Protección contra Caja De Compensación de Asignación Familiar La Araucana y de Caja De Compensació

C.A. de Rancagua Rancagua, uno de septiembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Con fecha 28 de mayo de 2023 comparece el abogado Francisco Díaz Maldonado, en beneficio y a favor de doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de Caja De Compensación de Asignación Familiar La Araucana y de Caja De Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por lo antecedentes de hecho y derecho que expone.

Relata que la recurrente es trabajadora dependiente de empresa GEPYS EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS SPA y que en su liquidación de sueldo del mes de abril del 2023 apareció un primer descuento bajo la siguiente nomenclatura: “Préstamo CCAF” por una suma total de $ 129.087 pesos por lo que, al consultar con personal de recursos humanos de su empleador, y se le indicó que tal descuento se producía porque la empresa recibía mes a mes instrucciones por parte de la CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIA LOS ANDES, la que le indicaba por medio de una “nómina mensual de retenciones” a qué trabajadores debían efectuárseles descuentos por préstamos a Cajas de Compensación.

Agrega que el año 2017 -aproximadamente- trabajó para una empresa que se encontraba afiliada a la Caja Los Andes, a la cual le solicitó un crédito o mutuos de dinero, el cual se encuentra vencido desde 28-03-2018 por un monto total de $1.032.680, añadiendo que a mediados de 2018 decidió dejar su trabajo, y se le informó que los saldos por concepto de créditos de consumo serían pagados directamente por el liquidador a la caja de compensación a la que se encontraba afiliada, por lo que se sorprendió al aparecer en su liquidación de remuneraciones un descuento por una deuda contraída el año 2017 y que 5 años después pretende ser cobrada extrajudicialmente por las recurridas a través de descuentos ilegales, directos, sin aviso o notificación previa, en circunstancias que dicha deuda, se halla prescrita de acuerdo a las reglas del derecho civil.

La recurrente estima se han vulnerado sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus numerales 3, 16 y 24, desplegando las recurridas un ejercicio abusivo de la facultad establecida en la ley de cajas de compensación sin fundamentar ni siquiera contractualmente este descuento abusivo, lo que a su criterio adolece de falta de razonabilidad y verosimilitud y por lo tanto la decisión adoptada no puede sino ser declarada como arbitraria y, por lo tanto, no la habilita para ejercer la facultad excepcional establecida en la ley de cajas de compensación.

Concluyen requiriendo el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones del recurrente, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución, que se abstengan de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte de “GEPYS EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS SPA”., o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos de las remuneraciones de la con expresa condena en costas.

Acompaña liquidación de sueldo del mes de abril 2023 y certificado de deuda, emitido por boletín comercial.

Posteriormente compareció y acompañó copia de correo electrónico de fecha 12 de mayo del presente año, donde aparece la deuda contraída entre la recurrente con Caja de Compensación La Araucana.

A folio 6 se declaró la admisibilidad de la presente acción y se requirió informe, tanto a las recurridas CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES y CAJA DE COMPENSACIÓN LA ARAUCANA, como a la empleadora de la recurrente.

A folio 8, con fecha 31 de mayo del presente año, se concede Orden de no innovar en estos antecedentes.

A folio 11 comparece informando la Caja de compensación Los Andes, solicitando el rechazo de la presente acción por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por esa entidad. Señala que, por aplicación del “Proyecto Intercajas” la Caja de Compensación La Araucana les solicitó efectuar cobranzas nombre de la señora nombre reservado, respecto del crédito otorgado en esa Caja y que a través de las nóminas de retenciones de crédito social, correspondiente al mes de abril de 2023, informó un descuento por la suma de $129.087.-, cuyo monto fue recaudado con fecha 10 de mayo del presente año, y a su vez transferido a la contraparte, la última semana del ese mes, todo, en los términos del art. 22 de la Ley 18.833.

A folio 18 comparece la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana solicitando el rechazo de la presente acción, por falta de oportunidad.

Detalla que le otorgó el crédito social Folio N°138-000241703 el 14 de abril de 2016, por un monto de $2.520.777, pactado en 30 cuotas, cada una por la suma de $129.087 pesos, del que se pagaron 22 cuotas la última en abril de 2018, no existiendo más pagos efectuados, por lo que comenzó a figurar en mora, por ende, al resultar infructuosas las gestiones extrajudiciales y ante la no concurrencia de la deudora a regularizar la obligación contraída, se remite la información al Sistema Intercajas que, en aplicación de la Ley N° 18.833, tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la otra Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso. La particularidad que existe en este descuento aplicado mediante el Sistema Inter Cajas, es que se efectúa por un tercero, a saber, la Caja a la que actualmente se encuentra afiliado el deudor, permitiendo así mediante este mecanismo regularizar la deuda pendiente que un trabajador tenga con una Caja de Compensación, por concepto de crédito social en virtud del carácter social de los mismos y atendido la obligación de protección del fondo social. Siendo posible ubicarla en marzo de 2023 al encontrarse trabajando en una empresa afiliada a Los nombre reservado.C.A.F., remitiéndose nómina de descuento, aplicado en abril 2023 y remesado en mayo del año en curso, por la suma de $129.087, única remesa efectuada y que permitió el pago de la cuota 23, existiendo a la fecha 7 cuotas impagas.

Destaca que son los Tribunales de Justicia quienes declaran prescritas las acciones que emanan del mutuo y del pagaré y mientras ello no exista, la suma de dinero recibida en préstamo existe y es exigible. Agrega que esa entidad no ha privado, perturbado, o amenazado los derechos y garantías constitucionales del actor, ya que en todo momento, esta entidad ha obrado conforme a derecho y además salvaguardando las garantías constitucionales, en especial la contemplada en el artículo 19 N.º 24 de la Constitución, relativo al derecho de propiedad obrando en conformidad al mandato legal de proteger el fondo social al revestir los créditos otorgados por las Cajas un carácter social.

Sin perjuicio de lo anterior, señala, y sin reconocer la extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime la recurrente en el presente recurso de protección esa Caja de Compensación informa que ha dispuesto el cese de los descuentos y restitución solicitada, de la cual deja constancia en comparecencia posterior, de folio 19 a través de deposito en la cuenta corriente de esta Corte de Apelaciones.

A folio 20 comparece la parte recurrente haciendo presente que no se ha dado cumplimiento a la orden de no innovar, toda vez que la Caja de Compensación Los Andes volvió a efectuar el descuento por un monto de $ 129.087 pesos, correspondiente al periodo del mes de junio, de acuerdo a la liquidación que acompaña. Dicha Caja compareció a folio 28 señalando que tomó conocimiento de forma posterior a la fecha en que se comunican los descuentos, sin perjuicio de lo cual, ha procedido a gestionar la devolución de la suma de $129.087, con cargo a recursos propios acompañando comprobante de depósito judicial N°2422424, de 18 de julio de 2023, por la suma de $129.087.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

2° Que, los hechos que motivan el presente recurso consisten en los descuentos aplicados por su empleadora en sus remuneraciones de la recurrente a requerimiento de la Caja Los Andes, atendido la deuda que mantendría con la Caja La Araucana por un crédito social del año 2018.

3° Que, al informar, la Caja La Araucana señala que a raíz de la aplicación del Sistema Inter Cajas, procedió al descuento aplicado, por requerimiento de Caja Los Andes, la que, en síntesis, señaló que luego de infructuosas gestiones extrajudiciales y ante la no concurrencia de la deudora a regularizar la obligación contraída, sin perjuicio de haber obrado de conformidad a la normativa vigente, especialmente en aplicación de la Ley N° 18.833, esa entidad dispuso el cese de los descuentos y la restitución de los fondos descontados.

4° Que, para la adecuada comprensión de la presente acción constitucional, cabe precisar que el 14 de abril de 2016 se otorgó a la recurrente el crédito social Folio N°138-000241703, por un monto de $2.520.777, pactado en 30 cuotas, cada una por la suma de $129.087 pesos, crédito del cual se pagaron 22 cuotas la última en abril de 2018, sin que se haya hecho referencia a la existencia de acciones civiles en contra de la actora.

5° Que, en cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad reclamada, cabe tener presente que el artículo 22 de la Ley 18.833, contempla un procedimiento especial para el cobro de las cuotas de créditos sociales devengadas, que consiste en su descuento desde la remuneración por parte de la entidad empleadora afiliada, el que luego debe ser retenido y remesado a la Caja acreedora, deducción que se rige por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Sin embargo, tal como lo ha sostenido en forma reiterada la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia, tal beneficio sólo se prevé por la ley para el cobro oportuno de lo adeudado por cuotas de esta clase de créditos, por lo que para los efectos de determinar la oportunidad del cobro, debe atenderse al tiempo transcurrido desde que la obligación se encontraba impaga previo al descuento, para lo cual corresponde acudir como parámetro el transcurso del tiempo exigido para la prescripción, el que por tratarse de mutuos de dinero, no es otro que el de la prescripción ordinaria, de cinco años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil.

6° Que, en la especie, de los términos del recurso y de lo informado por la recurrida, es posible constatar que el 14 de abril de 2016 se otorgó a la recurrente el crédito social Folio N°138-000241703, por un monto de $2.520.777, pactado en 30 cuotas, cada una por la suma de $129.087 pesos, crédito del cual se pagaron 22 cuotas, la última en abril de 2018, y que recién en su remuneración correspondiente al mes de mayo de 2023, se le realizó el descuento de la cuota N° 23.

7° Que, en consecuencia, es dable concluir que la recurrida no sólo actuó de manera ilegal, sino también injustificada, en cuanto utilizó un mecanismo especial de cobro que no es aplicable en la especie, atendido el tiempo transcurrido, esto es, más de cinco años, por lo que no aparece oportuno, desconociendo además sus actuaciones propias y los efectos que aquellas tuvieron en relación con la exigibilidad del crédito, lo que lo torna en arbitrario.

8° Que, en efecto, como lo ha señalado la Exma. Corte Suprema en los Roles 6.928-2021; 30.294-2021; 71.519-2021; 65.946-2021; 65.973-2021; 1.791-2022, entre otras, debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan.

9° Que, de todo lo dicho, no cabe duda de que el actuar arbitrario de la Caja de Compensación recurrida vulneró el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, en cuanto los descuentos indebidos afectaron la propiedad del recurrente sobre su remuneración, la que debe ser percibida en forma íntegra, como presupuesto general, razones todas por las que la presente acción constitucional necesariamente ha de ser acogida.

Por lo anterior y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de las Cajas de Compensación “La Araucana” y “Los Andes”, sólo en cuanto se ordena a éstas cesar los descuentos efectuados sobre la remuneración de la recurrente y abstener de realizar nuevos descuentos que digan relación con el crédito Folio N°138-000241703.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 2.180-2023 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.