nombre reservado con SERVICIO DE SALUD OHIGGINS

Rancagua, veinticuatro de enero de dos mil veinte.

VISTOS:

Que, con fecha 1 de diciembre del 2019, comparece nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Director del Servicio de Salud O’Higgins, solicitando dejar sin efecto la Resolución exenta Nº 3898 de 3 de octubre de 2019, notificada el 6 de noviembre del 2019, que rechazó el recurso de apelación deducido en contra de la Resolución exenta Nº 4296 de 30 de julio de 2019 que confirmó la medida disciplinaria de destitución impuesta al recurrente.

Funda su recurso en que durante la tramitación del procedimiento de sumario administrativo existieron múltiples infracciones las cuales fueron alegadas mediante escrito de nulidad de todo lo obrado y en subsidio recurso de reposición con apelación subsidiaria. Indica que en dichos escritos criticó que la resolución que instruyó el sumario, a saber, la Nº391 de 23 de enero de 2019, parte de la base de la veracidad de la denuncia al no buscar los diversos responsables y solo señalar que es para determinar la eventual existencia de responsabilidad administrativa, haciendo hincapié en que solo se investiga la responsabilidad pero no la existencia de los hechos. Asimismo consigna una serie de hechos que presentan irregularidades en el proceso, tales como, que se designó al actuario nombre reservado pero no existen antecedentes que acrediten que aceptó el cargo expresamente; que la resolución que ordenó el sumario y la constitución de la fiscalía no fueron notificados a su parte; que nombre reservado le otorgó mandato especial a abogado Carlos Cerda Acevedo y ese poder no fue resuelto ni aceptado por el fiscal, por lo que es nula toda la actividad profesional desarrollada; que la misma suscrita referida declaró el 5 de febrero de 2019, sin embargo según la citación debia hacerlo el 4 de febrero, no existiendo resolución que se refiera al cambio de dia, por lo que la declaración no debe ser considerada; que el fiscal Luis Figueroa solicitó al Director del Hospital Regional de Rancagua ampliación de plazo para sustanciar el procedimiento referido, lo cual fue rechazado ya que fue solicitada la prorroga una vez vencido el plazo. En dicho punto el recurrente destaca que dicha resolución produjo el efecto de terminar el plazo legalmente establecido para sustanciar el sumario, citando al efecto el artículo 135 del estatuto administrativo y concluyendo que todo lo realizado en forma posterior a fojas 28 es nulo. Añadió que posterior a ello se constituyó nueva fiscalía a cargo de nombre reservado y como actuario a nombre reservado, lo cual no le fue notificado, que su parte declaró fuera del plazo legal para sustanciar el procedimiento y no consta notificación de la citación a declarar, dicha resolución además le otorgaba el plazo para recusar al fiscal y actuario, lo cual no constaba en la resolución; que la resolución S/N que decide suspender de sus funciones al recurrente no está firmada por el fiscal, solo por el actuario como también que no consta la existencia del trámite de toma de razón como requisito previo a la destitución, pues la medida expulsiva debe ser previamente autorizada por la Contraloría.

Además señala que fundamentó su recurso de reposición con apelación subsidiario en que se vulnera el principio de tipicidad pues la infracción es por acoso laboral lo cual está reglamentado en el Código del Trabajo, cuerpo normativo que no se le aplica al recurrente. A su vez se transgrede el principio de proporcionalidad de la sanción administrativa ya que la sanción es desproporcionada en consideración al resto de los sumariados y sancionados a los cuales no se les aplicó la misma sanción expulsiva y que los hechos descritos no dan para dicha sanción gravosa.

