nombre reservado con CON CUARTA COMISARIA DE CARABINEROS RENGO

Rancagua, nueve de enero de dos mil veinte.

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Con fecha 6 de diciembre de 2019, comparece la abogada doña Yosselin Moyano Calabrano, con domicilio en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra del Comisario (S) de la Cuarta Comisaria de Rengo, nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Señala que en su calidad de abogada, desde el inicio de las movilizaciones sociales que se han desarrollado en el país, ha colaborado de forma gratuita ante denuncias de violación de derechos humanos, en la jurisdicción de la 4ta Comisaría de Rengo.

En ese contexto, el día 6 de noviembre de 2019, a las 23:00 horas aproximadamente, recibió una llamada telefónica requiriendo su presencia en la Cuarta Comisaría de Rengo, por cuanto, minutos antes, Carabineros había detenido en la plaza de Rengo a un joven de nombre nombre reservado, procedimiento en que, según los testigos, se habría utilizado la fuerza de manera desproporcionada. Se le constataron lesiones al detenido, resultado con eritemas en el rostro.

Agrega que con el fin de clarificar la forma de la detención, se comunicó con la encargada de seguridad ciudadana de Rengo, Sra. nombre reservado, ingresó a la sala de tele vigilancia municipal para ver las imágenes de la detención y solicitar copia de las mismas.

El día 7 de noviembre, se le informó por la Sra. nombre reservado que se habían comunicado con ella desde la Fiscalía Local de Rengo para consultar sobre la autorización para revisar las cámaras municipales y, a su vez, el nombre reservado, le ratificó que no tenía autorización para ver dichas cámaras. Ante ello, requirió la intervención del Director Regional del INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos), quien inició una investigación administrativa.

De este modo, concluye que se le ha privado y perturbado el libre ejercicio de su derecho a la libertad de trabajo, al ordenar o sugerir, sin facultad legal, su acceso a información pública, como son los registros audiovisuales de las cámaras municipales.

Añade que la conducta cuestionada sería arbitraria, pues no está dentro de las competencias del recurrido comunicarse con funcionarios municipales para que no se acceda a sus requerimientos. Además, de ilegal, por vulnerar el artículo 1 y 5 de la Ley 20.285 que consagra el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado.

Finalmente pide se declare que la orden, sugerencia o insinuación de privarla del derecho a imponerse del contenido de las cámaras de la oficina de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Rengo, es ilegal y arbitraria; que la misma, se deja sin efecto oficiando la 4° Comisaría de Rengo; que se ordena instruir al recurrido y al personal de Carabineros dependiente de la 4° Comisaría de Rengo, en orden a que en lo sucesivo, se inhiba de desarrollar cualquier tipo de acción que afecte el libre ejercicio de la profesión de abogado, con costas del recurso.

Evacuó informe doña nombre reservado, Encargada Comunal de Seguridad Pública de Rengo, indica que efectivamente el día 7 de noviembre recibió un llamado de la Fiscal Gabriela Carvajal, consultando por la visita de la abogada Yocelyn Moyano en día anterior en la oficina de tele vigilancia, ya que carabineros le habría manifestado su molestia y preocupación porque la abogada estaría obstruyendo la investigación, hace presente que la fiscal no le indicó la existencia de alguna prohibición respecto de la exhibición del video. Además, copia el informe del operario de turno de la sala de tele vigilancia del día 6 de noviembre y remite conversación vía Whatsapp con el nombre reservado.

Informando el recurrido, señala que la abogada recurrente se apersonó en la Unidad policial presentándose como abogada colaboradora de derechos humanos, se le pidió exhibir su credencial, pero manifestó que se le había quedado en la casa.

