Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y la Superintendencia de Seguridad S

C.A. de Rancagua Rancagua, dos de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

Con fecha 23 de diciembre de 2025, comparece doña nombre reservado, cédula de identidad N°NUM000, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y la Superintendencia de Seguridad Social, por el rechazo de sus licencias médicas Nºs NUM001, NUM002, NUM003, emitidas por un total de 120 días a contar del 22 de mayo del 2025.

Refiere que fue diagnosticada con una enfermedad que afecta severamente su cabeza, cuello, hombro, brazo, por lo que se le otorgó licencia médica mientras espera hora para la operación respectiva, dado que su enfermedad es incompatible con la naturaleza de su trabajo.

Señala que las recurridas rechazaron sus licencias médicas antes indicadas, dejándola sin poder pagar alimentación, medicamentos, servicios básicos y educación superior de su hija, por lo que debió endeudarse, situación que la ha afectado física y emocionalmente.

Solicita, en definitiva, se acoja el recurso y se ordene el pago de las licencias médicas objeto de esta acción.

Acompaña informe médico de septiembre de 2025, emitido por un neurocirujano en que se indica que padece cervicobraquialgia izquierda, hernia del núcleo pulposo entre las vértebras C5-C6 y C6-C7. Además, se indica que está a la espera de operación y que una vez aquella se realice, mantiene un buen pronóstico.

A folio 4, comparece don nombre reservado, Presidente (s) de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de esta región, quien evacúa el informe requerido.

Señala que, en el año 2024, la recurrente presentó 13 licencias médicas, todas autorizadas por 326 días de reposo. Luego, en el año 2025 presentó 7 licencias, 4 autorizadas por un total de 120 días de reposo y 3 rechazadas. Indica que el rechazo se fundó en la conclusión del peritaje médico practicado a la usuaria y en la revisión de los antecedentes que se le solicitaron para justificar el reposo, lo que permitió establecer que no se justifica un periodo mayor que el ya autorizado.

A folio 8, comparece Sebastián de la Puente Hervé, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, quien evacúa el informe requerido.

En primer término, sostiene la extemporaneidad del recurso de protección, por cuanto, la recurrente tenía conocimiento del rechazo de sus licencias médicas, a lo menos, desde el 20 de agosto de 2025, fecha en que reclamó ante la Superintendencia, siendo dicho rechazo confirmado por resolución de 28 de agosto de 2025.

Añade que la posterior solicitud de reconsideración, presentada el 24 de septiembre, no suspende ni interrumpe el plazo para recurrir de protección. Así, habiéndose interpuesto esta acción recién el 23 de diciembre de 2025, sostiene que el plazo de 30 días se encontraba ampliamente vencido.

En subsidio alega la improcedencia de la presente acción en materias de seguridad social, materia que se encuentra amparada por el artículo 19 N°18 de la Constitución Política de la República, y que no está cautelada por la acción de protección En subsidio de lo señalado, en cuanto al fondo, sostiene que actuó dentro de las facultades que le confieren la Ley N° 16.395 y el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, en su calidad de órgano técnico encargado de revisar las resoluciones de la COMPIN sobre licencias médicas.

En cuanto al fondo, afirma que el rechazo de las licencias médicas se encuentra debidamente fundado en los antecedentes médicos del expediente administrativo, particularmente en un peritaje de 10 de abril de 2025, que constató un compromiso funcional mínimo, probablemente intermitente y sin interferencia significativa en las actividades de la vida diaria, concluyendo que no se lograba establecer un rol terapéutico en la prolongación del reposo.

