Protección contra ambas recurridas

Rancagua, treinta y uno de Diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, abogado, por la sociedad de responsabilidad limitada Inversiones Las Trancas Limitada RUT RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de: don nombre reservado en su calidad de Director Regional, Tesorero Regional del Libertador Bernardo O’Higgins –en lo sucesivo TGR o Tesorería-; don nombre reservado, en su calidad de Jefe de la Sección Operaciones de la Tesorería Regional del Libertador Bernardo O’Higgins, ambos con domicilio en domicilio reservado; y doña nombre reservado, en su calidad de Directora Regional del Servicio de Impuestos Internos Región del Libertador Bernardo O’Higgins –en lo sucesivo SII o Servicio-, con domicilio en domicilio reservado, en virtud de los fundamentos de hecho y derecho que en su presentación expuso.

Indica que con fecha 11 de Diciembre de 2023, la Directora Regional recurrida, dictó la RES. N° Ex 371, mediante la cual se declara improcedente la devolución solicitada por la recurrente en el formulario 22 de impuesto a la renta del año tributario 2023, por utilidades absorbidas (PPUA), por $13.643.234.

Agrega que, en la misma fecha, el Servicio de Impuestos Internos procedió a emitir el giro de impuestos folio 9457449, y que, como fundamento para su emisión, en su glosa indicó lo siguiente:

“Giro por reintegro según resolución N° EX. 371 del 11-12-2023 correspondiente a la devolución recibida el 30.05.2023 del crédito por pago provisional por impuesto de primera categoría de utilidades absorbidas solicitada en la declaración de renta año tributario 2023 según cheque N° [cuenta reservada] por la cantidad ascendente a $12.418.376, incluido el reajuste legal, conforme a lo dispuesto en el art. 24 del código tributario”.

Relata que con fecha 15 de Mayo de 2024, presentó ante el Servicio de Impuestos internos una solicitud de RAF, (revisión de la actuación fiscalizadora), folio automático 85003, la que buscaba que la Directora Regional del SII de Rancagua, en uso de las facultades que le entrega el artículo 6 letra b número 5 del Código Tributario, modificara la Res. 371 antes citada, y ordenara dejar sin efecto el giro folio 9457449, por adolecer de error manifiesto y carecer de causa, lo que devenía en un enriquecimiento injusto, y se ordene la suspensión de las acciones de cobro de la Tesorería.

Plantea que los fundamentos de dicha solicitud son los siguientes:

“Con fecha 11-12-2023 se dicta Res 371 deniega devolución y se gire impuestos indebidos que corresponda. Se emite giro 9457449 por $12.418.376, por reintegro según cheque [cuenta reservada].

No obstante, nunca se recibió suma alguna. Cheque fue devuelto a Tesorería y caducado desde el 22 de agosto de 2023 según formulario 10. No podrá ser revalidado por orden del SII Res 371, que deniega devolución.”

Indica que con fecha 12 de Agosto de 2024 como respuesta a su petición, el Servicio de Impuestos Internos dictó la RES EX. OPAT 06.01 N°290, mediante la cual no hace lugar a la modificación solicitada respecto de la Res. Ex 371 antes citada, ni a dejar sin efecto el giro folio 9457449.

Agrega que con fecha 24 de Junio de 2024, compareció ante la Tesorería Regional, con el objeto de buscar alguna solución al asunto, donde el Sr. Jefe de Operaciones le confirmó que fue él quien dio la interpretación de que la deuda tributaria existe, toda vez que se emitieron dos cheques(sic), fundamento suficiente para mantener lo obrado.

Detalla que con fecha 27 de Junio de 2024 solicitaron por escrito al señor Tesorero Regional de Rancagua, que revisara la interpretación dada por el Sr. Jefe de Operaciones, que es en definitiva el argumento del SII para no acceder a las pretensiones de la recurrente, como la que se plantea en el presente recurso. La respuesta ocurrió recién con fecha 26 de Agosto, cuando se les comunica la dictación del Oficio Ordinario N° 28971 TR-RANC. En este oficio el Sr. Tesorero oficializa su posición, idéntica al de su Jefe de Operaciones Sr. nombre reservado, al sostener que para ellos “legalmente” el hecho de emitir un cheque a nombre de un contribuyente, extingue la obligación de pago por parte de ese Servicio, naciendo por tanto la obligación de pago para la recurrente. Las normas legales que cita en su respuesta, para arribar a esa conclusión son el D.L. 1263 S.A.F.E, artículos 31 y 34; y referencia genérica al artículo 1 del D.F.L. N°1 de 1994 de Hacienda.

