Protección contra Alcaldesa de la I

C.A. de Rancagua Rancagua, diecisiete de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Con fecha 2 de septiembre del año 2024, comparece doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado y viene en deducir recurso de protección en contra de la Alcaldesa de la I. Municipalidad de Olivar, en virtud de los fundamentos de hecho y derecho que en su presentación expuso.

Solicita mediante el presente recurso, se detenga el abuso de parte de la Alcaldesa de la Municipalidad de Olivar, que licitó la construcción de un camino de pavimento, en un camino privado, que no tiene la categoría de público, aunque este se encuentre entregado al uso público durante muchos años.

Agrega que la obra que se licitó por Mercado Publico fue adjudicada por Decreto Alcaldicio N° 1364 de fecha 19 de agosto de 2024 a la empresa Bitumix S.A por un monto de $177.252.614.- IVA incluido.

Asegura que el camino fue construido por su padre, para poder ingresar, carretelas, tractores para cosechas de manzanas y otros productos de la temporada.

Plantea que la gente de La Gloria, tiene camino público que comunica con El Molino, donde no existía locomoción colectiva en esos tiempos, por lo que se instaló tablones para cruzar el estero seco y salir por el campo de su padre al domicilio reservado, por donde pasaba la micro, agregando que durante sus años de vida su padre, no utilizó su derecho de prohibir el uso de la propiedad, por la cual se han cancelado las contribuciones de la totalidad del terreno, a costa del legítimo propietario.

Relata que el 2011 la Dirección de Vialidad, programó el pavimento del camino aduciendo que el camino era público por presunción, no obstante, se presentó un reclamo ante el Ministerio de Obras Publicas por el atropello en el derecho a la propiedad, presentando toda la documentación correspondiente como, escritura, carta IGM. Por ejemplo, en la escritura vigente, al Oriente se encuentra el camino de penetración que construyó su padre para la cosecha de la fruta en el campo, se indica que deslinda con el potrero El Carmen de propiedad de nombre reservado, no existe camino de por medio, argumentando que el Código Civil en su artículo 592 dispone que los puentes y caminos construidos a expensas de personas particulares en tierras que les pertenecen, no son bienes nacionales, aunque los dueños permitan su uso y goce a todos, asegurando que lo mismo se extiende a cualesquiera otras construcciones hechas a expensas de particulares y en sus tierras, aun cuando su uso sea público, con permiso del dueño.

Añade que con fecha 16 de enero del 2012 el Ministerio de Obras Públicas, según Ordinario N° 06 y firmado por el Secretario Regional Ministerial de la Sexta Región, declaró que el tramo en cuestión del camino denominado La Gloria en un camino privado y que no es un bien nacional de uso público de manera que la Dirección de Vialidad no puede intervenir ni efectuar operación en dicho camino.

Agrega que el dictamen N° 34727 del 12 de agosto del 2003 de la Contraloría General de la República, señala, como regla general las Municipalidades carecen de facultades para ejecutar obras o efectuar inversiones, con cargo a sus presupuestos, en terrenos o bienes de particulares, ya que ello implicaría aplicar fondos municipales en beneficio de intereses privados.

Señala que en el citado Dictamen N° 34727 de 2003, se ha entendido que cuando los órganos públicos invierten en bienes inmuebles de particulares, el resguardo del interés público implica la adopción de todas las medidas que permitan al respectivo servicio; el mayor despliegue de sus atribuciones sobre el bien en que se realiza la inversión. Se requiere, además, que, en el contexto mencionado, se determine si la Municipalidad se encuentra habilitada legalmente para financiar, con cargo a su presupuesto, la aludida construcción, considerándose para dicho efecto que esa entidad se encontraría amparada en la constitución gratuita de derecho real de usufructo o servidumbre de paso, por un plazo de 30 años, sobre el correspondiente terreno. Hace hincapié en que no existe de parte de los dueños de la propiedad ninguna autorización que permita que la municipalidad realice dichas obras.

Concluye que por lo antes señalado se solicita a esta Corte de Apelaciones paralizar las obras adjudicadas a la empresa Bitumix, por incurrir en la omisión arbitraria o ilegal que ocasiona la vulneración de los derechos de propiedad establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, teniendo presente que el Ministerio de Obras Publicas reconoce este como camino privado y en la actualidad la Dirección de Vialidad de la Sexta Región, se encontraba realizando los estudios para la expropiación de éste, mientras no se regule por parte del Estado la expropiación del terreno y se indemnice a sus propietarios.

Con fecha 8 de octubre del año 2024, compareció don nombre reservado, Director de Vialidad Región De O’Higgins y procedió a evacuar el respectivo informe haciendo valer en primer término la excepción de cosa juzgada en virtud de lo ya resuelto en el ingreso 11777-2022 de esta Corte de Apelaciones.

Explica que como consta en dicho recurso, la acción interpuesta por el Municipio, por si y en representación de otras personas, fue motivada por la imposibilidad de ejecutar mejoras en el camino la Gloria, esto es, el mismo camino objeto del presente recurso, recurso que se interpuso en contra de la Sucesión “nombre reservado”, así como también en contra de sus parientes y demás ocupantes del domicilio ubicado en domicilio reservado que el recurso fue acogido, disponiendo la Excma. Corte Suprema en fallo de fecha 03/08/2023 “solo en cuanto se dispone que al momento de realizar las obras de mantención y conservación de que da cuenta el recurso, el municipio deberá contar con la protección de la fuerza pública a fin de garantizar su correcta ejecución. Ofíciese al Ministerio Público a fin de que se adopten las medidas correspondientes, en vista de las acciones denunciadas por la Municipalidad de Olivar.”

Afirma que según consta en autos el presente recurso fue interpuesto por don nombre reservado quien consta en inscripción conservatoria de fojas 1916 v, número 2489 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua correspondiente al año 2001, formando parte de la sucesión de “nombre reservado”, destacando que el objeto del recurso de protección fue el poder ejecutar las obras de mantención y conservación del camino.

Explica que efectivamente la I. Municipalidad de Olivar en el marco de las facultades y obligaciones establecidas en Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y procurando mantener y mejorar la seguridad del camino ya existente signado por Vialidad como “domicilio reservado metros que une a la comuna de Olivar y Requínoa es que, procedió a la Licitación ID 3994-44-LQ24 LQ “Pavimentación Ruta H-414 domicilio reservado atraviesos de canales de regadío a fin de evitar inundaciones decir, ejecutar una obra de mantención y conservación.

Asegura que en la especie existe identidad de partes, objeto y causa de pedir con el recurso 11777-2022, en consecuencia, lo pretendido por la recurrente es revivir un proceso ya fenecido burlado lo ya resuelto por la Excma. Corte Suprema, por lo cual debe ser rechazado.

En subsidio y en cuanto al fondo indica que efectivamente la I. Municipalidad de Olivar en el marco de las facultades y obligaciones establecidas en Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y procurando mantener y mejorar la seguridad vial del camino ya existente signado por Vialidad como “domicilio reservado metros que une a la comuna de Olivar y Requínoa es que procedió a la Licitación ID 3994-44-LQ24 LQ “pavimentación ruta h-414 domicilio reservado atraviesos de canales de regadío a fin de evitar inundaciones, es decir, ejecutar una obra de mantención y conservación.

Agrega que previamente mediante oficio 865 del 20/11/2023 consultó a Vialidad la pertinencia de efectuar el trabajo de mejoramiento en el Camino la Gloria quienes mediante Oficio N°1889 de fecha 27/11/2023 señalaron que: “Atendido lo anterior, esta Dirección no tiene inconveniente en que el municipio pueda dar inicio a las gestiones tendientes a la pavimentación del camino ya citado, en especial consideración teniendo presente que el municipio cuenta con las facultades para la mantención y conservación de las vías de uso público dentro del territorio de su jurisdicción, con objeto de resguardar la debida conectividad y seguridad de los habitantes de esa comuna, en conformidad a la Ley 18.695.”

Señala que, en este mismo orden de ideas, según consta en oficio 1329 de fecha 03 de septiembre de2024 el Director Regional de Vialidad señaló a propósito del camino:

“El camino señalado, tiene una longitud total de 3.600 metros, de los cuales 3.000 metros se encuentran pavimentados bajo la modalidad de pavimentos básicos y 600 metros de él se emplazan en zona urbana, sector que originó el Recurso de Protección Rol N° 11.777-2022 de la I. Corte de Apelaciones de Rancagua, caratulado "Municipalidad de Olivar /nombre reservado y otros, el cual fue acogido por la Excma. Corte Suprema, tribunal que señaló que la Municipalidad, para efectos de efectuar trabajos de conservación y mantención, deberá contar con el auxilio de la fuerza pública. La Dirección Regional de Vialidad, para efectos de orden interno, se ha individualizado como camino sin Rol H-414, el cual corresponde a un camino en uso público.”

Asegura que la I. Municipalidad de Olivar desde tiempos inmemoriales y tal como se señaló en Recurso de Protección 11777-2022 de esta I. Corte, ha mantenido el camino objeto del recurso en estado de conservación que permita un tránsito expedito y seguro de todos sus transeúntes. En épocas anteriores la I. Municipalidad de Olivar ya habría ejecutado importantes obras de inversiones pública en benefició de la comunidad, como lo es: 1.-Instalación de luminarias públicas; 2.- Electricidad domiciliaria; 3.- Alcantarillado y; 4.- Ductos de agua potable con los correspondientes grifos para incendios.

Argumenta la inexistencia de un derecho indubitado, asegurando que el recurrente señala que según la inscripción de fojas 1916 v, número 2489 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua correspondiente al año 2001 es dueño de un inmueble junto a sus hermanos de un predio denominado Santa Rosa, ubicado en la Comuna de Olivar y que por sobre el pasaría el camino La Gloria. La Exma. Corte Suprema ha indicado que cuando el derecho que se trata de resguardar mediante la acción de protección no es indubitado, atendidos los antecedentes que obran en el recurso, no procede deducir recurso de protección, sino que se debe incoar un procedimiento donde el tercero con el cual se tiene la controversia pueda ser oído. En caso de marras, el derecho del recurrente en cuanto al eventual dominio del camino está seriamente cuestionado. En efecto, existen otros tantos propietarios que en sus títulos de dominio “literalmente” deslindan con el Camino la Gloria en el tramo que se pretende mejorar.

Agrega que, en este orden de cosas, según consta en plano de subdivisión agregado al final del registro de propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua del año 2000, bajo el N° 727, los lotes resultantes de la subdivisión del Potrero El Carmen, deslindan todos al “poniente” con el camino la gloria. Prueba de lo anterior, es que todos al poniente deslindan con el Camino La Gloria, así consta en 7 inscripciones que acompaña.

Afirma que como es sabido, a nivel nacional existen infinidad de caminos rurales de antigua data que han sido creados por los particulares con ocasión de subdivisiones irregulares o regulares que no contemplo la entrega de caminos a las entidades correspondientes. Muchos de estos caminos hoy, han quedado dentro del radio urbano según las distintas modificaciones de los Planes Reguladores Comunales. El legislador con el fin dar solución al uso público y consuetudinario de los mismos y en miras de dar continuidad y permitir al Estado resguardar la seguridad vial de los mismos, es que, dispuso en el artículo 26 del DFL N° 850 de 1997, que los caminos se presumirán públicos en todo su ancho de faja, cuando estén o hubieren estado entregado al uso público, salvo que el propietario del terreno desvirtúe tal presunción, la que es de carácter simplemente legal acreditando que se emplaza dentro de sus terrenos y que lo ha construido a sus expensas, según lo dispuesto en el artículo 592 del Código Civil.

En este sentido la Contraloría razonó lo siguiente: “la jurisprudencia de esta entidad de control contenida, entre otros, en los dictámenes N° 28.504, de 2013, y 85.924, de 2015, ha manifestado que la citada presunción, de carácter legal, constituye un amparo a la apariencia derivada del uso público que la vía tenga o haya tenido, añadiendo que aquella no implica calificaciones en cuanto al dominio del suelo, el cual quedará siempre a salvo si el particular lo demuestra ante quien corresponda en derecho”.

También ha precisado que dicha presunción debe basarse en un hecho ostensible, esto es, que el camino esté o haya estado efectivamente en uso público, la instalación de luminarias públicas; la electricidad domiciliaria; el alcantarillado, ductos de agua potable con los correspondientes grifos para incendios, el acceso permanente y continuo de transeúntes y vehículos como el acceso de otras calles perpendiculares circunscriben el camino desde el punto de vista municipal en el artículo 26 inciso 1° del D.F.L. N° 850, del Ministerio de Obras Públicas, en este sentido cuando el legislador habla de “se presumirán públicos en todo su ancho de faja” debe entenderse que los categoriza como “bienes nacionales de uso público” toda vez que, están dentro la categorización de “bienes nacionales de uso público” en los términos del artículo 589 del Código Civil y son aquellos cuyo dominio pertenece a la nación.

Plantea que, a su turno, los artículos 3°, letra c), y 4°, letra l), de la ley N° 18.695 -Orgánica Constitucional de Municipalidades-, disponen, en lo pertinente, que corresponde a dichas entidades edilicias, en sus respectivos territorios, promover el desarrollo de la comuna, y cumplir funciones relacionadas con actividades de interés común en el ámbito local. Así, los municipios pueden presentar y ejecutar proyectos que busquen el fomento de la infraestructura comunal, en especial, aquellas que privilegien la generación de empleo, vialidad urbana y rural, habilitación de servicios públicos y equipamiento comunitario, a fin de mejorar la calidad de vida de la población que habita en una determinada comuna del país.

A mayor abundamiento, por regla general, las municipalidades carecen de facultades para desarrollar obras o efectuar inversiones con cargo a fondos públicos en terrenos o bienes de particulares, ya que ello implicaría aplicarlos en beneficio de intereses privados. Sin embargo, tales corporaciones pueden destinar recursos con el objeto recién enunciado, en la medida que ello sea necesario para el cumplimiento de sus finalidades y se resguarden debidamente los intereses públicos comprometidos, a través de la adopción de las acciones legales tendientes a la protección de la respectiva iniciativa por toda su vida útil y, por ende, del egreso realizado, tal como lo ha precisado la jurisprudencia de la CGR contenido entre, en su dictamen N° 33.525, de 2007.

Sin perjuicio de las obligaciones de mantener la vialidad existente en condiciones de seguridad vial también de debe procurar velar por el Derecho a la integridad física y psíquica de las personas (artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República), puesto que los habitantes del sector se han visto seriamente amenazados en su derecho laboral y familiar, al no poder contar con un camino expedito, seguro y en buenas condiciones. En efecto, cabe consignar a causa del actual estado de conservación de dicho camino, el cual es “de tierra” (no pavimentado), en invierno, producto de las lluvias, se inunda con la caída de agua de lluvia, generando barro, que impide la libre circulación y, consecuencialmente, el normal desarrollo de las vidas y actividades de los habitantes del sector de La Gloria; y, en verano, el polvo que genera el viento y la circulación de vehículos, provoca innegables problemas domésticos y de salud de los vecinos del sector, que repercuten negativamente en su calidad de vida, y los expone a eventuales enfermedades y accidentes. A su vez también afecta el Derecho a la libertad ambulatoria (artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República). La no mantención del camino priva y perturba el desarrollo armónico y equitativo de todos los habitantes de la comuna, e imposibilita la entrega de ayuda asistencial, médica, educacional, sociocultural, servicios básicos, entre otras prestaciones a los habitantes de la comuna.

Destaca, además, que la principal forma para poder acceder peatonal o vehicularmente al sector de La Gloria desde la ruta H-40, es a través del camino objeto del presente recurso, el cual actualmente se encuentra en malas condiciones de conservación. Con lo anteriormente descrito, impedir la ejecución de obras para su mantenimiento y mejora, perturba el legítimo ejercicio que tiene toda persona para residir y permanecer en cualquier lugar de la República de Chile, trasladarse de uno a otro lugar, y entrar y salir de su territorio, de manera segura por vías, caminos y calles en buenas condiciones.

Con fecha 15 de octubre del año 2024 se incorporó resolución decretada en causa rol 2176-2024, donde se ordenó la vista de dicha cauda una en pos de la otra por tratarse de los muchos hechos y los mismo recurridos a fin de evitar decisiones contradictorias.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que el acto ilegal y arbitrario que la actora reprocha de la recurrida, estaría dado -en síntesis- por la dictación del Decreto Alcaldicio N° 1364 de fecha 19 de agosto de 2024, mediante el cual adjudicó previa licitación pública a la empresa Bitumix S.A., los trabajos consistentes en la pavimentación de 600 mts. del camino denominado “La Gloria”, ubicado en ruta H 40 sector Curepto de la comuna de Olivar, el cual es un camino privado de su propiedad, circunstancia reconocida por el Ministerio de Obras Públicas, la que le habría comunicado que el proceso de expropiación sobre el inmueble del que es copropietario, dentro del cual se encuentra el camino objetado, no seguiría adelante, justamente, por el proceso de licitación sustanciado por la Municipalidad de Olivar, todo lo cual afecta gravemente su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que concurriendo el Municipio recurrido, solicitó el completo rechazo de la acción de protección, por cuanto desde tiempos inmemoriales ha mantenido el camino objeto del recurso en estado de conservación que permita un tránsito expedito y seguro, para todos sus transeúntes, ejecutando importantes obras de inversiones pública, haciendo hincapié en que mediante el decreto recurrido se busca desarrollar obras de mantención y conservación de un camino de uso público, argumentando que no estamos frente a un derecho indubitado, no solo por la naturaleza jurídica del camino, sino que el eventual dominio del recurrente el que se encuentra seriamente cuestionado, debiendo presumirse el camino como de uso público, lo que determina su deber de mantenerlo, descartando toda arbitrariedad e ilegalidad en su proceder.

