nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PU´BLICA DE CHILE

Rancagua, veintiséis de mayo de dos mil veintidós.

Vistos:

Con fecha 2 de febrero del año 2022, comparecen nombre reservado y Joaquín Andrés Contreras Roa, abogados, en favor de nombre reservado, Médico revalido ante EUNACOM, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Fundan su recurso, en que la persona en cuyo favor recurren, ingresó al país en calidad de residente temporario por visa de responsabilidad democrática otorgada en su país de origen, agregando que el día 7 de agosto de 2019 y previo al vencimiento de su visa como residente temporario, solicitó el beneficio de permanencia definitiva, para realizar en forma posterior, el 25 de octubre de 2021, el pago de los derechos para el otorgamiento de su beneficio de permanencia definitiva.

Refieren que, posteriormente, fue notificado de la Resolución Exenta N° 151300, de 3 de enero del año en curso, dictada por el recurrido, mediante la cual se rechaza su solicitud de permanencia definitiva y se otorga una visa de residencia temporaria, por considerar que el actor carece de recursos que le permitan vivir en Chile sin constituir una carga social, precisando textualmente lo siguiente: 4.- Que, si bien el solicitante cumple con los requisitos contemplados en los artículos 42 de la Ley de Extranjería y 82 inciso 1° de su Reglamento, se ha determinado que no cuenta con estabilidad económica durante el período de visación, comprendido entre el 21/08/2018 al 21/08/2019 dado que, según la información plasmada en su informe anual de boletas electronicas, da cuenta que registra ingresos inferiores al sueldo mínimo exigido para el mes de mayo 2019, y que no registra ingresos económicos para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019, y por tanto, carece de recursos que le permitan vivir en Chile sin constituir una carga social, siendo pertinente rechazar su solicitud en virtud de lo dispuesto en el artículo 64 N°4 de la Ley precitada, en relación con el artículo 138 N°4 del Reglamento de Extranjería, por lo que no es posible otorgar el permiso de residencia solicitado;”..

Expresan que, el recurrente apenas logró tomar conocimiento del rechazo a su solicitud de permanencia definitiva, 1 año, 9 meses, y 6 días después de haber realizado la solicitud, sin que en forma previa haya la recurrida solicitado al actor antecedentes adicionales durante la tramitación de su solicitud, por lo que ésta avanzo a etapa final de análisis resolutivo, lo que implica que la autoridad migratoria realizo una revisión exhaustiva de los documentos adjuntados, todo lo cual ha debido considerar como suficiente, si se toma en cuenta que no requirió reparo alguno durante el proceso.

Agregan que, en la actualidad, el recurrente cumple con todos los requisitos de Ley para el otorgamiento de la permanencia definitiva, siendo el caso que cuenta con suficientes recursos económicos que le permiten costear su residencia en el país, considerando que, actualmente ejerce su profesión de médico y posee 2 convenios de trabajo vigentes con el “Servicio de Salud Metropolitano Central” y de igual forma un contrato de trabajo de carácter indefinido con el Centro Médico “Integra Médica S.A” desde el 5 de septiembre de 2020 hasta la actualidad, devengando una renta muy superior a sueldo mínimo, y que se puede constatar en Informe Anual de Boletas Electrónicas del año 2020 donde obtuvo un ingreso anual de 38 millones 818 mil 691 pesos, promediando ingresos mensuales entre RUT reservado y RUT reservado pesos, en Informe Anual de Boletas Electrónicas del año 2021, donde obtuvo un ingreso anual de 39 millones 830 mil 863 pesos, promediando ingresos mensuales entre RUT reservado y RUT reservado pesos, en concordancia con esto en el año 2019 desde el mes de Junio a Diciembre obtuvo ingresos mensuales entre 950.654 y RUT reservado pesos, promediando un ingreso total durante estos meses de 15 millones 065 mil 582 pesos según consta en Informe Anual de Boletas Electrónicas del año 2019.

Exponen además que, es importante recalcar que el recurrente es médico revalidado en EUNACOM, por lo que el ejercicio de su profesión está plenamente reconocido por el Estado Chileno y la negativa a la solicitud de permanencia definitiva dificulta considerablemente los deseos del recurrente en profesionalizar más su carrera por medio de especializaciones pues es requisito obligatorio la permanencia definitiva para poder optar a estos estudios.

