Protección contra Servicio de Registro Civil e Identificación y del Servicio de Impuestos Internos

C.A. de Rancagua Rancagua, diecinueve de abril de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Con fecha 4 de enero del presente año compareció la abogada Paulina Andrea Ortiz Mellado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, y deduce acción de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación y del Servicio de Impuestos Internos por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de inscripción de un vehículo.

Relata que en enero de 2023 participó de un remate judicial a través de martillero público, en el cual se adjudicó y adquirió un vehículo marca Honda modelo HRV. Luego, que procedió a solicitar el alzamiento de los gravámenes que le afectaban al vehículo, realizándolo en la causa de origen que dio lugar al exhorto en que se verifico el remate judicial (embargo, prenda y prohibición de celebrar actos y contratos) a lo que el Tribunal accedió. Posteriormente regularizó su revisión técnica, permiso de circulación y deuda de Tag tras lo cual, en abril de 2023, requirió el alzamiento de los gravámenes dispuestos por resolución judicial, puestos que estos precisamente impedían que el vehículo pudiere variar de dueño al consistir en un embargo judicial, prenda y en una prohibición de celebrar actos, lo que ocurrió en mayo de ese año, y una vez pagado el impuesto de transferencia, solicitó la inscripción a su nombre el 15 de junio de 2023, en la oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación de Doñihue, acompañando todos los antecedentes necesarios para la transferencia de un vehículo adquirido vía compraventa en un remate judicial, es decir, copia de la factura electrónica emitida por el martillero público, certificado de anotaciones vigentes actualizado sin los gravámenes, copia de los permisos de circulación, copia de la revisión técnica, copia del seguro obligatorio de accidentes personales, y la copia del pago del impuesto.

Refiere que al revisar posteriormente el estado de la inscripción no sólo aparecía aún a nombre del anterior dueño, sino que se encontraba inscrito otro embargo judicial posterior y al consultar en la oficina le señalan que la solicitud estaba rechazada, pero que debía esperar el acto administrativo terminal, por lo que, a la espera de ello, tramitó la tercería de posesión la que quedó afinada en noviembre de 2023. El 4 de diciembre de ese año, recibe llamado de la oficina de la recurrida, y al concurrir, al día siguiente, se entera que el rechazo, contenido en la Resolución Exenta Nº 25727, no mantiene fundamentación alguna, limitándose a referir un error en los datos recibidos desde el Servicio de Impuestos Internos, al cual concurrió pero le ratificaron que no había error en la información entregada al Registro Civil, Servicio entonces que en definitiva habría dictado una resolución que le resulta ilegal y arbitraria al no encontrarse fundamentada, y con ello, causarle indefensión de ejercer sus derechos.

Arguye que la falta de coordinación entre las Instituciones Públicas afectan sus derechos constitucionales como son el derecho a la integridad psíquica y el de propiedad solicitando se deje sin efecto la Resolución Exenta Nº 25727, emanada del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Acompaña antecedentes en que fundó su pretensión.

A folio 9 compareció el Servicio de Impuestos Internos, señalando que en cuanto a lo expuesto en el recurso, solicitó el rechazo de la presente acción, dado que su actuar se ha limitado a responder de forma oportuna y diligente lo consultado por la recurrente, de modo que malamente puede configurarse una actuación ilegal o arbitraria de su parte y con ello, afectación de las garantías constitucionales invocadas. Relata que la recurrente fue atendida en la oficina Rancagua, donde se pudo verificar la veracidad de la factura N°28, emitida por el contribuyente nombre reservado, sin que haya recibido otras consultas de la actora ni del Servicio de Registro Civil e Identificación quien mantiene las facultades y atribuciones del proceso de inscripción de los vehículos motorizados, razón por la cual alega la falta de legitimación pasiva del Servicio informante. Además, en su escrito alegó la extemporaneidad de la acción debido a que la recurrente tomó conocimiento el día 4 de diciembre de 2023, de la resolución que pretende impugnar, presentando la acción el 4 de enero del presente año, es decir, fuera del plazo previsto en el Auto Acordado referido, ya que el plazo vencía el día anterior.

A folio 14 comparece el Servicio de Registro Civil e Identificación, solicitando el rechazo de la presente acción por no haber incurrido en un acto ilegal y arbitrario. Primero, refiere la normativa registral vigente relativa al Registro de Vehículos Motorizados, y en particular en relación al vehículo de la recurrente, señala que al iniciar la presente acción se encontraba a nombre de nombre reservado y que, atendido el uso del principio de certeza jurídica y las facultades rectificatorias de dicho Servicio, se verificó la coincidencia de los datos entregados por el Servicio de Impuestos Internos por lo que se procedió, el 7 de marzo del presente año, a cambiar el estado de la solicitud de transferencia de “rechazada” a “aceptada” y seguidamente darle curso legal, encontrándose a la fecha inscrito a nombre de la recurrente, según da cuenta el certificado de inscripción y anotaciones vigentes que acompaña.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, mediante el presente recurso se reprocha el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de registro de inscripción de un vehículo adquirido por la actora mediante remate judicial.

TERCERO: Que, el Servicio de Impuestos Internos informó que su actuación se limita a la verificación de la veracidad de la factura N°28 del martillero público. Por su parte, el Servicio de Registro Civil e Identificación señaló que a propósito de los presentes antecedentes, verificó la coincidencia de los datos entregados por el Servicio de Impuestos Internos por lo que se procedió, el 7 de marzo del presente año, a cambiar el estado de la solicitud de transferencia de “rechazada” a “aceptada” y seguidamente darle curso legal, encontrándose a la fecha inscrito a nombre de la recurrente, según da cuenta el certificado de inscripción y anotaciones vigentes que acompaña.

CUARTO: Que, entonces, a la fecha, y conforme se aprecia de los documentos acompañados por Servicio de Registro Civil e Identificación, se cumplió con el trámite en que la parte recurrente fundaba su acción, habiendo concluido a su favor la solicitud de inscripción del vehículo de su propiedad.

QUINTO: Que, actualmente, no se evidencia actuación ilegal o arbitraria de la recurrida que afecte alguna de las garantías constitucionales de la actora y que pueda ser enmendada por esta vía, considerando que la recurrente ya ha obtenido lo pretendido, por lo que ninguna medida de protección podría adoptarse, y, así las cosas, la acción deducida no puede prosperar, por haber perdido oportunidad.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se resuelve que se rechaza, sin costas, por haber perdido oportunidad el recurso de protección deducido en favor de Paulina Andrea Ortiz Mellado, razón por la cual se omitirá pronunciamiento de las restantes alegaciones de los Servicios recurridos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte N° 23-2024 Protección.

“Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.”