Protección contra Servicio de Impuestos Internos

C.A. de Rancagua Rancagua, diecinueve de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Con fecha 8 de agosto del año en curso, comparece don José Miguel Banda Miranda, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de Agrocomercial Santa Eliana SpA, representada legalmente por don nombre reservado, comerciante, ambos domiciliados en domicilio reservado y en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado por su Directora Regional, doña Claudia Zuleta, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Refiere que el 2 de agosto de 2024, el recurrente intentó ingresar a la plataforma web del servicio recurrido, sin embargo, le apareció un mensaje que indicaba que la clave estaba bloqueada. Al tratar de desbloquearla le apareció un segundo mensaje que indicaba que estaba bloqueada por sucesivos ingresos erróneos. Intentó realizar el procedimiento de recuperación de clave, pero arrojaba un error.

Por lo anterior, un delegado de la empresa concurrió a dependencias del Servicio, lugar en que el jefe de la unidad le indicó que su clave estaba inutilizada, debido a que la empresa presentaba inconsistencias en sus declaraciones mensuales, por lo que para recuperar su clave debía, previamente, aclarar tales situaciones, es decir, señala el recurrente, se trata de una medida de apremio a fin de obtener una determinada conducta o acción de su parte, constituyendo una vulneración explícita de los derechos consagrados en los números 14 y 16 del artículo 8 bis del Código Tributario.

Explica que ante la ausencia del deber de información y de notificación que pesa sobre el SII respecto de la medida aplicada, que explique la naturaleza, alcance y los motivos o fundamentos de la decisión, no cabe sino calificar la acción como arbitraria, y teniendo en cuenta la trasgresión de los derechos tributarios anotados precedentemente, los actos denunciados adolecen del vicio de ilegalidad.

Agrega que la aplicación de la medida de apremio de bloqueo de la clave de acceso al portal del Servicio, no se encuentra contemplada en ninguna norma de rango legal de índole tributaria y de ninguna otra, lo que conduce a establecer que la citada figura vulnera el principio de legalidad de los actos de la Administración del Estado y especialmente de los organismos tributarios consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

Arguye que el recurrido jamás notificó o comunicó al recurrente de las medidas de inutilización de su clave de acceso al portal web del SII, vulnerando con ello la norma prevista en la segunda parte del mencionado número 14 del artículo 8 Bis, toda vez que en el caso que el servicio adopte medida que afecte la normalidad de las operaciones económicas deberá éste notificar previamente las razones que fundamentaron tales medidas.

Por lo señalado estima que se han vulnerado sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 21 y 22 del artículo 19 de la Carta Fundamental, así como también el debido proceso, en atención a la falta de notificación de la medida.

Solicita, en definitiva, se acoja el recurso, con costas y se ordene a la recurrida subsanar todo tipo de restricciones que afecten el acceso del recurrente a su página web del SII, desbloqueando la clave de ingreso a la mentada plataforma.

A folio 10, comparece doña Claudia Zuleta Munizaga, Directora Regional de la VI Dirección Regional Rancagua del Servicio de Impuestos Internos, quien evacúa el informe requerido.

Señala que el Servicio ha impulsado un Modelo Integrado de Gestión de Cumplimiento Tributario (“MIGCT”), cuyo objetivo es fortalecer el cumplimiento tributario a través de la implementación de estrategias, que incluyen acciones estructurales, preventivas, correctivas y/o de revisiones de riesgo, destinadas a detectar y controlar las condiciones que permiten y favorecen el incumplimiento de un contribuyente. Dentro de estas acciones se encuentra la posibilidad que el Servicio implemente medidas de bloqueo de la clave tributaria en aquellos casos en que la información ingresada por los contribuyentes a la plataforma presente contradicciones, vacíos o inconsistencias que deban ser aclaradas. Esta medida tiene por único objeto incentivar al contribuyente para que concurra al Servicio a aclarar dicha información, pues de otra forma, como habitualmente ocurre, se hace imposible ubicarlo.

Explica que el recurrente, desde el 2 de diciembre de 2023, se encuentra calificado con riesgo global alto, según el Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario, toda vez que se detectaron irregularidades que ameritan recopilación de antecedentes por eventuales delitos tributarios, de conformidad a lo establecido en el artículo 161 N°10 del Código Tributario, en concreto, evidencia de registro, contabilización y utilización de IVA crédito fiscal, en Formularios 29, de declaración mensual y pago simultáneo de impuestos, mediante utilización de eventuales facturas falsas.

