo cual no se cumple en la especie, por cuanto la recurrente no ha aportado antecedente alguno que permita acreditar sus asertos en esta instancia.

7.- Que, por lo tanto, al no concurrir los presupuestos de la acción constitucional, el recurso de protección debe ser necesariamente rechazado.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y en las normas pertinentes del Auto Acordado de la Corte Suprema que rige la materia, se resuelve que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 2389-2024 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.