nombre reservado con SINDICATO TRABAJADORES N° 5 CODELCO EL TENIENTE

Rancagua, quince de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Que con fecha 25 de abril de 2018, comparece nombre reservado, analista, domiciliada en domicilio reservado interponen recurso de Protección en contra del Sindicato de Trabajadores N°5 Codelco El Teniente, organización sindical, representada por su Presidente, nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Expone que el 18 de abril pasado, se realizó asamblea ordinaria del organismo en la que se encontraba presente, en su calidad de socia, directora y secretaria. Se trataron varios puntos, y el presidente del sindicato, pidió a la asamblea la iniciación de procedimiento disciplinario en su contra por hechos presuntamente graves.

La asamblea, a requerimiento de presidente aprobó la realización de esta investigación, y, de forma inmediata se convocó a tres socios, para integrar la comisión respectiva. Se ofrecieron cinco y, sin mediar elección, el presidente designó a dedo a tres personas. Dice que en ejercicio de sus funciones levantó acta de la asamblea que no fue suscrita por los directores.

Afirma que el 22 de abril del presente año, día inhábil en la noche, recibió correo electrónico de nombre reservado, en el que se le citó con menos de 24 horas de anticipación, a una reunión a celebrarse al día siguiente, a las 18.00 horas, en dependencias de la sede, con el objetivo de tratar como tema su expulsión. Indica que por consejos de su abogado, preparó declaración escrita en la que daba cuenta de los vicios existentes.

El día de la citación, concurrió a la sede sindical, y a su abogado no se le permitió el ingreso. En cuanto a la declaración escrita, señala que no fue recibida.

En esa reunión le comunicaron los hechos por los cuales se acusaba, los que en su mayoría eran diversos a aquellos tratados en la asamblea ordinaria. Al término de la reunión, solicitó una copia de estos antecedentes, para hacerse cargo de ellos, y solo se le entregó un documento de dos hojas que contenía genéricas acusaciones.

Adiciona que el 24 de abril del presente año, recibe citación a asamblea extraordinaria a realizarse el 26 de abril. La materia a tratar era la presentación del informe de la comisión de disciplina a los socios y directorio y la aplicación de sanciones disciplinarias. Indica sobre el particular, que los cargos en su contra no fueron notificados y se le negó el derecho de defensa en la asamblea, vulnerando, con ello, su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales. Ello porque esa comisión no fue electa, ni se sujetó a las disposiciones reglamentarias.

Continua indicando que las actuaciones ilegales y arbitrarias son las siguientes: la recurrida no ha dado cumplimiento a los estatutos para la elección de una comisión de disciplina, infringiendo con ello su artículo 43, que impone que las futuras comisiones deben conformarse a los reglamentos que se dicten y ello, a la fecha no ha acontecido; tampoco cumplió con lo dispuesto en su artículo 44, que preceptúa que las comisiones deben estar integradas por socios que elija la asamblea. Finalmente dice que esa comisión de disciplina no existía antes de los hechos que se le imputaron.

En lo tocante a la arbitrariedad dice que no se le entregaron las acusaciones por escrito, no hubo emplazamiento entre la comunicación verbal de esos cargos y la asamblea que debatió el tema (solo fueron tres días), infringiendo con ello las normas del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie, especialmente en lo tocante al término de emplazamiento. Con ello se ha negado, además, el derecho de defensa.

En cuanto a las garantías conculcadas, señala que con estas conductas se afectó el derecho a no ser juzgada por comisión especial, el debido proceso y la defensa jurídica, que se encuentran consagrados en el N°3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide, conforme las citas constitucionales, que se acoja el recurso constitucional y se adopten medidas tendientes al restablecimiento del derecho, dejando sin efecto el procedimiento disciplinario iniciado y las eventuales sanciones que se puedan imponer. En escrito posterior, adiciona que se le impuso la sanción de expulsión del sindicato.