Por lo anterior se decidió restringir, provisionalmente, el uso de la clave tributaria, lo que se verificó el 22 de julio de 2024. Aclara que esta medida no es aplicada a este contribuyente en particular, sino a una serie de casos similares basados en datos contenidos en el sistema de registro y, con el único objetivo de regularizar su situación tributaria. Por tanto, la medida no subsistirá más allá de lo que tarde el contribuyente en concurrir el Servicio a despejar tales inconsistencias.

Hace presente que con fecha 13 de abril de 2024, la contribuyente solicitó autorización de facturas, a lo cual el Servicio accedió, autorizando, con fecha 15 de abril de 2024, 6 facturas electrónicas, emitiéndose la última de éstas, N°117, con fecha 31 de julio de 2024, es decir, con posterioridad a la fecha de la medida de restricción provisional de uso de la clave tributaria.

Considera que no existe una actuación ilegal o arbitraria de su parte, toda vez que el Director de Servicio está autorizado para dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de los impuestos. Es así que en el marco del rol fiscalizador que la ley asigna a este Servicio, se encuentra el resguardo, por un lado, del debido uso de las claves de los contribuyentes, y por otro, que logre la verificación de la actividad económica realizada por los contribuyentes, disminuyendo los riesgos de incumplimiento tributario, por lo que, considerando que, respecto de la contribuyente Agrocomercial Santa Eliana SpA, no se ha podido verificar la efectividad de los antecedentes que darían cuenta de las operaciones informadas en su inicio de actividades, esto es, los servicios de corretaje al por mayor de productos agrícolas, sin que a la fecha la contribuyente haya dado cumplimiento a la verificación de domicilio y de actividad, así como tampoco se ha presentado en las oficinas del Servicio a regularizar su situación, con lo que, no ha podido verificar los antecedentes informados en su inicio de actividades; la medida de bloqueo provisoria no se constituye en ilegal ni arbitraria.

Finalmente indica que el actor considera que existe una vulneración a sus derechos consagrados en el Código Tributario, al no haber sido notificado de la medida, sin embargo, dichos derechos no están consagrados a nivel constitucional, por lo que tal alegación excede los márgenes del presente recurso.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2.- Que, el acto que se reprocha como arbitrario e ilegal, consiste en que el Servicio de Impuestos Internos ha bloqueado la clave de acceso a la respectiva plataforma web al actor, toda vez que presentaría inconsistencias en sus declaraciones, actuación que el recurrente estima se constituye como una medida de apremio a fin de lograr una conducta de su parte, sin que la medida le fuera notificada, por lo que considera se han vulnerado sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 21 y 22 de la Carta Fundamental.

3.- Que, al informar el Servicio de Impuestos Internos, niega la vulneración alegada por el recurrente, señalando que adoptó la medida en cuestión, toda vez que la empresa no ha justificado la forma en que realiza las actividades informadas al Servicio, sin verificar su identidad, ni que cuenta con un domicilio apto para el desarrollo de su giro de corretaje al por mayor de productos agrícolas, teniendo una serie de anotaciones como contribuyente de riesgo. Agrega que la decisión de bloquear la clave se basó en el plan modelo integrado de cumplimiento tributario que busca evitar acciones contrarias a la normativa del ramo, lo que no se aplicado sólo a este contribuyente en particular, sino que a muchos otros, no requiriendo de fundamentación la medida adoptada por ser transitoria, mencionando que tan pronto el recurrente aclare su situación la clave será desbloqueada, lo que en todo caso no le impide ejercer su actividad económica.

4.- Que, el artículo 6 del Código Tributario, inciso primero, dispone: “Corresponde al Servicio de Impuestos Internos el ejercicio de las atribuciones que le confiere su Estatuto Orgánico, el presente Código y las leyes y, en especial, la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias.”

A su vez, el artículo 8 N°16 del mismo cuerpo legal, en su inciso primero, establece qué se entiende por “sitio personal”, indicando que es “el medio electrónico que, previa identificación, le permite al contribuyente o al administrador de una entidad sin personalidad jurídica ingresar al sitio web del Servicio a través de una conexión segura, con el objeto de comunicarse con éste, efectuar trámites personales o tomar conocimiento de las actuaciones de aquel.”

5.- Que, por su parte, el artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, dispone: “El Servicio de Impuestos Internos podrá, además, relacionarse directamente con los contribuyentes y éstos con el Servicio, a través de medios electrónicos, entendiendo por tales aquéllos que tienen capacidades eléctricas, digitales, magnéticas, inalámbricas, ópticas, electromagnéticas u otras similares. Los trámites y actuaciones que se realicen a través de tales medios producirán los mismos efectos que los trámites y actuaciones efectuados en las oficinas del Servicio o domicilio del contribuyente.

