nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Rancagua Rancagua, quince de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, abogado, por sí y a favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, y viene en deducir recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones MODELO S.A., representado por don nombre reservado, gerente general, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana De Santiago, en virtud de los fundamentos de hecho y derecho que en su presentación expuso.

Indica que su representada solicitó a la recurrida mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Agrega que la recurrente recibe en fecha 15 de diciembre de 2025 notificación que rechaza su solicitud de retiro de fondos, indicando:

“El documento que adjunta es una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero no cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente No es un certificado de afiliación ni detalla las prestaciones específicas, sino que menciona de manera general las coberturas del sistema previsional de Venezuela.

Además, ha incluido una declaración bajo fe de juramento, redactada por usted, notariada y apostillada en Chile, Este documento no es válido según la normativa actual, ya que la apostilla no está facultada para representar al país de emisión.

Sin embargo, la Superintendencia de Pensiones ha permitido, de manera excepcional, que se cumpla este requisito mediante un certificado emitido por la embajada o consulado correspondiente. Dicho certificado debe confirmar que cuenta con las coberturas exigidas por la Ley 18.156 y estar debidamente legalizado o apostillado.”

Plantea que, de este modo, la administradora que se recurre obstaculiza el proceso de solicitud de retiro de fondo de la recurrente, dando una mala interpretación de la norma, desatendiendo el objetivo de esta, esto es que el extranjero pueda disponer de su propiedad, en este caso, de sus fondos de previsión. En ese sentido en el caso puntual y relación con la causal de rechazo invocada es necesario precisar el contexto actual en cuanto a la imposibilidad de obtener la legalización consular de la declaración jurada de dicho certificado de afiliación en el instituto de previsión social IVSS como se hacía anteriormente, pues es el caso que nos encontramos frente a una imposibilidad técnica y material de adquirir dicha legalización de la declaración jurada, por motivo del quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, posterior a las últimas elecciones presidenciales celebradas en Venezuela, en atención a la falta de reconocimiento de dichas elecciones por parte del mandatario chileno, lo que dejó sin representación consular o diplomática a los nacionales venezolanos.

Agrega que, así las cosas, según consta en el hecho público y notorio de la ausencia de representación diplomática por parte de Venezuela por el mero capricho del mandatario venezolano, nos encontramos ante una situación de imprevisibilidad que imposibilita actualmente a los nacionales venezolanos para obtener la declaración jurada de inscripción en el IVSS que se obtenía anteriormente y que a posterior era convalidada por el Ministerio correspondiente. Aun en consideración de ello la parte recurrente presenta el documento debidamente legalizado a través de declaración jurada ante notaria chilena, lo que reviste al documento de la debida formalidad, y al ser emitido en territorio nacional, debe tener la misma naturaleza probatoria que la declaración jurada que anteriormente se obtenía desde la embajada venezolana.

Señala que se debe tener en consideración lo establecido por la ley 18.156, en sus artículos N°1 en relación con el artículo N°7 de la misma norma:

“Artículo N°1: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y;

- Que el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Artículo N°7: En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”

Detalla que, unido a lo anterior, es importante destacar que el recurrente realiza su solicitud de retiro de fondos previsionales, debido a que al ser profesional extranjero cumple con los requisitos supra señalados. En consecuencia, se evidencia que ha dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la Ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato de certificado de relación. De este modo, la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que la Administradora de Fondos de Pensiones admite que efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social del país de origen no obstante, rechazan argumentando que el mismo no se encuentra apostillado, por lo que se tiene que hacer presente que es un hecho de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos acudir a la representación consular para estos efectos, más aún, las recurridas incorporan un requisito adicional que se aparta a lo estatuido en el cuerpo legal que regula la materia.

Argumenta que en consecuencia, se evidencia que el recurrente ha dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la le Ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, produciendo una retención injustificada de éstos, lo que no resulta razonable.

