nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

Rancagua, veintiséis de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Con fecha 16 de agosto del año 2024, compareció el abogado Pablo Ignacio Pino Benavides, deduciendo recurso de protección en favor de nombre reservado, psicóloga, domiciliado en domicilio reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Recurre en contra del descuento que la Caja de Compensación recurrida ha efectuado en las liquidaciones de remuneraciones de la actora, aun cuando la deuda que aquélla mantiene a su respecto está siendo objeto de una acción ejecutiva en tramitación.

Para contextualizar su acción, señala que la actora suscribió en diciembre del año 2021, un mutuo de dinero con la recurrida, por la suma de tres millones de pesos ($3.000.000), fijándose al efecto que tal deuda se descontaría desde las remuneraciones de la recurrente, en 37 cuotas mensuales; suscribiendo la recurrente en forma posterior, el 3 de agosto del año 2022, otro mutuo de dinero, esta vez por la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), los que se pagarían mediante el descuento de 48 cuotas mensuales desde las remuneraciones de la recurrente, ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 18.833. Posteriormente, y debido a la pérdida de su empleo, la recurrente incurrió en mora respecto de las obligaciones que contrajo con la recurrida.

Expuso que, luego de encontrar un nuevo empleo en enero del año 2023, la recurrente advirtió en su liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de julio del año en curso, que se estaba efectuando un descuento por parte de la Caja de Compensación La Araucana -con quien mantiene un convenio vigente su nuevo empleador- correspondiente a la deuda que mantenía respecto de la recurrida y que, a esa fecha, estaba siendo objeto de un juicio ejecutivo sustanciado ante el Primer Juzgado de Letras de San Fernando, en la causa Rol C-975-2023, en que la propia recurrida hizo efectiva la cláusula de aceleración, cobrando la totalidad de la deuda que a su respecto mantenía la recurrente, lo que a su decir constituye la materialización del actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, al pretender obtener el pago de una obligación que se encuentra prescrita.

Refiere, que el actuar denunciado evidencia la vulneración del derecho de propiedad de la actora, reconocido y amparado por el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, puesto que amparándose en las disposiciones contenidas en la Ley 18.833, la recurrida pretende, sin aviso previo y de forma abusiva, obtener el pago de una deuda por la cual, en forma simultánea, ha accionado judicialmente.

Finaliza solicitando que se acoja su acción constitucional de protección, y en virtud de ello se ordene a la recurrida abstenerse de continuar efectuando descuentos desde las remuneraciones de la recurrente, reembolsando los montos que hubiesen sido indebidamente descontados, con expresa condena en costas.

Posteriormente, el 2 de septiembre del año en curso, a folio 7, compareció la abogada Inés Riquelme Arao, en representación de la recurrida, evacuando el informe solicitado a la misma.

Luego de hacer referencia a la fecha y condiciones de otorgamiento de los créditos adquiridos por la recurrente, hizo presente que, en la actualidad, sólo la última de las operaciones crediticias suscritas por la actora se encuentra en cobranza judicial por morosidad en las cuotas pagaderas desde mayo a julio del año en curso, por lo que asegura que, en la especie, nos encontramos ante un crédito vigente, actualmente exigible y cuya acción de cobro de no se encuentra prescrita, por lo que su recaudación mediante el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley 18.833 sería pertinente y oportuno.

Agregó, que los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Asimismo, indica que los descuentos aplicados en una liquidación de remuneraciones tienen su asidero en el artículo 22 de la norma legal tantas veces mencionada, en concordancia con dispuesto en el artículo 11 del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, normas que describen cómo el mecanismo de pago del crédito social, opera mediante el descuento de dicho crédito desde las remuneraciones del trabajador, retención realizada por parte del empleador afiliado, quien tiene la obligación legal de remesar a la Caja acreedora la suma de dinero descontada, y hace presente, además, que el hecho que la recurrida haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado a la recurrente, no libera a su parte, ni al empleador de la actora, de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del ya mencionado artículo 22.

Refiere, que el inicio de acciones judiciales para perseguir el cobro de lo adeudado no obedece a un mero capricho de la institución recurrida, ni mucho menos tiene que ver con un supuesto actuar de mala fe orientado a perseguir un doble cobro, sino que únicamente se debe al cabal cumplimiento de la normativa legal y administrativa vigente, la cual se orienta al resguardo del fondo social, a partir del cual se financian los regímenes de prestaciones otorgadas por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

En consecuencia, refiere que su parte no ha abusado de las facultades que le otorga la ley, puesto que ha sido precisamente aquella la que le permite efectuar los descuentos con la finalidad de cautelar el fondo social, por lo que estima que no existe actuación arbitraria ni ilegal de su parte que vulnere las garantías constitucionales de la recurrente, por lo que solicita el rechazo de la presente acción constitucional.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2° Que, a través de la presente acción cautelar, la recurrente pretende obtener el cese de los descuentos efectuados por la recurrida en sus liquidaciones de remuneraciones, de las cuotas impagas de dos créditos otorgados a ésta en los años 2021 y 2022, pagaderos en 37 y 48 cuotas respectivamente, en razón de que en relación a los mismos, la recurrida ha iniciado acción ejecutiva para su cobro, bajo el Rol C-975-2023 ante el Primer Juzgado de Letras de San Fernando, causa en la cual ha sido requerida de pago y ha sido trabado el embargo.

3° Que, por su parte, la recurrida sostiene que su actuación no es arbitraria o ilegal desde que la deuda que ha cobrado mediante el descuento en la remuneración de la recurrente, se encuentra vigente y no ha sido declarada prescrita, razón por la cual su parte ha procedido en los términos del artículo 22 de la Ley 18.833, y aclara que el procedimiento judicial iniciado por su parte para perseguir el cobro de lo adeudado, dice relación únicamente con el último de los mutuos suscritos por la actora y obedece al cumplimiento de una obligación legal que pesa sobre las Cajas de Compensación, y que se encuentra expresamente establecido en la norma ya mencionada.

4° Que, en primer lugar y para la adecuada comprensión de la presente acción constitucional, cabe precisar que, del mérito de los antecedentes que obran en el expediente digital de autos, se advierte que el cobro judicial iniciado por la recurrida, únicamente dice relación con el mutuo de dinero suscrito por la actora en el mes de agosto del año 2022, por la suma de cuatro millones ciento ochenta mil quinientos veinticinco pesos ($4.180.525), a una tasa de 1.89%, en un plazo de 48 meses, y cuyo primer vencimiento tuvo lugar el 31 de octubre del año 2022.

Tal obligación ha sido objeto del juicio ejecutivo Rol C-975-2023, seguido ante el Primer Juzgado de Letras de San Fernando, causa en la cual la parte recurrente y ejecutada opuso excepciones a la ejecución, encontrándose aún pendiente de fallo las mismas, sin perjuicio de lo cual, el 22 de noviembre del año en curso se procedió a trabar embargo sobre un automóvil de la recurrente, como se advierte del estudio del expediente electrónico.

5° Que, de lo consignado precedentemente es posible afirmar que, en lo relativo al cobro del mutuo código 208DIG100141973, suscrito por la actora en agosto del año 2022, la recurrida ha utilizado el mecanismo de cobro previsto en el artículo 22 de la Ley 18.833 de manera ilegal y arbitraria, puesto que si bien las Cajas de Compensación cuentan con la facultad legal de solicitar el descuento de los créditos sociales otorgados, con cargo a las remuneraciones de los afiliados, tal beneficio sólo se prevé por la ley para el cobro oportuno de lo adeudado por cuotas de esta clase de créditos, situación que no se verifica en la especie desde que con la demanda ejecutiva presentada el 26 de mayo del año 2023, la recurrida aceleró la totalidad del crédito, el que desde ese momento dejó de estar representado en cuotas.

De este modo, al tiempo de efectuarse por la recurrida el descuento en la remuneración del mes de agosto del año en curso, ya no existían cuotas del crédito social otorgado que pudieran cobrarse a través del mecanismo en comento, todo lo cual torna ilegal dicho proceder, dando cuenta del uso abusivo de esta modalidad de pago de préstamos sociales.

6° Que, en consecuencia, es dable concluir que la recurrida no sólo actuó de manera ilegal, sino también injustificada, en cuanto utilizó un mecanismo especial de cobro que no es aplicable en la especie, desconociendo además sus actuaciones propias y los efectos que aquellas tuvieron en relación con la exigibilidad del crédito, ya que la recurrida no puede pretender revivir el pago en parcialidades para el solo efecto de justificar la utilización del sistema de cobro de descuento por planilla, desde que ya optó, en su oportunidad, por la ejecución de la totalidad del crédito, lo que, en todo caso, no obsta a que pueda perseguir el pago del mismo por las vías legales ordinarias que procedan.

7° Que, de todo lo dicho, no cabe duda de que el actuar ilegal y arbitrario de la Caja de Compensación vulneró el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, toda vez que, los descuentos indebidos afectaron la propiedad de la recurrente sobre su remuneración, razones todas por las que la presente acción constitucional necesariamente ha de ser acogida, en lo que dice relación con el descuento efectuado en relación con el mutuo cuyo cobro se judicializó por parte de la recurrida.

Por estas consideraciones y atendido el mérito de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara, que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, sólo en cuanto se ordena que la recurrida se abstenga de solicitar al empleador de la recurrente el descuento de los saldos impagos correspondientes al crédito social código 208DIG100141973, otorgado el 3 de agosto del año 2022, debiendo además, efectuar la devolución de las cuotas que hayan sido indebidamente descontadas en sus remuneraciones, sin perjuicio de las demás devengadas durante la tramitación de estos autos, si las hubiere.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Ingreso Corte 2114-2024 Protección.