Protección contra Ilustre Municipalidad de Pichilemu

C.A. de Rancagua Rancagua, veintiséis de marzo de dos mil veinticinco.

Vistos:

Con fecha 3 de octubre de 2024 comparece doña nombre reservado, quien interpuso acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Pichilemu, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el no pago del subsidio por licencias médicas, lo que atentaría contra sus derechos contemplados en el artículo 19 N° 2, 18 y 24 de la Constitución Política de la República.

Comenta que era trabajadora del Departamento de Educación de la recurrida y fue desvinculada de sus funciones el 31 de julio de 2024 y que, hasta la fecha de su presentación, no le han sido pagadas sus licencias médicas correspondientes al periodo que media entre los años 2013 y junio de 2023, a pesar de que la entidad pagadora ya realizó dicho pago a la Municipalidad. Agrega que la abogada de la recurrida le indicó que no le han podido pagar, porque no cuentan con el dinero para hacerlo, haciendo presente que se le adeuda la suma aproximada de $18.928.401 pesos, correspondiente a 104 licencias médicas.

Explica que el año 2012 comenzó a tener problemas de caídas sin explicación, y que al pedir al alcalde de la época que cambiara sus funciones de auxiliar de aseo por otras, por ejemplo de inspectora, éste se negó, por lo que comenzó a presentar licencias médicas, las cuales fueron aprobadas y bien tramitadas hasta fines de 2013, en que la Compin las comenzó a rechazar, sin perjuicio de que la recurrida continuó con el pago de sus remuneraciones, pero desde octubre de 2015, cesó en dichos pagos. Añade que ya en 2022 fue correctamente diagnosticada, con una polineuropatía sensitivo-motora de origen genético, por lo que apeló las licencias anteriormente rechazadas, las que fueron finalmente aprobadas, con excepción de aquellas otorgadas desde marzo de 2018 a enero de 2019, sin perjuicio que aquellas licencias médicas extendidas durante los años 2019, 2020 y 2021, nunca fueron entregadas por la recurrida a la Compin, lo que implicó un extremo retraso en su pago.

Por lo anterior, solicitó a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se ordene a la recurrida realizar el pago derivado del subsidio de sus licencias médicas.

A folio 6, con fecha 4 de noviembre de 2024, evacúa informe la recurrida Ilustre Municipalidad de Pichilemu, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expone que es efectivo que la recurrente ingresó a la administración en el año 2004, prestando servicios efectivos hasta el año 2007, ya que desde dicha fecha hasta el año 2023 hizo uso de reiteradas y sucesivas licencias médicas, precisando que la actora solicitó la devolución de licencias médicas autorizadas y pagadas por la caja de compensación a la recurrida, las que fueron íntegramente solucionadas.

Argumenta que lo anterior se debe a que sobre la municipalidad pesa la obligación legal de pagar las remuneraciones de los funcionarios que hacen uso de licencias médicas, independiente de su aprobación o rechazo, surgiendo la obligación de reintegro de las rentas mal percibidas, si es que estas son finalmente rechazadas o no reclamadas en el tiempo establecido. Por su parte, en el caso de ser aprobadas, los montos pagados por los prestadores de salud ingresan a las arcas municipales pues tal como se señala precedentemente, las remuneraciones son pagadas de manera íntegra, independiente del reposo laboral del funcionario, sin esperar la total tramitación de la licencia.

Sostiene que, tras la revisión del historial de la Sra. nombre reservado, en una primera instancia se pudo acreditar que, si bien sus remuneraciones fueron pagadas de manera íntegra, existiendo el pago de AFP, cotizaciones de salud, caja de compensación entre otras, desde el año 2013 se comenzó a realizar un descuento constante y uniforme por parte de las instancias habilitadas del Departamento de Educación Municipal, esto pues las licencias médicas comenzaron a ser rechazadas, no existiendo acción por parte de la funcionaria, quien no ejecutó las correspondientes apelaciones y reposiciones en los organismos correspondientes, ejecutándose dichas acciones recién en el año 2023 y 2024, según información entregada por la Sra. nombre reservado, y no siendo aprobadas la totalidad de dichas licencias médicas, lo que ha generado inconsistencias que deben necesariamente ser analizadas.