Agrega que su actuación se limitó al ejercicio de sus competencias legales y que no vulneró las garantías invocadas. En particular, respecto del derecho de propiedad, señala que la sola emisión de una licencia médica no genera un derecho al subsidio por incapacidad laboral, pues para ello se requiere que aquella sea autorizada por el organismo competente, lo que no ocurrió en la especie.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Se confirió traslado a las alegaciones de extemporaneidad y de improcedencia de la acción, el que no fue evacuado por la recurrente.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando: 1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio. 2° Que, la recurrente funda su acción en el rechazo de las licencias médicas N°s NUM001, NUM002 y NUM003, extendidas por un total de 120 días a contar del 22 de mayo de 2025, señalando que padece una enfermedad que afecta su cabeza, cuello, hombro y brazo, que le impide desarrollar normalmente sus labores y respecto de la cual se encuentra a la espera de una intervención quirúrgica. Sostiene que el rechazo de dichos períodos de reposo la ha privado de los ingresos necesarios para solventar sus necesidades y las de su grupo familiar, solicitando, en definitiva, que se ordene el pago de las licencias reclamadas. 3° Que, al informar, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez señala que durante el año 2024 la recurrente presentó trece licencias médicas, todas autorizadas, por un total de 326 días de reposo y que, durante el año 2025, presentó siete licencias, de las cuales cuatro fueron autorizadas, por un total de 120 días, y tres rechazadas. Explica que esta última decisión se fundó en el peritaje médico practicado a la recurrente y en los demás antecedentes aportados, estimándose que no se justificaba un período de reposo superior al ya autorizado. 4° Que, por su parte, la Superintendencia de Seguridad Social solicita el rechazo del recurso. En primer término, alega su extemporaneidad, sosteniendo que la recurrente conocía el rechazo de las licencias, a lo menos, desde el 20 de agosto de 2025; en subsidio, plantea la improcedencia de la acción por tratarse de una materia de seguridad social y, en cuanto al fondo, afirma haber actuado dentro de sus atribuciones y sobre la base de antecedentes médicos suficientes, especialmente el peritaje de 10 de abril de 2025, que constató un compromiso funcional mínimo, probablemente intermitente y sin interferencia significativa en las actividades de la vida diaria, sin establecerse un rol terapéutico en la prolongación del reposo. 5° Que, en cuanto a la extemporaneidad alegada, ésta será desestimada, desde que el último pronunciamiento emitido por la Superintendencia de Seguridad Social respecto de las licencias médicas de la recurrente y que corresponde a la Resolución Exenta N° NUM004, de 1 de diciembre de 2025, y el recurso fue interpuesto el 23 del mismo mes y año, esto es, dentro del plazo previsto para el ejercicio de esta acción constitucional.

A mayor abundamiento, si bien existen antecedentes que dan cuenta de que la recurrente tomó conocimiento del rechazo de sus licencias médicas con anterioridad, la afectación que denuncia respecto de sus garantías constitucionales se vincula con la falta de autorización y pago de aquellas, cuyos efectos se mantienen en el tiempo, razón adicional para desestimar la alegación de extemporaneidad. 6° Que, asimismo, se rechazará la alegación de improcedencia de la acción formulada por la Superintendencia de Seguridad Social. En efecto, aun cuando la controversia se origina en el rechazo de licencias médicas y, por ende, se relaciona con materias de seguridad social, de los términos del recurso se desprende que la actora atribuye a dicha decisión una afectación de su integridad física y psíquica y de su patrimonio, garantías contempladas en los numerales 1° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y amparadas por la acción cautelar prevista en su artículo 20. 7° Que, despejado lo anterior, corresponde determinar si el rechazo de las licencias médicas reclamadas constituye un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar. 8° Que, sobre el particular, cabe señalar que el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, establece que corresponde a la COMPIN, a la Unidad de Licencias Médicas o a la ISAPRE, en su caso, rechazar o aprobar las licencias médicas, reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa, debiendo dejarse constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la respectiva decisión.

De este modo, no puede reprocharse ilegalidad a las recurridas por el solo hecho de pronunciarse acerca de la procedencia del reposo prescrito, desde que cuentan con atribuciones legales para ello, correspondiendo examinar, entonces, si la decisión adoptada aparece suficientemente fundada y desprovista de arbitrariedad. 9° Que, en este sentido, el artículo 21 del mismo cuerpo reglamentario contempla diversas medidas destinadas a procurar el mejor acierto en la autorización, rechazo, reducción o ampliación de los períodos de reposo, entre ellas, practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; solicitar al profesional que expidió la licencia médica antecedentes clínicos complementarios; y disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia.

Tales disposiciones evidencian que la facultad de rechazar o reducir un período de reposo no exime a la autoridad de sustentar su decisión en antecedentes suficientes y técnicamente idóneos, particularmente cuando aquellos conducen a desestimar la indicación médica efectuada por el facultativo tratante. 10° Que, en la especie, tanto la COMPIN como la Superintendencia de Seguridad Social han sustentado el rechazo de las licencias reclamadas, principalmente, en el peritaje médico practicado a la recurrente el 10 de abril de 2025, en el cual se concluyó la existencia de un compromiso funcional mínimo, probablemente intermitente y sin interferencia significativa en las actividades de la vida diaria, estimándose que no se lograba establecer un rol terapéutico en la prolongación del reposo.

