Protección contra Fundación Educacional Colegio nombre reservado

C.A. de Rancagua Rancagua, cinco de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Con fecha 26 de agosto de 2024 comparece ISABEL, con domicilio en domicilio reservado, en representación de su hija menor de edad, TATIANA, de su mismo domicilio, deduciendo recurso de protección en contra de la Fundación Educacional Colegio nombre reservado, representada legalmente por doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por haber ocurrido una agresión física en contra de su hija, por una compañera de curso, sin que el colegio haya adoptado las medidas adecuadas para evitar se reitere otra vez, estimando que ello vulneraría la garantía constitucional del artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se garantice la seguridad de su hija mientras se encuentre en el colegio, se le informe las medidas adoptadas respecto de la alumna agresora y se separe de curso a las estudiantes involucradas.

Funda su recurso en que con fecha 1 de agosto de 2024, la hija de la recurrente de 11 años de edad y que asiste al Colegio nombre reservado, se encontraba en clases, siendo agredida por otra compañera, LORENA, a quien conoce desde el 2017, mediante golpes de puño, patadas, tirones de pelo e intentos de mordedura. Una vez ocurrido ello, la profesora jefe de su hija le comunica lo sucedido, por lo que la recurrente, en su calidad de apoderada, la retira del colegio, visualizándola angustiada y asustada, llevándola a constatar lesiones al Cesfam de Machalí, las que fueron de carácter leve. Posterior a ello, su hija no asistió al colegio por 6 días, por encontrarse con licencia médica, a diferencia de la agresora, quien siguió concurriendo al colegio. Expresa que concurrió a Carabineros de Chile y denunció lo sucedido, siendo remitidos los antecedentes al Juzgado de Familia respectivo.

Señala que, en su regreso a clases, la recurrida le informó que su hija mantendría un tutor sombra en la sala de clases para evitar la ocurrencia de una situación similar, además, de brindarle atención sicológica en el área de convivencia escolar una vez por semana. Sin perjuicio de ello, nuevamente fue agredida por la misma alumna, mediante tirones de cabello y golpes en la cabeza, por lo que nuevamente la retira del colegio, la lleva a constar lesiones y deja constancia de lo sucedido en Carabineros. Añade que en atención a que su hija se encontraba con trastorno de ansiedad, no asistió a clases hasta el 12 de agosto de 2024, por lo que solicitó que enviarán las materias mediante plataforma virtual, lo que no ocurrió.

Menciona que el colegio dispuso la activación de su protocolo de maltrato escolar, informando que a su hija la derivarán a sicólogo una vez por semana, la existencia del tutor sombra en clases y patio, flexibilidad académica en caso de requerirlo, autorización para salir a almorzar a la casa y que no se informará respecto de las sanciones que se aplicarán a la estudiante agresora. Acusa que la primera medida no se ha implementado.

Afirma que el 13 de agosto de 2024 tuvo entrevista personal con el colegio y se le informaron los resultados de la investigación, sin embargo, reclama que no ha sido informada del procedimiento sancionatorio.

Pide que se garantice la seguridad de su hija mientras se encuentre en el Colegio, que se le informe las medidas de intervención y sanciones que ha tenido la alumna agresora y que se separe de curso a las estudiantes involucrada, permaneciendo su hija en el que se encuentra actualmente, disponiendo un tutor sombra sólo para los recreos.

Acompaña copia de constatación de lesiones, parte policial, resolución del Juzgado de Familia, opinión de la Consejera Técnica y certificado de atención de sicólogo.

Con fecha 28 de agosto de 2024, se declaró admisible el recurso, se pidió informe a la recurrida y a la Superintendencia de Educación.

Con fecha 6 de septiembre de 2024, se evacuó informe por la recurrida.

Explica, como antecedente de contexto, que entre las estudiantes involucradas han existido conflictos que han alterado la convivencia escolar, pues hasta el año 2023 eran amigas. Destaca que la madre de la estudiante LORENA se presentó al colegio para denunciar que la hija de la recurrente le envía mensajes y hostiga a su hija. Así las cosas, el 9 de julio de 2024 se abrió protocolo de maltrato escolar, por lo que se entrevistó a la estudiante denunciante, luego a cinco compañeras, como testigos. El 17 de julio del presente se entrevistó a la hija de la recurrente y luego, entre 23 y 26 de julio se volvió a entrevistar a las estudiantes que son testigos, junto a otros alumnos.

