nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

Rancagua, dos de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Con fecha 29 de marzo del año 2019, comparece don nombre reservado, técnico en informática, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Caja de Asignación Familiar Los Andes, representada por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Indica que con fecha 26 de abril del año 2012, obtuvo de la caja un crédito social por la suma de $736.000, que se debía pagar en 52 cuotas iguales y sucesivas de $41.667 cada una, a contar del mes mayo de dicho año. Luego, con fecha 11 de octubre del año 2013, obtuvo un nuevo crédito por parte de la caja, está vez por la suma de $5.107.259, que se debía pagar en 82 cuotas iguales y sucesivas de $118.306 cada una, a contar del mes de noviembre de 2013. Lamentablemente en el mes de noviembre de 2013 perdió su trabajo, incurriendo en cesación de pagos (a contar del 11 de febrero de 2014 respecto del primer crédito y a contar del 30 de noviembre de 2013 respecto del segundo).

Luego, con fecha 17 de diciembre de 2018, suscribió contrato de trabajo con mi actual empleador, la empresa AGRÍCOLA CV SPA, durante la vigencia de la relación laboral el pago de mi remuneración se efectuó con normalidad y de acuerdo a lo pactado, ello hasta el mes de febrero de 2019, cuando percibió una importante diferencia en su remuneración (de $700.000 líquido en promedio pasó a recibir $561.582). Así las cosas, y ante la importante diferencia en el monto de su remuneración, le consultó a su empleador, quien le señaló que la diferencia se debía a que la Caja Los Andes había solicitado la retención de la suma total de $158.378, por concepto de los 2 créditos sociales antes referidos ($41.811 por el primer crédito y $116.567 por el segundo crédito).

Señala que entre la fecha de cesación de pago y la actual retención transcurrieron más de 5 años, sin que su parte fuera notificado de juicio de cobranza alguno por dichos créditos, de este modo, la caja incurrió un acto ilegal y arbitrario, que afecta su derecho de propiedad.

Finalmente pide se ordene a la recurrida obtenerse en lo sucesivo de ejecutar descuentos mensuales a su parte, y asimismo, se ordene a la recurrida reembolsar los dineros descontados de su remuneración del mes de febrero de 2019, disponiendo que si algún concepto tienen que demandar al recurrente lo haga por la vía judicial, todo ello con costas del recurso.

Informa la recurrida Caja de Compensación, indica que con fecha 26 de abril de 2012, su representada otorgó al señor nombre reservado la operación de crédito código 35.42691-7, por un capital inicial de $742.199.-, las cuotas de los meses mayo a diciembre 2012, se pagaron en forma regular (cuotas N° 1 a la N° 8). Con fecha 6 de agosto 2013, el beneficiario pagó las cuotas de los meses de enero a abril de 2013 (cuotas N° 9 a la N°12). Posteriormente, con fecha 11 de febrero 2014, a fin de solucionar su situación de morosidad, el Sr. nombre reservado reprogramó la deuda por la suma de UF.35.2631, pactándose su pago en 36 cuotas de UF 1.4843, venciendo la primera de ellas con fecha 31 de marzo 2014. De la referida operación no se registraron pagos hasta el mes de abril de 2018, fecha en que el actual empleador empresa Agrícola CV SPA., retuvo y pagó la cuota del mes de marzo 2014. Al día 10 de abril 2019, presenta las cuotas de los meses de abril 2014 a febrero 2017 en estado moroso.

Respecto del 2° crédito otorgado el 11 de octubre de 2013, por un capital inicial de $5.107.259.-, pagadero en un plazo de 82 cuotas por $118.306.-, cuyo primer vencimiento correspondió el 30 de noviembre 2013. El primer pago se registró con fecha 4 de abril de 2019, fecha en que la empresa Agrícola CV SPA., remesó la retención efectuada en el mes de marzo de 2019 para el pago de la cuota con vencimiento en noviembre de 2013.

Señala que el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. En consecuencia, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, de modo tal que el hecho que su parte no haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza los mutuos otorgados al recurrente, no la libera de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833. Por consiguiente, el actuar de su representada no solo significa el ejercicio de una facultad conferida por la propia ley y los acuerdos contractuales, sino que obedece al cumplimiento de su obligación legal de cautelar el fondo social.

Añade que, a mayor abundamiento, el propio recurrente, con en febrero de 2014, efectuó reprogramación de uno de los créditos otorgados.

Finalmente indica que estamos frente a créditos vigentes y actualmente exigibles, uno de los cuales fue reprogramado en febrero de 2014, a 36 meses plazo, y el otro, pactado a 82 meses, que mantiene aún cuotas por vencer hasta septiembre del año 2020, de modo que cualquier descuento que en lo futuro pueda producirse respecto del recurrente, habrá de producirse con total apego a lo establecido en el mentado artículo 22 de la Ley que regula las Cajas de Compensación y pide rechazar el recurso de protección intentado.

Informó el empleador del recurrente, indica que efectivamente el 27 de febrero de 2019 su parte realizó la retención de la suma de $158.378 en la remuneración del recurrente por concepto de 2 créditos sociales, lo que realizó en cumplimiento dela obligación establecida en el artículo 22 de la Ley 18.833.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que nombre reservado, dedujo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, atribuyéndole a ésta, como acto ilegal y arbitrario, el haber ejecutado el descuento de parte de su remuneración del mes de febrero de 2019, en pago de cuotas de dos mutuos contratados por él con la Caja en abril de 2012 y octubre de 2013, obligaciones que, por lo demás, se encontraban impagas desde febrero de 2014 y noviembre de 2013, respectivamente.

SEGUNDO: Que en su informe la recurrida reconoció haber efectuado los descuentos cuestionados por el actor, esgrimiendo que tal conducta fue ejecutada utilizando un mecanismo autorizado por el artículo 22 de la Ley Nº18.833.

TERCERO: Que reiteradamente esta Corte ha expresado que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagradas en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que tal como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en causa Rol 37.889-2017, es posible concluir que la conducta de la Caja recurrida aparece como arbitraria, toda vez que ha sido asentado fehacientemente que las obligaciones de tracto sucesivo se encuentran impagas, la primera, desde marzo de 2014 (vencimiento de la primera cuota del crédito repactado); y la segunda, desde noviembre de 2013, esto es, 59 y 62 meses antes del inicio de los descuentos controvertidos, sin que en el tiempo intermedio la recurrida haya ejecutado acción alguna que resultare mínimamente eficaz para perseguir su cumplimiento, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley contempla para un cobro oportuno, por lo que el acto cuestionado resulta antojadizo, caprichoso y carente de razón, privando al recurrente de su derecho de propiedad sobre parte de la retribución económica obtenida con motivo de su actividad laboral que desempeña, derecho que se encuentra amparado en lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se acoge el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de las Cajas de Compensación Los Andes, ordenándose el cese de los descuentos efectuados sobre la remuneración del actor, y la restitución del dinero ya descontado dentro de décimo día.

Anótese, regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol I Corte 2319-2019 Protección.