nombre reservado CONTRA nombre reservado

C.A. de Rancagua Rancagua, diecisiete de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Con fecha 2 de septiembre del año 2024, comparece don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado y viene en deducir recurso de protección en contra de don nombre reservado, representante legal de la Empresa BITUMIX S.A y en contra de doña nombre reservado de la I. Municipalidad de Olivar, virtud de los fundamentos de hecho y derecho que en su presentación expuso.

Indica que se encuentra en conocimiento de que la Sra. nombre reservado de la Municipalidad de Olivar, llamó a licitación pública para la pavimentación de 600 mts. del camino denominado “La Gloria”, ubicado en ruta H 40 sector Curepto de la comuna de Olivar. La licitación se llevó a efecto por Mercado Público, y fue adjudicada con Decreto Alcaldicio N° 1364 de fecha 19 de agosto de 2024 a la empresa Bitumix S.A., por un monto de $177.252.614.- con IVA incluido.

Afirma que de acuerdo con Ord. N° 6 de fecha 16 de enero 2012 del Ministerio de Obras Públicas, el camino licitado por la Alcaldesa es un camino privado, en consecuencia, claramente se está utilizando recursos municipales en un recinto privado.

Por lo antes señalado solicita a esta Corte de Apelaciones detener las obras adjudicadas a empresa Bitumix, por haber incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasiona la vulneración de los derechos de los dueños del terreno, teniendo en presente que el Ministerio de Obras Publicas reconoce este como un camino privado.

Añade que con fecha 30 de agosto de 2024, por intermedio del MOP se les comunicó que, el proceso de expropiación sobre el inmueble del que es copropietario, denominado Lote A Uno-A de la Subdivisión del Lote A-Uno o resto del predio Santa Rosa, ubicado en la comuna de Olivar, no seguiría adelante por proceso de licitación sustanciado por la Municipalidad de Olivar, conforme a Decreto Alcaldicio N° 1364, de fecha 19 de agosto de 2024.

Dicho inmueble, como lo ha indicado la Dirección Vialidad de la Región de O´Higgins, no es un camino público, sino una servidumbre privada, parte del inmueble Rol de Avalúo Fiscal N°24 -12 (destino agrícola), respecto de cual se pagan contribuciones, el cual aún no forma parte de la red oficial de caminos de la Dirección Regional de Vialidad, por cuanto su incorporación se encuentra en proceso administrativo de enrolamiento, entonces, no se trata de un bien nacional de uso público, por tanto la tuición de ese camino no le corresponde al Municipio (según artículo 5 de la Ley N° 18.685), sino que, en el evento de ser considerado camino de uso público, su tuición le pertenece a la Dirección Regional de Vialidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes del D.F.L. MOP N° 850 de 1997.

Añade que con fecha 13 de enero de 2022, esta Corte conociendo de Recurso de Protección, Rol N° 11777- 2022, interpuesto por Municipalidad de Olivar en contra de nombre reservado y otros, basado en que, todos los herederos del inmueble ubicado en la Comuna de Olivar, señalado precedentemente, impedían el libre tránsito por el “camino La Gloria”, de manera violenta, ilegal y arbitraria, camino que conectaría diversos predios tanto de la Comuna de Olivar como de la Comuna de Requínoa, correspondiendo a un camino público, que se presumiría tal por haber estado al uso público desde tiempos inmemoriales, fue rechazo de conformidad a la siguiente consideración:

“Que, en consecuencia, dado que la pretensión de la parte recurrente, en orden a permitir que el municipio de Olivar pueda realizar las labores de conservación y mantención del camino, supone darle al mismo la naturaleza jurídica de camino público, en los términos del D.F.L. 850 MOP de 25 de febrero de 1998, resulta evidente que esta acción de carácter cautelar no es la vía idónea para efectuar tal determinación, por cuanto dicha cuestión es un asunto de fondo que incide en el dominio de la franja en terreno y que además se encuentra expresamente controvertida en autos. Dicho de otro modo, permitir la intervención del camino por parte de la municipalidad en la franja disputada, sin que se encuentre establecida la naturaleza jurídica del mismo, es una pretensión que excede el ámbito de competencia de esta acción constitucional, todo lo cual justifica el rechazo del presente recurso.”