El resultado del proceso de investigación arrojó la existencia de un conflicto por amistades entre compañeras, por lo que se observó la necesidad de intervenir con las estudiantes y las familias, decidiéndose aplicar las siguientes medidas: respecto de LORENA, monitoreo semanal de estado de ánimo, talleres de curso y aperturar la comunicación entre el especialista externo que atiende a la estudiante y el colegio; asimismo, respecto del curso, se decidió realizar entrevistas de retroalimentación con los padres, ajustar el plan de orientación del curso, monitoreas el clima del aula por los docentes, ajustar el plan socio emocional diario, “focus group” de damas y varones y formulación de indicadores de logro para el curso con metas a corto plazo.

Finalmente, se elaboró un plan de trabajo de orientación.

Respecto de los hechos del recurso, afirma que el 1 de agosto de 2024 se activó protocolo de maltrato escolar por la agresión sufrida por la hija de la actora, comenzándose con la etapa indagatoria de entrevistas tanto de la afectada, la agresora y a otros miembros de la comunidad educativa, por lo que se acreditó la falta grave cometida, aplicándose la medida disciplinaria de suspensión por 3 días a LORENA. Aclara que dicha medida se hizo efectiva una vez terminado el proceso, una vez que la sanción se encontraba firma y ejecutoriada. Además, se adoptaron medidas de resguardo a favor de la hija de la actora, a saber, apoyo de contención una vez por semana, flexibilidad académica, adulto referente como monitor en patio y apoyo en aula, autorización para salir a almorzar con la madre y se ofreció cambio de curso.

Respecto de la estudiante que agredió, se dispuso apoyo semanal sicológico del colegio, espacio de tiempo fuera frente a situaciones que le generen impotencia o frustración, flexibilidad de horario en caso de requerir tiempos de mayor tranquilidad emocional y se ofreció cambio de curso. Hace presente que el 8 de agosto de 2024 comenzó el acompañamiento sicológico a la estudiante.

Asimismo, la familia de la estudiante agresora se comprometió a llevar a su hija a apoyo externo de manera frecuente, reforzar que la agresión no es el camino, informar al colegio cualquier hecho concreto que ocurra a fin de buscar solución y evitar socializar dificultades en medios informales. Además, al curso se aplicó un plan socio emocional preventivo.

Sostiene que el 5 de agosto de 2024 el colegio informó lo ocurrido a la Superintendencia de Educación. Luego, el 29 del mismo mes y año, se desarrolló mediación entre el colegio y la recurrente, ante dicho organismo, la cual se vio frustrada, pues la actora presentó denuncia ante el órgano fiscalizador.

Argumenta que el recurso de protección no es la vía para impugnar las medidas aplicadas en virtud del reglamento interno, encontrándose en proceso una denuncia bajo el código NUM000 ante la Superintendencia de Educación, deducida por la madre de LORENA.

Finalmente, arguye que no existe acción arbitraria e ilegal por haberse adoptada las medidas necesarias para proteger a las estudiantes involucradas y su curso.

Acompaña informe de protocolo de actuación por maltrato escolar de 8 de julio y de 1 de agosto, ambos de 2024, hoja de vida de las estudiantes involucradas, reglamento interno del colegio, correo electrónico del sicólogo del colegio y bitácora de apoyo sicológico a la hija de la recurrente.

Con fecha 18 de octubre de 2024, se evacuó informe por la Superintendencia de Educación. Indica que el 5 de agosto de 2024 se ingresó solicitud de mediación NUM001 entre el colegio y la apoderada recurrente por los hechos ocurridos el 1 de agosto de 2024, resultando frustrado. Declara que no existe ingreso de denuncia de la apoderada.

Con fecha 7 de noviembre de 2024 se ordenó como trámite previo a la vista de la causa pedir informe a la Superintendencia de Educación a fin que remita copia de la denuncia realizada por la madre de la estudiante que agredió a la hija de la recurrente, cuestión que fue cumplida el día 18 del mismo mes y año, indicando que la apoderada de LORENA ingresó la denuncia en contra del colegio recurrido por maltrato entre partes, por lo que solicitó informe a éste, de lo cual se concluyó que existen eventuales infracciones a la normativa educacional, por lo que se derivaron los antecedentes a la unidad de fiscalización. Acompaña los documentos respectivos.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, la recurrente reprocha que el colegio recurrido ha cometido un acto ilegal y arbitrario al no haber adoptado las medidas necesarias para asegurar la integridad física y psíquica de su hija, en atención a las agresiones impetradas por una compañera de curso en contra de ella.

Asimismo, la recurrente manifiesta disconformidad respecto del proceso disciplinario que se originó a raíz de la agresión, todo lo cual vulneraría la garantía constitucional del numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se garantice la seguridad de la estudiante TATIANA, se informen las sanciones adoptadas respecto de la alumna LORENA y se separe a dichas compañeras de curso, permaneciendo la primera en éste, con un tutor sombra en los recreos.

