Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Colchagua

Rancagua, ocho de febrero de dos mil dieciséis.

Vistos:

A fojas 88 comparece don Domingo José Eyzaguirre Martínez, abogado, en representación de Viña Luis Felipe Edwards Limitada, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Colchagua, representada por don nombre reservado, y en contra de este último, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Precisó que producto de una fiscalización realizada en su empresa, la recurrida le cursó una multa de 60 UTM en razón de no haber pagado remuneraciones, específicamente bono de producción, en determinados períodos a algunos trabajadores de su empresa. Lo anterior se constató por el fiscalizador luego de revisar los contratos de trabajo respectivos y las liquidaciones de remuneraciones de los últimos años, lo que implica que procedió a interpretar aquéllos contratos determinando la existencia de una cláusula tácita relativa al pago de un bono anual. En razón de ello presentó un recurso de reconsideración ante el ente administrativo, debido a que se había ejercido una facultad vedada al fiscalizador.

Agregó que a pesar de la patente extralimitación, el Inspector Provincial desestimó la impugnación argumentando que no hubo una interpretación contractual, sino que el fiscalizador se limitó a constatar el no pago del bono y asimismo que la empresa no acreditó el motivo de ese incumplimiento. Esta decisión es totalmente desajustada a derecho, pues no corrigió el error cometido por el fiscalizador, y es el acto del cual se recurre.

En este contexto, señaló que el actuar desplegado por la recurrida ha significado una vulneración del derecho consagrado en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución, por cuanto al haberse arrogado prerrogativas que no le corresponden, se ha constituido en una comisión especial. Asimismo, implica un desconocimiento de su derecho a desarrollar cualquier actividad económica, pues el ente administrativo se ha entrometido en las condiciones que libremente puede adoptar en la planificación de su actividad.

En definitiva solicita que la presente acción sea acogida declarando que se deja sin efecto la resolución N° 254, que los recurridos se abstengan de actuar de igual manera en lo sucesivo, y que se condena en costas a la contraparte.

A fojas 142 compareció Mariel nombre reservado Maureira, por la recurrida, evacuando el informe solicitado, señalando preliminarmente que la acción de protección no puede considerarse un sustitutivo de las vías ordinarias, por ello estima que el presente recurso resulta inadmisible.

Sin perjuicio de lo expuesto, en cuanto a los hechos denunciados, señaló que debido a una denuncia del sindicato de la empresa de la recurrente, se concurrió hasta el establecimiento para constatar la efectividad del no pago de un bono de desempeño a un grupo de trabajadores, lo que así se observó. Ante ello la empresa contrarrestó indicando que tales dependientes obtuvieron una evaluación insuficiente, de acuerdo al sistema de gestión 2.015, pero los estipendios impagos correspondían en algunos casos a años anteriores, por lo que no acreditó la razón del incumplimiento.

En tal sentido, señaló que es la propia empresa la que reconoce que en el caso puntual el bono no era procedente, es decir, que aquel concepto sí es parte de la remuneración, por lo tanto no existe una interpretación contractual de parte del servicio. Concluyó aseverando que el fiscalizador actuó dentro del ámbito de sus atribuciones y asimismo lo hizo el Inspector Provincial, que con el mérito de los antecedentes confirmó la multa impuesta. En consecuencia no ha existido un acto ilegal ni arbitrario que pueda sancionarse a través de esta vía, por lo que pide el rechazo del recurso, con costas.

A fojas 146 se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1.- Que tal como reiteradamente lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste este ejercicio.

2.- Que primeramente, se debe dejar sentado que no existe inconveniente en determinar que el recurrente es titular de la acción de protección interpuesta y de los derechos que dice haber sufrido amague en un su ejercicio, por cuanto se trata de un particular determinado, que acciona contra un acto de la administración del estado, y su interés – requisito necesario para accionar de protección -, resulta de la aplicación de una multa por una supuesta infracción a la legislación laboral, que por esta vía pide se deje sin efecto.

3.- Que suma, el núcleo de la discusión estriba en el hecho de si la recurrida interpretó diversos instrumentos para establecer una obligación por parte de la recurrente para con sus trabajadores, específicamente el bono de producción o desempeño anual, el cual no consta ni en el contrato individual de los trabajadores, ni en alguno de índole colectivo, como lo sostuvo la propia recurrida en estrados, sino sólo liquidaciones de sueldo de años previos, bono que según la recurrente se debía pagar sólo si se cumplía con requisitos de sistema de gestión integrado, para luego establecer un incumplimiento de la normativa laboral por parte del recurrente y consecuencialmente aplicarle una multa por ello.

4.- Que lo descrito en el considerando anterior, resulta ser un acto de la Administración del Estado que puede ser objeto del presente recurso, atento a que precisamente se trata de un cuestionamiento a la “competencia” de dicho organismo para adoptar la decisión impugnada.

5.- Que si bien el artículo 2° del Código del Trabajo le entrega al Estado la misión de proteger al trabajador, velando por el cumplimiento de la normativa laboral por parte de los empleadores, ejercicio que se realiza preferentemente a través de la Dirección del Trabajo, las competencias de dicho organismo, en tanto órgano fiscalizador, sólo pueden ser ejercidas cuando las infracciones a las normas laborales resultan claras, patentes u objetivamente constatables.

6.- Que como puede advertirse de lo expuesto, la recurrida procedió –en las circunstancias apuntadas – a interpretar o establecer obligaciones laborales por parte del empleador y además, estimarlas incumplidas, con el sólo mérito del estudio de las liquidaciones de sueldo previas, sin establecer si ellas eran o no procedentes de conformidad al cumplimiento de los logros que establece el sistema de gestión aludido, lo que por lo demás tampoco es de su competencia, al requerir tal determinación de un análisis más profundo el que sólo podría ser reclamado y resuelto ante los Tribunales ordinarios de justicia, como lo establece para este caso el artículo 420 del Código del ramo, que precisa “será de competencia de los juzgados de letras del trabajo: a) las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación del as normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las conversaciones y fallos arbitrales en materia laboral;”

6.- En este sentido, la interpretación efectuada por la recurrida se realizó en base a que dichos bonos se pagaron en años anteriores y constan de las liquidaciones de sueldo de dichos tiempos, lo que desde luego, supone un proceso de análisis interpretativo, puesto que como se dijo, tal obligación no consta ni en el contrato individual de trabajo ni en alguno colectivo.

7.- Que de lo reflexionado aparece de manifiesto que la recurrida incurrió en una acción ilegal que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, ya que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad.

Por estas consideraciones y de conformidad, asimismo con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el auto acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del recurso de protección, se declara que se acoge el recurso de protección deducido en lo principal de presentación de fojas 88, sólo en cuanto se deja sin efecto la resolución N° 254, de 1 de diciembre de 2015, por la que se impuso a la Sociedad recurrente una multa de 60 U.T.M, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Interino señor Álvaro Martínez Alarcón.

Rol Corte 22-2016-Protección.

Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros Interinos señor nombre reservado, señor Álvaro Martínez Alarcón y el Abogado Integrante señor Alamiro Carmona Rojas.

nombre reservado

Secretaria (S)

En Rancagua, a ocho de febrero de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.