Protección contra Servicio de Impuestos Internos

C.A. de Rancagua.

Rancagua, veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Con fecha 8 de agosto del presente año, comparece el abogado José Miguel Banda Miranda en favor de Transportes Agropecuarios Las nieves SpA., y deduce a Recurso de Protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, por los actos que estima ilegales y arbitrarios y que afectan la actividad económica del recurrente, vulnerando las garantías constitucionales previstas en el número 21° del artículo 19 de nuestra Constitución.

Relata que el 1 de agosto, el recurrente intenta ingresar a la plataforma web del Servicio recurrido, lo que no pudo realizar pues aparecía el mensaje de que la clave tributaria se encontraba bloqueada, y arrojando un error al intentar recuperarla. Por ello, asistió a la Unidad de la comuna de San Vicente, quienes le señalan que su clave se encontraba inutilizada por inconsistencias en sus declaraciones mensuales de impuestos, las que debía aclarar para recuperar la clave web. Indica que se enteró por la prensa que esta insólita situación también afectaba a otros contribuyentes, lo que en definitiva es un actuar que vulnera sus derechos pues al no poder ingresar al sitio web no puede realizar declaraciones de impuestos, emitir documentos tributarios, entre otros, generando un impacto en el normal funcionamiento de sus operaciones y transgrediendo los derechos consagrados en los numerales 14 y 16 del artículo 8 bis del Código Tributario, pues en el primero se establece que el Servicio no puede afectar el desarrollo normal de las operaciones o actividades económicas y en el segundo, que el contribuyente tiene derecho a ser informado de toda clases de anotaciones que le practique el servicio.

Arguye que la medida de apremio de bloqueo de clave, no se encuentra en norma alguna por lo que en definitiva se infringe el principio de legalidad de la Administración del Estado en un acto que discrimina arbitrariamente y sin notificación alguna, también afecta el debido proceso.

En definitiva, solicita se acoja la presente acción, ordenando al recurrido subsanar cualquier tipo de restricciones que afecten el acceso del recurrente a la web del Servicio recurrido, desbloqueando la clave de acceso, con expresa condena en costas.

Acompaña 3 capturas de pantalla del bloqueo de clave web.

A folio 6 evacúa informe el Servicio de Impuestos Internos. Primeramente refiere antecedentes de la situación tributaria del recurrente, registra inicio de actividades con fecha 19 de julio de 2022, declarando como tales el “Transporte De Carga Por Carretera” y el “Alquiler De Otros Tipos De Maquinarias y Equipos Sin Operar, encontrándose afecto a IVA, impuesto primera categoría, acogido a Régimen ProPyme, y que registra las siguientes anotaciones:

a) Anotación causal 52, de fecha 26 de enero de 2024, al encontrarse categorizada como una contribuyente de “Medio Intensidad De Tratamiento Preferente”.

b) Anotación 4112, de fecha 10 de abril de 2024, que dice relación con control preventivo a contribuyentes que realizan compras a proveedores con situación tributaria irregular, concluyendo que parte de sus operaciones, no se han realizado, y que para los meses agosto 2023, marzo abril y junio de 2024, mantiene más de 38 millones en créditos observados, por lo cual, en definitiva, fue incluido en un plan de Fiscalización denominado “Priorizados Emisores Agresivos”.

Por otra parte, su principal proveedor (Transportes Pacífico SpA) en abril y junio 2024, la recurrente señala haberle arrendado camiones sin acreditar contar con los vehículos necesarios para prestar los servicios consignados en las facturas.

Luego, señala que, si bien la empresa recurrente ha informado arriendos de un tractor y un tractocamión, en 2022 y 2023 no registra arriendo de vehículos ni compra de activos fijos, a pesar de registrar que en los periodos de abril y diciembre 2023, adquirió alrededor de 50.000 litros de combustible.

A fin de verificar los antecedentes, realizó una visita en terreno el 23 de agosto de 2024 al domicilio informado, en el cual, el propietario del mismo señaló que la empresa recurrente no operaba hace más de un año en dicho lugar, señalando que pagó los primeros meses de arriendo, cesando el mismo, sin explicación.

