nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA

C.A de Rancagua.

Rancagua, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Con fecha 2 de junio de 2023, comparece nombre reservado, Ingeniero Informático, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Servicios Traspasados de Rancagua, representado por su Secretaria General nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado.

Señala que es titulado de ingeniería en ejecución en informática, con diferentes postítulos, maestrías y diplomados. Ingresó a la Corporación Municipal de Rancagua el 2 de marzo del año 2009, como Jefe de informática en Salud, cargo que ocupó hasta día el 31 de mayo del 2022, manteniendo una conducta intachable durante 14 años, presentado una sola licencia médica en febrero de 2022 por Covid.

Indica que, desde inicios de la nueva administración, se produjo una reestructuración total de las unidades de Salud de la Corporación Municipal, dejando a la unidad de informática, excluida y renombrándola como Soporte, dejando a cargo a dola nombre reservado, quien ha tenido un “mal trato” hacia el actor. En ese sentido, el 1 de junio el Sr. nombre reservado le ordena cambiarse de la oficina de salud, que había utilizado por 13 años, debiendo presentarse en informática, luego mediante una reunión en la que estuvo presente nombre reservado, coordinadora del área de salud, se le indica que debía asumir la coordinación de informática y que tendría una asignación especial de remuneración, mediante un bono de $500 mil pesos, esto último no se concretó, sin embargo de igual forma asumió, entre 1 de junio de 2022 hasta 13 de enero de 2023, una serie de funciones extras que no le correspondían a su contrato.

Agrega que se instruyó un procedimiento administrativo en contra del recurrente, dictando al efecto la Resolución Exenta N° 187, de 2023, la que le fuera notificada mediante correo electrónico con fecha 2 de mayo de la misma anualidad, la cual aplica la medida disciplinaria de destitución en atención al proceso administrativo disciplinario incoado mediante la Resolución N° 15 de fecha 11 de enero de 2023. No obstante lo anteriormente expuesto, es menester hacer presente que, sin perjuicio de que los sumarios administrativos incoados para los funcionarios regidos por la Ley N° 19.378, de 1995 que establece Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, deben ser tramitados al tenor de lo establecido en la Ley N° 18.883, de 1989, que Aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, toda vez que la Ley N° 19.378, no contempla un procedimiento para la tramitación de los procesos disciplinarios, por lo que rige de manera supletoria, solo para efectos de tramitación, en la especie y para efectos de aplicar la sanción debe necesariamente remitirse al Estatuto de Atención Primaria de Salud, lo que no fue observado por parte de la recurrida, vulnerando con ello las normas del debido proceso, y la igualdad ante la Ley, aplicando de forma arbitraria una sanción que la norma estatutaria que me rige no contempla, toda vez que el artículo 48 de la Ley N° 19.378, dispone respecto del término de la relación laboral que “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: b) Falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones funcionarias, establecidos fehacientemente por medio de un sumario;”, por cuanto la destitución no está contemplada como una medida disciplinaria aplicable a mi caso particular.

Alude que el cargo que se le formula consiste en “Modificar la planilla generada para la regularización de matrícula en los establecimientos Oscar nombre reservado y Aurora de Chile, favoreciendo a ciertos alumnos, incluyendo a su propio hijo (posicionando a este en el puesto número 1 de la lista de espera).

Respecto del cargo formulado, expresa que, en el mes de agosto, le consultó al Director de Educación, el Sr. nombre reservado, el conducto para que su hijo J.T.P.U, pudiese ingresar a 8vo en Liceo Oscar Castro, a lo que le responde que existen varias instancias y que lo primero es que haga la postulación a través de la página del ministerio, y que si el resultado es negativo que insista en la segunda etapa y que vuelva a postular. Si en ese caso sigue el resultado negativo, en diciembre se habilitan unos libros físicos donde se debe inscribir y finalmente en marzo podemos abrir un sobrecupo. Luego durante la tercera semana de diciembre, se le indicó que no se realizarán libros físicos y que quiere unos formularios, y que lo haga el Sr. nombre reservado, Ingeniero a cargo del área educativa de CORMUN. En ese sentido, el jueves 29 de diciembre junto a todos los directores de colegios y Liceos de CORMUN, el Sr. nombre reservado, le informa que el sistema de inscripción a SAE, se realizará a través de formularios virtuales para cada colegio y que estarán a disposición a la comunidad el martes 3 de enero a las 8:30 en cada sitio web. Por ende, la labor de cada funcionario, así también como el acceso a estos quedó estrictamente limitado a quien realizó el formulario y los establecimientos, esto según lo que me informó el sr. nombre reservado.