Sin embargo, de la revisión del Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud de la Superintendencia de Salud se advierte que la profesional que efectuó dicho peritaje figura registrada como médico cirujano, sin que conste en dicho registro una especialidad en neurocirugía, traumatología u otra disciplina afín a la patología que presenta la recurrente. 11° Que, dicha circunstancia adquiere especial relevancia en el caso concreto, pues entre los antecedentes acompañados por la recurrente obra un informe médico de septiembre de 2025, emitido por un especialista en neurocirugía, en el que se consigna como diagnóstico una cervicobraquialgia izquierda asociada a hernia del núcleo pulposo en los niveles C5-C6 y C6-C7, indicándose, además, que la paciente se encuentra a la espera de una intervención quirúrgica y que, una vez realizada ésta, mantiene un buen pronóstico.

Así, existe un antecedente médico emanado de un especialista directamente vinculado con la patología que afecta a la recurrente, que da cuenta de una afección cervical susceptible de tratamiento quirúrgico, mientras que la decisión administrativa que descarta la necesidad de prolongar el reposo se sustenta de manera determinante en un peritaje efectuado por una profesional que no registra especialidad en dicha área. 12° Que, si bien la circunstancia de que la profesional que practicó el peritaje sea médico cirujano no determina, por sí sola, la invalidez de su evaluación ni le impide efectuarla, lo cierto es que, atendida la naturaleza específica de la patología diagnosticada a la recurrente y la existencia de un informe emanado de un neurocirujano que da cuenta de la necesidad de una intervención quirúrgica, las recurridas debieron contar con antecedentes técnicos suficientes que permitieran explicar razonadamente por qué, pese a tales circunstancias, el reposo prescrito había dejado de cumplir una finalidad terapéutica.

En efecto, frente a antecedentes médicos de esa naturaleza, no resulta suficiente sustentar el rechazo únicamente en las conclusiones del referido peritaje, sin disponer una evaluación por un profesional especialista en la materia o alguna otra medida de contraste técnicamente idónea que permitiera esclarecer la efectiva necesidad del reposo laboral prescrito. 13° Que, en tales condiciones, la decisión impugnada carece de una fundamentación suficiente, pues no proporciona elementos técnicos idóneos que permitan comprender por qué las conclusiones del médico especialista que atiende la patología de la recurrente deben ser descartadas en favor de aquellas contenidas en un peritaje efectuado por una profesional que no registra especialidad en neurocirugía, traumatología u otra afín.

Tal insuficiencia resulta particularmente relevante si se considera que el artículo 11 de la Ley N°19.880 exige expresar los hechos y fundamentos de derecho de aquellos actos administrativos que afecten los derechos de los particulares, deber de motivación que no se satisface con la mera enunciación de una conclusión médica, sino que requiere exteriorizar antecedentes suficientes que permitan conocer las razones que justifican la decisión adoptada. 14° Que, en consecuencia, sin desconocer las atribuciones que el ordenamiento jurídico confiere a las recurridas para revisar y rechazar licencias médicas, en el caso concreto el ejercicio de dichas facultades deviene arbitrario, desde que se ha desestimado la prolongación del reposo prescrito a una paciente que presenta una patología cervical diagnosticada por un especialista y respecto de la cual se encuentra a la espera de una intervención quirúrgica, sobre la base de un antecedente pericial que, en las condiciones antes descritas, no resulta suficiente para justificar razonadamente aquella determinación. 15° Que, de este modo, la actuación reclamada afecta la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al dispensar a la recurrente un trato carente de justificación razonable en la evaluación de sus antecedentes médicos, lo que torna procedente la adopción de una medida cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que se rechazan las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia de la acción formuladas por la Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° NUM004, de 1 de diciembre de 2025 y, en consecuencia, también la Resolución Exenta N°NUM005 de 28 de agosto de 2025, debiendo las recurridas adoptar las medidas administrativas necesarias para que la recurrente sea sometida a una nueva evaluación médica por un profesional especialista en neurocirugía, traumatología o especialidad afín a la patología que presenta, para determinar, sobre la base de dicha evaluación y de los demás antecedentes clínicos pertinentes, la procedencia o improcedencia del reposo correspondiente a las licencias médicas N°s NUM001, NUM002 y NUM003, dictándose un nuevo pronunciamiento debidamente fundado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 2115-2025 Protección Se deja constancia que esta sentencia debe ser anonimizada en cumplimiento a lo dispuesto en el Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema.