nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Rancagua, veintiocho de febrero de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1 compareció doña nombre reservado, kinesióloga, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Requínoa, representada por su Alcalde, don Waldo Antonio Valdivia Montecinos, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Recurre, en contra del Decreto Alcaldicio sin número, pronunciado el pasado 29 de agosto del año 2024, mediante el cual se dispuso la no renovación de su contrata y que le fuera notificado el 30 de agosto del año 2024, decisión que a su decir, vulnera sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, derecho de propiedad, derecho a la libertad de trabajo y su protección y, su derecho a la integridad física y psíquica, reconocidos y amparados en los numerales 2, 24, 16 y 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Para contextualizar su acción, señala que comenzó a prestar servicios para el Municipio recurrido el 14 de diciembre del año 2023, luego de participar en un concurso público para proveer el cargo de Gestor Comunitario para el CECOSF de Chumaquito, adjudicándose la contrata a plazo fijo que la nombró en el cargo del escalafón administrativo categoría E, grado 15, hasta el 31 de diciembre del mismo año 2023, contrata que luego habría sido renovada por tres meses cada vez, mediante diversos Decretos Alcaldicios hasta el 30 de septiembre de 2024, tal como consta en el Decreto Alcaldicio SIAPER N°2486 de 8 de julio del año 2024.

Indica, que siempre prestó servicios en el CESFAM Dr. Joaquín Contreras de la comuna de Requínoa, desempeñando funciones administrativas y siendo nombrada como integrante del comité de calidad del mencionado CESFAM, sin perjuicio de lo cual y en respuesta a la acción de tutela laboral que interpuso el pasado 18 de julio de 2024, debido al acoso y maltrato laboral que enfrentó, fue notificada el 30 de agosto del mismo año, de la decisión de poner término a la relación laboral que la vinculaba con el Municipio recurrido.

Expone, que el acto recurrido carece de la debida fundamentación y motivación, limitándose exclusivamente a dar cuenta de la decisión de la autoridad recurrida de no renovar su contrata, vulnerando las disposiciones contenidas en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, y dañando de tal manera su carrera profesional y laboral.

Agrega, que la decisión recurrida se ha tornado arbitraria desde que su desvinculación carece de toda razonabilidad, puesto que durante el tiempo que se desempeñó para el Municipio recurrido, cumplió sus labores de manera adecuada y si bien es cierto que su contrata era transitoria, aquello no deviene en la precariedad de la misma, ya que como ha sido reconocido por la Excma. Corte Suprema, pese a que no concurre la legitima confianza en el caso en concreto, el recurrido no está exento de cumplir con la obligación de expresar con claridad las razones y motivos por los cuales decide no perseverar en el vínculo contractual.

Luego de hacer referencia a diversos fallos sobre la materia y detallar en forma pormenorizada las normas legales que estima conculcadas, previas citas legales, concluye solicitando que se acoja su acción de protección y en virtud de ello, se declare ilegal o arbitrario el Decreto Alcaldicio recurrido, disponiéndose en su lugar la renovación de su contrata hasta el 31 de diciembre del año 2024, debiendo ordenarse la reincorporación a sus funciones y que se proceda al pago de sus remuneraciones y cotizaciones previsionales desde el momento en que se produjo la separación y hasta la efectiva reincorporación a sus labores, el que deberá ser en las mismas condiciones en las que se desempeñaba al tiempo de ser desvinculada, todo ello con expresa condena en costas.

Posteriormente, a folio 12, compareció el abogado Carlos Arriagada Blanco, evacuando el informe solicitado al Municipio recurrido, oportunidad en la cual abogó por el rechazo de la presente acción de protección, al no concurrir los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión de la autoridad recurrida que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que atente contra alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Señaló, en primer término, que la recurrente jamás participó en un concurso público para adjudicarse la contrata transitoria que sirvió hasta el 30 de septiembre pasado, y hace presente que la decisión de no renovar su contrata transitoria tiene relación con una serie de problemas que se generaron con la recurrente, y que determinaron que ella interpusiera una acción de tutela laboral ante el Juzgado de Letras de Rengo, actualmente en tramitación.

Refiere, que a diferencia de lo aseverado por la actora, su desvinculación se debió a la constante contrariedad del actuar de la recurrente con relación con sus superiores y demás compañeros de trabajo, quienes siempre se mostraron solidarios y colaboradores ante las constantes ausencias que presentaba la actora, debido a una supuesta enfermedad pulmonar congénita que afecta a uno de sus hijos y que determinó que incluso se efectuaran campañas de ayuda para ella, quien por lo demás, se jactaba reiteradamente de poseer un trato especial debido a la amistad que su padre mantiene con el Alcalde de la comuna.

En el mismo sentido señaló que, al corresponder las contratas servidas por la recurrente a contratas de tipo transitorias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 18.884, el acto de desvinculación no requiere ser motivado, y por ello reitera que, en la especie, el Municipio recurrido no ha incurrido en actuación ilegal alguna que amerite acoger el presente recurso.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

SEGUNDO: Que, el acto que la recurrente considera ilegal y arbitrario, consiste en la “notificación término nombramiento plazo fijo”, de fecha 29 de agosto de 2024, comunicada el 30 de dicho mes y año, por la cual la encargada de personal de la Unidad de Salud de la Municipalidad de Requínoa, comunica a la recurrente que su nombramiento a plazo fijo que vence el 30 de septiembre de 2024, no será renovado.

TERCERO: Que, la recurrida solicitó el rechazo del recurso, por cuanto la recurrente fue contratada en un cargo de naturaleza transitoria, respecto del cual se notificó su no renovación, acto que no requiere de fundamentación, más que el vencimiento del plazo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 18.834.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados al recurso, es posible establecer los siguientes hechos:

i.- La recurrente comenzó a prestar servicios para el Municipio recurrido el 14 de diciembre del año 2023, de conformidad con el Decreto Alcaldicio SIAPER N°4211, en el cargo de oficial administrativo, grado 15°, hasta el 31 de diciembre de 2023.

ii.- Por Decreto Alcaldicio SIAPER N°047 de 2 de enero de 2024, se nombra a la actora en el cargo de oficial administrativo, grado 15°, desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2024.

iii.- Por Decreto Alcaldicio SIAPER N°1118 de 1 de abril de 2024, se nombra a la actora en el cargo de oficial administrativo, grado 15°, desde el 1 de abril al 30 de junio de 2024.

iv.- Por Decreto Alcaldicio SIAPER N°2486 de 8 de julio de 2024, se nombra a la actora en el cargo de oficial administrativo, grado 15°, desde el 1 de julio al 30 de septiembre de 2024.

QUIINTO: Que, asimismo, cabe consignar que la vinculación entre la recurrente y el municipio se produjo en virtud de un contrato a plazo fijo regido por la Ley 19.378, cuyo artículo 14 inciso 1° dispone que el personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido, definiendo su inciso 3° que, para los efectos de esta ley, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario.

Por su parte, el artículo 4° de dicha ley, señala que “En todo lo no regulado expresamente por las disposiciones de este Estatuto, se aplicarán, en forma supletoria, las normas de la ley N°18.883, Estatuto de los Funcionarios Municipales”.

A su turno el artículo 48, en su letra c) indica: “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: (…) c) Vencimiento del plazo del contrato”.

SEXTO: Que, de lo anterior y considerando que el total del tiempo que la actora se desempeñó en el municipio recurrido a plazo fijo, no superó los diez meses, resulta palmario que, por encontrarse sujeta al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, el término de dicha vinculación se produjo con el solo vencimiento del plazo, con fecha 30 de septiembre de 2024, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 48 letra c) de la Ley 19.378, en concordancia con el artículo 153 de la Ley 18.834.

SÉPTIMO: Que, conforme a lo anterior, la no renovación del contrato a plazo fijo como el de marras, de una duración de tres meses, no constituye un acto ilegal y arbitrario, tanto porque el ordenamiento jurídico no impone la obligación de fundar tal determinación, como porque no se configuran los requisitos que la ley impone para transformar dicho contrato a plazo fijo en uno de carácter indefinido, conforme al artículo 159 inciso 2° del Código del Trabajo, ni tampoco aquellos que la jurisprudencia administrativa y judicial exige para que opera la figura de la confianza legítima, que al menos requiere que existan dos renovaciones anuales.

OCTAVO: Que, por consiguiente, conforme al marco legal aplicable, el contrato a plazo fijo, se extingue o expira por el solo vencimiento del plazo, de suerte que quienes se desempeñan bajo este tipo de vinculación, cesan en sus funciones de pleno derecho, sin que la recurrida esté obligada a renovar el contrato.

Entonces, al encontrar la desvinculación de la recurrente su origen en la llegada del plazo establecido en la contrata que servía, la misma ha operado conforme a la ley. Por lo anterior, la aspiración de la actora de mantenerse en el cargo corresponde a una aspiración hipotética imposible de atenderse por esta vía, pues lo cierto es que su cargo transitorio cesó por el vencimiento del plazo. En el mismo sentido, la falta de motivación y justificación que se atribuye a la comunicación sobre la no renovación de la contrata, es irrelevante, puesto que se limitó a poner en conocimiento un efecto jurídico que se habría producido igual sin ella, como fue el término de la relación contractual por la llegada del plazo convenido y a todo evento, la pretensión sobre ausencia de justificación no se comparte, puesto que justificar o motivar no implica grandes razones ni juicios, sino que simplemente explicitar la causa de algo, asunto que en la nota en cuestión queda suficientemente establecido, tal es que el contrato expira por transcurso del plazo y no se renovará.

NOVENO: Que, por último, en relación con las alegaciones formuladas en estrados por el abogado recurrente, en cuanto a que la no renovación del contrato sería una represalia contra la actora por haber efectuado una denuncia por tutela laboral en contra del Alcalde del municipio, tramitada en la causa del Primer Juzgado de Letras de Rengo, con fecha 17 de julio de 2024, cabe señalar que tales planteamientos no se invocaron como fundamento del recurso, sino que fueron ventilados únicamente en la vista de la causa y por ello no pueden ser objeto de pronunciamiento por parte de esta Corte, menos aún si los antecedentes allegados a este expediente, no permiten darlos por cierto en el marco de esta acción de naturaleza cautelar.

DÉCIMO: Que, en síntesis, en la especie no se ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno, atendido el marco legal vigente, al comunicar la decisión de no renovar la contratación de la recurrente que vencía el 30 de septiembre de 2024.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema que rige en la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Requínoa.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción a cargo del abogado integrante Sr. Arrellano Quiroz.

Rol Corte 2269-2024 Protección.

Se deja constancia que no firma el ministro Sr. Michel González Carvajal, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.