CUARTO: Que en cuanto a la excepción de cosa juzgada hecha valer por el municipio recurrido, si bien existen similitudes entre el procedimiento ventilado bajo el Rol 1.777-2022 y el presente, lo cierto es que, en aquél se solicitaba por el Municipio, ahora recurrido, que se ordenase a los recurridos abstenerse de realizar cualquier acción que pudiese ser susceptible de restringir o privar a la entidad edilicia de su libre y legítimo ejercicio de efectuar las obras de reparo o arreglo sobre el Camino La Gloria, en cambio, en el presente arbitrio se busca que se determine la ilegalidad o arbitrariedad del Decreto Alcaldicio N° 1364 de fecha 19 de agosto de 2024, mediante el cual se adjudicó previa licitación pública a la empresa Bitumix S.A., los trabajos consistentes en la pavimentación de 600 mts. del camino denominado “La Gloria”, en consecuencia, y no verificándose la triple identidad requerida, se rechazará la excepción en análisis.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo, del atento estudio del informe evacuado por el recurrido, es posible concluir que todos y cada uno de los argumentos que ventila el recurso fueron controvertidos.

De esto se sigue que el presente recurso no puede ser resuelto mediante la presente acción, atendido el evidente carácter contradictorio de las pretensiones de las partes, ya que la acción constitucional de protección supone que la titularidad del derecho de los recurrentes sea indubitada, más aún cuando en este caso se ha empleado el presente arbitrio para cuestionar, en primer término, la naturaleza jurídica del camino controvertido, en segundo término el dominio de la franja de terreno sobre la cual se pretenden realizar los trabajos de mantención y conservación del camino en cuestión, y finalmente, la legalidad misma del acto administrativo, consistente en el Decreto Alcaldicio N° 1364 de fecha 19 de agosto de 2024.

En consecuencia, nos encontramos frente a pretensiones que desbordan los márgenes de la protección, resultando una labor ajena a este procedimiento cautelar, el cual constituye una medida de tutela urgente para dar remedio pronto y eficaz a los atropellos que sufra el ciudadano en sus derechos constitucionales producto de una acción u omisión que a todas luces sea ilegal y arbitraria, cuestión que justifica una intervención jurisdiccional rápida que ampare suficientemente el derecho amagado, de suerte que la presente discusión deberá ser conocimiento de los tribunales ordinarios de justicia mediante las respectivas acciones ordinarias y declarativas que las partes estimen procedentes.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, debemos tener especialmente presente lo determinado por nuestra Excma. Corte Suprema en el ingreso 7907-2023, a propósito de la materialización de trabajos de conservación y reparación del camino La Gloria, en el sentido de que dichas obras sí se encuentran bajo las competencias del municipio, puesto que tal órgano goza de las facultades para la mantención y conservación global de las vías de uso público, con miras a resguardar la debida conectividad de los habitantes de la localidad, así como la utilización permanente y segura de los caminos en operación, velando por el cumplimiento irrestricto de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las construcciones y obras de urbanización que se ejecuten en el territorio comunal.

SEPTIMO: Que finalmente, cabe precisar que la recurrente desarrolla como uno de sus fundamentos principales la circunstancia de que por intermedio del MOP se le habría comunicado que el proceso de expropiación sobre el inmueble del que es copropietario, no seguiría adelante, justamente por el proceso de licitación sustanciado por la Municipalidad de Olivar, conforme a Decreto Alcaldicio N° 1364, de fecha 19 de agosto de 2024.

A contrario de lo referido, la Dirección de Vialidad de O’Higgins, informó expresamente que ésta no ha dado inicio a ninguna gestión expropiatoria en el sector, el que por lo demás, incide en un terreno que se emplaza en zona urbana de la comuna de Olivar, atendido lo cual, este tramo de camino no es de tuición de la Dirección de Vialidad, servicio que en conformidad al artículo 24° del Decreto con Fuerza de Ley N° 850 de 1997, no tiene competencia sobre ese camino.

En consecuencia al no haberse considerado expropiación por parte de la Dirección de Vialidad en el sector consultado, malamente podría haberse informado al recurrente de autos, el inicio de un proceso de esa naturaleza, lo que en la especie no ha ocurrido, como tampoco se ha comunicado por sí ni por interpósita persona externa a dicho Ministerio, que no se perseverará en algún eventual proceso expropiatorio ya iniciado, todas razones que llevarán al rechazo del recurso incoado.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por doña nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de Olivar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 2177-2024 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada totalmente.