Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Rancagua, diecisiete de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparece doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), con domicilio en domicilio reservado, por la actuación que considera ilegal y arbitraria consistente en la dictación de la Resolución Exenta NºNUM000, de 25 de noviembre de 2025, mediante la cual se confirmó el rechazo de cinco licencias médicas que le fueron válidamente otorgadas por un total de 84 días, provocando con ello la perturbación y amenaza al legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales, reconocidos y amparados en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se acoja su acción y se reestablezca el imperio del derecho.

Fundamenta su acción exponiendo que la resolución en contra de la cual recurre, se basa en la supuesta falta de acreditación material de su calidad de trabajadora dependiente, limitándose a confirmar el criterio del órgano fiscalizador – COMPIN – sin efectuar un análisis pormenorizado de los antecedentes médicos y administrativos que aportó al tiempo de ejercer los recursos pertinentes.

Expone que suscribió contrato de trabajo con la empresa AFT Servicios SpA., el 2 de enero del año 2025 para desempeñarse como personal administrativo, con una remuneración mensual de $720.000, y que en el mes de marzo de ese mismo año, luego de efectuarse exámenes por patologías ginecológicas que la afectaban en forma previa y por las que se estimaba poco probable un embarazo en su caso, se le diagnosticó un embarazo de alto riesgo con amenaza de aborto, desplazamiento de placenta, sangrado y contracciones, prescribiéndosele reposo absoluto continuo desde el 21 de marzo de 2025, a través de las licencias médicas cuyo rechazo reclama, a saber, N°NUM001 por 14 días, desde el 21 de marzo al 3 de abril de 2025; N°NUM002, por 14 días desde el 4 al 17 de abril de 2025, N°NUM003, por 15 días desde el 18 de abril al 2 de mayo del año 2025, N°NUM004, por 21 días desde el 3 al 23 de mayo de 2025 y, N°NUM005, por 21 días desde el 18 de junio al 8 de julio de 2025.

Indica que ante la exigencia impuesta por la autoridad, de probar la relación de trabajo que mantenía con su emperador, presentó ante las autoridades previsionales diversa documentación, entre la que destaca su contrato laboral, registros de asistencia, comprobantes de pago de cotizaciones y declaraciones juradas de testigos, las que refiere fueron desestimadas por la Superintendencia recurrida a través de consideraciones meramente generales y fórmulas estereotipadas, sin ponderar los antecedentes aportados ni fundar objetivamente el acto administrativo recurrido, deviniendo por estas razones el mismo en arbitrario e ilegal.

Sostiene que la ilegalidad que denuncia proviene de la infracción a la normativa administrativa que se puede observar al analizar detalladamente la Resolución recurrida, desde que se vulneró el deber de fundamentación de los actos administrativos, que se encuentra establecido en el artículo 13 de la Ley Nº18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, así como en los artículos 11 y 41 de la Ley Nº19.880 sobre Procedimiento Administrativo y en los artículos 16 y 21 del Decreto Supremo Nº3 de 1984 del Ministerio de Salud.

Refiere que el actuar de la recurrida, que la priva de acceder al subsidio por incapacidad laboral en pleno embarazo de alto riesgo, ha vulnerado su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, puesto que le ha generado un grave deterioro psíquico al impedirle contar con recursos para su subsistencia y tratamiento médico, afectando también su derecho de propiedad, al privarla de la justa retribución monetaria contemplada en la ley para sustituir la remuneración que durante períodos de incapacidad laboral se encuentra legitimada para percibir.

Para finalizar y luego de hacer referencia a la normativa aplicable en materia en licencias médicas, así como a jurisprudencia de la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, solicita que se acoja su acoja su acción y se ordene a la recurrida autorizar las licencias médicas rechazadas, ordenando consecuencialmente el pago de todas y cada una de ellas, sin perjuicio de todas las otras medidas de protección que esta Corte estime del caso adoptar como adecuadas a los fines y fortalecimiento de la protección, con costas.

Al declarar admisible la presente acción constitucional de protección, de conformidad con lo dispuesto en el numeral tercero del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se solicitó informe a la Superintendencia recurrida y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la región del Libertador General Bernardo O´Higgins.

A folio 6, comparece evacuando el informe solicitado a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de esta región, su Presidente Subrogante don nombre reservado, quien señaló que a pesar de encontrarse medicamente autorizadas las licencias de la recurrente, éstas fueron rechazadas debido al resultado del proceso de fiscalización de huella laboral efectuado por la Comisión el 2 de junio del año 2025, respecto del cual aporta detalles en relación con su desarrollo, y agrega que las acciones de fiscalización tienen por objeto evitar el pago improcedente de un subsidio por incapacidad laboral derivado del mal uso de una licencia médica, a quien no detente realmente la calidad de trabajador.

Por su parte, a folio 9 comparece la abogada de la Superintendencia de Seguridad Social, doña Catalina Osses Obando, evacuando el informe que le fuera solicitado por esta Corte, oportunidad en la cual aclara que la negativa al pago del subsidio reclamado por la recurrente reposa en los informes de fiscalización de la COMPIN de la Región de O'Higgins efectuadas el 30 de abril, 2 y 16 de junio, todas del año 2025, en que al concurrir al lugar registrado en el contrato de la trabajadora como domicilio laboral, se constató que éste correspondía a una casa-habitación, informando el empleador que no contaba con ningún registro de trabajo ni horario de la supuesta administrativa contratada el 2 de enero de ese mismo año.

Agrega que, aunque la recurrente acompañó su contrato de trabajo, liquidaciones de sueldo, certificado de cotizaciones (AFP/FONASA), libro de asistencia y mensajes de WhatsApp, la normativa exige constatar "huella laboral" material y concreta, es decir, subordinación, continuidad en los servicios y desempeño efectivo, por lo que la mera exhibición de documentos formales no logro desvirtuar los hallazgos de las inspecciones de campo.

Expone que a diferencia de lo señalado por la recurrente, tanto la SUSESO como la COMPIN actuaron dentro del marco de sus competencias legales de supervigilancia del sistema de seguridad social, las que se encuentran consagradas en las leyes N°16.395, N°20.691, D.F.L. N°1 de 2005 y D.S. N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, por lo que no existe algún acto arbitrario y/o ilegal ejecutado por su parte, al emitir en forma fundada y con estricto apego a la normativa vigente, la resolución objeto de la presente acción, citando al efecto la sentencia de 21 de enero de 2026 de la Excma.

Corte Suprema Rol N°36319-2025, mediante la cual se dictaminó que la COMPIN actúa dentro de sus facultades legales al fiscalizar y descartar el pago de subsidios cuando no se configura una huella laboral real.

Sostiene que en el presente caso, no existen derechos fundamentales vulnerados con el actuar de las entidades recurridas, desde que no existe un derecho de propiedad adquirido sobre el subsidio por incapacidad laboral si no existe una licencia médica válidamente autorizada, haciendo presente, además, que no puede olvidarse que la acción de protección tutela derechos indubitados, por lo que resulta evidente que determinar la existencia o efectividad de un vínculo laboral controvertido excede los fines cautelares de este recurso y cita el fallo pronunciado el 4 de septiembre de 2025 por esta Corte en los autos Rol 473-2025- Protección, oportunidad en que se estableció que las decisiones de rechazo fundadas en fiscalizaciones no son arbitrarias ni caprichosas, y reafirmó que la acreditación de la relación laboral excede el ámbito del recurso de protección.

Finaliza solicitando que se tenga por evacuado el informe solicitado y con su mérito, se rechace la acción deducida, con expresa condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1°. Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas. 2°. Que, mediante la presente acción constitucional de protección se pretende que esta Corte declare que la Resolución Exenta NºNUM000, de 25 de noviembre de 2025, mediante la cual se confirmó el rechazo de cinco licencias médicas otorgadas a la recurrente por un total de 84 días, constituye un acto ilegal y arbitrario que conculca sus garantías constitucionales. 3°. Que, al informar la recurrida, sostiene -en síntesis- que el rechazo de las licencias médicas otorgadas a la recurrente obedece a que no fue posible acreditar en el proceso de fiscalización efectuado por la COMPIN de esta región, su calidad de trabajadora dependiente, la que debía comprobarse mediante la existencia de huellas laborales materiales y concretas que dieran cuenta del desarrollo de las labores ejercidas por aquella. 4°. Que, en la especie no se encuentra cuestionada la facultad legal que al efecto le asiste a la Superintendencia de Seguridad Social para ratificar la decisión de rechazo por parte de la COMPIN de las licencias médicas que le sean presentadas, no obstante, deberá convenirse que el ejercicio de dicha facultad debe aparecer revestida de una fundamentación adecuada, vale decir, que la decisión encuentre su apoyo en una realidad fáctica que la justifique suficientemente.

En este sentido cabe recordar que el artículo 16° del Decreto Supremo 3/84 del Ministerio de Salud, establece que corresponde a la COMPIN, a la Unidad de Licencias Médicas o a la ISAPRE, en su caso, rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.

Luego, el organismo recurrido dispone de la facultad legal de resolver acerca de la autorización de una licencia médica, por lo que sólo resta revisar, para los efectos de la presente acción, si existe arbitrariedad en la actuación reclamada. 5°. Que, en cuanto a la arbitrariedad, entendida ésta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, debe señalarse que el propio artículo 16 antes citado, contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deberá dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla.

A su vez, el artículo 21 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.” 6°. Que, en la especie, el rechazo de las licencias médicas sub lite se fundó en que no se logró verificar la existencia de huellas laborales que permitan dar por establecida la calidad de trabajadora dependiente de la recurrente, bajo subordinación y dependencia, ello mediante fiscalización realizada por la COMPIN el día 2 de junio del año 2025. No obstante aquello, los documentos aportados por la recurrente a folio 1 y por propia recurrida a folio 9, entre los que se encuentran el contrato de trabajo del recurrente, sus liquidaciones de remuneraciones, certificados de cotizaciones previsionales, capturas de pantalla de mensajería instantánea que la actora mantuvo con su empleador y otros trabajadores de la empresa, y el libro de asistencia de su empleador, constituyen antecedentes más que suficientes para dar por establecida la existencia de los servicios que como trabajadora dependiente la recurrente prestaba, sobre todo, si se considera que la afirmación de la recurrida en cuanto a que no existen antecedentes para acreditar la huella laboral, no se fundamenta en hechos o antecedente concreto alguno, más que en una sola fiscalización, puesto que no se acompañaron a la causa los registros relativos a las aquellas efectuadas en el mes de abril del año 2025 y el 16 de junio del mismo año. 7°. Que, adicionalmente se debe tener presente que en la actividad agrícola, la acreditación de una “huella laboral” - entendida como la trazabilidad documental de la prestación efectiva de servicios- reviste dificultades particulares que deben ser ponderadas conforme a la realidad material de dicha actividad. La estacionalidad de las faenas, la dispersión geográfica de los predios, la movilidad de la mano de obra y la ejecución de labores fuera de centros urbanos o de instalaciones con sistemas tecnológicos permanentes pueden dificultar la generación y conservación de registros homogéneos. Esta particularidad ha sido reconocida por la Dirección del Trabajo al señalar que, en materia agrícola, el empleador debe mantener control de asistencia y horas de trabajo mediante libro o reloj control, pudiendo determinar libremente el formato del libro, sin perjuicio de que éste permita consignar diariamente las horas de llegada y salida (Dictamen ORD.

N° 2943, de 27 de junio de 2018). Por ello, la ausencia o insuficiencia de determinados registros biométricos no puede erigirse, sin un examen contextualizado de los restantes antecedentes laborales, en un obstáculo absoluto para reconocer la vinculación laboral de una trabajadora agrícola. 8°. Que, asimismo, el rechazo de licencias médicas que han sido médicamente autorizadas, fundado exclusivamente en una supuesta falta de huella laboral, puede afectar de manera particularmente intensa la tutela reforzada de la maternidad cuando priva a la trabajadora gestante o puérpera del descanso y del subsidio destinados a proteger su salud, la del hijo o hija y la subsistencia durante dicho período. La Constitución Política de la República, en sus artículos 1° y 19 N°s 1, 9, 16 y 18, impone la protección de la familia, de la vida del que está por nacer, de la salud, del trabajo y de la seguridad social. En igual sentido, el Código del Trabajo, particularmente en sus artículos 194, 195, 196 y 198, establece un régimen de protección de la maternidad, reconoce los descansos prenatal y postnatal, los descansos suplementarios o prorrogados por enfermedades vinculadas al embarazo o parto acreditadas médicamente, y el respectivo derecho a subsidio. 9°. Que, así las cosas, el actuar antes expuesto, resulta arbitrario pues aun cuando la actora acompañó la respectiva documentación que permite acreditar su vínculo contractual, ello no fue considerado por la recurrida, limitándose a confirmar la decisión reclamada. En consecuencia, una decisión administrativa que desconozca tales licencias únicamente por déficits de trazabilidad laboral, sin ponderar la especial configuración del trabajo agrícola ni los demás antecedentes disponibles sobre la relación laboral, importa una interpretación restrictiva incompatible con el deber de protección reforzada que el ordenamiento dispensa a la maternidad. 10°. Que, por lo expuesto precedentemente, la actuación de la recurrida claramente infringe el derecho a la vida e integridad física y psíquica de la actora, así como su derecho de propiedad sobre los subsidios a que dan lugar las licencias médicas rechazadas, vulneración que permite acoger la acción intentada y disponer la cautela urgente que se señala en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), con domicilio en domicilio reservado, por la actuación que considera ilegal y arbitraria consistente en la dictación de la Resolución Exenta NºNUM000, de 25 de noviembre de 2025, emitida por la Superintendencia recurrida, y en su lugar se ordena a las recurrida proceder al pago de las licencias médicas de la actora.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Ingreso Corte 2130-2025-Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.