Sin embargo, pese a no estar notificados los recurrentes, no estar acreditado el supuesto hecho ilegal y arbitrario, que supuestamente fue cometido por personas todas mayores de 75 años, incluso algunos de ellos postrados, la Corte Suprema, revocó la sentencia, disponiendo que:

“Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de trece de enero en curso y en su lugar se declara que se acoge el recurso de protección, solo en cuanto se dispone que al momento de realizar las obras de mantención y conservación de que da cuenta el recurso, el municipio deberá contar con la protección de la fuerza pública a fin de garantizar su correcta ejecución. Ofíciese al Ministerio Público a fin de que se adopten las medidas correspondientes, en vista de las acciones denunciadas por la Municipalidad de Olivar”

Destaca que adquirió dicho inmueble junto con el resto de sus hermanos, por sucesión por causa de muerte, quedada al fallecimiento de su padre, don nombre reservado, inscripción especial de herencia, que rola a fojas 1916 Vta, N°2489 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua del año 2001; es resto de lo inscrito a fojas 6.592, número 4.453 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua del año 1990, donde consta que don nombre reservado es dueño de un predio denominado Santa Rosa, ubicado en la Comuna de Olivar de este departamento.

Asevera que las actuaciones referidas, constituyen un acto ilegal y arbitrario, ya que, a sabiendas de que se trata de un inmueble privado, se ha procedido a licitar obras, sin consentimiento de los propietarios, en proceso de expropiación y fuera de las esferas de competencia de la Municipalidad de Olivar, tal como prescriben los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, afectando su derecho de propiedad y el del resto de la sucesión, previsto en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Previas citas legales solicita se declare ilegal y arbitrario el acto administrativo dictado con fecha 19 de agosto de 2024 por la Municipalidad de Olivar, por cuanto su objeto recae sobre un inmueble de propiedad privada, a fin de que se restablezca el imperio del derecho perturbado y amenazado, con costas.

Con fecha 30 de septiembre del año 2024, compareció don nombre reservado, Director de Vialidad Región De O’Higgins y procedió a evacuar el respectivo informe indicando que en referencia a los antecedentes de la “expropiación” a que alude el recurrente en el libelo, como a su estado de tramitación, que según expone, con fecha 30 de septiembre del año en curso, el Ministerio de Obras Públicas le habría comunicado que el proceso expropiatorio del inmueble del cual es copropietario, esto es el Lote A Uno –A de la subdivisión del Lote A-Uno o Resto del predio Santa Rosa, ya no seguiría adelante.

Al respecto afirma que esta Dirección Regional no ha dado inicio a ninguna gestión expropiatoria en el sector, el que por lo demás, incide en un terreno que se emplaza en zona urbana de la comuna de Olivar, atendido lo cual, este tramo de camino no es de tuición de la Dirección de Vialidad, servicio que en conformidad al artículo 24° del Decreto con Fuerza de Ley N° 850 de 1997, señala: “son caminos públicos las vías de comunicación terrestres destinadas al libre tránsito, situadas fuera de los límites urbanos de una población y cuyas fajas son bienes nacionales de uso público. Se considerarán, también, caminos públicos, para los efectos de esta ley, las calles o avenidas que unan caminos públicos, declaradas como tales por decreto supremo y las vías señaladas como caminos públicos en los planos oficiales de los terrenos transferidos por el Estado a particulares, incluidos los indígenas”.

En conformidad a lo expuesto, al no haberse considerado expropiación por parte de la Dirección de Vialidad en el sector consultado, malamente podría haberse informado al recurrente de autos, el inicio de un proceso de esa naturaleza, lo que en la especie no ha ocurrido, como tampoco se ha comunicado a la parte recurrente, por sí ni por interpósita persona externa a este Ministerio, que no se perseverará en algún eventual proceso expropiatorio ya iniciado.

Con fecha 8 de octubre del año 2024, compareció don Iván José Franzini Villanueva, abogado en representación de la Ilustre Municipalidad de Olivar, y procedió a evacuar el respectivo informe haciendo valer en primer término la excepción de cosa juzgada en virtud de lo ya resuelto en el ingreso 11777-2022 de esta Corte de Apelaciones.

Explica que como consta en dicho recurso, la acción interpuesta por el Municipio, por sí y en representación de otras personas, fue motivada por la imposibilidad de ejecutar mejoras en el camino la Gloria, esto es, el mismo camino objeto del presente recurso, recurso que se interpuso en contra de la Sucesión “nombre reservado”, así como también en contra de sus parientes y demás ocupantes del domicilio ubicado en domicilio reservado que el recurso fue acogido, disponiendo la Excma. Corte Suprema en fallo de fecha 03/08/2023 “solo en cuanto se dispone que al momento de realizar las obras de mantención y conservación de que da cuenta el recurso, el municipio deberá contar con la protección de la fuerza pública a fin de garantizar su correcta ejecución. Ofíciese al Ministerio Público a fin de que se adopten las medidas correspondientes, en vista de las acciones denunciadas por la Municipalidad de Olivar.”

Afirma que según consta en autos el presente recurso fue interpuesto por don nombre reservado quien consta en inscripción conservatoria de fojas 1916 v, número 2489 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua correspondiente al año 2001, formando parte de la sucesión de “nombre reservado”, destacando que el objeto del recurso de protección fue el poder ejecutar las obras de mantención y conservación del camino.

Explica que efectivamente la I. Municipalidad de Olivar en el marco de las facultades y obligaciones establecidas en Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y procurando mantener y mejorar la seguridad del camino ya existente signado por Vialidad como “domicilio reservado metros que une a la comuna de Olivar y Requínoa es que, procedió a la Licitación ID 3994-44-LQ24 LQ “Pavimentación Ruta H-414 domicilio reservado atraviesos de canales de regadío a fin de evitar inundaciones decir, ejecutar una obra de mantención y conservación.

Asegura que en la especie existe identidad de partes, objeto y causa de pedir con el recurso 11777-2022, en consecuencia, lo pretendido por la recurrente es revivir un proceso ya fenecido, burlando lo ya resuelto por la Excma. Corte Suprema, por lo cual debe ser rechazado.

En subsidio y en cuanto al fondo indica que efectivamente la I. Municipalidad de Olivar en el marco de las facultades y obligaciones establecidas en Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y procurando mantener y mejorar la seguridad vial del camino ya existente signado por Vialidad como “domicilio reservado metros que une a la comuna de Olivar y Requínoa es que procedió a la Licitación ID 3994-44-LQ24 LQ “pavimentación ruta h-414 domicilio reservado atraviesos de canales de regadío a fin de evitar inundaciones, es decir, ejecutar una obra de mantención y conservación.

Agrega que previamente mediante oficio 865 del 20/11/2023 consultó a Vialidad la pertinencia de efectuar el trabajo de mejoramiento en el Camino la Gloria quienes mediante Oficio N°1889 de fecha 27/11/2023 señalaron que: “Atendido lo anterior, esta Dirección no tiene inconveniente en que el municipio pueda dar inicio a las gestiones tendientes a la pavimentación del camino ya citado, en especial consideración teniendo presente que el municipio cuenta con las facultades para la mantención y conservación de las vías de uso público dentro del territorio de su jurisdicción, con objeto de resguardar la debida conectividad y seguridad de los habitantes de esa comuna, en conformidad a la Ley 18.695.”

Señala que, en este mismo orden de ideas, según consta en oficio 1329 de fecha 03 de septiembre de 2024 el Director Regional de Vialidad señaló a propósito del camino:

“El camino señalado, tiene una longitud total de 3.600 metros, de los cuales 3.000 metros se encuentran pavimentados bajo la modalidad de pavimentos básicos y 600 metros de él se emplazan en zona urbana, sector que originó el Recurso de Protección Rol N° 11.777-2022 de la I. Corte de Apelaciones de Rancagua, caratulado "Municipalidad de Olivar /nombre reservado y otros, el cual fue acogido por la Excma. Corte Suprema, tribunal que señaló que la Municipalidad, para efectos de efectuar trabajos de conservación y mantención, deberá contar con el auxilio de la fuerza pública. La Dirección Regional de Vialidad, para efectos de orden interno, se ha individualizado como camino sin Rol H-414, el cual corresponde a un camino en uso público.”

Asegura que la I. Municipalidad de Olivar desde tiempos inmemoriales y tal como se señaló en Recurso de Protección 11777-2022 de esta I. Corte, ha mantenido el camino objeto del recurso en estado de conservación que permita un tránsito expedito y seguro de todos sus transeúntes. En épocas anteriores la I. Municipalidad de Olivar ya habría ejecutado importantes obras de inversiones pública en benefició de la comunidad, como lo es: 1.-Instalación de luminarias públicas; 2.- Electricidad domiciliaria; 3.- Alcantarillado y; 4.- Ductos de agua potable con los correspondientes grifos para incendios.

