nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILEACIÓN

Rancagua, veinticinco de agosto de dos mil veintidós.

Vistos:

Con fecha 13 de abril de 2022 comparece Matías Caviedes Silva, abogado, en favor de Luzmary nombre reservado, venezolana, de 43 años de edad, casada, CI para extranjeros número RUT reservado, Licenciada en Educación, con domicilio en domicilio reservado y deduce recurso de protección contra del Servicio nacional de Migraciones, representada por nombre reservado, Sociólogo, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, en virtud de los siguientes fundamentos:

Explica que la recurrente ingresó a Chile en el año 2019, siendo titular de la Visa de Responsabilidad Democrática Residente domicilio reservado, que tiene una vigencia de 1 año, por lo que debía solicitar dentro de los 90 días anteriores a su vencimiento un nuevo permiso de residencia o Permanencia Definitiva.

Se le otorgó cédula de identidad para extranjero el 29 de junio d 2019, con fecha de vencimiento el 21 de mayo de 2020. Luego el 6 de mayo de ese año, solicitó permiso de permanencia definitiva ante el Ministerio del Interior y Seguridad Pública Departamento de Extranjería y Migración adjuntando toda la documentación requerida para dicho trámite y cumpliendo así con lo establecido en el artículo 129 numeral 3 del Reglamento de Extranjería, la cual le fue asignada el número de solicitud: 4547977, todo lo anterior con el objetivo de residir de forma legal y optar por todos los beneficios que otorga el estado chileno a los extranjeros que son titulares de dicha permanencia.

El 10 de abril del presente año, es decir, casi dos años después de su solicitud, la recurrente se percató en el sitio web respectivo, que su solicitud se encontraba en un avance de 91%, con “análisis resolutivo”, lo que constituye una demora de la administración que debe adecuar su actuar al marco legal contenido en la Ley N°19.880, que regula los tiempos de respuesta de la recurrida.

Destaca que el motivo de este recurso, dice relación con la posibilidad de reunirse con su cónyuge, nombre reservado, quien en su oportunidad tramito la respectiva Visa de Responsabilidad Democrática Residente domicilio reservado, la cual fue estampada con fecha 30 de enero de 2020 y por caso fortuito y fuerza mayor como lo es la Pandemia del Covid-19, no pudo materializar el ingreso a chile antes del 29 de abril de 2020, fecha máxima que otorgó dicha visa para que el cónyuge de la recurrente pudiera ingresar a territorio chileno; y a su respecto explica que, al tener una visa de responsabilidad democrática vencida e inutilizable, debido a hechos ajenos al cónyuge de la recurrente, la única opción que actualmente tiene conforme a la nueva ley de migraciones es poder solicitar el permiso de permanencia temporaria respecto de una Visa de Reunificación Familiar, lo cual según la normativa en particular el artículo 70 n°1 de la Ley 21.325.

Añade que esa demora en la tramitación del beneficio migratorio causa incertidumbre respecto de la reunificación familiar y se debe considerar además que se encuentra en Chile junto a sus hijas, nombre reservado, de 11 años y nombre reservado, de 11 años, ambas de apellido Matute nombre reservado, y que se encuentran en la misma situación que la actora y no han podido ver a su padre desde hace casi tres años.

Agrega que la recurrente tiene un contrato de trabajo de duración indefinida con la VILLA SALUD S.A, se desempeña cono terapeuta ocupacional y a causa de la demora, tiene su cédula de identidad vencida hace casi dos años, lo que le impide efectuar gestiones de diversa naturaleza.

Por este excesivo tiempo de dilación, considera vulneradas las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2, 16 y 21 de la Constitución Política de la República, a saber: igualdad ante la ley, libertad de trabajo, el derecho a la reunificación, las normas contenidas en la Ley N°19.880, y pide como medida para el restablecimiento del imperio del derecho que se ordene a la recurrida resolver la solicitud de permanencia definitiva realizada con fecha 06 de mayo de 2020, en un plazo de 10 días o lo que estime la Corte, adoptando las providencias que sean necesarias para ello.

Por resolución de fecha 17 de junio de 2022, folio 9, la Corte prescindió del informe de la recurrida; sin embargo, en un escrito posterior de folio 12, hizo presente las siguientes consideraciones: que la actora ingresó al país el año 2019 como titular de Visa de Responsabilidad Democrática N°SAC2034991 de fecha 28 febrero de 2019.

El 06 de mayo de 2020, solicitó Beneficio de Permanencia Definitiva bajo código tramite ID N° 4547977. El 12 de diciembre de 2021, se dictó Resolución Exenta N° 21461617, en el que se aprueba avance en el estado de trámite de la solicitud de permanencia definitiva, señalando que se encuentra en Análisis resolutivo, lo que implica a) la validación de pago de derechos, si corresponde; y b) la revisión de antecedentes aportados por instituciones externas sobre antecedentes delictuales del peticionario y emisión del acto administrativo que otorga o rechaza la permanencia definitiva, de conformidad a circular N° 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021.

Luego en cuanto a los antecedentes de derecho indica que el artículo 41 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, Ley de Extranjería, señala: “La permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades”. Esta norma se encuentra reproducida en idénticos términos en el artículo 80 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería. Por su parte el artículo 125 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, señala: “Las solicitudes de ampliaciones y prórrogas del permiso de turismo, visaciones, cambio y prórrogas de las mismas, autorizaciones de trabajo para turistas o estudiantes y permanencia definitiva, se harán efectivas a través de formularios proporcionados gratuitamente por la Autoridad respectiva…”.

Dado lo anterior, añade que, como está en tramitación su petición, la actora puede acceder a un certificado que acredita dicha circunstancia, y mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste. De este modo, entiende que no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección.

En cuanto al tiempo de tramitación del permiso indica que el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial y el estado de emergencia en el cual se encuentra nuestro país.

Cita al efecto fallos de los Tribunales de Justicia y concluye que ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, es que entiende esta autoridad que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República, y no existe por tanto perturbación alguna derechos del extranjero, toda vez que la solicitud de la recurrente se encuentra actualmente en tramitación y su situación migratoria es regular, por lo que solicita el rechazo de la acción constitucional.

Se trajeron los autos en relación:

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza Cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

2.- Que, la recurrente funda su acción en el excesivo retraso en la tramitación de la respectiva solicitud de permanencia definitiva ingresada con fecha 6 de mayo de 2020, vulnerando, entre otras, su garantía constitucional de igualdad ante la ley.

3.- Que es un hecho reconocido por la propia recurrida que aquella solicitud de permanencia definitiva ingresó en la fecha antes referida, transcurriendo más de dos años sin que dicha petición tuviera respuesta por parte de la administración y la circunstancia que la recurrida haya informado que la recurrente mantiene situación migratoria regular en nuestro territorio, no le quita oportunidad al presente recurso de protección, ya que, hasta la fecha se mantiene la falta de pronunciamiento respecto de la solicitud en cuestión, excediendo con creces el plazo de seis meses señalado en el artículo 27 de la Ley 19.880, motivo más que suficiente para acoger la acción constitucional, al constatarse una omisión ilegal y arbitraria que ha afectado los derechos constitucionales de la recurrente, en particular, el de la igualdad ante la ley.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara, que se acoge, sin costas, la acción constitucional intentada en autos en favor de Luzmary Oropenza Girón, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros número RUT reservado, sólo en cuanto se ordena al Servicio Nacional de Migraciones, emitir un pronunciamiento respecto de la petición de permanencia definitiva solicitada por el recurrente, en un plazo no superior a noventa días desde que el fallo quede ejecutoriado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte 2144-2022 Protección.