Luego de hacer una exposición de las normas constitucionales que estiman transgredidas con el actuar del recurrido y de diversa jurisprudencia atingente, finalizan solicitando que se acoja el recurso y se ordene a la parte recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta recurrida, por ser la misma ilegal y arbitraria, ordenando en consecuencia resolver conforme a derecho la solicitud formulada, esto es que se soliciten los antecedentes que sean requeridos al recurrente, con el propósito de realizar una nueva revisión documental de su solicitud, que permita que la autoridad migratoria tomar una decisión ajustada a la realidad, y en general adoptar todas las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompañaron a su recurso, los documentos que constan en la causa.

Con fecha 22 de marzo del año en curso, en folio N°9, se prescindió del informe solicitado a la parte recurrida, atendido el largo tiempo transcurrido.

Posteriormente, se tuvo presente la comparecencia del recurrido en folio N°11, oportunidad en cual, en primer término, alegó la incompetencia de esta Corte de Apelaciones para conocer el presente arbitrio constitucional, alegación que funda en el hecho de tener el recurrente su domicilio, según lo señalado en su solicitud de permanencia definitiva en domicilio reservado, Región Metropolitana, agregando que, por su parte, el recurrido también tiene su domicilio en aquella región.

En cuanto al fondo, la recurrida solicito que se rechazara la presente acción constitucional de protección, teniendo presente para ello que el actor presentó solicitud de permanencia definitiva ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por lo que luego de revisados sus antecedentes, fue posible acreditar que el extranjero de marras se encontraba en aquella situación señalada en el artículo 64 N°4 del Decreto Ley N°1094, en relación con lo dispuesto en el artículo 138 N° 4 del Decreto Supremo N° 597 del Ministerio del Interior del año 1984, debido a que no pudo demostrar aquella estabilidad económica necesaria para no constituir una carga social en nuestro país.

Agregó que, sin perjuicio de lo anterior, la autoridad procedió a otorgar al extranjero de marras visación temporaria por el plazo de un año, encontrándose por tanto en situación migratoria regular en nuestro país, y debiendo por tanto realizar la descarga del estampado electrónico de su visación según las instrucciones contenidas en la página de tramites www.tramites.extranjeria.gob.cl.

Expone que, la autoridad mediante el acto terminal individualizado dio cumplimiento en concluir el procedimiento según lo establecido en el artículo 40 de la Ley N°19.880, que establece en su texto que una de las maneras de poner término a un procedimiento administrativo es a través de la resolución final, siendo aquella la vía la que tuvo lugar en el presente caso, a lo que se debe sumar el hecho de que la referida resolución, además, se encuentra debidamente fundada.

Finaliza haciendo presente que, en base en las distintas actuaciones realizadas por el recurrido, y habiendo obrado siempre según las disposiciones normativas aplicables, es que resulta evidente que no ha existido acto u omisión ilegal o arbitrario que haya privado, perturbado o amenazado en momento alguno aquellas garantías constitucionales reconocidas por nuestra Carta Fundamental, más aun considerando que todas las actuaciones precedentemente señaladas fueron llevadas a cabo por dicha autoridad según las normas especiales del procedimiento de marras, como son el Decreto Ley N°1.094 y el Decreto Supremo N°597, además de aplicar supletoriamente aquellas disposiciones establecidas en la Ley N°19.880.

Evacuando el traslado conferido respecto de la incompetencia alegada, el abogado recurrente pide que se tenga presente que lo señalado por la recurrida es que, a la fecha en que se realizó la solicitud de permanencia definitiva por parte del recurrente, éste tenía otro domicilio, sin considerar que debido al tiempo que ha transcurrido desde aquella época, evidentemente el domicilio del recurrente no necesariamente corresponde al mismo. Cita jurisprudencia en su favor y alega que una persona puede tener pluralidad de domicilios, atendido lo dispuesto en el artículo 67 del Código Civil, por lo que pide se rechace la excepción de incompetencia interpuesta por la contraparte.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que, el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y es constitutivo de un instrumento cautelar destinado a resguardar de un modo urgente aquellas que estén amagadas para restablecer así el imperio del derecho.

2° Que, en cuanto a la excepción de incompetencia alegada por la recurrida, fundada en que la parte recurrente tendría su domicilio en la Región Metropolitana, de conformidad al que indicó la recurrente al presentar su solicitud de permanencia definitiva, corresponde rechazarla, teniendo para ello presente que de acuerdo al numeral 1° del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, para definir cuál es la Corte de Apelaciones competente, debe estarse al lugar donde se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente.