Argumenta la inexistencia de un derecho indubitado, asegurando que el recurrente señala que según la inscripción de fojas 1916 v, número 2489 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua correspondiente al año 2001 es dueño de un inmueble junto a sus hermanos de un predio denominado Santa Rosa, ubicado en la Comuna de Olivar y que por sobre el pasaría el camino La Gloria. La Excma. Corte Suprema ha indicado que cuando el derecho que se trata de resguardar mediante la acción de protección no es indubitado, atendidos los antecedentes que obran en el recurso, no procede deducir recurso de protección, sino que se debe incoar un procedimiento donde el tercero con el cual se tiene la controversia pueda ser oído. En caso de marras, el derecho del recurrente en cuanto al eventual dominio del camino está seriamente cuestionado. En efecto, existen otros tantos propietarios que en sus títulos de dominio “literalmente” deslindan con el Camino la Gloria en el tramo que se pretende mejorar.

Agrega que, en este orden de cosas, según consta en plano de subdivisión agregado al final del registro de propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua del año 2000, bajo el N° 727, los lotes resultantes de la subdivisión del Potrero El Carmen, deslindan todos al “poniente” con el camino la gloria. Prueba de lo anterior, es que todos al poniente deslindan con el Camino La Gloria, así conta 7 inscripciones que acompaña.

Afirma que como es sabido, a nivel nacional existen infinidad de caminos rurales de antigua data que han sido creados por los particulares con ocasión de subdivisiones irregulares o regulares que no contemplo la entrega de caminos a las entidades correspondientes. Muchos de estos caminos hoy, han quedado dentro del radio urbano según las distintas modificaciones de los Planes Reguladores Comunales. El legislador con el fin dar solución al uso público y consuetudinario de los mismos y en miras de dar continuidad y permitir al Estado resguardar la seguridad vial de los mismos, es que, dispuso en el artículo 26 del DFL N° 850 de 1997, que los caminos se presumirán públicos en todo su ancho de faja, cuando estén o hubieren estado entregado al uso público, salvo que el propietario del terreno desvirtúe tal presunción, la que es de carácter simplemente legal acreditando que se emplaza dentro de sus terrenos y que lo ha construido a sus expensas, según lo dispuesto en el artículo 592 del Código Civil.

En este sentido la Contraloría razonó lo siguiente: “la jurisprudencia de esta entidad de control contenida, entre otros, en los dictámenes N° 28.504, de 2013, y 85.924, de 2015, ha manifestado que la citada presunción, de carácter legal, constituye un amparo a la apariencia derivada del uso público que la vía tenga o haya tenido, añadiendo que aquella no implica calificaciones en cuanto al dominio del suelo, el cual quedará siempre a salvo si el particular lo demuestra ante quien corresponda en derecho”.

También ha precisado que dicha presunción debe basarse en un hecho ostensible, esto es, que el camino esté o haya estado efectivamente en uso público, la instalación de luminarias públicas; la electricidad domiciliaria; el alcantarillado, ductos de agua potable con los correspondientes grifos para incendios, el acceso permanente y continuo de transeúntes y vehículos como el acceso de otras calles perpendiculares circunscriben el camino desde el punto de vista municipal en el artículo 26 inciso 1° del D.F.L. N° 850, del Ministerio de Obras Públicas, en este sentido cuando el legislador habla de “se presumirán públicos en todo su ancho de faja” debe entenderse que los categoriza como “bienes nacionales de uso público” toda vez que, están dentro la categorización de “bienes nacionales de uso público” en los términos del artículo 589 del Código Civil y son aquellos cuyo dominio pertenece a la nación.

Plantea que, a su turno, los artículos 3°, letra c), y 4°, letra l), de la ley N° 18.695 -Orgánica Constitucional de Municipalidades-, disponen, en lo pertinente, que corresponde a dichas entidades edilicias, en sus respectivos territorios, promover el desarrollo de la comuna, y cumplir funciones relacionadas con actividades de interés común en el ámbito local. Así, los municipios pueden presentar y ejecutar proyectos que busquen el fomento de la infraestructura comunal, en especial, aquellas que privilegien la generación de empleo, vialidad urbana y rural, habilitación de servicios públicos y equipamiento comunitario, a fin de mejorar la calidad de vida de la población que habita en una determinada comuna del país.