Informando la recurrida, expresó que la acción de protección era improcedente. Primero indicó que la referencia a los estatutos del sindicado hecha por la recurrente no corresponde por cuanto no se encuentran vigentes en su totalidad. Luego expone cronológicamente los hechos indicando que la citación a asamblea se efectuó por correo el 16 de abril de 2018, y los temas convocados fueron: “informe congreso, comisiones y varios”. El 18 de ese mes se realizó la asamblea ordinaria, con presencia directorio y socios, algunos de los cuales solicitaron explicaciones sobre posibles conflictos de los dirigentes. A raíz de esto, y tomando en cuenta que la tabla aludía a comisiones, se llevó a cabo la conformación de comité de disciplina, reconociendo que a esa fecha no se había constituido y que era necesario dar cumplimiento al estatuto vigente, en sus artículos 44 y 45.

La conformación de este comité se realizó utilizando el mismo método ocupado en otras ocasiones, esto es mediante designación directa por el presidente con los voluntarios que asistieron a la asamblea y manifestaron interés. En el caso en cuestión, cuatro personas se ofrecieron, para finalmente quedar integrada por los socios que detalla. Dice que la recurrente fue citada mediante correo electrónico de 22 de abril de este año para reunión a concretarse el día siguiente. Reconoce que no existe norma alguna en el estatuto y menos en el reglamento que regule las formalidades para citar a los socios, por lo que se citó por escrito a la recurrente con el objeto de informarle los hechos por los que se le acusaba y para conocer su versión.

Señala que en esta última reunión, realizada a las 18.00 horas, efectivamente se negó el ingreso al letrado contratado por la recurrente, por no tener la calidad de miembro del sindicato. En esa oportunidad se le comunicaron seis denuncias que detalla en su presentación: contravenir un acuerdo del directorio, maltrato verbal al personal del directorio, publicación de fotos con audios descalificadores, maltrato a trabajadora del sindicato y negarse a trabajar en futuras comisiones de negociación colectiva. Adiciona que no se le negó el derecho a formular descargos por escrito, pues su declaración por escrito fue recibida. Terminada a sesión se levantó acta. Finalmente, el 24 de abril de 2018 por correo electrónico, se citó a asamblea extraordinaria para el 26 de abril, para la entrega del informe y aplicación de sanciones disciplinarias.

En cuanto al procedimiento sancionatorio, dice que se aplicó el artículo 45 de estatuto. Explica que se constituyó la comisión, se efectuaron las denuncias, y se citó a la recurrente. Luego se efectuó asamblea extraordinaria, y en lo relativo a los plazos de citación, agrega que no son procedentes las normas sobre plazos contempladas en el Código de Procedimiento Civil, y que además el mismo estatuto establece que el conocimiento de este tipo de controversias y posteriores reclamaciones compete a la Inspección de Trabajo, quien se pronunciará sobre la legalidad de procedimiento.

Finalmente, destaca que conforme la Constitución Política, artículos 1° inciso 3°, 5° inciso 3, y 19 N°3 inciso 3°, la organización que preside posee autonomía sindical, que se ejerce mediante la elaboración y ejecución de sus estatutos y reglamentos, en forma independiente de los órganos jurisdiccionales, de modo que el actuar de la comisión de disciplina y del propio sindicato se ajustaron a las normas sindicales vigentes.

Solicita, conforme las citas constitucionales, el rechazo del recurso de protección, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas y que además exista un derecho indubitado.

2º.- Que la recurrente funda el presente recurso en el hecho de haber sido sometida a un proceso disciplinario, con la correspondiente expulsión del sindicato, acto que califica de arbitrario e ilegal, por no haberse respetado las normas estatutarias que lo regulan, toda vez que no existe reglamento vigente que regule la forma en que se deben constituir las comisiones, entre ellas la de disciplina, dado que no ha sido dictado; que además esa comisión no fue elegida por la asamblea, sino que por designación discrecional del presidente del sindicato, y finalmente por cuanto esa comisión de disciplina no existía antes de los hechos por los cuales fue acusada. Todo lo cual involucra afectación de normas mínimas del debido proceso, y de su derecho de defensa.

3º.- Que, por su parte el sindicato recurrido, ha indicado que el procedimiento sancionatorio se llevó a cabo conforme lo dispone el artículo 45 del respectivo estatuto, reconociendo en su presentación que no existe a la fecha reglamento que regule la forma en que se constituyen las comisiones, entre ellas la de disciplina y el procedimiento aplicable, pero que siguió la práctica anteriormente adoptada, cumpliendo con ello todos los requisitos establecidos en sus estatutos, vale decir, en asamblea convocada al efecto, con el quórum de los socios y otorgando la oportunidad a la recurrente para formular sus descargos.

4°.- Que para efectos de resolver el presente recurso es necesario tomar en consideración lo dispuesto en el mismo estatuto del sindicato recurrido, el cual ha sido agregado a la causa por la Inspección del Trabajo, a petición de este tribunal.

De la lectura de ese documento se puede desprender lo siguiente: que para efectos de la existencia y funcionamiento de las comisiones del sindicato, cualquiera que sea, debe existir un reglamento aprobado; que además, en el caso de existir alguna contravención, debe pasar a la comisión respectiva y debe darse conocimiento de ello al socio, o al miembro del directorio que se vea afectado; que el dictamen de la comisión, debe ser puesto en conocimiento de la asamblea general para que decida si se debe aplicar alguna sanción, y que además debe estar aprobado, por la asamblea, el reglamento que precise las conductas o casos en los que corresponde aplicar sanciones de que trata el título IX sobre régimen interno disciplinario, a saber: multa, suspensión u exoneración del sindicato.

5° Que de los antecedentes aportados por las partes, y así además ha sido reconocido, no consta que la formación de la comisión de disciplina haya cumplido con el reglamento para su constitución y funcionamiento, por cuanto a la fecha el instrumento que la regula no ha sido dictado y menos aprobado; tampoco consta la existencia del reglamento que establezca las conductas que son constitutivas de las infracciones que se han denunciado respecto de las cuales se ha seguido este procedimiento, no obstante disponerlo de manera perentoria el mismo artículo 56 inciso final del citado estatuto sindical, que señala expresamente lo siguiente: “a proposición del directorio, la asamblea aprobará un reglamento que precisará los casos en que corresponderá aplicarlas sanciones de que trata este título”, de modo que el procedimiento sancionatorio sindical ha sido llevado con infracción de las garantías constitucionales, en especial aquella contemplada en el artículo 19 N°3 de la Constitución.

6° Que sin perjuicio de reconocer en nuestra Carta Política la autonomía de los cuerpos intermedios en su artículo 1°, inciso 3°, entre ellos, los sindicatos, y garantizar la adecuada autonomía para el logro de sus fines, tal como lo dispone el inciso 3° numeral 19 del artículo 19 de la misma carta constitucional, para lo cual pueden dictar los cuerpos normativos que estimen pertinentes, ello no les faculta para establecer sanciones estatutarias, sin fijar reglas claras, precisas y previamente conocidas por sus afiliados y aquellas conductas en cuya virtud le serán aplicables y el procedimiento a seguir, como en autos ha acontecido, desde el momento que no existe en el reglamento ninguna norma específica que las señale, de un modo expreso, máxime cuando se trata de la medida más extrema, como lo es la expulsión de un asociado.

7°.- Que a mayor abundamiento el artículo 59 del Estatuto del Sindicato de Trabajadores acompañado dispone que: "Cuando la gravedad de la falta o las reincidencias en ella lo hiciere necesario, la asamblea, como medida extrema podrá expulsar al socio”, sin indicar cuando surte efectos y menos el quórum de aprobación”, tornándose injusta la decisión adoptada.

8°.- Que, en consecuencia, de acuerdo a lo que se ha venido explicando queda en evidencia que el sindicato recurrido no dio cumplimiento con su propia normativa establecida en el Estatuto respectivo, siendo sancionada por una verdadera comisión especial constituida al margen de la preceptiva social, precisamente aquello que repulsa nuestro ordenamiento constitucional, afectándose con ello además la posibilidad de defensa de la recurrente, y disponiéndose la medida de expulsión, que sin lugar a dudas es la más gravosa que pueda afectar a un miembro de un cuerpo intermedio, por lo que su actuar es arbitrario e ilegal, razón por la que se accederá al recurso incoado.

Por estas consideraciones y con lo previsto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del Sindicato de Trabajadores N°5 Codelco El Teniente, y se dispone como medida de restablecimiento del imperio del derecho, dejar sin efecto el procedimiento sancionatorio sindical, la medida de expulsión dispuesta el 26 de abril de 2018 y se dispone el reintegro de la recurrente como socia del sindicado mencionado, y asimismo, se le reintegre su calidad de dirigente sindical, con costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°2264-2018 Protección