Agrega que, si bien se resolvió poner término a la relación laboral por la causal contemplada en el artículo 159 N°6 del Código del Trabajo, es decir, “nombre reservado”, lo que no se ha materializado, pues al momento en que se iba a tramitar el acto administrativo y gestionar el pago de las correspondientes indemnizaciones, la Sra. nombre reservado en conjunto con su hijo se presentaron en dependencias del Departamento de Educación Municipal, acompañando el historial de licencias que daban cuenta de las regularizaciones recaídas en las licencias que no obraban en poder del municipio y solicitando además que el pago de la indemnización por término de la relación laboral se realizara en conjunto con la devolución de dichas licencias médicas, situación que se encuentra en proceso, pues se debe analizar un historial de licencias médicas de alrededor de 16 años, lo que conlleva revisión y verificación de los pagos de remuneraciones íntegros, parciales en contraste con los descuentos realizados en virtud de las licencias médicas rechazadas en dicha instancia, los cuales detalla.

Sostiene que, atendido lo anterior, y considerando precisamente que los pagos se encuentran en proceso de ser gestionados, una vez efectuado el despeje y contraste, la recurrida considera que no se dan los presupuestos para estimar que su actuación habría incurrido en ilegalidad o arbitrariedad, ni mucho menos vulneraría las garantías constitucionales de la recurrente, por lo que procede descartar el recurso de protección interpuesto, por no cumplirse con lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, entendiendo además que, la recurrente posee otras vías de reclamación por la dilación de sus pagos.

Finalizó reiterando su solicitud de rechazo del recurso.

A folio 17, con fecha 13 de marzo de 2025, comparece informando al tenor del recurso la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, señalando que en el caso puntual de los trabajadores municipales del sector educación, cuyo es el caso de la Sra. nombre reservado, quien estaba afiliada a Los Héroes por medio de su empleador el Departamento de Educación de la I. Municipalidad de Pichilemu, la administración del régimen de subsidios de incapacidad laboral opera de manera distinta. En efecto, de conformidad a la normativa vigente, a estos trabajadores durante sus períodos de licencias médicas no se les paga “subsidio de incapacidad laboral”, sino que se les mantiene su “remuneración”. En consecuencia, dichos profesionales gozan del pago total de sus remuneraciones de cargo del empleador, el que a su vez tiene derecho a que el organismo pertinente, en este caso la Caja de Compensación Los Héroes, le reembolse el subsidio que le habría correspondido al trabajador de haber estado afecto al D.F.L. N° 44 de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Argumenta que, respecto de las licencias médicas cuyo pago reclama la recurrente, esto es, aquellas que van desde el mes de enero 2013 a junio 2023, la subgerencia de fondos nacionales de la caja emitió un certificado que contiene el detalle completo de todas las licencias médicas tramitadas y pagadas a la mencionada Municipalidad, apareciendo que se pagó sólo un período del total reclamado, que comprende desde el 13 de julio de 2019 al 19 de junio de 2023. Por los períodos anteriores, es decir, por el tramo que va desde enero 2013 a junio 2019, indica que no existe ningún registro de ellas, desconociendo toda información sobre las mismas; añadiendo que, de acuerdo con el Decreto Exento Municipal de Pichilemu N° 006843 de 31 de julio de 2024, se puso término al contrato de trabajo de la Sra. nombre reservado con fecha 20 de junio de 2023. Por consiguiente, a contar del 20 de junio de 2023 ya no procedía tramitar, ni pagar ninguna licencia médica.