De esta manera, considerando que lo reclamado mediante el recurso dice relación con la situación migratoria del recurrente, resulta evidente que los efectos del acto impugnado no se limitan al domicilio que pueda tener el actor, sino que el asunto debatido tiene un evidente alcance nacional, más aun si se considera que una persona puede tener más de un domicilio.

Por lo demás, cabe precisar que el recurso de protección difiere del recurso judicial que regula el artículo 141 de la nueva Ley de Migración, el que sí debe deducirse ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, de modo tal que no siendo esta última la acción intentada en autos, no corresponde hacer extensiva la regla de competencia allí dispuesta.

3° Que, en cuanto al fondo, el recurrente funda su acción en el rechazo por parte del recurrido, respecto de la solicitud elevada por el actor para obtener el beneficio de permanencia definitiva en nuestro país, materializada en la Resolución Exenta N°151300, de 3 de enero del año en curso, la que sustenta dicho rechazo, en la falta de capacidad económica del actor que le permita vivir en Chile sin constituir una carga social para el Estado.

4° Que, contestando el recurso, la recurrida reconoce que mediante la Resolución Exenta N°151300, de 3 de enero del año en curso, se le rechazó al recurrente su solicitud de permanencia definitiva, otorgándosele en subsidio una visa temporal por un año, por no acreditar el sustento económico y estabilidad laboral durante el periodo comprendido entre los meses de enero a mayo de 2019, encontrándose vigente su visación temporaria, por lo que no existe acto ilegal ni arbitrario que su parte haya cometido, pues ha actuado dentro de su competencia y en la esfera de sus atribuciones.

5° Que, al respecto cabe considerar que el acto impugnado corresponde a un acto administrativo, donde la motivación es un elemento fundamental, éste necesariamente debe explicitar las razones que sustenta la decisión, a lo que cabe agregar que la autoridad recurrida se encuentra regida por la ley de bases de procedimientos administrativos, N° 19.880, que entre otros, establecen los principios de celeridad, inexcusabilidad, conclusivo, contrariedad, y economía procedimental.

6° Que, también es importante tener presente que el artículo 135 del Reglamento de Extranjería, otorga la posibilidad al ente de extranjería de solicitar y requerir documentos adicionales para el análisis de la petición, disponiendo que en caso de incumplimiento del extranjero, dentro del plazo señalado, se permitirá a la autoridad actuar conforme a los artículos 136 y 138 Nº5 del Reglamento, esto es, rechazar la solicitud, normativa que es coherente con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 19.880.

7° Que, en la especie, cabe señalar que es un hecho no discutido que el recurrente ingresó su solicitud de permanencia definitiva el día 7 de agosto del año 2019, resolviéndose su rechazo recién el 3 de enero del año 2022, sin que durante tan prolongada tramitación -de casi tres años- la autoridad efectuara reparos, ni requiriera antecedente alguno al peticionario.

8° Que, conforme a lo expuesto, la recurrida incumplió la normativa referida precedentemente, puesto que habiéndose acogido a tramitación la solicitud de permanencia definitiva del recurrente, la que cumplía con los requisitos contemplados en los artículos 42 de la Ley de Extranjería y 82 inciso primero de su Reglamento, en definitiva rechazó su solicitud por no haberse acreditado solvencia económica suficiente, no obstante que en el prolongado tiempo de tramitación, no se le requirió algún antecedente complementario, lo que, por lo demás, resultaba razonable solicitar, en razón del tiempo transcurrido y de los antecedentes que el recurrente ha acompañado en esta instancia sobre su actual situación de estabilidad laboral y por ende económica.

9° Que, como consecuencia de todo lo anterior, el acto administrativo impugnado, como acto terminal, ha devenido en vulneratorio de la garantía constitucional prevista en el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, igualdad ante la ley, desde que con el actuar de la autoridad recurrida, se ha discriminado al recurrente en la tramitación de su solicitud, a diferencia de lo actuado en casos similares, dejando de aplicar las normas que regulan la materia, por lo que será acogida la acción deducida en los términos que se consignaran en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, se rechaza la alegación de incompetencia deducida por la parte recurrida.

II.- Que, se acoge el recurso deducido en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra del Departamento de Extranjería y Migración, dejándose sin efecto la Resolución Exenta N°151300, de 3 de enero del año 2022, de dicho departamento, a través de la cual se rechazó la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente y, a fin de dar estricto cumplimiento a la normativa ya explicada, la autoridad de extranjería deberá proceder a un nuevo análisis de los antecedentes del actor, relativos a su capacidad económica y fuentes de ingresos, para luego resolver lo que en derecho corresponda.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte 227-2022 Protección.