Agrega que con fecha 29 de Agosto de 2024, solicitaron reconsideración del Oficio Ordinario antes citado, dado que las normas indicadas como sustento, no amparan en modo alguno la interpretación pretendida por la Tesorería ni por el SII, planteando lo siguiente:

“…de la atenta lectura del artículo 31 y 34 del D.L. 1263, queda en claro que en parte alguna se refiere a la situación que aqueja a mi representada, esto es que se deba entender lo que ese Servicio ha entendido, esto es que se genere una obligación tributaria, a pesar de que el fisco no haya extinguido a su vez su obligación de pago. Tampoco aparece que una anotación de C.U.F. a C.U.T. tenga las implicancias que Ud. le da en su respuesta a nuestra petición.

A mayor abundamiento, la única referencia que existe en este D.L. 1263, está en el art 31, que textualmente señala:

Artículo 31°- El Servicio de Tesorería, mediante el sistema de cuenta única tributaria, registrará todos los movimientos que por cargos o descargos afecten a los contribuyentes y demás deudores del Sector Público por concepto de pagos, abonos, devoluciones, cobranzas compulsivas, eliminación y prescripción de sus deudas.

Por su parte el art. 1 del D.F.L. N°1 invocado textualmente señala al respecto que:

Artículo 1° El Servicio de Tesorerías dependerá del Ministerio de Hacienda, y estará encargado de recaudar, custodiar y distribuir los fondos y valores fiscales, y en general, los de todos los servicios públicos. Deberá, asimismo, efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, y otros que le encomienden las leyes.

Como se puede apreciar, esta norma no respalda la interpretación que Ud. pretende en ella fundar, y que desarrolla en su respuesta a nuestra petición, interpretación por supuesto lesiva con el patrimonio de mi representada, que es lo que motiva esta petición.

Con todo, revisado este D.F.L. en toda dicha norma, la única mención que se hace a la cuenta única tributaria, está en el número 2 de la letra c) del art 9, que textualmente señala:

c.- Al Departamento de Operaciones le corresponderá:

2.- Administrar el sistema de cuenta única tributaria velando por su constante mejoramiento y desarrollo. Deberá controlar y aprobar las operaciones de modificación que efectúen las Tesorerías Regionales y Provinciales, procurando que se adopten criterios uniformes. Será de su responsabilidad también mantener la calidad de la información incorporada en dicho sistema, definiendo y controlando los procesos que tiendan a su depuración.” Asegura que a la fecha no tienen respuesta sobre el particular.

Destaca que con fecha 10 de Julio de 2024, se solicitó audiencia al Señor Tesorero Regional recurrido, la cual fue rechazada, mediante respuesta por correo electrónico de fecha 12 de Julio de 2024, junto con ello hace presente que la Tesorería ya comenzó las acciones de cobranza ejecutiva, y se generó el expediente administrativo 10.050-2024 Olivar y que, según el certificado de deudas emitido por la Tesorería, la pretensión fiscal a la fecha es por $23.453.345.

Finaliza indicando que es un hecho de la causa, que las resoluciones como la atacada, no son susceptibles de recurso alguno, por lo que no tienen más opción que el presente recurso.

Previas citas legales solicita tener por interpuesto recurso de protección y, en definitiva, acogerlo en todas sus partes, ordenando traer a la vista el expediente administrativo electrónico junto con todos sus antecedentes, RAF folio automático número 85003, y en mérito de lo expuesto, declarar la inexistencia de obligación tributaria alguna, y además ordene la correcta aplicación de las normas invocadas y se deje sin efecto el giro 9457449, con costas.

Informando el Servicio de Impuestos Internos alega, en primer término, la extemporaneidad de la acción, pues mediante la presente acción se presente obtener que se dejen sin efectos las actuaciones del Servicio que determinaron el rechazo de la pérdida declarada y del PPUA y, consecuentemente, el reintegro de las cantidades respecto de las cuales obtuvo devolución, esto es, los correspondientes a la emisión del Giro N° 9457449 y de la Resolución Exenta N°371, ambas realizadas el 11 de Diciembre del año tributario 2023, y en relación con los cuales el contribuyente interpuso, con fecha 8 de Marzo de 2024 y 15 de mayo de 2024 reposición administrativa, con lo cual pretende la creación de un plazo artificial para la interposición de la presente acción constitucional.

En cuanto al fondo, arguye que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer la materia de autos. En este caso, como se ha señalado anteriormente, la acción constitucional incoada tiene como hecho base la emisión del Giro N° 9457449, es decir, la controversia planteada por la recurrente, es un asunto de carácter netamente tributario, la que, de acuerdo a la legislación vigente, debe ser conocida por el propio Servicio de Impuestos Internos, por medio de una solicitud de reposición administrativa voluntaria (RAV), o por el Tribunal Tributario y Aduanero competente, en virtud de la interposición del respectivo reclamo tributario por parte del contribuyente, conforme lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes del Código Tributario, pero no por la vía de un recurso de protección, que es de naturaleza cautelar.

En este orden de ideas, señala que el objeto del recurso de protección no es, ni puede ser, hacer renacer acciones y procedimientos que han fenecido, como ha ocurrido en el presente caso, en que el contribuyente no presentó reclamo tributario en tiempo y forma. Dicho de otra forma, existiendo la posibilidad, para el recurrente, de haber impugnado el giro emitido por el Servicio, no ejerció tal derecho, pretendiendo, por esta vía, tener una nueva oportunidad para impugnar el citado acto, lo que no es procedente.

Agrega que no existe, por parte del Servicio un acto ilegal o arbitrario, por cuanto, el actuar de esa repartición, en la emisión de los actos objeto del presente recurso, se enmarca en todo momento dentro de las facultades que le confiere la ley.

Además, al no haberse acreditado la veracidad de las operaciones afectas al Impuesto a la Renta con la documentación de respaldo que generaron la pérdida tributaria del ejercicio y el PPUA, emitió la Resolución Ex. N°371, de fecha 11 de Diciembre de 2023, en la cual determinó que era improcedente la pérdida tributaria del ejercicio, declarada en el Año Tributario 2023 y, en consecuencia, ese mismo día se emitió el Giro N°9457449.

Asegura que la existencia o no de los cheques caducos, no resulta ser resorte del Servicio, siendo la Tesorería General de la República el organismo competente sobre esta materia, debiendo el contribuyente solucionar efectivamente su situación en esa institución, en atención a que la resolución que rechazó la devolución solicitada en el formulario 22 del AT 2023, y el giro emitido con ocasión de la misma, cumplen con los presupuestos legales para su procedencia, considerando que la acreditación de la pérdida tributaria declarada por el contribuyente, es indispensable para la procedencia de la devolución de los PPUA solicitados en la declaración de renta.

De esta forma, la solicitud del contribuyente de dejar sin efecto el Giro N° 9457449 y la Resolución Ex SII. N°371, ambas emitidas el 11 de Diciembre de 2023, resulta ser absolutamente improcedente, en atención a que ambos actos administrativos, han sido dictados conforme a la legislación vigente y los antecedentes existentes a la fecha de su emisión, particularmente, a la falta de acreditación de la pérdida tributaria que intenta hacer valer y la necesaria correlación de ésta con la devolución de los PPUA solicitada. Lo anterior permite descartar cualquier tipo de arbitrariedad o ilegalidad.

Luego, informa la Tesorería General de la República, y en primer término alegó la extemporaneidad del recurso, pues dado que el Giro N° 9457449, por concepto de reintegro, no se pagó por el contribuyente, generaron un expediente administrativo de cobro Rol 10050-2024 de la comuna de Olivar, el que fue notificado por cédula el día 15 de Mayo de 2024, es decir, el recurrente supo de manera fehaciente que se estaba cobrando ese giro en Mayo de este año, habiendo transcurrido más de tres meses hasta la interposición del recurso.

En cuanto al fondo precisa que, de acuerdo a las funciones entregadas por ley, la Tesorería no tiene injerencia alguna en la determinación de los impuestos, multas y demás créditos, los que quedan sujetos en cuanto a su origen y determinación al respectivo Servicio Público girador. En razón de lo anterior, la Tesorería está obligada al cobro coactivo de todos los giros emitidos por el Servicio de Impuestos Internos y que se encuentran en mora de su pago, en virtud del cual inició el proceso de cobro del giro folio 94574499 en el expediente 10050-2024 de Olivar, respecto del cual se procedió a su notificación.

En lo relativo a la pretensión de la recurrente, señala que el inciso primero del artículo 31 del Decreto Ley N° 1.263, Orgánico de Administración Financiera del Estado, prescribe que la Tesorería mediante el sistema de cuenta única tributaria (CUT), registrará todos los movimientos que por cargos o descargos afecten a los contribuyentes y demás deudores del Sector Público por concepto de pagos, bonos, devoluciones, cobranzas compulsivas, eliminación y prescripción de sus deudas y el artículo 34 del mismo Decreto dispone que, por ello, está facultada para devolver, compensar o imputar a otras deudas del solicitante, los ingresos efectuados por éste con manifiesto error de hecho, y en los demás casos, requerirá el informe favorable del Organismo que emitió la orden del ingreso, para devolver, compensar o imputar las sumas erróneamente ingresadas.

Sin embargo, en el proceso de renta, cuando se solicita devolución de ésta, el monto a girar se hace con cargo a la cuenta única fiscal (CUF), y si se emitió un cheque y éste no es cobrado vuelve a la Cuenta Única Tributaria del contribuyente mediante el giro de un Formulario 10, los que quedan efectivamente a disposición del contribuyente, por lo que el Fisco, en este caso la Tesorería, no puede eliminarlos, modificarlos o retirarlos para pagar deuda, salvo causa legal para ello, como una compensación legal.

Agrega que, si bien es cierto, que el Servicio de Impuestos Internos a través de la RES. N° Ex. 371 de 11 de Diciembre de 2023 ordenó el reintegro de la devolución pedida del año tributario 2023, emitiendo el giro folio 9457449, y que tal como indica el recurrente el cheque que contenía el monto de devolución nunca fue cobrado, ya que fue devuelto a la Tesorería, ésta no puede disponer sin causa legal de lo que ya está a disposición del contribuyente, salvo que en este caso, pidiera la revalidación de los cheques caducos, momento en el cual se procedería a compensar tal como prescribe la ley.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que en cuanto a la excepción de extemporaneidad opuesta por las recurridas, no está controvertido que el recurrente interpuso contra los actos que estima vulneratorios una RAF (revisión de la actuación fiscalizadora), la que resultaba procedente interponer y que fue resuelta con fecha 12 de Agosto de 2024, rechazándose la modificación solicitada, por lo que habiéndose interpuesto éste recurso el 11 de Septiembre de este año, se interpuso dentro de los 30 días que señala el Auto Acordado respectivo, por lo que dicha alegación no puede acogerse.

TERCERO: Que, referente a que ésta no sería la vía idónea para conocer la materia de autos, aunque efectivamente la normativa tributaria tiene acciones específicas para que un contribuyente pueda reclamar por situaciones como la alegada en autos, la Corte ya declaró la admisibilidad de esta acción, a lo que debe agregarse que no es un requisito para su procedencia que no exista otra vía para conocer del mismo, pudiendo su conocimiento realizarse a través de este recurso.

CUARTO: Que el acto ilegal y arbitrario que el actor reprocha es que el SII ordenó al recurrente Inversiones Las Trancas Ltda. reintegrar los impuestos cuya devolución había solicitado –y que se le habían girado- en relación a la declaración de renta presentada por el recurrente en el año 2023, basado en que dicha devolución previa no se había cobrado, habiendo caducado los cheques respectivos, por lo que no resultaba procedente devolver algo que no había salido del erario fiscal.

QUINTO: Que el SII pidió el rechazo de la acción, pues la circunstancia que el cheque que se le giró a la recurrente, a raíz de la devolución solicitada, esté caducado, no impide que ella solicite que se revalide, no siendo resorte de su Servicio la regularización del mismo, ya que es la Tesorería General de la República el organismo competente sobre esa materia, encontrándose ajustada a los presupuestos legales tanto la resolución que rechazó la devolución solicitada como el giro emitido con ocasión de la misma.

SEXTO: Que, por su parte, la TGR también pidió el rechazo del recurso, puesto que la devolución que el SII giró a favor del recurrente se hace con cargo a la Cuenta Única Fiscal (CUF) y si el contribuyente no pidió se le depositara en alguna cuenta dicho monto, se le emite un cheque, pero si el cheque respectivo no es cobrado dentro del plazo de caducidad, los dineros no vuelven a las arcas fiscales sino que entran a la Cuenta Única Tributaria del contribuyente, por lo que la Tesorería no puede eliminarlos, modificarlos o retirarlos para pagar deudas, salvo hubiere una causa legal, pudiendo el contribuyente revalidar los cheques caducos, momento en el cual se podría compensar con el giro ordenado por el SII, por lo que considera no ha cometido ilegalidad ni arbitrariedad alguna, al haber actuado dentro de la normativa y atribuciones que le permite la ley.

SÉPTIMO: Que, son hechos no controvertidos por las partes:

1. Que el contribuyente pidió devolución de impuesto a la renta en el año tributario 2023, por pérdida del ejercicio y de utilidades absorbidas, por la suma de $13.643.234;

2. Que el SII autorizó la devolución parcial de dicho monto, por la suma de $12.418.376, el 30 de Mayo de 2023;

3. Que, a raíz de lo anterior, la TGR emitió el cheque N° [cuenta reservada];

4. Que, si bien la TGR remitió el cheque al contribuyente por correo, éste fue devuelto, caducando por no cobrarlo en tiempo;

5. Que, por otra parte, al no haber acreditado el contribuyente la veracidad de las operaciones que generaron la pérdida tributaria del ejercicio y el PPUA, el SII emitió la Resolución Ex. N° 371 y el Giro N° 9457449, por concepto de reintegro, que son los actos recurridos en este proceso.

OCTAVO: Que, de lo dicho no hay duda que el SII le está exigiendo al contribuyente que le devuelva una suma de dinero que en el hecho nunca salió del erario fiscal -de lo cual está en conocimiento-, basado en que aun cuando el cheque esté caducado el contribuyente podría solicitar su revalidación, mismo argumento que esgrime la TGR, oportunidad en que dicho monto podría compensarse con el giro por reintegro, que el recurrente pide se deje sin efecto.

NOVENO: Que, a pesar que lo que dicen las recurridas no es contrario a derecho y resulta atendible, el punto es que la suma que el SII ordenó girar por devolución de impuestos asciende a la suma de $12.418.376, en cambio el giro N° 9457449 -al 11 de Diciembre de 2023- fue por $15.144.457, que por concepto de reajuste, intereses y multas superaba los 6 millones de pesos (de los cuales le compensaron un poco más de 3.5 millones), cuando no había transcurrido ni siquiera un año desde que se autorizó la devolución, por lo que al día de hoy, más de un año después, lo adeudado podría superar fácilmente los 25 millones de pesos, ya que el contribuyente señaló en su recurso que según el certificado de deudas emitido por la Tesorería, la pretensión fiscal ya alcanzaba $23.453.345, por lo que de hacerse lo señalado por las recurridas y compensar la devolución con el reintegro, el recurrente aún debería una suma quizás mayor a la que se había ordenado devolver en un principio.

DÉCIMO: Que, además, si bien la declaración de renta es una auto declaración, por lo que el contribuyente es responsable de lo que en ella indica, el SII tiene el deber de revisar dichas declaraciones y visarlas, poniendo especial atención en aquellas que implican una devolución de impuestos, lo que en la especie el Servicio no cumplió, pues autorizó la devolución sin haber revisado la declaración.

UNDÉCIMO: Que, por lo dicho, actuaciones que desde un punto de vista formal no serían ilegales, en la práctica resultan absolutamente abusivas, pues sabiendo el SII que los dineros que autorizó devolver no se cobraron y que de mantener el giro recurrido, se le reintegraría -en un breve periodo- casi el doble de lo supuestamente devuelto (que si se tratara de particulares podría asimilarse al delito de usura), beneficiándose de su propia falta de diligencia, no realizó ninguna acción tendiente a dejar sin efecto tanto la primitiva devolución otorgada como el giro para el reintegro, lo que no se condice, principalmente, con los principios de economía procedimental ni de los relativos a los medios electrónicos, consagrados en los artículos 9 y 16 bis de la Ley 19.880, que imponen a los órganos de Administración Pública evitar trámites dilatorios, así como tener medios electrónicos capaces de interactuar y operar entre sí al interior de la Administración del Estado, que no impongan a los usuarios tener que hacer peticiones en uno u otro lugar, con el gasto de tiempo y recursos que ello conlleva, actuar que tampoco se condice con los derechos que consagra el Código Tributario en su artículo 8 bis, especialmente, en su número 10, en cuanto a que las actuaciones del Servicio deben llevarse a cabo sin dilaciones, requerimientos o esperas innecesarias y en la forma menos costosa para el contribuyente.

DUODÉCIMO: Que, por lo dicho, se ha configurado por parte del Servicio un actuar arbitrario e ilegal, al contravenir las normas ya citadas, afectando el derecho de propiedad del recurrente, al exigirle devolver una suma de dinero que sabía que el contribuyente no había recibido, todo lo cual justifica acoger el presente recurso en contra de ambas recurridas, por cuanto la Tesorería también deberá dejar sin efecto las actuaciones que se dirán en la parte resolutiva de este fallo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso deducido por Inversiones Las Trancas Limitada en contra de la Tesorería General de la República y del Servicio de Impuestos Internos, ambos de la Región del Libertad Bernardo O´Higgins y se ordena a este último dejar sin efecto tanto la devolución parcial de impuestos de la recurrente, correspondiente al año tributario 2023, así como el giro N° 9457449, informando de ello a la Tesorería para que ésta, a su vez, también elimine el abono realizado en la cuenta única tributaria de la recurrente relativa a la devolución de impuestos autorizada en el año 2023 y deje sin efecto el expediente administrativo de cobro Rol 10050-2024 de la comuna de Olivar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Sra. Marcela de Orúe Ríos.

Rol I. Corte 2213-2024 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.