Respecto de las licencias médicas emitidas desde enero 2013 a junio 2019 y que ignora, indica que aquello podría deberse a que fueron rechazadas por la COMPIN, pero esto es sólo una elucubración, pues la verdadera razón la desconoce.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

2.- Que, el acto recurrido consiste en la omisión de la municipalidad recurrida en la realización del pago del subsidio que corresponde a la recurrente por concepto de incapacidad laboral, correspondiente a las licencias médicas emitidas entre el año 2013 y junio de 2023, subsidio que fue pagado por la entidad pagadora a la municipalidad.

3.- Que, informando la recurrida, solicitó el rechazo del recurso, por cuanto esta no es la vía idónea para obtener lo solicitado por la actora. Sin perjuicio de lo anterior, el pago que se encuentra pendiente está en proceso de despeje, pues se debe analizar un historial de licencias médicas de alrededor de 16 años, lo que conlleva revisión y verificación de los pagos de remuneraciones íntegras y parciales, en contraste con los descuentos realizados en virtud de las licencias médicas rechazadas en su oportunidad.

4.- Que, del estudio de los escritos que contienen la controversia de autos, es posible concluir que si bien se reconoce la existencia de dineros a pagar por concepto de licencias médicas, que inicialmente fueron rechazadas y aprobadas con posterioridad, aún debe determinarse de manera precisa su cuantía, mediante el análisis de aquéllas, presentadas durante 16 años.

5.- Que, en efecto, de los antecedentes aportados por las partes y lo informado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, entidad pagadora de las licencias médicas de la recurrente, se tiene que no es posible determinar con precisión cuáles de éstas fueron -en definitiva- aprobadas y cuáles fueron rechazadas, consecuencialmente, la cuantía de la obligación que se persigue en el presente recurso no se encuentra determinada, por lo que la presente controversia no puede ser resuelta mediante esta acción, atendido el evidente carácter contradictorio de las pretensiones de las partes, ya que la acción constitucional de protección supone que la titularidad del derecho del recurrente sea indubitada, al contrario de lo que se pretende en este caso, lo cual desborda los márgenes de la acción de protección, resultando una labor ajena a este procedimiento cautelar, el cual constituye una medida de tutela urgente para dar remedio pronto y eficaz a los atropellos que sufra el ciudadano en sus derechos constitucionales, producto de una acción u omisión que a todas luces sea ilegal y arbitraria, y que pueda ser atribuible al recurrido, cuestión que justifica una intervención jurisdiccional rápida, que ampare suficientemente el derecho amagado.

6.- Que, entonces, sin perjuicio de que la recurrida reconoce que se adeuda el pago de subsidios laborales a la actora, eventualmente desde el año 2013 al año 2023, aquello no ocurre por la sola responsabilidad de la municipalidad, sino que también porque la recurrente no ejerció oportunamente los recursos administrativos pertinentes al rechazo de las licencias médicas, sino que de manera muy posterior, esto es, en el año 2022.

Asimismo, tampoco se ha señalado por la actora, de manera específica, cuáles son las licencias médicas no pagadas, lo que ha traído como consecuencia que la recurrida deba hacer un análisis de cuáles son los subsidios que se adeudan, revisión que debe hacer de todas las licencias presentadas por la recurrente desde el año 2013 al 2023.

7.- Que, la circunstancia recién anotada, importa que el no pago o demora en el mismo, no se debe a una ilegalidad o arbitrariedad de la recurrida, sino que a la falta de determinación específica de lo que se debe pagar, motivo invocado por la municipalidad para fundar su alegación consistente en que está reuniendo y analizando los antecedentes para la consecución de dicho fin, razón por la cual el presente recurso será rechazado, según se dirá.

8.- Que, lo anterior, es sin perjuicio de las otras acciones que puedan corresponder a la recurrente, conforme al actuar futuro de la recurrida en orden a solucionar la problemática planteada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Pichilemu.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 2296-2024 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.