Añade que en cumplimiento de las facultades autónomas de los artículos 83 y 187 del Código Procesal Penal, mandata a la Cabo 1° nombre reservado para revisar las grabaciones a fin de determinar si existía algún elemento de prueba de interés criminalístico y ponerlo a disposición del Ministerio Público. En el lugar, llegó la recurrente, quien se interpuso y obstruyó la investigación desarrollada por la Cabo 1° Sra. nombre reservado, quien para evitar situaciones incomodas, se retiró del lugar sin ver las cámaras de seguridad.

Afirma que en ningún momento Carabineros le prohibió a la recurrente ver las grabaciones y todos los reclamos de ésta han sido investigados por parte de Carabineros.

Agrega que cada vez que la recurrente se ha presentado en las unidades que forman parte de la jurisdicción de la Cuarta Comisaría de Rengo, se ha accedido a sus peticiones respecto de la exhibición de información o listado de detenidos, como también a que se entreviste con aquellos que individualiza.

Informó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, señala que la recurrente de autos formuló una denuncia ante su organismo, por presunta vulneración de su derecho a la libertad de trabajo y amenaza de su derecho a la integridad física, psíquica e incluso a su vida, a raíz de lo anterior se requirió información a Carabineros y al Ministerio Público, en virtud del artículo 4 de la Ley 20.405, acompañando ambos los oficios despachados a dichas instituciones.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2.- Que la recurrente denuncia en su recurso que el capitán de Carabineros nombre reservado habría ordenado o sugerido se le privara de la posibilidad de acceder a los registros audiovisuales de las cámaras municipales, con lo que se le estaría privando y perturbando el ejercicio de su derecho a la libertad de trabajo.

3.- Que, a su vez, el recurrido negó los hechos fundantes del recurso, afirmando que el día 6 de noviembre de 2019 fue la abogada Sra. nombre reservado, quien se interpuso y obstruyó la investigación desarrollada por la Cabo 1° Sra. nombre reservado, a raíz de lo cual ésta se retiró del lugar. Precisa, que jamás impidió que la recurrente accediera a las cámaras de vigilancia municipal, además de haber otorgado siempre las facilidades para que accediera a los detenidos.

4.- Que previo a resolver la cuestión discutida y tratándose las grabaciones de hechos ocurridos en la vía pública, específicamente en la plaza de armas de la comuna de Rengo, es importante asentar que conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 20.285, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.

Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas.

Lo mismo se establece en la Ley 19.880, cuando en su artículo 16 consagra el principio de transparencia y de publicidad de los actos de la administración y sus decisiones.

5.- Que dicho lo anterior, de los antecedentes aparece que quien tenía el dominio de la decisión de entregar o no las grabaciones contenidas en las cámaras de seguridad de la municipalidad y, que se solicitaban por la recurrente, pertenecía a la oficina de seguridad municipal y, específicamente, a doña nombre reservado, por lo que en principio, el recurrido no tenía la posibilidad de perturbar el derecho a la garantía de libertad de trabajo, cuya protección se solicita.

6.- Que en cuanto a la sugerencia que se dice habría hecho el recurrido a doña nombre reservado, es posible constatar que de los Whatsapp agregados al informe, es esta última quien se comunica con el recurrido para conversar acerca del tema relacionado con las grabaciones, pudiendo desprenderse de aquel diálogo la existencia de aprehensiones del nombre reservado respecto de la entrega de dichas grabaciones derivadas de resoluciones judiciales y la investigación de eventuales delitos, pero en ningún caso, que éste haya dado una orden relacionada con la prohibición de que éstas fueran proporcionadas a la recurrente, la que por lo demás, las obtuvo según lo señaló en estrados el propio abogado de la actora.

7.- Que, en consecuencia, la abogada recurrente no ha aportado antecedentes suficientes que permitan acreditar de manera indubitada los hechos que motivan su recurso, más aun cuando el recurrido no estaba en posición de prohibir el acceso al material audiovisual solicitado por ésta y de conculcar su derecho constitucional de ejercer su profesión, por lo que la presente acción será rechazada.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el deducido con fecha 6 de diciembre de 2019, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 21.216-2019 Protección.