Destaca que la resolución Nº 4699 de 20 de agosto del 2019 que rechazó el incidente de nulidad fundado en que no es posible impetrar la nulidad atendido que no proceden otros trámites que los previstos en el procedimiento disciplinario, presenta un razonamiento contrario al artículo 7 de la Constitución Política de la República, por lo que no se requiere norma infraconstitucional que determine la procedencia de la nulidad pues los preceptos de la Constitución, en virtud del artículo 6, son vinculantes para todos los órganos del estado. En cuanto a la resolución que rechazó recurso de reposición basado en que el inicio del procedimiento es determinar la responsabilidad y la existencia de los hechos como también que la medida es proporcionada, el recurrente indica que el rechazo de aquella es sin razón pues desconoce el mérito del proceso sumarial y no se cumple con la tipicidad ya que el legislador administrativo no establece el tipo de acoso, cuestión que solo corresponde ser comprobado por Tribunales.

En tanto respecto a la resolución Nº 3898 de 3 de octubre del 2019 que rechazó el recurso de apelación indicó que el principio de tipicidad no ha sido consagrado absolutamente en materia de responsabilidad administrativa pues eso implicaria la dictación de un detallado catalogo de ilicitos administrativos. El recurrente indica que la tipicidad si existe en el derecho administrativo sancionador.

Finalmente señala que con lo expuesto se han vulnerado la garantias constitucionales de igualdad ante la ley pues la sanción es desproporcionada al no haberse aplicado correctamente la atenuante de irreprochable conducta anterior. Agrega que se afectó el debido proceso al no respetarse la ritualidad procesal y el derecho de propiedad pues el recurrente posee un cargo de planta siendo propietario de aquel y no se le puede privar del mismo sin un procedimiento ajustado a derecho.

Acompañó en autos la resolución exenta Nº 3898 de 3 de octubre del 2019.

Que, con fecha 30 de diciembre del 2019 se evacuó traslado por el recurrido, solicitando el rechazo del recurso, en primer lugar, por incompetencia para conocer del asunto en atención a la materia fundado en que el recurrente busca discutir la legalidad del acto administrativo, el cual durante la tramitación tuvo la posibilidad de presentar los recursos administrativos correspondientes, cuestión que hizo y fueron debidamente resueltos, enfatizando en que el recurso de protección no es la vía idónea para pronunciarse sobre el mérito de un sumario administrativo. Agregó que el recurrente no goza de un derecho preexistente e indubitado y que se está en presencia de una acción cautelar, la cual tiene un rol excepcional y no puede declarar derechos, pues eso es propio de un juicio declarativo. En segundo lugar señala que no existe acción u omisión ilegal o arbitraria ni privación perturbación o amenaza de un derecho imputable a la recurrida pues el 10 de diciembre del 2019, mediante resolución afecta Nº 49, ingresó a toma de razón a la Contraloria General de la República, a efectos de revisar la legalidad del acto administrativo que propone la aplicación de la medida disciplinaria expulsiva, por lo que una vez que dicho órgano tome razón del acto, la resolucion se encontrará firme y se concluirá el sumario. Destaca que la resolución objetada en autos no posee la aptitud para conculcar la garantía constitucional, es decir, para privar, perturbar o amenazar pues el acto administrativo aun no surte efectos.

Acompaña a los autos resolución exenta Nº 49 de 10 de diciembre del 2019.

Que, el 9 de enero del 2020 la recurrida informó que el proceso sumarial fue tomado de razón por el órgano contralor, solicitando se le otorgue plazo para acompañar copia del sumario administrativo y para complementar su informe, petición ante la cual esta Ilustrisima Corte accedió por ser un trámite necesario para la resolución del asunto discutido.

Con fecha 16 de enero la recurrido cumplió con lo precedentemente ordenado, señalando que el sumario fue instruido fin de determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas por denuncia de Acoso Laboral, canalizada a través de Reservado N° 4, de 2019 de la Receptora de Denuncia de Acoso Laboral y/o Sexual del Servicio de Salud del Libertador General Bernardo O´Higgins, designando como fiscal a don nombre reservado, sin embargo por razones de buen servicio se designa nuevo Fiscal a don nombre reservado.

En dicho proceso sumarial el recurrente formuló descargos que constan a fojas 118 del sumario y con fecha 29 de julio de 2019 se confeccionó Informe Jurídico N° 27, por medio del cual se concluyó estar de acuerdo con las sanciones propuestas por el fiscal respecto a nombre reservado, en atencion a las declaraciones de las personas involucradas y los testigos, junto a los demás medios de prueba incorporados al caso, resolviendo aplicar la medida disciplinaria por haber hostigado y acosado en reiteradas ocasiones a nombre reservado, denigrándola en forma personal y profesionalmente, hechos acontecidos en forma sistemática y prolongada en el tiempo, esto es, entre el año 2016 y 2018, fundado en la vulneración del articulo 61 letra c) que señala el deber de realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución; letra g) Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado, como también en virtud del artículo 84 letra l) y m) que indica como prohibición el realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios y considera como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido en los términos del artículo 2° inciso segundo del Código del Trabajo y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2° de la ley que establece medidas contra la discriminación.

Así las cosas, la Resolución Exenta N° 4.296 de fecha 30 de julio de 2019, fue notificada personalmente en la misma fecha en dependencias del Hospital Regional Libertador Bernardo O´Higgins.

Luego, el recurrente con fecha 5 de julio de 2019 presenta escrito que en lo principal indica nulidad de todo lo obrado por infracción a normas procesales y en subsidio recurso de reposición con apelación subsidiaria, los cuales fueron debidamente resueltos y fundamentados.

Expresa que la Resolución objeto de este juicio tiene una justificación que amérita que la autoridad haya tomado la decisión de desvincularlo, ejerciendo la la potestad sancionatoria basada en argumentos de hecho y de derecho, cumpliendo con todos los tramites esenciales de un debido proceso, resguardando los derechos del inculpado pues le permitió conocer en detalle de la acusación administrativa, lo cual ha quedado demostrado a través de la presentación de los descargos efectuados por éste y los medios de impugnación impetrados durante la tramitación.

Finaliza indicando que el sumario administrativo fue tomado de razón por la Contraloría General de la Republica, por lo que se encuentra ajustado a derecho, adquiriendo plena eficacia y gozando de la presunción de legalidad, imperio y exigibilidad a la que se refiere la ley 19.880.

Se trajeron los autos en relación.

Con relacionado y considerando.

1°.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas, que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas y que exista un derecho indubitado.

2º.- Que, el recurrente por medio de su presentación destaca diversos sucesos presentados durante la tramitación del sumario administrativo, que a juicio de aquel, le restarian legalidad a dicho proceso. Además, en cuanto a sus alegaciones de fondo, las centra en no haberse respetado el principio de proporcionalidad y tipicidad de la sanción, aduciendo vulneración en las garantías constitucionales en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

3°.- Que, de lo precedentemente expuesto es posible determinar que estamos ante una materia que no corresponde dilucidar por la presente vía cautelar, la que por su propia naturaleza es excepcional y no constituye una instancia declarativa de derechos, sino que de protección de aquellos cuya existencia no cuestionada se encuentran afectados por algún acto ilegal o arbitrario, circunstancias que no concurren en este caso, toda vez que las alegaciones del recurrente dicen relación con la validez de un acto administrativo, materia controversial de lato conocimiento que obsta a que el presente recurso puede prosperar en esta sede.

4°.- Por lo demás, respecto de las alegaciones del recurrente que ya fueron resueltas por el órgano administrativo en cuestión, ellas se encuentran debidamente fundamentadas y ajustadas a las potestades sancionatorias del órgano resolutor, por lo que no se vislumbra infracción de la recurrida en este aspecto.

Así las cosas, respecto a la existencia de vicios procesales, con los antecedentes que pueden observarse en esta instancia, dada su naturaleza cautelar y no propia de un juicio de lato conocimiento, ellos no revisten la entidad necesaria para restarle validez al mencionado procedimiento sumarial pues no afectan actuaciones esenciales que pudieren estimarse han amagado las garantías en que el recurrente fundamenta su pretensión.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido con fecha 1 de diciembre de 2019 por nombre reservado en contra del Servicio de Salud O’Higgins, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte 21038-2019 Protección.