Por lo anterior, señala que la recurrente aún no ha dado cumplimiento a la verificación de domicilio y de actividad, es decir, sin regularizar su situación ni respaldar las actividades económicas que la contribuyente declara en su inicio de actividades, lo que amerita que se realice el resguardo del interés fiscal a través del bloqueo de clave, lo cual tiene un fin preventivo y es parte del Modelo Integrado de Gestión de Cumplimiento Tributario, sin que el actor mantenga un derecho o garantía que disponga el acceso al sitio de internet, pues la regla general es la presencialidad y que tampoco implica una denegación a los servicios de la Institución. Refiere que el 16 de julio, solicitó la emisión de 4 facturas, a lo que accedió, emitiéndose la última de estas el 29 de agosto de 2024.

En definitiva alega la improcedencia de la presente acción por inexistencia de actuaciones ilegales o arbitrarias del Servicio, pues mantiene las facultades de aplicación y fiscalización de todos los impuestos y disposiciones tributarias cuyo control no esté encomendado por ley a una autoridad diferente, por ende, al utilizar las competencias que la Constitución y las leyes prescriben mediante los procedimientos que éstas establecen, no actúa con abuso ni arbitrariedad, cuando su fin es la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributaria.

Por último, en cuanto a la alegación de la empresa recurrente señalando que concurrió a una sucursal de San Vicente indica que ello es falso de acuerdo al sistema de registro de atención, otorgando mayores dudas a las aseveraciones realizadas por el actor y de la efectividad del giro declarado, solicitando en definitiva el rechazo de la presente acción.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, por medio de la presente acción, el actor reclama por el bloqueo de la clave de acceso a la plataforma web de la recurrida, lo que imposibilitaría la realización de gestiones tributarias y con ello afecta el desarrollo de su actividad económica.

TERCERO: Que, el recurrido -SII- señaló que la regla general de atención al contribuyente es por la vía presencial y que, además, el bloqueo obedece a la necesidad de contar con más antecedentes relativos a la actividad económica que desarrolla el actor, pues del análisis de aquellos con que cuenta, existirían incongruencias que motivan la desactivación temporal de su acceso a la plataforma, invitando al recurrente a comparecer de manera presencial ante el Servicio para dar cumplimiento a tales fines.

CUARTO: Que, el artículo 6° del Código Tributario, inciso primero, dispone: “Corresponde al Servicio de Impuestos Internos el ejercicio de las atribuciones que le confiere su Estatuto Orgánico, el presente Código y las leyes y, en especial, la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias.”.

A su vez, el artículo 8 N°16 del mismo cuerpo legal, en su inciso primero, establece qué se entiende por “sitio personal”, indicando que es “el medio electrónico que, previa identificación, le permite al contribuyente o al administrador de una entidad sin personalidad jurídica ingresar al sitio web del Servicio a través de una conexión segura, con el objeto de comunicarse con éste, efectuar trámites personales o tomar conocimiento de las actuaciones de aquel.”.

QUINTO: Que, por su parte, el artículo 4° bis de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, dispone: “El Servicio de Impuestos Internos podrá, además, relacionarse directamente con los contribuyentes y éstos con el Servicio, a través de medios electrónicos, entendiendo por tales aquéllos que tienen capacidades eléctricas, digitales, magnéticas, inalámbricas, ópticas, electromagnéticas u otras similares. Los trámites y actuaciones que se realicen a través de tales medios producirán los mismos efectos que los trámites y actuaciones efectuados en las oficinas del Servicio o domicilio del contribuyente.

El Servicio de Impuestos Internos deberá establecer y administrar en su sitio web una plataforma tecnológica para que los contribuyentes de difícil fiscalización o de escaso movimiento operacional o económico, las empresas de menor tamaño según se definen en la ley N° 20.416 y demás contribuyentes que determine a su juicio exclusivo, emitan y reciban las facturas y demás documentos electrónicos señalados en el artículo 54, registren sus operaciones y cedan o recepcionen las facturas a través del procedimiento previsto en la ley N°19.983. Respecto de las operaciones que se ejecuten a través de esta plataforma, el Servicio acreditará para todos los efectos legales la identidad del emisor y la integridad del mensaje o documento electrónico.

El Servicio mantendrá una carpeta electrónica por cada contribuyente, en la cual registrará los datos y antecedentes correspondientes a su inicio de actividades y actualización de información a que se refiere el artículo 68 del Código Tributario y término de giro a que se refiere el artículo 69 del mismo cuerpo legal. Al contenido de esta carpeta podrán acceder los funcionarios del Servicio y el contribuyente.”

SEXTO: Que, a partir del informe emitido por el propio recurrido, se desprende que no existe norma alguna que lo faculte a bloquear el acceso a la plataforma virtual, es más, el propio Servicio funda su actuar en el Modelo Integrado de Gestión de Cumplimiento Tributario, plan confeccionado por el mismo organismo, lo cual no constituye una justificación suficiente del actuar denunciado, pues se asimila a la autotutela.

Además, el Servicio reconoce que la acción denunciada no tuvo ninguna fundamentación ni le fue comunicada al recurrente por ser ésta transitoria, lo que no resulta atendible, toda vez que el artículo 8° bis del Código Tributario, al establecer los derechos de los contribuyentes, dispone en su numeral 4° letra a) que las actuaciones del Servicio, constituyan o no actuaciones o procedimientos de fiscalización, deben indicar con precisión las razones que motivan la actuación que corresponda, lo que además de tornarla en arbitraria resulta ilegal.

A su vez el numeral 14° de la misma norma, establece: “Que las actuaciones del Servicio no afecten el normal desarrollo de las operaciones o actividades económicas, salvo en los casos previstos por la ley. En el caso que se tomen medidas de esta naturaleza por el Servicio, como la prevista en el artículo 8 ter, el contribuyente tendrá derecho a que se le notifiquen previamente las razones que fundamentaron tales medidas.”

SÉPTIMO: Que, si bien el recurrido justifica el actuar denunciado en que el recurrente sería un contribuyente de difícil fiscalización y con anotaciones que lo transforman en uno de riesgo de incumplimiento tributario, lo cierto es que la normativa específica otorga amplias facultades fiscalizadoras al Servicio de Impuestos Internos, tanto de índole administrativa como penal, pudiendo requerir información, citar, tasar, liquidar, entre otras e iniciar acciones penales en contra de un contribuyente que estime que ha cometido delitos tributarios, por lo cual no resulta justificada la acción realizada de bloqueo de clave.

OCTAVO: Que, asimismo, el Servicio indica que dicha acción, en todo caso, no afecta al contribuyente a ejercer su actividad económica, lo cual no se condice con el fundamento de hacerlo, cual es, obligar a que el contribuyente concurra a sus oficinas a justificar o regularizar aquello que el Servicio estima cuestionable, lo que, además, expresamente fue alegado por el recurrente, infringiéndose con ello también lo que dispone el artículo 4° bis de la Ley Orgánica del Servicio, antes transcrito.

NOVENO: Que, por último, resulta claro que se ha impuesto una suerte de sanción preventiva-especial al contribuyente frente al incumplimiento de requerimientos administrativos, impidiéndole el acceso a canales digitales de atención, fuera de los márgenes en que la ley tolera el ejercicio de la disciplina tributaria y poderes punitivos en materia de fiscalidad. La medida referida se establece para resguardar las claves o coordenadas informáticas frente al uso no autorizado de ellas por parte de terceros, esto es, en un criterio preventivo a favor del contribuyente y no para reaccionar frente a eventuales desviaciones del propio contribuyente en aras del resguardo del erario fiscal, la buena fe o el cumplimiento de obligaciones, por la vía de impedirle actuar en sede tributaria.

DÉCIMO: Que, por todo lo anterior, al concluir que la parte recurrida que no notificó acto alguno al actor sobre la decisión de bloquear su clave de acceso a la plataforma web, ni fundamentó la misma, incumpliendo sus obligaciones antes descritas e impidiendo o, a lo menos, perturbando al actor realizar acciones directamente relacionadas a su actividad económica a través de la página web institucional del recurrido, ha vulnerado la garantía constitucional del artículo 19 N°s 2, 21 y 24 de la Carta Fundamental, toda vez que no se ha fundado en norma alguna y, no se puede considerar que la medida no afecta la actividad económica del actor, dado que justamente, por aquella razón, el Servicio la adopta, a fin de conminar a la empresa a realizar una actuación que estima necesaria para su actividad fiscalizadora, sin que conste que haya hecho uso de las que la ley le otorga, por lo que, en consecuencia, se acogerá el recurso en los términos que se dirá.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de Transportes Agropecuarios Las nieves SpA, y en contra del Servicio de Impuestos Internos y, en consecuencia, el recurrido deberá desbloquear la clave de acceso del recurrente al portal de dicha Institución, sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones fiscalizadoras con que cuenta el recurrido.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 2076-2024 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.