Protección contra Tesorería General de la República

Rancagua, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.

Vistos:

nombre reservado, contador, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, y dedujo recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada por el Tesorero General de la República don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado y en esta región por el Tesorero Regional doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por haber vulnerado su derecho de propiedad.

Señala que es titular de una cuenta Rut en el Banco Estado, la que usa para efectuar el pago de sus gastos propios.

Agrega que el día 12 de julio de 2017, su empleador depositó en dicha cuenta su sueldo de $500.000.-, realizó algunos pagos quedando un saldo disponible de $434.939.- hasta el día 27 de julio de 2017, fecha en la cual el banco aludido retuvo sus fondos y le impidió disponer de ellos.

Al concurrir a la sucursal del banco ubicada en la localidad de Requínoa fue informado que su dinero se retuvo por “N días”, por instrucciones del servicio de tesorerías por deuda fiscal, confirmando dicha información la Tesorería Regional, donde se le informó que Tesorería ordenó al Banco Estado retener su dinero por cuanto se le imputa una deuda fiscal por un giro del Servicio de Impuestos Internos originada el año 2011.

Desconoce tener alguna deuda originada el referido año, nunca fue notificado de giro alguno y menos fue notificado de infracción por el servicio de impuestos internos ni por Tesorerías de gestión de cobro en tal sentido.

Por la ambigüedad de la información que le fue entregada no sabe si su dinero fue embargado o retenido y a qué título.

Sostiene que al no poder disponer libremente de su dinero se le priva del derecho de propiedad, lo que persistirá mientras dure el secuestro.

Finalmente indica que conforme a lo señalado por la Dirección Nacional del Trabajo mediante Ord. 4591/51 de 27 de noviembre de 2013 en concordancia con dictamen N°4954/234 de 24 de agosto de 1994, el sueldo o remuneración podrá ser objeto de embargo sólo en el monto que exceda de 56 uf, cifra lejana a los $434.939.- que se le ha retenido, lo que confirma el abuso de la recurrida. Por lo expuesto solicita arbitrar las medidas para reinstaurar las garantías vulneradas.

Adjunta documentación que se agrega al expediente.

Con fecha 16 del presente mes y año informa doña nombre reservado, Tesorera Regional de la Tesorería Regional de O’Higgins, señalando que existen procedimientos de cobro de obligaciones tributarias seguidos en contra del recurrente don nombre reservado, a saber, expedientes N°1005-2004 de la comuna de Castro y expediente N°10065-2016 de la comuna de Puerto Varas, que dan cuenta de la existencia de deuda fiscal, la que asciende al día de hoy entre todas las deudas a un total con multas, reajustes e intereses a $52.714.285.

En relación a la situación descrita en el recurso debe entenderse que se trata del procedimiento 10065-2016 de la comuna de Puerto Varas puesto que fue en dicho expediente en el cual se llevó a cabo una diligencia de embargo según lo resuelto por el juez sustanciador de Castro. En este proceso el recurrente fue notificado en su domicilio tributario con fecha 8 de abril de 2017, con estricto apego a lo dispuesto en el artículo 171 del Código Tributario, tal como se desprende de la certificación que consta a fojas 3 de dicho proceso. En el mérito de la diligencias y en atención al hecho de no contar con garantías suficientes para los intereses del Fisco, se ordenó a la luz del mandamiento de ejecución y embargo ya notificado, la traba del embargo sobre bienes suficientes del deudor, dentro de los cuales se encontraban los fondos depositados en la cuenta Rut del contribuyente.

Fue así como consiguientemente, con fecha 25 de julio de 2017, se traba embargo sobre los fondos de la cuenta Rut en la sucursal del Banco Estado de Castro, tal como se aprecia a fojas 8 del proceso seguido en contra de don nombre reservado.

Sostiene que de lo expuesto se puede observar que no existe vulneración de derechos por la cual se recurre, ni menos el Servicio de Tesorería ha actuado en forma ilegal o arbitraria, sino que meramente ha llevado a cabo una diligencia de embargo dentro de un procedimiento normado de cobro obligaciones tributarias en contra de un deudor del Fisco. Además, lo anterior lo ha desarrollado en cumplimiento de la normativa vigente, haciendo uso de facultades entregadas por la ley dentro de un procedimiento en el cual al Tesorero respectivo se le inviste de juez sustanciador, precisamente para que pueda ordenar diligencias de esta naturaleza.