El Servicio de Impuestos Internos deberá establecer y administrar en su sitio web una plataforma tecnológica para que los contribuyentes de difícil fiscalización o de escaso movimiento operacional o económico, las empresas de menor tamaño según se definen en la ley Nº 20.416 y demás contribuyentes que determine a su juicio exclusivo, emitan y reciban las facturas y demás documentos electrónicos señalados en el artículo 54, registren sus operaciones y cedan o recepcionen las facturas a través del procedimiento previsto en la ley Nº19.983. Respecto de las operaciones que se ejecuten a través de esta plataforma, el Servicio acreditará para todos los efectos legales la identidad del emisor y la integridad del mensaje o documento electrónico.

El Servicio mantendrá una carpeta electrónica por cada contribuyente, en la cual registrará los datos y antecedentes correspondientes a su inicio de actividades y actualización de información a que se refiere el artículo 68 del Código Tributario y término de giro a que se refiere el artículo 69 del mismo cuerpo legal. Al contenido de esta carpeta podrán acceder los funcionarios del Servicio y el contribuyente.”

6.- Que, a partir del informe emitido por el propio Servicio recurrido, se desprende que no existe norma alguna que lo faculte a bloquear el acceso a la plataforma virtual, es más, el propio recurrido funda su actuar en el Modelo Integrado de Gestión de Cumplimiento Tributario, plan confeccionado por el mismo organismo, lo cual no constituye una justificación suficiente del actuar denunciado, pues se asimila a la autotutela.

Además, el Servicio reconoce que la acción denunciada no tuvo ninguna fundamentación ni le fue comunicada al recurrente por ser ésta transitoria, lo que no resulta atendible, toda vez que el artículo 8 bis del Código Tributario, al establecer los derechos de los contribuyentes, dispone en su numeral 4 letra a) que las actuaciones del Servicio, constituyan o no actuaciones o procedimientos de fiscalización deben indicar con precisión las razones que motivan la actuación que corresponda, lo que además de tornarla en arbitraria resulta ilegal.

A su vez el numeral 14 de la misma norma, establece: “Que las actuaciones del Servicio no afecten el normal desarrollo de las operaciones o actividades económicas, salvo en los casos previstos por la ley. En el caso que se tomen medidas de esta naturaleza por el Servicio, como la prevista en el artículo 8 ter, el contribuyente tendrá derecho a que se le notifiquen previamente las razones que fundamentaron tales medidas.”

7.- Que, si bien el recurrido justifica el actuar denunciado en que el recurrente sería un contribuyente de difícil fiscalización y con múltiples anotaciones que lo transforma en uno de alto riesgo de incumplimiento tributario, lo cierto es que la normativa tributaria otorga amplias facultades fiscalizadoras al Servicio de Impuestos Internos, tanto de índole administrativa como penal, pudiendo requerir información, citar, tasar, liquidar, entre otras e iniciar acciones penales en contra de un contribuyente que estime que ha cometido delitos tributarios, por lo cual no resulta justificada la acción realizada de bloqueo de clave.

8.- Que, finalmente, el Servicio indica que dicha acción, en todo caso, no afecta al contribuyente a ejercer su actividad económica, lo cual no se condice con el fundamento de hacerlo, cual es, obligar a que el contribuyente concurra a sus oficinas a justificar o regularizar aquello que para el Servicio estima cuestionable, lo que además, expresamente fue alegado por el recurrente, infringiéndose con ello también lo que dispone el artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Servicio, antes transcrito.

9.- Que, por todo lo anterior, dado que la parte recurrida reconoce que no notificó acto alguno al actor sobre la decisión de bloquear su clave de acceso a la plataforma web, ni fundamentó la misma, incumpliendo sus obligaciones antes descritas e impidiendo o, a lo menos, perturbando al actor realizar acciones directamente relacionadas a su actividad económica a través de la página web institucional del recurrido, ha vulnerado la garantía constitucional del artículo 19 N°s 2, 21 y 24 de la Carta Fundamental, toda vez que no se ha fundado en norma alguna y, no se puede considerar que la medida no afecta la actividad económica del actor, dado que justamente, por aquella razón, el Servicio la adopta, a fin de conminar a la empresa a realizar una actuación que estima necesaria para su actividad fiscalizadora, sin que conste que haya hecho uso de las que la ley le otorga, por lo que, en consecuencia, se acogerá el recurso en los términos que se dirá.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de Agrocomercial Santa Eliana SpA, y en contra del Servicio de Impuestos Internos y, en consecuencia, el recurrido deberá desbloquear la clave de acceso del recurrente al portal de dicha Institución, sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones fiscalizadoras con que cuenta el recurrido.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 2078-2024 Protección Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada de acuerdo con lo dispuesto en el Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema.