nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Rancagua, doce de marzo de dos mil veinte.

VISTOS:

Con fecha 30 de diciembre de 2019 comparece doña nombre reservado, administradora, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, Las Mercedes comuna de Requínoa, deduciendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, representada legalmente por el Superintendente del ramo, don CLAUDIO REYES BARRIENTOS, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Sostiene que la recurrida, mediante Resolución Exenta Nº R-01-UJU-59987-2019, de fecha 15 de noviembre de 2019, rechazó el pago del subsidio por incapacidad laboral derivado de las licencias médicas N° 3 RUT reservado, 3 RUT reservado y 3 RUT reservado, por cuanto a juicio de la COMPIN no reunía el requisito de cotizaciones para acceder al beneficio. La decisión de la COMPIN se fundó en que no contaba con los 90 días para acceder al subsidio por incapacidad laboral y el contrato acompañado no se encuentra firmado, lo que permitía concluir que "se sospecha claramente de un vínculo laboral simulado, para obtener beneficios de salud y previsión" En contra de esta Resolución, con fecha 21 de noviembre de 2019, presentó el correspondiente recurso de reconsideración, el que fue rechazado mediante resolución exenta N° R-01-F-68385-2019 de fecha 09 de diciembre del mismo año.

Tras citar los fundamentos expresados en la resolución administrativa contra la cual recurre, controvierte tales basamentos, señalando que no es efectivo que no reúna los 90 días para acceder al subsidio por incapacidad laboral, porque ingresó a prestar servicios el 01 de abril de 2019 y la licencia médica se presentó el día 22 de julio del mismo año, tampoco que exista una irregularidad en su contratación, que consta de dos contratos diferentes; el primero fue suscrito a plazo fijo el 01 de abril del 2019 y el segundo, de carácter indefinido, se escrituró el 01 de mayo de 2019, habiéndose omitido sólo por error, remitir el primer contrato.

Hace presente que en la actualidad presenta un embarazo de 31 semanas, y que ingresó a prestar servicios como administradora bajo vinculo de subordinación y dependencia para la empresa COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS DONAIRE SPA el día 01 de abril de 2019. El Código del Trabajo señala que el contrato de trabajo es consensual y, por ende, se entiende que estaba contratada desde el día que inició la prestación de servicios para la empresa, independiente de lo que haya hecho o dejado de hacer su empleadora.

Estando bajo vínculo laboral, con fecha 22 de julio de 2019 tuvo síntomas de pérdida, por lo que el facultativo extendió la respectiva licencia médica, la que fue rechazada por la autoridad junto con las posteriores.

Afirma que las inconsistencias que se cuestionan por la recurrida obedecen a un desorden administrativo de su empleadora, la que no escrituró el contrato dentro del plazo legal y no pagó las cotizaciones previsionales en tiempo y forma, pero ello no habilita a la autoridad a negarle su derecho al pago de sus licencias médicas por hechos ajenos a ella.

Existen huellas laborales concretas que permiten dar por establecida la calidad de trabajadora dependiente, porque se acompañaron los antecedentes que detalla, que acreditan que efectivamente prestaba servicios para esa empresa, de los cuales la autoridad no se pronuncia en las resoluciones que rechazan la solicitud de reconsideración.

Concluye que la autoridad administrativa está pidiendo más requisitos que los previstos en la ley, violando los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, incurriendo en un acto ilegal y arbitrario, toda vez que la aseveración que le sirve de fundamento no se encuentra apoyada en antecedente alguno que haya podido desvirtuar los hechos suficientemente acreditados mediante la documentación acompañada, prescindiendo de los instrumentos que ordinariamente son utilizados para acreditar una relación laboral, dejándola en la más absoluta indefensión. Lo que resulta más grave si se considera que conforme al artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, si los documentos acompañados no eran suficientes para acreditar una relación laboral, la autoridad administrativa debe dictar las medidas que estimare necesarias para alcanzar la convicción de la existencia o inexistencia de dicho vínculo laboral.

La actuación de la recurrida vulnera los derechos garantizados en el artículo 19 N° 1, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Finaliza solicitando que se acoja su recurso, se tengan por aprobadas las licencias médicas N° 3 RUT reservado, 3 RUT reservado y 3 RUT reservado, y se ordene su pago íntegro, sin perjuicio de todas las otras medidas de protección que la Corte estime necesario adoptar, con costas.

Se evacua informe por la Superintendencia recurrida, alegando en primer término la extemporaneidad del recurso, habida cuenta que el 8 de octubre de 2019 la recurrente reclamó contra la resolución dictada por la COMPIN el 8 de agosto de 2019, por el pago del subsidio por incapacidad laboral derivado de sus licencias médicas N° 3 RUT reservado, 3 RUT reservado y 3 RUT reservado, rechazo que la Superintendencia confirmó mediante Resolución Exenta N°R-01-UJU-59987-2019, de 15 de noviembre de 2019 y ratificó mediante Resolución Exenta N° R-01-F-68385-2019, de 09 de diciembre del mismo año, debiendo contarse el plazo para recurrir de protección, al menos desde que se le notificó de la resolución del 8 de agosto de 2019, porque en esa fecha ya tenía conocimiento cierto del rechazo y sus fundamentos y desde entonces hasta la interposición de esta acción han pasado más de 4 meses, no resultando aceptable que se emplee esta acción excepcional como una última instancia de reclamación para obtener la autorización de una licencia médica que fue rechazada en todas las instancias administrativas que prevé la Ley, no siendo aplicable el artículo 54 de la Ley 19.880, por la supremacía constitucional del artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, de acuerdo al cual, la acción constitucional se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Por estas razones solicita el rechazo del recurso por extemporáneo, con costas.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, por cuanto se trata de un derecho establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución, que no está amparado por la acción cautelar que se ejerce.

En subsidio, alega sobre el fondo del recurso y señala que, en su oportunidad, se informó a la recurrente que el vínculo laboral entre empleador y trabajador, necesario en toda relación laboral, debe comprobarse mediante la existencia de huellas laborales materiales y concretas que den cuenta del desarrollo de las labores, no bastando la sola exhibición de documentos formales, como lo son el contrato de trabajo, liquidaciones de remuneración y planillas de pago de cotizaciones.

Y en este caso, se evidenció la existencia de irregularidad en la información entregada respecto del inicio de la contratación, puesto que dentro de los antecedentes acompañados consta copia del contrato de trabajo suscrito con su empleador el 1 de abril de 2019, no obstante, en los datos ingresados en la Sección C.1 de las licencias reclamadas se señala como fecha de contrato el 01-05-2019, mientras que en su certificado de pago de cotizaciones previsionales consta que el pago de las cotizaciones correspondientes al mes de abril, se realizó de manera extemporánea, el 06-08-2019, esto es, después de iniciado el período de reposo reclamado.

En virtud de los antecedentes tenidos a la vista, en ausencia de huellas laborales materiales y concretas que den cuenta del desarrollo efectivo de la labor consignada en el contrato de trabajo, y la contradicción evidente de los antecedentes acompañados, esa Superintendencia no se pudo formar la convicción en cuanto a que la Sra. nombre reservado tenga la calidad de trabajadora dependiente de "Comercializadora de Alimentos Donaire SPA, RUT Nº RUT reservado", condición necesaria para tener derecho a licencia médica, más allá de la documentación formal tenida a la vista, razón por la cual confirmó lo resuelto por la COMPIN, mediante Resolución Exenta N° R-01-UJU-59987-2019, de fecha 15 de noviembre de 2019, ratificada en Resolución Exenta N° R-01-F-68385-2019, de fecha 09 de diciembre de 2019.

Expone la normativa legal aplicable y sostiene que el derecho a licencia médica, definida en el artículo 1 del D.S. N°3 del año 1984, del Ministerio de Salud, cuyo otorgamiento se encuentra regulado en el artículo 149 del D.F.L N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, es esencialmente temporal porque su finalidad última es que el trabajador recupere su salud o el uso de descansos de maternidad, y tiene dos grandes objetivos: permitir la ausencia justificada al trabajo y el otorgamiento de un subsidio que reemplace la remuneración durante el período de incapacidad laboral, circunstancias que hacen inadmisible la licencia respecto de un trabajador cuyo vínculo laboral no se encuentra acreditado.

Agrega que a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, conforme el inciso 4° del artículo 19 N°18 de la Carta Fundamental y el artículos 2, 3, 27 y 38 de la Ley 16.395.

Señala, que los pronunciamientos que emite en materia de licencias médicas, se hace en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, encontrándose regulado el procedimiento de autorización o rechazo en el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, que expresamente contempla causales de rechazo de licencias médicas. Normativa que se ha cumplido en el caso de la Sra. nombre reservado, pues en el dictamen que la afecta se han expresado los argumentos que se tienen en consideración para el rechazo, los que están en armonía con los antecedentes que obran en el expediente administrativo, en cuyo mérito se resolvió, sin incurrir en una actuación arbitraria.

Agrega que no se reúnen los presupuestos de procedencia de esta acción porque, claramente, el “derecho a licencia médica” de la recurrente, no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, sino, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas.

En consecuencia, estima que su actuación no ha sido ilegal o arbitraria, ni hay derechos vulnerados, por lo que solicita el rechazo de la acción, para lo cual acompaña la documentación que se encuentra incorporada en la carpeta virtual.

Evacuando su traslado, la recurrente solicita el rechazo de la alegación de extemporaneidad e improcedencia de la acción por tratarse de una materia de seguridad social, atendido que el recurso se presentó una vez agotada la vía administrativa y esto ocurrió el día 09 de diciembre de 2019 al dictar la recurrida la resolución exenta N° R-01-F-68385-2019 que rechazó el recurso de reconsideración de fecha 21 de noviembre de 2019. Agrega que tomó conocimiento del rechazo de la primera licencia médica en el mes de agosto, pero, siguiendo instrucciones de la propia COMPIN, presentó los recursos correspondientes acompañando los antecedentes que sustentaron sus aseveraciones y la presente acción no la ha presentado contra una resolución particular, sino contra todo el procedimiento administrativo que la ha privado de sus derechos y que finalizó precisamente el 9 de diciembre de 2019, por lo que el recurso presentado el día 30 de diciembre del mismo año se presentó dentro de plazo.

La alegación de improcedencia también debe rechazarse porque en su recurso invocó como afectadas las garantías consagradas en el artículo 19 números 1º, 3º y 24º de nuestra Carta Fundamental, lo que hace procedente la acción intentada.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposiciones enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

2.- Que como primera cuestión, debe resolverse la extemporaneidad planteada por las recurridas respecto de la acción de protección en relación al rechazo de las licencias objeto del presente arbitrio, fundado en que ha transcurrido con creces el plazo para interponer la presente acción cautelar, por haber tomado conocimiento del rechazo y sus fundamentos cuando se dictó y notificó la resolución de la COMPIN por la que se rechazaron sus licencias.

3.- Que tal alegación no puede prosperar, porque hasta que la reclamación en sede administrativa no terminara, la actora tenía la legítima pretensión de que se accediera a su reclamo y se ordenara el pago de sus licencias médicas y ese proceso concluyó con la resolución exenta de la Superintendencia de Seguridad Social Nº R-01-F-68385-2019 de fecha 09 de diciembre de 2019, que ratificó lo resuelto por la COMPIN, de manera que el recurso de protección deducido el 30 de diciembre fue intentado dentro de plazo.

4.- Que tampoco puede prosperar la alegación de improcedencia de la acción porque el catálogo de derechos contenido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental no contiene la garantía prevista en su artículo 19 N° 18, atendido que en libelo pretensor se han invocado como conculcados derechos sí contemplados en el precitado artículo 20, como aquellas previstas en el artículo 19 N° 1, 3 y 24.

5° Que, del informe evacuado por la recurrida, se aprecia que el motivo del rechazo de las licencias, dice relación con que la recurrente no acreditó, a través de huellas laborales, la existencia de un vínculo de trabajo.

6° Que, el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, ordena en su artículo 16 que: "La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia." 7° Que, en el mismo sentido, cabe señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º del D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, la licencia médica es un derecho que le asiste al trabajador para ausentarse de sus labores en cumplimiento de una orden médica, con las demás condiciones que el mismo artículo señala. De lo expresado, se infiere que para la procedencia de una licencia médica es requisito indispensable la existencia de un vínculo laboral vigente.

8° Que, para determinar si el rechazo de la Superintendencia constituyó o no un acto ilegal o arbitrario tendría que dilucidarse en esta sede la existencia de una relación laboral verídica y vigente respecto de la actora con su empleador, porque este es el hecho central del que pende la negativa de la Superintendencia, al ratificar la decisión de la COMPIN. En ese sentido, la actora no acompañó o incorporó antecedente suficiente que otorgara fuerza a sus dichos, en orden a acreditar la efectividad de dicho vínculo, pese a la medida para mejor resolver dictada, la que tenía por objeto establecer la existencia de la relación laboral mediante la incorporación del libro de control de asistencia al trabajo, esto no fue posible por encontrarse el inmueble cerrado, en las diversas oportunidades a las que concurrió Carabineros de Chile. A su vez, también se solicitó, como medida para mejor resolver, que la oficina regional de Compin acompañara copia del informe de fiscalización, el que se incorporó en el folio 26, elaborado por la funcionaria doña nombre reservado, la que concluye que no es posible establecer la huella laboral por la falta de documentación no existiendo registro de las labores que eventualmente desempeña la recurrente.

9° Que, conforme a lo anterior, la prestación de servicios se debe acreditar con la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia, continuidad en los servicios prestados, asistencia del trabajador, cumplimiento de un horario, etc.; hechos que no se han podido verificar en su situación particular, conforme al mérito del acta de fiscalización acompañada, la que fue confeccionada por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, la que entonces goza de presunción de veracidad.

10° Que, en base a lo expuesto en el motivo anterior, es dable concluir que los hechos que motivan el recurso y cuya protección reclama la actora no tiene el carácter de indubitados, por lo que la presente acción carece de un requisito esencial para prosperar, ya que la situación fáctica invocada por la recurrente no aparece determinada como un hecho preexistente y libre de controversia, sino que negada y discutida por la recurrida, no siendo esta acción cautelar una instancia para aclarar hechos, ni constituir ni declarar derechos, sino para proteger derechos no discutidos.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se rechazan las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia de la acción, planteadas por la recurrida.

III.- Que, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado contra la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Abogado Integrante, Sr. José Irazabal herrera ROL 22.117-2019 Protección