Finalmente, trae a colación que el actuar arbitrario e ilegal por parte de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política Nacional, dejando establecido que ante todo evento la prestación de servicio comprende la cobertura exigida, requiriendo un documento adicional y particular empleando palabras redundantes de lo que cubre el certificado in comento, dándole un trato diferenciado.

Previas citas legales solicita tener por tener por interpuesto recurso de protección en contra la Administradora de Fondos de Pensiones “MODELO” por el acto ilegal y arbitrario que rechaza solicitud de retiro de fondos para extranjero de fecha 17 de diciembre de 2025, ordenando que se reconozca como válido la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Con fecha 27 de enero del año en curso compareció la Superintendencia de AFP la que informó en primer término que la Sra. nombre reservado no registra reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Agrega que, de acuerdo con la invariable jurisprudencia del Servicio, resulta pertinente señalar que, para acreditar la cobertura en el país de origen exigida en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, ni tampoco una cartola que dé cuenta de las cotizaciones previsionales enteradas en tal sistema. Se ha requerido, para acreditar dicha exigencia, que la autoridad previsional competente consigne de manera específica el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Hace presente que, en el caso de autos, para acreditar el requisito de cobertura antes mencionado, la recurrente acompañó a su recurso de protección un certificado electrónico denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” y una declaración jurada suscrita por ella, mediante la cual manifiesta que la constancia acompañada indica que se encuentra afiliada a un sistema previsional extranjero y da cumplimiento a lo preceptuado a la normativa aplicable en la especie. Al respecto, manifiesta que la declaración jurada no es un documento idóneo para probar el requisito de cobertura previsional fuera de Chile, toda vez que la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente. Ello, por cuanto dicha entidad es la única que posee las facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, conforme al ordenamiento jurídico del Estado en el que se haya emitido la certificación.

Del mismo modo, conforme a la mencionada normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° de la Convención de La Haya sobre la Apostilla, el certificado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado por la recurrente no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, ya que no se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado. Además, dicho documento no señala las coberturas con que cuenta la recurrente, ni permite inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano.

Con fecha 13 de febrero del año en curso atendido al tiempo transcurrido, se hizo efectivo el apercibimiento anunciado, en consecuencia, se prescindió del informe de la recurrida.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que, el acto que se impugna por el presente recurso es el rechazo de la solicitud de retiro de Fondos para Extranjero, mediante resolución de fecha 17 de diciembre del año 2025, lo que vulneraría lo establecido en la Constitución Política de la República, artículos 19 N°2 y 24, y en la Ley N°18.156 que faculta la devolución de los fondos a los extranjeros, solicitando la recurrente se ordene al recurrido realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable, y se decreten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

TERCERO: Que, la Superintendencia de Seguridad Social informó que la recurrente no registra ante dicho Organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar. Añade que la documentación aportada por el recurrente no sirve para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, por cuanto el certificado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado por la recurrente no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, ya que no se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado. Además, dicho documento no señala las coberturas con que cuenta la recurrente, ni permite inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano.

Por su parte la AFP recurrida no evacuó el respectivo informe en tiempo y forma.

CUARTO: Que, para resolver la presente controversia resulta importante destacar que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 indica que:

“Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la Ley 16.744”

Por su parte, el artículo 7º del citado cuerpo legal establece que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

QUINTO: Que, el documento presentado por la actora, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no fue legalizado, ni apostillado. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

SEXTO: Que, en este sentido, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de AFP Modelo, ni de la Superintendencia de Pensiones, al exigir el cumplimiento de los estándares normativos para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero.

SEPTIMO: Que, si bien la Ley N 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

OCTAVO: Que, como consecuencia, no advirtiéndose que en la especie se configuren los fundamentos que justifican la procedencia de la acción de protección, y habiendo la recurrida obrado dentro de sus atribuciones legales, se desprende que no ha existido acto ilegal o arbitrario que afecte los derechos constitucionales de la actora, en el sentido expresado en su recurso, por lo que la presente acción no puede prosperar.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema que rige en la materia, se rechaza, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de AFP Modelo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 2165-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.