A mayor abundamiento, por regla general, las municipalidades carecen de facultades para desarrollar obras o efectuar inversiones con cargo a fondos públicos en terrenos o bienes de particulares, ya que ello implicaría aplicarlos en beneficio de intereses privados. Sin embargo, tales corporaciones pueden destinar recursos con el objeto recién enunciado, en la medida que ello sea necesario para el cumplimiento de sus finalidades y se resguarden debidamente los intereses públicos comprometidos, a través de la adopción de las acciones legales tendientes a la protección de la respectiva iniciativa por toda su vida útil y, por ende, del egreso realizado, tal como lo ha precisado la jurisprudencia de la CGR contenido entre, en su dictamen N° 33.525, de 2007.

Sin perjuicio de las obligaciones de mantener la vialidad existente en condiciones de seguridad vial también de debe procurar velar por el Derecho a la integridad física y psíquica de las personas (artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República), puesto que los habitantes del sector se han visto seriamente amenazados en su derecho laboral y familiar, al no poder contar con un camino expedito, seguro y en buenas condiciones. En efecto, cabe consignar a causa del actual estado de conservación de dicho camino, el cual es “de tierra” (no pavimentado), en invierno, producto de las lluvias, se inunda con la caída de agua de lluvia, generando barro, que impide la libre circulación y, consecuencialmente, el normal desarrollo de las vidas y actividades de los habitantes del sector de La Gloria; y, en verano, el polvo que genera el viento y la circulación de vehículos, provoca innegables problemas domésticos y de salud de los vecinos del sector, que repercuten negativamente en su calidad de vida, y los expone a eventuales enfermedades y accidentes. A su vez también afecta el Derecho a la libertad ambulatoria (artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República). La no mantención del camino priva y perturba el desarrollo armónico y equitativo de todos los habitantes de la comuna, e imposibilita la entrega de ayuda asistencial, médica, educacional, sociocultural, servicios básicos, entre otras prestaciones a los habitantes de la comuna.

Destaca, además, que la principal forma para poder acceder peatonal o vehicularmente al sector de La Gloria desde la ruta H-40, es a través del camino objeto del presente recurso, el cual actualmente se encuentra en malas condiciones de conservación. Con lo anteriormente descrito, impedir la ejecución de obras para su mantenimiento y mejora, perturba el legítimo ejercicio que tiene toda persona para residir y permanecer en cualquier lugar de la República de Chile, trasladarse de uno a otro lugar, y entrar y salir de su territorio, de manera segura por vías, caminos y calles en buenas condiciones.

Con fecha 14 de octubre comparece la recurrida Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A., y procedió a evacuar el respectivo informe señalando que el Camino La Gloria se encuentra ubicado en la Ruta H-414 (Cruce Ruta 5 (Caletera) – Cruce H-40), sector Curepto, en la comuna de Olivar, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins. La importancia de este camino radica en que une a la comuna de Olivar con la comuna de Requínoa.

Afirma que en lo que respecta a este recurso, aproximante 600 metros de este camino fueron licitados al público a fin de efectuar arreglos a éste y proceder, en específico, a su pavimentación. Las obras de reparación cubrirían el tramo que recorre desde el kilómetro 2,950 al kilómetro 3,587 del Camino La Gloria.

Asevera que la licitación fue llevada por la Ilustre Municipalidad de Olivar, en el entendido que a esta última le correspondía la tuición del Camino La Gloria, considerando que (i) es un bien de uso público y (ii) se encuentra ubicado, en efecto, dentro de su comuna.

Arguye en cuanto a la naturaleza jurídica del Camino La Gloria, que de los propios documentos acompañados por el Recurrente, es posible constatar que aquel camino es, efectivamente, uno de uso público, de modo que es un hecho indubitado en autos que el Camino La Gloria es un bien de uso público, tal como expresamente lo dispuso la Ordenanza N°1066 de fecha 7 de agosto de 2015 y la Excma. Corte Suprema, por consiguiente, y según dispone textualmente el artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°850 del MOP del año 1997, existe incluso una presunción simplemente legal consistente en que todo camino abierta al público se presume, valga la redundancia, público, siendo de carga de los particulares probar su naturaleza privada.

Así, afirma que lo único cierto en el caso de marras es que el Camino La Gloria es -indudablemente- un camino de uso público, por lo que corresponde a la Municipalidad las obras de mantención, conservación e, incluso, mejora que le sean pertinentes, en aras del interés de toda la comunidad.

Agrega que con fecha 31 de agosto de 2022, la Ilustre Municipalidad de Olivar interpuso recurso de protección en contra de los miembros de la familia nombre reservado (grupo familiar al que pertenece el recurrente), solicitando que se ordenase a los recurridos a abstenerse de realizar cualquier acción que pudiese ser susceptible de restringir o privar a la Municipalidad de su libre y legítimo ejercicio de efectuar las obras de reparo o arreglo sobre el domicilio reservado de enero de 2023, esta Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso de protección impetrado, pero por razones meramente formales, ya que consideró -sencillamente- que la disputa debía ser conocida por los Tribunales que según la ley fuesen competentes para resolver acerca de la naturaleza jurídica del Camino La Gloria, no siendo entonces el recurso de protección la vía idónea para su vista y fallo.

Destalle que no obstante lo referido, con fecha 17 de enero de 2023, la Municipalidad apeló, argumentando que el Iltmo. Tribunal erró al no resguardar el statu quo, por cuanto, debido a una disposición normativa, existía (y existe al día de hoy) una presunción legal de que el Camino La Gloria era público, y hasta que no se hubiese probado lo contrario, había de entenderse que la naturaleza jurídica del referido camino giraba justamente en ese sentido, debiendo haberse protegido el presumido carácter público que revestía la ruta en comento. Con fecha 3 de agosto de 2023, la Excma. Corte Suprema acogió el recurso de apelación deducido por la Municipalidad y revocó, por tanto, el dictamen de primera instancia, señalando:

“Tercero: Que, en los términos anotados, aun cuando tal circunstancia es negada por la parte recurrida, es inconcuso que lo denunciado es un asunto que se encuentra bajo las competencias del municipio recurrente, puesto que tal órgano goza de las facultades para la mantención y conservación global de las vías de uso público, con miras a resguardar la debida conectividad de los habitantes de la localidad, así como la utilización permanente y segura de los caminos en operación, velando por el cumplimiento irrestricto de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las construcciones y obras de urbanización que se ejecuten en el territorio comunal, tanto más si se considera que se trata de obras que por su naturaleza, tienen por objeto eliminar una condición de riesgo inminente a la integridad física de una parte de la comunidad, sin que sea posible que se considere que la autoridad recurrente se encuentra impedida de realizar las acciones necesarias para remediar la anomalía denunciada por los vecinos de las localidades afectadas.

Cuarto: Que, por consiguiente, se advierte la dificultad del municipio en orden a desarrollar las facultades que le son inherentes, a pesar de la necesidad imperiosa de dicho órgano de adoptar tempranamente las medidas conducentes a evitar las consecuencias perniciosas a que se han enfrentado un grupo específico de los habitantes de las localidad de Olivar y Requínoa, a causa del particular conflicto desarrollado, en especial si como en este asunto se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la igualdad ante la ley y la integridad psíquica y física, razón por la cual el presente recurso deberá ser acogido en los términos que se dispondrá en lo resolutivo de esta sentencia”.

Plantea que así las cosas, no solamente la Excma. Corte asegura que el Camino La Gloria es un camino de uso público, sino que, además, afirma que es inconcuso que la Ilustre Municipalidad de Olivar ostenta la correspondiente competencia para ejecutar todo tipo de obras de mantención y reparamiento sobre dicho camino, de modo que resulta del todo improcedente que ahora, poco más de un año después de este fallo del Excmo. Tribunal, el Recurrente presente otro recurso de protección que en definitiva pretende revisar lo específica y expresamente resuelto por la Excma. Corte Suprema.

De esta manera, lo único indubitado en este caso es la facultad de la Municipalidad de Olivar para efectuar todas las reparaciones y arreglos necesarias sobre el Camino La Gloria, circunstancia que fue confirmada expresamente por nuestro Máximo Tribunal.

Relata que en el marco de las facultades y obligaciones establecidas en Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y procurando por mantener y mejorar la seguridad vial del Camino La Gloria, la Ilustre Municipalidad de Olivar procedió a efectuar la Licitación, con el fin específico de (i) dotar al camino de 4 centímetros de asfalto y reconstruir 5 atraviesos de canales de regadío para efectos de evitar inundaciones; es decir, ejecutar una obra de mantención y conservación. Pues bien, luego del debido proceso de licitación de la obra, ésta fue adjudicada a Bitumix, mediante el Decreto Alcaldicio N°1364, de fecha 19 de agosto de 2024, emitido por la misma Ilustre Municipalidad de Olivar. El precio de la obra se fijó en la suma de $177.252.614, incluido el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, fijándose un período de trabajo de 150 días. Por último, el citado Decreto Alcaldicio mandató asimismo la celebración del respectivo contrato de construcción entre la Municipalidad y la empresa adjudicataria, el que se firmó con fecha 22 de agosto de 2024, concluyendo que Bitumix es una persona jurídica completamente ajena a los hechos reclamados por el Sr. nombre reservado, puesto que no es posible imputarle ninguno de los supuestos actos ilegales y arbitrarios alegados en el recurso de protección de autos, al ser solamente la adjudicataria de la obra.

Como adelantamos, el Recurrente funda principalmente su recurso de protección en la Ordenanza N°06 de fecha 16 de enero de 2012, emitida por el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, siendo la tesis principal de su libelo constitucional que quien tendría competencia para ejecutar obras de mantención en el camino es la Dirección de Vialidad, mas no la Municipalidad, debido a que el Camino La Gloria es un camino privado de uso público.

Sin embargo, absolutamente en contrario a lo afirmado por el Sr. nombre reservado, en la misma Ordenanza N°06 antes referida, la propia Secretaría Regional indica expresamente que, justamente por tratarse el Camino La Gloria de un camino privado (lo que no quita que sea de uso público), la Dirección de Vialidad no podrá intervenir ni efectuar ninguna operación en dicho camino, por cuanto no es un bien nacional de uso público. En efecto, dicha Ordenanza N°06 sostiene:

“Conforme a lo expuesto, dicha faja o vía no es un buen nacional de uso público, de manera que la Dirección Regional de Vialidad no podrá intervenir ni efectuar ninguna operación en dicho camino (…)”

Así las cosas, lo cierto es que, sin perjuicio de los argumentos ya desarrollados, el libelo incoado ni siquiera puede sustentarse en sus propios fundamentos de hecho y derecho, siendo evidente, así, que debe ser rechazado.

Con fecha 15 de octubre del año 2024 se incorporó resolución decretada en causa rol 2176-2024, donde se ordenó la vista de dicha causa una en pos de la otra, por tratarse de los mismos hechos y recurridos, a fin de evitar decisiones contradictorias.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que el acto ilegal y arbitrario que el actor reprocha de las recurridas, estaría dado -en síntesis- por la dictación del Decreto Alcaldicio N° 1364 de fecha 19 de agosto de 2024, mediante el cual adjudicó previa licitación pública a la empresa Bitumix S.A., los trabajos consistentes en la pavimentación de 600 mts. del camino denominado “La Gloria”, ubicado en ruta H 40 sector Curepto de la comuna de Olivar, el cual es un camino privado de su propiedad, circunstancia reconocida por el Ministerio de Obras Públicas, la que le habría comunicado que el proceso de expropiación sobre el inmueble del que es copropietario, dentro del cual se encuentra el camino objetado, no seguiría adelante, justamente, por el proceso de licitación sustanciado por la Municipalidad de Olivar, todo lo cual afecta gravemente su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que concurriendo el Municipio recurrido, solicitó el completo rechazo de la acción de protección, por cuanto desde tiempos inmemoriales ha mantenido el camino objeto del recurso en estado de conservación que permita un tránsito expedito y seguro, para todos sus transeúntes, ejecutando importantes obras de inversiones pública, haciendo hincapié en que mediante el decreto recurrido se busca desarrollar obras de mantención y conservación de un camino de uso público, argumentando que no estamos frente a un derecho indubitado, no solo por la naturaleza jurídica del camino, sino que el eventual dominio del recurrente el que se encuentra seriamente cuestionado, debiendo presumirse el camino como de uso público, lo que determina su deber de mantenerlo, descartando toda arbitrariedad e ilegalidad en su proceder.

CUARTO: Que por su parte la empresa recurrida BITUMIX, también compareció a los autos y solicitó el rechazo del recurso por cuanto de los propios documentos acompañados por el recurrente, es posible constatar que el camino es, efectivamente, uno de uso público, tal como expresamente lo dispuso la Ordenanza N°1066 de fecha 7 de agosto de 2015 y la Excma. Corte Suprema, destacando que se trata de una persona jurídica completamente ajena a los hechos reclamados por el Sr. nombre reservado, puesto que no es posible imputarle ninguno de los supuestos actos ilegales y arbitrarios alegados en el recurso de protección, al ser solamente la adjudicataria de la obra, haciendo patente la inexistencia de un derecho indubitado, y el que existen otros procedimientos a través de los cuales se debe resolver la controversia.

QUINTO: Que en cuanto a la excepción de cosa juzgada hecha valer por el municipio recurrido, si bien existen similitudes entre el procedimiento ventilado bajo el Rol 1.777-2022 y el presente, lo cierto es que, en aquél se solicitaba por el Municipio, ahora recurrido, que se ordenase a los recurridos abstenerse de realizar cualquier acción que pudiese ser susceptible de restringir o privar a la entidad edilicia de su libre y legítimo ejercicio de efectuar las obras de reparo o arreglo sobre el Camino La Gloria, en cambio, en el presente arbitrio se busca que se determine la ilegalidad o arbitrariedad del Decreto Alcaldicio N° 1364 de fecha 19 de agosto de 2024, mediante el cual se adjudicó previa licitación pública a la empresa Bitumix S.A., los trabajos consistentes en la pavimentación de 600 mts. del camino denominado “La Gloria”, en consecuencia, y no verificándose la triple identidad requerida, se rechazará la excepción en análisis.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, del atento estudio de los informes evacuados por los recurridos, es posible concluir que todos y cada uno de los argumentos que ventila el recurso fueron controvertidos.

De esto se sigue que el presente recurso no puede ser resuelto mediante la presente acción, atendido el evidente carácter contradictorio de las pretensiones de las partes, ya que la acción constitucional de protección supone que la titularidad del derecho de los recurrentes sea indubitada, más aún cuando en este caso se ha empleado el presente arbitrio para cuestionar, en primer término, la naturaleza jurídica del camino controvertido, en segundo término el dominio de la franja de terreno sobre la cual se pretenden realizar los trabajos de mantención y conservación del camino en cuestión, y finalmente, la legalidad misma del acto administrativo, consistente en el Decreto Alcaldicio N° 1364 de fecha 19 de agosto de 2024.

En consecuencia, nos encontramos frente a pretensiones que desbordan los márgenes de la protección, resultando una labor ajena a este procedimiento cautelar, el cual constituye una medida de tutela urgente para dar remedio pronto y eficaz a los atropellos que sufra el ciudadano en sus derechos constitucionales producto de una acción u omisión que a todas luces sea ilegal y arbitraria, cuestión que justifica una intervención jurisdiccional rápida que ampare suficientemente el derecho amagado, de suerte que la presente discusión deberá ser conocimiento de los tribunales ordinarios de justicia mediante las respectivas acciones ordinarias y declarativas que las partes estimen procedentes.

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, debemos tener especialmente presente lo determinado por nuestra Excma. Corte Suprema en el ingreso 7907-2023, a propósito de la materialización de trabajos de conservación y reparación del camino La Gloria, en el sentido de que dichas obras sí se encuentran bajo las competencias del municipio, puesto que tal órgano goza de las facultades para la mantención y conservación global de las vías de uso público, con miras a resguardar la debida conectividad de los habitantes de la localidad, así como la utilización permanente y segura de los caminos en operación, velando por el cumplimiento irrestricto de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las construcciones y obras de urbanización que se ejecuten en el territorio comunal.

OCTAVO: Que finalmente, cabe precisar que el recurrente desarrolla como uno de sus fundamentos principales la circunstancia de que por intermedio del MOP se le habría comunicado que el proceso de expropiación sobre el inmueble del que es copropietario, no seguiría adelante, justamente por el proceso de licitación sustanciado por la Municipalidad de Olivar, conforme a Decreto Alcaldicio N° 1364, de fecha 19 de agosto de 2024.

A contrario de lo referido, la Dirección de Vialidad de O’Higgins, informó expresamente que ésta no ha dado inicio a ninguna gestión expropiatoria en el sector, el que por lo demás, incide en un terreno que se emplaza en zona urbana de la comuna de Olivar, atendido lo cual, este tramo de camino no es de tuición de la Dirección de Vialidad, servicio que en conformidad al artículo 24° del Decreto con Fuerza de Ley N° 850 de 1997, no tiene competencia sobre ese camino.

En consecuencia al no haberse considerado expropiación por parte de la Dirección de Vialidad en el sector consultado, malamente podría haberse informado al recurrente de autos, el inicio de un proceso de esa naturaleza, lo que en la especie no ha ocurrido, como tampoco se ha comunicado por sí ni por interpósita persona externa a dicho Ministerio, que no se perseverará en algún eventual proceso expropiatorio ya iniciado, todas razones que llevarán al rechazo del recurso incoado.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por don nombre reservado, en contra de la Empresa BITUMIX S.A y en de la I. Municipalidad de Olivar, Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 2176-2024 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada totalmente.