Protección contra Servicio de Impuestos Internos

C.A. de Rancagua Rancagua, ocho de abril de dos mil veinticinco.

Vistos:

Con fecha 17 de octubre de 2024 comparece don José Miguel Banda Miranda, abogado en favor de don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, chileno, soltero, comerciante, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado por su Directora Regional de la Sexta Región, doña Claudia Zuleta, ambos domiciliados en domicilio reservado, por vulnerar el derecho a la propiedad y el debido proceso en relación con el recurrente.

Refiere que el 24 de septiembre de 2024 el actor tomó conocimiento por medio de su ejecutivo bancario acerca de una medida de retención o embargo de dineros de su cuenta corriente personal, gravamen que alcanzó la suma de $4.025.815, apareciendo en la cartola bancaria rotulada como retención judicial.

Agrega, que logró establecer que dicha retención había sido ordenada por la Tesorería General de la República, por cuanto el Servicio de Impuestos Internos, en una fecha indeterminada, lo había incluido en la nómina de deudores morosos tributarios y deduciendo mandamiento de ejecución y embargo en el expediente administrativo 10.066-2024 de Lolol.

Explica que los folios en ejecución corresponden a giros de impuestos emitidos el 14 de junio de 2024, en virtud de una sentencia ejecutoriada, y notificados al contribuyente el mismo día, quien interpuso un recurso de reposición administrativa el 15 de julio de 2024, declarado inadmisible el 26 de julio mediante resolución exenta N° OPAT-274 del SII. Posteriormente, el 1 de agosto presentó un recurso jerárquico, el que fue rechazado el 5 de septiembre del mismo año mediante resolución N° RJ-216081-2024 del Director Nacional (s) del SII. Finalmente, el 30 de septiembre interpuso un recurso de resguardo ante la Dirección Regional del SII, que fue declarado inadmisible el 4 de octubre mediante resolución exenta N°77324130122, por falta de antecedentes que permitieran determinar la oportunidad del acto impugnatorio y la vulneración alegada.

Estima que, de lo expuesto, se puede advertir que el plazo de 90 días para reclamar de los giros en cuestión ante el Tribunal Tributario aún se encuentra vigente, toda vez que, dicho plazo ha sido suspendido por la interposición de los recursos antes mencionados, que aunque el recurso de reposición (RAV) fue declarado inadmisible, ello no aconteció con el recurso jerárquico, que fue admitido por la autoridad tributaria, y posteriormente rechazado, lo que importa que el recurso tuvo la virtud de suspender los plazos. Para estos efectos, cita lo dispuesto en el artículo 124 inciso tercero y 123 bis letra c) del Código Tributario.

Agrega que la Circular 12 de 17 de febrero del 2021 del SII, que en su N°4.4, establece: “Suspensión del plazo para reclamar: Interpuesto el recurso y hasta la notificación de la resolución que se pronuncia al respecto, se suspenderá el plazo para interponer la reclamación judicial contemplada en el artículo 124 del Código Tributario. Este plazo no se suspenderá en caso de que el recurso sea declarado inadmisible por manifiesta falta de fundamento, según dispone el artículo 6 letra A, N° 7 del Código Tributario.” Sin embargo, en este caso, el recurso no fue declarado inadmisible, sino que fue rechazado.

Por lo anterior, dado que la Tesorería incluyó al demandado en la nómina de deudores morosos y despachó mandamiento de ejecución y embargo por obligaciones aún impugnables, se vulneró el principio de legalidad. En consecuencia, dichos actos son nulos de derecho público, lo que invalida tanto el cobro de los giros como el embargo de los fondos del contribuyente, vulnerando sus garantías constitucionales del derecho a la propiedad y el debido proceso.

Solicita, en definitiva, se acoja el recurso, con costas y se ordena al Servicio de Impuestos Internos, comunicar a la Tesorería General de la República que elimine al recurrente de la nómina de deudores morosos por los giros objeto de esta presentación mientras pendan los plazos, recursos y suspensiones legales que correspondan, y que se declaren nulos todos los actos de cobranza efectuados con ocasión de la errada inclusión del contribuyente en la mencionada nómina.

A folio 8, comparece doña Claudia Zuleta Munizaga, Directora Regional del Servicio de Impuestos Internos, quien evacúa el informe solicitado.

Señala, en cuanto al contexto en que ocurren los hechos, que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 161 N°10 del Código Tributario, se inició un proceso de recopilación de antecedentes, en el que finalmente se determinó por parte del Servicio, que el recurrente había efectuado maniobras dolosas con el fin de aumentar el crédito fiscal ficticiamente. Por ello, con fecha 18 de enero de 2024, el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de O’Higgins dictó sentencia definitiva, dando lugar al Acta de Denuncia N°2, aplicando al denunciado una multa de $54.761.780, con costas, por la comisión de la infracción tributaria contenida en el inciso segundo del artículo 97 N°4 del Código Tributario. Hace presente que no se interpuso recurso alguno en contra de dicha sentencia, por lo que ésta se encuentra ejecutoriada.

Alade que, por lo anterior, en cumplimiento de la sentencia judicial, con fecha 14 de junio de 2024, el Servicio emitió los Giros N°10953345 y N°10953383, por las sumas de $54.761.780 y $2.700.000, respectivamente, correspondientes a la multa decretada en la sentencia y a las costas de la causa, a las que fue condenado el recurrente. Ambos giros fueron notificados por correo electrónico, en la fecha ya señalada.

Indica que, efectivamente, el 15 de julio de 2023, el contribuyente presentó una Reposición Administrativa Voluntaria (RAV) ante la Dirección Regional contra los Giros N°10953345 y N°10953383, solicitando dejarlos sin efecto. Sin embargo, el 26 de julio de 2024, mediante la Resolución Exenta OPAT 06.01 N°274, el SII declaró inadmisible la reposición, al no ser los giros actos reclamables según el artículo 124 del Código Tributario. Posteriormente, el 1 de agosto de 2024, el contribuyente interpuso un recurso jerárquico, el cual fue rechazado el 5 de septiembre mediante la Resolución N°RJ-216081-2024, al no verificarse vicios o errores de derecho en la resolución del RAV. Persistiendo en su reclamo, el 30 de septiembre presentó un Recurso de Resguardo alegando que los giros aún eran impugnables, pero este fue declarado inadmisible el 4 de octubre mediante la Resolución Exenta N°77324130122, debido a la falta de antecedentes que permitieran determinar la oportunidad y procedencia del recurso. Finalmente, el 17 de octubre de 2024, el contribuyente interpuso la presente acción de protección ante esta la Ilustrísima Corte de Apelaciones.

Luego de señalado el contexto anterior, el recurrido opone excepción de falta de legitimación pasiva, toda vez que en su recurso indica que ha sido la Tesorería General de la República el ente que lo ha incluido en la nómina de deudores morosos y despachó mandamiento de ejecución y embargo en su contra. De ello se colige que identifica como actos vulneratorios, en primer término, su inclusión en la nómina de deudores morosos y, en segundo lugar, el despacho del mandamiento de ejecución y embargo en su contra, por parte de la Tesorería General de la República. Además, en el petitorio del recurso se solicita que el Servicio de Impuestos Internos comunique a la Tesorería General de la República que lo elimine de la nómina de deudores morosos, declarándose nulos los actos de cobranza. A su juicio, lo explicado deja en evidencia que el presente recurso está mal formulado, por cuanto recurre en contra del Servicio, en circunstancias que, como se indicó, los actos que identifica como vulneratorios se encuentran en la esfera de las atribuciones que posee la Tesorería General de la República, al ser propios de su competencia.

Luego, plantea que la acción de protección no es la vía idónea para impugnar las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos ni de la Tesorería General de la República, toda vez que la controversia planteada por el recurrente, deriva de un asunto de carácter netamente tributario que, de acuerdo a la legislación vigente, fue conocido y resuelto por el Tribunal Tributario y Aduanero competente, sin que pueda impugnarse por la vía de un recurso de protección, que es de naturaleza cautelar.

Posteriormente, señala la inexistencia de actuaciones ilegales o arbitrarias por parte del Servicio de Impuestos Internos, toda vez que los giros emitidos por el Servicio dicen relación estrictamente con el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero y la determinación de las costas del proceso, resoluciones que no fueron objeto de ningún recurso en su contra y en virtud de las cuales la Tesorería General de la República ha desarrollado acciones de cobranza, al no haberse enterado las sumas antes señaladas en arcas fiscales, de conformidad con el procedimiento que al efecto establece el mismo Código Tributario, en el Título V, del Libro III, artículos 168 y siguientes.

Expone, que el Servicio no debe esperar ningún plazo, ya que la sentencia que dio origen a sus actuaciones y a las de la Tesorería está firme y ejecutoriada. Además, los giros emitidos en cumplimiento de dicha sentencia no son reclamables, pues no corresponden a los previstos en el artículo 124 del Código Tributario. En consecuencia, insiste, no existe un plazo de reclamación pendiente, ya que dichos giros derivan de una sentencia firme del Tribunal Tributario y Aduanero, la cual no fue impugnada por el recurrente pese a haber tenido la oportunidad legal de hacerlo.

A mayor abundamiento, refiere que ni la reposición administrativa voluntaria ni el recurso jerárquico ni el recurso de resguardo pueden modificar lo resuelto por los tribunales, en consecuencia, la impugnación indirecta de los giros, incluida la acción de protección, es improcedente y contraria al sistema legal vigente, descartando así cualquier ilegalidad o arbitrariedad en la actuación del Servicio.

Por todo lo anterior, niega las vulneraciones alegadas por el recurrente y solicita el rechazo de recurso, con costas.

A folio 35, compareció don nombre reservado, Tesorero Provincial de San Fernando, en representación de la Tesorería General de la República, quien señaló que en el Expediente Administrativo de Cobro 10066-2024 Lolol, figura el recurrente como deudor y se le signan para cobro, los folios 10953383, por un monto de $2.700.000, y 10953345, por un monto de $54.761.780, ambos por formulario 21, naturaleza del impuesto Multas, y con fecha de vencimiento 14 de junio de 2024.

Explica que, en dicho proceso de cobro, el contribuyente dedujo la excepción de no empecer el título al ejecutado, con idénticos argumentos a los esgrimidos en el presente recurso de protección, el que fue rechazado de plano. Luego, indica que, respecto del embargo de activos, consta de acta de 24 de septiembre de 2024, del recaudador fiscal, que se trabó embargo sobre los fondos que el contribuyente mantenía en Banco de Crédito e Inversiones (BCI), por la suma de $4.025.815, los que fueron imputados a la deuda con fecha 22 de octubre de 2024.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

Segundo: Que, en primer lugar, respecto de la alegación de falta de legitimación pasiva deducida por el recurrido, de los antecedentes del proceso, consta que lo reclamado por el actor es su inclusión en el listado de deudores tributarios morosos por los giros N°10953383, por un monto de $2.700.000, y N°10953345, por un monto de $54.761.780, ambos por formulario 21, por Multa impuesta en la sentencia definitiva dictada en el procedimiento administrativo de Cobro Rol 10.066-2024 Lolol y su respectivo procedimiento de cobro.

Lo anterior, tal como lo señaló el recurrido, se encuentra fuera de la esfera de atribuciones del Servicio de Impuestos Internos, por cuanto esta última institución sólo cumple lo ordenado por la Tesorería General de la República, siendo incompetente para modificar o eliminar deudores del listado generado por la Tesorería, y menos para dejar sin efecto un mandamiento de ejecución y embargo, por lo que se acogerá la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos.

Tercero: Que, sin perjuicio de lo anterior, y teniendo presente que esta Corte de Apelaciones solicitó informe a la Tesorería General de la República, tampoco procede el reclamo del actor respecto de dicho organismo, en un análisis del fondo del recurso.

En efecto, de acuerdo con lo informado por el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería Provincial de San Fernando, consta que mediante un procedimiento reglado se condenó al actor a pagar los Giros N°10953345 y N°10953383, por las sumas de $54.761.780 y $2.700.000, respectivamente, correspondientes a la multa decretada y a las costas de la causa, por la comisión de la infracción tributaria contenida en el inciso segundo del artículo 97 N°4 del Código Tributario, según se indica en sentencia dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero, la que se encuentra firme y ejecutoriada.

Cuarto: Que, en consecuencia, no se advierte una actuación ilegal ni arbitraria por parte de la Tesorería General de la República, institución que, como se dijo, mediante un procedimiento reglado, actuó dentro de la esfera de sus atribuciones legales y en la esfera de sus competencias, al incluir al recurrente en un listado de deudores morosos en mérito de la sentencia judicial antes referida.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se resuelve:

I.- Que, se acoge, la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos.

II.- Que, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 2367-2024 Protección.