Por otra parte, señala que se ha resuelto indubitadamente por la jurisprudencia que la acción cautelar es un medio procesal rápido y eficaz destinado a restaurar el imperio del derecho cuando este ha sido afectado por un acto u omisión ilegal o arbitrario y no ha sido creado para solucionar conflictos específicos entre partes de un proceso y la autoridad pública, menos aun cuando dicho conflicto se encuentra sometido al conocimiento de los tribunales, autoridad u organismo correspondiente, porque el asunto con la intervención de ellos, se encuentra justamente bajo el imperio de la autoridad del derecho.

Finalmente indica que no se puede por vía de un recurso de cautela constitucional cuestionar resoluciones de un juez dentro de un proceso, como lo hace el recurrente, cuando la discusión debe darse dentro del procedimiento y bajo los recursos propios que establece la ley, para que las partes puedan hacer valer sus derechos, por lo que solicita el rechazo del recurso con costas.

Adjunta copia simple del expediente N°10065-2016 de la comuna de Puerto Varas.

Con fecha 18 de agosto de 2017 el recurrente señala que en el informe evacuado no se cuestiona que el monto embargado es el monto total del saldo habido en dicha cuenta, y no cuestiona el que dichos fondos provienen de su sueldo o remuneración. Además, señala que la notificación de “requerimiento de pago y notificación de embargo” se hace por cédula en Los Cipreses 337 de Puerto Varas, y el “acta de embargo” se hace en Blanco 358 de Castro, cambio de domicilio antojadizo.

Con fecha 24 de agosto de 2017 doña nombre reservado, señala que el informe evacuado con fecha 16 del mismo mes y año debe entenderse como una respuesta institucional del Servicio de Tesorería, por lo que solicita prescindir del informe solicitado mediante oficio N°5572-2017.

Con fecha 25 de agosto de 2017 se prescindió del informe solicitado a la Tesorería General de la República.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o aún amenaza de alguna o algunas de las garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que la recurrente, en síntesis, señala que es ilegal y arbitraria la actuación de la recurrida en virtud de la cual ésta ha procedido a embargar su remuneración.

TERCERO: Que son hechos del recurso los siguientes:

a) El recurrente es ejecutado en expediente administrativo rol 10065-2016 de la comuna de Puerto Varas.

b) Con ocasión de este procedimiento, se le requirió de pago. No pagó y se trabó embargo por la suma de $434.939.- que el demandado registraba depositada a su nombre en la cuenta RUT RUT reservadodel Banco Estado.

c) Los dineros embargados corresponden al pago de la remuneración del mes de julio del año 2017 realizado por el empleador del ejecutado, según dan cuenta el contrato de trabajo y la cartola de transferencias del Banco Estado.

CUARTO: Que el recurrente señala que ha sido perturbado en el ejercicio de la garantía constitucional protegida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, toda vez que se le priva de manera ilegal y arbitraria, de su derecho de propiedad sobre su remuneración.

QUINTO: Que si bien se alega por parte del recurrente que en materia laboral se establece un límite de 56 UF para la traba de embargo sobre las remuneraciones, lo cierto es que existe norma especial aplicable al caso de autos que prima sobre las normas generales, como lo es el artículo 170 del Código Tributario, ubicado en el Título V del cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero, que dispone “el embargo podrá recaer en la parte de las remuneraciones que perciba el ejecutado que excedan a cinco unidades tributarias mensuales del departamento respectivo”.

SEXTO: Que así, el obrar de la Tesorería recurrida, resulta ilegal, pues al embargar parte de las remuneraciones del ejecutado sin considerar el límite establecido en el artículo 170 del Código citado, ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, respecto de los montos protegidos, por lo que deberá acogerse el recurso de protección en el monto equivalente a cinco unidades tributarias mensuales a la fecha del embargo.

SEPTIMO: Que en cuanto a la alegación, efectuada por la recurrida consistente en que el recurso de protección no es la vía idónea para dejar sin efecto una resolución judicial, será rechazada por cuanto se ha recurrido en contra de una actuación procesal consistente en el embargo de la remuneración y no en contra de la resolución que lo decreta.

Por esas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República, sólo por la suma de $233.935 correspondiente a cinco Unidades Tributarias Mensuales a la fecha de practicarse el embargo, respecto de la cual Tesorería deberá alzarlo, manteniéndose vigente en el exceso.

Regístrese, comuníquese, y en su oportunidad, archívese.

Rol Ingreso Corte 2157-2017 Protección.