TERCERO: Que, el establecimiento educacional recurrido solicitó el rechazo de la acción de protección, por cuanto afirma que a raíz de la agresión a la alumna TATIANA, sufrida el 1 de agosto del 2024, se activó el protocolo de maltrato escolar, adoptándose medidas de resguardo y protección para las alumnas involucradas, su curso y las familias, agresión que fue una respuesta de la alumna a los maltratos recibidos por la hija de la recurrente, a través de redes sociales, sin perjuicio de lo cual, se sancionó a la estudiante agresora con la medida de suspensión de clases por 3 días, una vez terminado el proceso. Agrega, que no se puede cambiar de curso a la alumna agresora, ya que, habiéndosele sancionado con la suspensión de clases, no resulta procedente dicho cambio, ya que constituye otra sanción, según la Superintendencia, por lo que no corresponde aplicar dos sanciones distintas por un mismo hecho.

CUARTO: Que, en primer lugar, cabe precisar que para la procedencia del recurso de protección, se exige, tal como se anunció en el motivo primero de este fallo, un acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte las garantías protegidas, supuesto que no ha sido demostrado en la especie, puesto que con los documentos y antecedentes aportados por el colegio recurrido, no se verifica una vulneración a los derechos de la niña TATIANA, hija de la recurrente, pues consta que con fecha 1 de agosto del año en curso se activó el protocolo de maltrato escolar a raíz de la agresión sufrida por la alumna referida, en el cual se le tomó declaración a las alumnas involucradas junto a otros estudiantes que estaban en la sala de clases, en calidad de testigos, de lo que se concluye que la agresión afectó gravemente la convivencia escolar, por lo que se aplicó la medida disciplinaria de suspensión de 3 días a la alumna agresora, dando cuenta de esto a la Superintendencia de Educación, quien instó a las familias involucradas a arribar a una mediación, resultando dicha instancia frustrada.

En virtud de la conclusión antes dicha, el colegio recurrido adoptó medidas en favor de la estudiante agredida, de la que agrede y respecto del grupo curso, estableciéndose compromisos por parte de la familia de la alumna sancionada, además de implementarse acciones de monitoreo por parte del colegio.

Asimismo, se verifica la existencia de acompañamiento psicológico por parte de profesionales del establecimiento educacional de autos respecto de la hija de la recurrente, como también de una bitácora de observación de aula y patio, de forma periódica, respecto de la convivencia de aquélla con sus pares.

QUINTO: Que, en este sentido, se ha constatado la realización de diversas medidas destinadas a tratar las conductas de maltrato denunciadas por la recurrente por parte del establecimiento educacional, creando instancias para mantener el buen trato, llevando a cabo entrevistas con los apoderados de ambas alumnas, donde se trató el tema y se revisaron estrategias para colaborar con las familias desde la buena convivencia escolar, todo, junto con un plan de apoyo y regularización de las emociones, de manera de asegurar que ambas estudiantes involucradas en la agresión se encuentren bien, junto a todos los estudiantes y sus familias, además, respecto de lo alegado por la actora, en relación a no haber recibido la atención sicológica ofrecida por el recurrido, cabe tener presente que constan dos sesiones sincrónicas con el psicólogo del colegio los días 8 y 29 de agosto del año en curso, no configurándose así la hipótesis de hecho que otorga sustento a la acción, todo lo cual determina la improcedencia del recurso incoado.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, la Superintendencia de Educación informó que la apoderada de la alumna que cometió la agresión, ingresó una denuncia en contra del establecimiento educacional recurrido por existir maltrato de pares, siendo derivado dicho antecedente a la unidad de fiscalización por existir eventuales infracciones a la normativa educacional, encontrándose actualmente en tramitación, cuestión que da cuenta de un conflicto latente entre las dos alumnas involucradas en la agresión que dio origen a este proceso, encontrándose bajo la revisión y análisis de parte de la institución técnica específica, a fin de determinar si el colegio recurrido debe o no hacer adecuaciones a las medidas que han sido tomadas a raíz de la agresión física de agosto del año en curso.

SEPTIMO: Que, por las razones anteriores, se concluye que en la especie no resulta procedente otorgar la tutela constitucional de urgencia que supone el ejercicio del recurso de protección, toda vez que no se advierte arbitrariedad o ilegalidad por parte del recurrido en la afectación invocada por la actora, por lo que la presente acción no puede prosperar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por ISABEL, en contra de la Fundación Educacional Colegio nombre reservado.

Sin perjuicio de lo anterior, el colegio deberá adoptar las medidas necesarias para procurar que los hechos que dieron lugar a la presente acción no se vuelvan a repetir entre las alumnas involucradas, debiendo propender a mantener una buena convivencia escolar entre ambas. Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol I. Corte 2154 -2024-Protección Se deja constancia que esta sentencia sí reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.