Menciona, que no se le llamó a declarar, pero él si solicitó modificar la planilla, ello se debió a una instrucción del Sr. nombre reservado, Director de Educación, limitándose a cumplir una orden de su superior jerárquico, actuando de buena fe. Incluso, las acciones fueron ejercidas por el Sr. nombre reservado, quien era una de las personas que podía modificarla junto con los Directores de Establecimiento Educacionales y el Sr. nombre reservado.

Expresa que el día 2 de enero recibió un llamado del Sr. nombre reservado, dándole la instrucción que incorporara en la planilla unos estudiantes y el hijo del actor, señalándole que ellos está bien y que la Directora del Liceo tiene conocimiento de aquello. Por lo que el 3 de enero, le entregó el archivo Excel que le habían enviado, al Sr. nombre reservado, quien ingresó los postulantes, lo que fue supervisado en reiteradas oportunidades por el Sr. nombre reservado. Posteriormente, se solicitaron otros cambios, de posición de alumnos, de la misma forma.

Explica que producto de lo anterior, y las discordancias en las planillas SEA, se le ordena ir a borrar cualquier indició que, da cuenta de la alteración de las planillas, instrucción que la efectuó vía Whasap, lo que no hizo, guardando las comunicaciones efectuadas. Posteriormente, se le acusa de haber efectuado un cambio del sistema SAE, beneficiando a su hijo y dos hijos de otros funcionarios, instándolo a renunciar, lo que no hizo, sin embargo, se vio obligado a tomar sus vacaciones, periodo en el cual es bloqueado su correo institucional.

Argumenta que existe una infracción al derecho del debido proceso, puesto que no se le notificó la existencia del sumario administrativo instruido con fecha 12 de enero, infringiendo lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 18.883, no se le permitió indicar causales de implicancia o recusación contra del Fiscal o Actuario, no fue citado a declarar por parte de la Fiscalía, con el objeto de que se verificara el principio de bilateralidad de la audiencia, no siendo, además, notificado de la medida disciplinaria de destitución, respecto de cual tomó conocimiento, al consultar la razón por la cual no recibió su sueldo.

Agrega que, además, se vulneró el secreto del sumario administrativo, ya que el secretario general, efectúa declaraciones en un diario de circulación, respecto de los hechos que son objeto de investigación.

Reclama que se ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley, el derecho a la libertad del trabajo y su protección y el derecho de propiedad.

Finalmente, solicita que: a) Se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 187 de 2023, dictada por el ex Secretario General de la Corporación Municipal de Servicios Traspasados de Rancagua; b) Se deje sin efecto todo acto administrativo posterior, que suponga la validez de los actos recurridos; c) Se restituya al recurrente en el cargo que desempeñaba; d) se ordene el pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación del cargo y la de su efectivo reingreso, debidamente reajustadas; e) se dicte las demás medidas que se estimen pertinentes para reestablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos cuya protección se invoca en la presente acción de protección; f) con expresa condena en costas a la recurrida.

Con fecha 30 de junio de 2023, comparece Cristóbal Sebastián Rojas Torres, abogado, en representación de la Corporación Municipal de Rancagua.

Señala que el 10 de enero de 2023, se recibió en Secretaría General de la Corporación un documento suscrito por la ex Coordinadora Técnica de la División de Educación de la institución, en el cual se denuncia una supuesta adulteración del proceso de regularización de matrícula 2023 para ingresar al Liceo Bicentenario Óscar Castro Zúñiga, la cual habría ocurrido insertando manualmente los nombres de varios estudiantes, entre ellos, el hijo de don nombre reservado, en la planilla de Excel que listaba a los estudiantes seleccionados en el proceso, desplazando en la lista a los estudiantes que seguían en la lista.

Expresa que se dictó la Resolución N° 15 de 11 de enero de 2023, que instruyó sumario administrativo para esclarecer los hechos denunciados. Efectuada la respectiva investigación conforme a Derecho, y analizadas las declaraciones y demás antecedentes recabados, el fiscal formuló cargos a don nombre reservado, quien firmó su recepción con fecha 30 de enero de 2023, y presentó sus descargos entre fojas 56 a 137. El propio recurrente indicó en sus descargos que le dio la instrucción a un funcionario bajo su dependencia de que interviniera la planilla. En efecto, si bien don nombre reservado niega haber intervenido de propia mano la planilla, sí reconoce haber dado instrucciones en ese sentido a su subordinado indica a foja 59 del expediente sumarial lo siguiente: “Ahora bien, si yo solicité modificar la planilla, ello se debió a una instrucción del Sr nombre reservado, pero en ningún momento creí estar cometiendo una falta a la probidad, sino que me limité a cumplir una orden de un superior jerárquico, yo actué de buena fe”. Revisados los antecedentes recabados en el curso de la investigación, el fiscal llegó a la convicción de que se encuentra acreditado que don nombre reservado fue el responsable de la adulteración del proceso de regularización de matrícula 2023 al Liceo Bicentenario Óscar Castro Zúñiga, por medio de la intervención de una planilla Excel que indicaba la lista de alumnos seleccionados por el sistema, a la cual se le agregó manualmente los nombres de varios niños, niñas y adolescentes, entre los cuales se encuentra el hijo del propio recurrente don nombre reservado. Existen dos versiones respecto de quién ejecutó efectivamente la intervención de la planilla. De acuerdo a la declaración de don nombre reservado, él se encontraba en terreno al momento de la intervención, por lo que debió ser don nombre reservado quien realizó manualmente la modificación a través del computador de don nombre reservado. Esta versión es desmentida por el propio señor nombre reservado, quien, como ya se dijo, indicó haber dado instrucciones a don nombre reservado para que interviniera la planilla. En ambos, casos, don nombre reservado resulta responsable de la adulteración, no siendo atendibles sus alegaciones de haber recibido órdenes del director de la División de Educación, por cuanto no podía desconocer la naturaleza ilegal de la intervención. Tratándose de un funcionario público, el señor nombre reservado tenía el deber de obediencia reflexiva, esto es, de representar la orden por escrito en los términos del artículo 59 de la ley N° 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, de lo cual no existe constancia.

Alude que se puso término al procedimiento disciplinario mediante la Resolución N° 187 de 13 de marzo de 2023, en la cual se acogen las conclusiones del fiscal, y se resuelve desvincular a don nombre reservado por falta a la probidad, en virtud del artículo 48 letra b) de la Ley N° 19.378, que señala que los funcionarios de una dotación municipal dejarán de pertenecer a ella por falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones funcionarias.

Alega que la acción de protección no es la vía idónea para perseguir las pretensiones del recurrente, ya que las imputaciones efectuadas por el actor, respecto al desarrollo de su vida laboral, son hechos controvertidos y que corresponde que sean acreditado en el un hecho de lato conocimiento, en materia laboral.

Argumenta que, en cuanto a los vicios del procedimiento alegados por el actor, también son circunstancias que corresponde que sean probados en un juicio de lato conocimiento. Además, el objeto del recurso de protección no es apto por tratarse de un procedimiento brevísimo.

Expresa que en la Resolución N° 187 de 2023 se indica como fundamento de la medida aplicada el artículo 48 letra b) de la Ley N° 19.378.

En cuanto a las supuestas irregularidades en que habría incurrido. El actor fue citado a declarar según consta en acta que rola a foja 44 del expediente sumarial, suscrita por el fiscal Raúl Opazo y la actuaria nombre reservado, ambos concurrieron el día 18 de enero a notificar personalmente a don nombre reservado en la dirección que él tenía registrada en CORMUN, que corresponde a Gamero N° 126 Departamento 205 A, según consta en pantallazo del sistema de registro de personal de Gestión y nombre reservado, y en certificado de afiliación a Isapre MASVIDA que se acompaña al presente informe. En dicha ocasión, fiscal y actuario fueron informados por el conserje del edificio de que el señor nombre reservado no vivía allí desde hacía tiempo. Al no existir información sobre otro domicilio del señor nombre reservado, se procedió a remitir la citación a declarar por carta certificada al mismo domicilio ubicado en domicilio reservado, según consta a fojas 15, 16 y 17 del expediente sumarial, dando así pleno cumplimiento al artículo 129 de la Ley N° 18.883. Por tanto, la no concurrencia de don nombre reservado a declarar no es de responsabilidad de la CORMUN, que cumplió con las respectivas notificaciones en el único domicilio que el recurrente registraba ante la institución, siendo su responsabilidad mantener la información sobre su domicilio actualizada frente a su empleador. Posteriormente, recién en la etapa de formulación de cargos, fiscal y actuario obtuvieron informalmente y de manera circunstancial la información de que el señor nombre reservado en realidad vive en domicilio reservado. Información de la que no disponían previamente, pues no es la que el señor nombre reservado registraba ante la CORMUN. La actuaria nombre reservado concurrió a dicho domicilio, donde efectivamente halló al recurrente, y lo notificó personalmente. En dicha formulación de cargos consta el nombre y firma del señor nombre reservado junto a la fecha 30 de enero de 2023, de su puño y letra. El mismo señor nombre reservado reconoce haber sido notificado personalmente en su domicilio. Terminado el procedimiento sumarial, el día 15 de marzo se envió la Resolución N° 187 de 13 de marzo de 2023 a través de carta certificada al mismo domicilio donde se notificaron los cargos, esto es, Pueblo Diaguita N° 1687, Huertos de Kennedy, Rancagua. Ante su consulta vía correo electrónico, se le informó al recurrente con fecha 2 de mayo de 2023 respecto del envío de la carta certificada, y se le envió copia del expediente completo del sumario, incluyendo la respectiva resolución. Luego señala don nombre reservado que el día 12 de enero no fue notificado de la resolución que instruyó el sumario, que ya se había instruido el día 11 del mismo mes. Al respecto, cabe señalar, en primer lugar, que la resolución que instruyó el sumario no alude a su persona, que al día siguiente de la instrucción del sumario la investigación recién comenzaba y que él no tenía aún la calidad de inculpado, y por tanto, no existía obligación legal de notificarle la resolución en una etapa tan temprana.

