nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. Rancagua.

Rancagua, cuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

Con fecha 18 de diciembre de 2025 comparece el abogado Pablo Peñaloza Parra, por sí y en favor de nombre reservado, ciudadano venezolano, quien deduce recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., impugnando el acto de 18 de noviembre de 2025 mediante el cual la recurrida rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada al amparo de la Ley N°18.156. Sostiene que dicha negativa es ilegal y arbitraria y vulnera las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagradas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente, en su calidad de profesional extranjero, solicitó a AFP Modelo la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, afirmando cumplir los requisitos establecidos en los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, esto es, encontrarse afiliado a un régimen de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y haber manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por no haber acompañado un certificado vigente de afiliación al régimen previsional de su país de origen debidamente legalizado o apostillado.

Cuestiona dicha exigencia, sosteniendo que la ley no requiere que el certificado de afiliación sea legalizado o apostillado. Afirma que acompañó una constancia electrónica expedida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cuyo contenido y autenticidad pueden verificarse electrónicamente mediante el código incorporado en el propio documento, además de una declaración jurada otorgada ante notario. Alega que AFP Modelo omitió efectuar dicha verificación y se limitó a considerar inválida la constancia, sin expresar razones suficientes para ello, incorporando de ese modo una formalidad no prevista por el legislador.

Añade que la exigencia resulta particularmente gravosa atendidas las dificultades que enfrentarían los ciudadanos venezolanos para obtener documentos legalizados o apostillados, vinculadas a la situación diplomática entre ambos países. Sostiene que otras administradoras de fondos de pensiones habrían aceptado certificados electrónicos de similares características mediante su verificación en los sistemas del organismo previsional venezolano. Invoca, asimismo, diversos pronunciamientos de tribunales superiores de justicia que, a su juicio, rechazan interpretaciones excesivamente formalistas de la Ley N°18.156 y reconocen que las AFP no pueden imponer requisitos adicionales a aquellos previstos legalmente.

En cuanto a las garantías constitucionales, afirma que se vulnera la igualdad ante la ley, al imponerse al recurrente exigencias que no se habrían aplicado a otros solicitantes en circunstancias semejantes, y el derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales, al impedírsele disponer de ellos pese a reunir los presupuestos legales para su devolución. Sostiene que la negativa carece de fundamento normativo suficiente y desconoce la finalidad de la Ley N°18.156, destinada a permitir que los técnicos extranjeros afiliados a sistemas previsionales en sus países de origen puedan recuperar las cotizaciones efectuadas en Chile.

En definitiva, solicita acoger el recurso, declarar ilegal y arbitrario el rechazo comunicado el 18 de noviembre de 2025, reconocer como válida la documentación acompañada y ordenar a AFP Modelo efectuar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho sobre la solicitud, procediendo dentro de un plazo razonable a la devolución de los fondos previsionales del recurrente, además de adoptar las demás providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Con fecha 5 de enero de 2026 informa la Superintendencia de Pensiones, señalando que nombre reservado no registra ante dicho organismo reclamo alguno relacionado con el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales por parte de AFP Modelo S.A., por lo que no obran en su poder antecedentes particulares adicionales sobre los hechos que motivan el recurso. Sin perjuicio de ello, expone el marco normativo y administrativo aplicable a las solicitudes formuladas conforme a la Ley N°18.156.

Explica que la regla general del sistema previsional chileno es la obligación de todo trabajador que presta servicios en el país de efectuar cotizaciones, con independencia de su nacionalidad, mientras que la Ley N°18.156 establece un régimen excepcional para técnicos o profesionales extranjeros. Conforme a sus artículos 1 y 7, la exención y posterior devolución de cotizaciones exige, copulativamente, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue cobertura por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que haya manifestado en su contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación.

Precisa que, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia, la cobertura previsional extranjera debe acreditarse mediante certificación expedida por la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada, en la que conste específicamente que el trabajador estuvo efectivamente cubierto durante todo el período de prestación de servicios en Chile por los riesgos exigidos legalmente. Agrega que, tratándose de salud, debe acreditarse tanto la cobertura de prestaciones médicas como pecuniarias, no siendo suficiente una certificación genérica acerca de las prestaciones que contempla el sistema previsional extranjero.

En particular, sostiene que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no resulta idónea para acreditar el requisito del artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156, por cuanto carece de firma y no se encuentra legalizada o apostillada, además de no especificar si la cobertura de salud comprende prestaciones médicas y pecuniarias. Del mismo modo, estima insuficiente una declaración jurada del propio interesado, pues la certificación debe emanar de la autoridad previsional competente. Añade que Chile y Venezuela son parte de la Convención de la Apostilla, por lo que dicha formalidad resulta exigible para que el documento extranjero produzca efectos en el país.

En cuanto al derecho de propiedad, reconoce que los afiliados son titulares de los fondos existentes en sus cuentas de capitalización individual, pero sostiene que tal dominio debe entenderse en relación con la naturaleza previsional de esos recursos y con las normas que regulan su disposición. En consecuencia, la devolución excepcional prevista por la Ley N°18.156 sólo procede cuando se acreditan íntegramente los requisitos legales, exigibles por igual a todos los técnicos o profesionales extranjeros, cualquiera sea su nacionalidad.

Finalmente, invoca diversos pronunciamientos dictados durante 2025 por Cortes de Apelaciones y confirmados por la Corte Suprema, en los que se habría estimado ajustado a derecho rechazar solicitudes sustentadas en constancias electrónicas del IVSS carentes de apostilla. Añade que, mediante Oficio N°12.954, de 17 de julio de 2025, la Superintendencia impartió instrucciones a todas las AFP, ratificando que tanto la constancia electrónica del IVSS como la declaración del trabajador extranjero son insuficientes para acreditar la cobertura previsional exigida. Sobre tales antecedentes, solicita tener por cumplido el informe requerido por la Corte.

Con fecha 10 de abril del presente comparece la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., la que sin perjuicio de lo resuelto a folio 9, informa que el 13 de noviembre de 2025 el recurrente solicitó la devolución de las cotizaciones previsionales enteradas con motivo de servicios prestados para Agrícola Viña Los Lirios Ltda. y Atipiri SpA, acompañando su título profesional, una constancia electrónica de cotizaciones del sistema previsional venezolano, una declaración jurada otorgada ante notario chileno, una carta explicativa y los respectivos contratos de trabajo y anexos. Examinados esos antecedentes, AFP Modelo estimó que no se acreditaba suficientemente la afiliación y cobertura previsional exigida por la Ley N°18.156, por lo que requirió un certificado emitido por la institución de seguridad social extranjera, debidamente legalizado o apostillado. Al no ser acompañado, rechazó la solicitud el 18 de noviembre de 2025.

Sostiene que su actuación se ajustó estrictamente a los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones. Explica que, por tratarse de un régimen excepcional, el trabajador extranjero debe acreditar copulativamente su calidad técnica o profesional, su afiliación a un sistema previsional extranjero que le otorgue cobertura por enfermedad, invalidez, vejez y muerte y su voluntad de mantener dicha afiliación. En particular, afirma que la certificación de la institución de seguridad social correspondiente debe encontrarse debidamente legalizada o apostillada y acreditar la cobertura durante el período de prestación de servicios en Chile.

Añade que, conforme al Oficio N°12.954, de 17 de julio de 2025, de la Superintendencia de Pensiones, las constancias electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que carecen de firma y de legalización o apostilla no son idóneas para acreditar aquel requisito, como tampoco lo son las declaraciones juradas efectuadas por el propio afiliado, aun cuando hayan sido otorgadas ante notario. Destaca que tales instrucciones son obligatorias para las AFP en virtud de las facultades interpretativas, regulatorias y fiscalizadoras de la Superintendencia, por lo que la Administradora se encontraba obligada a sujetarse a ellas.

Invoca, además, diversos pronunciamientos de Cortes de Apelaciones, confirmados por la Corte Suprema durante 2025, que habrían considerado ajustado a derecho rechazar solicitudes sustentadas en constancias electrónicas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no se encontraban legalizadas o apostilladas, estimándose insuficiente la existencia de un código de verificación electrónica. Sobre esa base, controvierte que haya incorporado requisitos arbitrarios o efectuado una interpretación caprichosa de la Ley N°18.156, afirmando que únicamente exigió los antecedentes establecidos por la normativa sectorial y por las instrucciones vinculantes de su organismo fiscalizador.

En definitiva, sostiene que no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales invocadas, pues el rechazo obedeció a la falta de acreditación de uno de los requisitos necesarios para acceder excepcionalmente a la devolución de los fondos previsionales. Por ello, solicita rechazar el recurso de protección, con expresa condena en costas.

Acompañaron las partes los documentos que constan agregados en la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1° Que, el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de carácter extraordinario, destinada a restablecer el imperio del derecho cuando, por actos u omisiones ilegales o arbitrarios, se prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías que la misma norma ampara, exigiéndose la concurrencia copulativa de un acto actual, una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta y una afectación directa a un derecho fundamental determinado.

2° Que, la presente acción ha sido deducida por nombre reservado en contra de AFP Modelo S.A., impugnando la decisión comunicada el 18 de noviembre de 2025, que no ingresó su requerimiento de devolución de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N°18.156, por no acreditar su afiliación a un régimen previsional extranjero mediante documentación debidamente legalizada o apostillada.

Sostiene que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, junto con los demás antecedentes acompañados, resulta suficiente para acreditar dicho requisito y que la exigencia de legalización o apostilla carece de sustento legal, vulnerando con ello las garantías previstas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

3° Que, al informar, AFP Modelo S.A. solicitó el rechazo de la acción, señalando que la devolución prevista en la Ley N°18.156 exige acreditar copulativamente sus requisitos y que la constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, junto con la declaración jurada acompañada, no resultan idóneas para acreditar la afiliación y cobertura previsional exigidas, al carecer la primera de legalización o apostilla.

Por su parte, la Superintendencia de Pensiones informó que la citada ley establece un régimen excepcional y que, conforme a las instrucciones impartidas a las administradoras, la afiliación a un régimen previsional extranjero debe acreditarse mediante documentación emanada de la institución competente y debidamente legalizada o apostillada, exigencia que los antecedentes presentados por el recurrente no satisfacen.

4° Que, para decidir la cuestión planteada, cabe tener presente el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

A su vez, el artículo 7 del mismo cuerpo legal dispone: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”

5° Que, de los antecedentes acompañados aparece que el recurrente fundó su pretensión principalmente en una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, documento que da cuenta de determinadas semanas cotizadas y reproduce de manera general las contingencias cubiertas por el sistema de seguridad social venezolano, sin embargo, dicho instrumento no se encuentra suscrito, carece de apostilla o legalización, no contiene una certificación específica respecto de la cobertura previsional efectiva del solicitante durante el período en que prestó servicios en Chile y tampoco satisface las exigencias formales que, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, permiten otorgarle valor probatorio suficiente para acreditar el cumplimiento de los presupuestos contemplados en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Lo anterior impide, en definitiva, establecer la legitimidad del documento en cuestión, no advirtiéndose que el actor cuente con un derecho indubitado susceptible de ser protegido en esta vía, al encontrarse controvertido el cumplimiento de los requisitos que establece la ley al respecto. En este sentido, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que no ha ocurrido.

6° Que, a mayor abundamiento, las dificultades invocadas por el recurrente para obtener la legalización o apostilla de documentos provenientes de Venezuela no eximen a la administradora de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la devolución de fondos previsionales. En consecuencia, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación de AFP Modelo S.A., desde que el no ingreso de la solicitud obedeció a la insuficiencia de los antecedentes acompañados para acreditar los presupuestos exigidos por la Ley N°18.156, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones en ejercicio de sus atribuciones legales.

7° Que, tampoco se configura una vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, pues la afirmación del recurrente en orden a que otras administradoras habrían aceptado documentación semejante no permite establecer la existencia de solicitantes que, encontrándose en una situación jurídica y fáctica equivalente, hayan recibido un tratamiento diverso. Por el contrario, consta que las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12.954, de 17 de julio de 2025, fueron dirigidas a las administradoras de fondos de pensiones con carácter general, estableciendo un criterio uniforme respecto de la insuficiencia de las constancias electrónicas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que carezcan de firma y legalización o apostilla.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Pablo Peñaloza Parra, por sí y en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 2084-2025 Protección.