Alega además que el Secretario General don nombre reservado emitió declaraciones respecto a las denuncias y el procedimiento disciplinario en el diario El Rancagüino, el día 01 de febrero de 2023, y que esto constituye una vulneración al secreto del sumario. Aun cuando pudiere haber existido una vulneración al secreto, ello no importa un vicio procedimental que acarree la nulidad del procedimiento. En efecto, la Contraloría General de la República indicó en su Dictamen Nº 059292N12 que una eventual violación al secreto del sumario no puede ser considerado como vicio sustancial que influya en la decisión del asunto.

Explica que no se le ha negado la posibilidad de recusar al fiscal y actuario, por cuanto ambos concurrieron al domicilio registrado en el sistema de Gestión y nombre reservado por el señor nombre reservado. En caso de haber sido encontrado en dicho domicilio, habría podido presentar sus recusaciones si lo hubiere estimado pertinente. Sin embargo, como se indicó, el señor nombre reservado era el responsable de mantener actualizados sus datos de contacto ante su empleador, porque la falla en esta notificación no puede ser imputada a la Corporación. A mayor abundamiento, corresponde recordar además que de acuerdo al artículo 142 de la Ley N° 18.883 “los vicios de procedimiento no afectarán la legalidad del decreto que aplique la medida disciplinaria, cuando incidan en trámites que no tengan una influencia decisiva en los resultados del sumario”. El recurrente no ha explicado cómo los supuestos vicios de procedimiento a que hace referencia habrían influido sustancialmente en lo que fue resuelto mediante el acto impugnado.

Finalmente, solicita el rechazo del recurso, con costas.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2° Que, mediante el presente recurso se reprocha la Resolución N° 187 de fecha 13 de marzo de 2023, que aplica la medida disciplinaria de destitución del cargo que ejercía el actor en la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, cuestionando el recurrente que el sumario administrativo no cumplió con los parámetros mínimos del debido proceso y que la sanción aplicada resulta ilegal, por cuanto no se encuentra contemplada dentro de aquellas causales de término de la relación laboral previstas en la Ley 19.378.

3° Que, la recurrida solicitó el rechazo del recurso, atendido que el sumario administrativo seguido contra el actor se ajustó completamente a la legalidad y a que la resolución impugnada se fundamenta en que el recurrente incurrió en una serie de conductas contrarias a la probidad, aplicándose la destitución conforme a las normas del Estatuto de los Funcionarios Municipales, en virtud de su vigencia supletoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 19.378.

4° Que, esta Corte, como medida para mejor resolver decretó traer a la vista la causa RIT T-22-2023 del Juzgado de Letras de Rancagua, de manera virtual, pudiendo constatar que en el referido proceso se presentó por el actor demanda de tutela laboral fundada en las mismas alegaciones efectuadas en este recurso y por los mismo hechos que dicen relación con el sumario administrativo del que fue objeto, por lo que teniendo en cuenta que la acción de tutela laboral pretende cautelar las garantías constitucionales que el recurrente también hace valer por esta vía de protección, forzoso es concluir que el asunto que pretende se resuelva a través de esta vía, ya se encuentra sometido al órgano jurisdiccional correspondiente.

En tales condiciones, resulta evidente que esta acción constitucional no puede prosperar, por cuanto la cuestión debatida corresponde, de acuerdo al propio entender del recurrente, a un asunto que debe ser resuelto por la justicia laboral, a través de un mecanismo igualmente expedito como es la acción de tutela laboral, regulada en el artículo 485 y siguientes del Código del Trabajo, cuyo inciso final establece que deducida la acción de protección consagrada en el artículo 20 de la Constitución, no se puede efectuar una denuncia de conformidad a las normas de dicho párrafo referidas a los mismos hechos, por lo que, de contrario, parece razonable sostener que deducida la acción de tutela, debe estarse a sus resultados antes que accionar de protección.

5° Que, por consiguiente, no cabe más que rechazar la presente acción.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, la presente acción constitucional deducida en favor de nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Servicios Traspasados de Rancagua.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 2376-2023 Protección.- Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.